Movidas en el Congreso...
La reforma al Banco Central, su
avance en Diputados. Lo que se debate, un toquecito retrospectivo.
Modificaciones al original, una que trajo polémica y dará para más. El debate
que se viene, espacios para acordar. El traspaso de subte y colectivos. Un proyecto
que interpela al federalismo. Desafíos para el macrismo y para el resto de la
oposición. El sistema de transporte, un problema más vasto.
La Cámara de Diputados tratará en
el recinto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central
(BCRA). A su vez, los senadores abordarán en comisión el sorpresivo proyecto
oficial de transferir a la Ciudad Autónoma, por ley, los subtes y los servicios
de varias líneas de colectivos. Para quienes aman las estadísticas sobre esos temas,
vaya un pronóstico: este año el Congreso tendrá mucha actividad, sesionará
asiduamente, sancionará muchas leyes. Tras las elecciones de 2009, que dejaron
una composición relativamente pareja entre oficialismo y oposición (volcado
hacia ésta si se sumaban todos sus fragmentos), hubo quien profetizó una edad
de oro parlamentaria. La paridad, empero, empujaba hacia otro tipo de
desenlace: el empate bobo, las trabas cruzadas. Así ocurrió, para exclusiva
sorpresa de los desprevenidos.
Con una mayoría estricta y
afiatada, el Frente para la Victoria (FpV) se apresta a sacar legítimo partido
de la decisión popular soberana, que es la que adjudica las bancas. Nuestro
sistema constitucional prevé la renovación cada dos años de la mitad de los
diputados y un tercio de los senadores. El mecanismo amortigua los efectos de
una elección plebiscitaria, como la de 2011. La bancada oficialista refleja el
gran caudal de esa votación y también la menguada cosecha de 2009. Le basta
para imponer sus propuestas, si no sufre deserciones o sangrías como en 2008.
La reforma del Central es un
cambio de paradigma, que en sustancia sólo se rebate “por derecha”. El diseño
todavía vigente se votó en 1992, en medio del furor neoconservador global,
exacerbado acá por el salvajismo menemista. El miembro informante fue el
salteño Juan Carlos Romero (que también fue gobernador de su provincia), quien
sinceró su visión. Una cosa, dijo, es el dinero (que debe preservar un Banco
Central autónomo, supuestamente escindido del poder político) y otra el crédito
que se consigue vía mercado de capitales. La apertura indiscriminada al capital
financiero, una de las causas de la crisis cuasi terminal de fin de siglo,
tenía ahí su bandera y su exaltación. Tal era el clima de época, tan sesgado a
derecha que hubo un proyecto de minoría para suprimir el Banco Central. En 2001
no faltó quien propusiera entregar el manejo de la economía local a los
organismos internacionales, un anticipo de lo que sucede hoy en Grecia, bajo
los plácemes del establishment financiero y político de Europa y contra la
movida popular, que puebla las calles de manifestantes y personas recientemente
despedidas. En España van a por eso, avasallando derechos laborales con saña
tenaz. El Primer Mundo es complicado: los centroizquierda resignan identidad y
principios, los centroderecha son cada vez más derecha.
Un proyecto retocado y retocable: La propuesta de modificación de
la Carta Orgánica se adecua, en el buen sentido, a una tendencia mundial. Las
reservas del Banco Central son patrimonio de los argentinos, acumulados merced
a su esfuerzo. Escindirlas del resto de los recursos nacionales y dejarlas a
merced de un elenco de tecnócratas sin votos es un disparate, antidemocrático
si se mira con cuidado.
Desde el punto de vista
económico, se amplían los objetivos del Banco, que deben contemplar más allá de
la estrecha (aunque no irrisoria ni desdeñable) mira del control de la
inflación. Es sensato proponerse objetivos más vastos. Tanto como poder pagar
con reservas la deuda contraída por el Estado, principalmente bajo el mandato
de otros gobiernos (luego reducida en tenaz negociación y honrada por el
actual).
La presidenta del BCRA, Mercedes
Marcó del Pont, defendió el cambio de criterio, respondiendo con largueza y
buen tono las preguntas de los diputados opositores. Su finalidad no era
recorrer el articulado, sino sustentar un cambio de época. El texto de la norma
se corrigió de modo parcial al día siguiente, cuando se trató en comisiones.
Hubo modificaciones, algunas sugeridas por la oposición: asumir el compromiso
de publicar y difundir estadísticas monetarias, crediticias y cambiarias. Y,
además, sumar al “empleo” como uno de los objetivos del funcionamiento del
Banco. No fueron estos cambios, positivos, los que enojaron a las bancadas
opositoras. Sí que se ampliara numéricamente la facultad del Banco de financiar
al Tesoro nacional. Se acusó a Marcó del Pont de mendaz, de haberse guardado
una carta bajo la manga. El reproche no se sostiene: el proyecto no tiene
cláusulas secretas o cerradas a la controversia. Todo su contenido está abierto
al debate, que comenzó en la misma comisión, seguirá en el pleno de la Cámara y
luego tendrá el mismo periplo en Senadores. Lo que sí sucedió es que el
Ejecutivo resolvió, a último momento, ampliar el quántum autorizado para
financiar al Tesoro nacional. Es un porcentaje de la recaudación impositiva, se
permite (por cláusula transitoria) duplicarlo. El argumento básico es que el
mecanismo es procíclico: se puede prestar más en tiempos de bonanza fiscal. Y
que es más funcional disponer de un resorte para auxiliar al fisco como
arbitrio contracíclico: cuando sus arcas no estén tan piponas. La idea general
es sugestiva y se estipula que sólo puede apelarse a la ampliación en
circunstancias excepcionales. El flanco más atacable de la propuesta es que no
define ni condiciona de ningún modo la excepcionalidad. En los niveles más
altos del Ejecutivo y de las bancadas del FpV se asume sottovoce la falencia y
se insinúa que podría retocarse en el texto definitivo. Sería un modo de
mejorarlo, su concreción dependerá de cierta apertura del oficialismo a los
reproches opositores y de la decisión de éstos de procurar algún acuerdo, sin
ponerse maximalistas como hicieron durante la, para ellos y para el sistema
político, aciaga e improductiva etapa del Grupo A.
A Congreso, en subte o bondi: La pulseada entre el gobierno
nacional y el porteño sobre los subtes tomó un giro inesperado: se
desjudicializó, se repolitizó. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
remitió un proyecto de ley para que el Congreso dirima el entredicho. Agregó a
los subtes las líneas de colectivo cuyo trayecto empieza y termina en la
Capital. Desde ya, son dos situaciones fácticas distintas que (tal vez) podrían
derivar en tratamientos legales diferentes. Respecto de los subtes, el gobierno
nacional propone aprobar por ley el acta acuerdo que suscribiera con el jefe de
Gobierno, Mauricio Macri. Así las cosas, y mediando ya una decisión del
gobierno porteño, tal vez el oficialismo afirme que no es necesario otro acto
dispositivo del sistema político de la Ciudad Autónoma, como el tránsito por su
Legislatura. En lo atinente a los bondis, no se sabe qué hará el FpV pero, a la
luz de las Constituciones nacional y porteña, el cronista entiende que el
traspaso requiere la aprobación de ambos Parlamentos.
La cuestión legal dará que
hablar. El Acta acuerdo es indeciblemente escueta. Su parte dispositiva se
reduce a cinco artículos, que no suman más de treinta renglones. De lo que no
deja dudas es del compromiso de la Ciudad, expresado en el primero: “La Ciudad
ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la Red de
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El artículo segundo
precisa y agrega: “En consecuencia, la Ciudad asume a partir de la firma del
presente el control y fiscalización en su totalidad así como el íntegro
ejercicio de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de
establecerlas por decisión unilateral”. “En este acto” “desde la firma del
presente”... no queda resquicio a la ambigüedad. La cláusula quinta, que fija
un plazo para implementar “las demás decisiones legales, económicas y
administrativas”, no es un lapso de espera para concretar el contrato, sino uno
para redondearlo. La intención es palmaria, la fijación de tarifas un acto
unilateral del macrismo que es principio de ejecución.
El Acta nada dice de los
servicios de seguridad en los subtes, ni una palabra.
Muy flojo de papeles está el
gobierno PRO pero la contienda entre Ejecutivos de dos jurisdicciones se
empantana a falta de una autoridad superior. Trasladarla a la Corte Suprema era
un modo de eternizarla y de someter al Tribunal a un entuerto que deben zanjar
los mandatarios políticos. Dará para mucho la polémica acerca de la validez
plena de una ley del Congreso nacional. En materia política, algunas aristas ya
son visibles.
El federalismo en cuestión: Hay una vaga reminiscencia del envío de
la Resolución 125 al Congreso, en medio del conflicto “con el campo”. Fue un
modo de cortar el nudo gordiano, apelando a la institucionalidad. En términos
políticos, en el corto plazo al kirchnerismo le salió fatal. Los adversarios
enarbolaron las banderas del federalismo, la tropa propia K se diezmó, el
oficialismo perdió la votación. Ahora, la correlación de fuerzas y las
posiciones pintan diferente. Los bloques del FpV y sus aliados no registran
fisuras. Suyas serán las banderas federales, como insinuó la Presidenta cuando
anunció la medida. El macrismo contará con su fuerza propia y el apoyo del
desflecado Peronismo Federal. Los legisladores no porteños de otros partidos
tendrán que analizar muy bien cómo se pronuncian. El centralismo capitalino es
muy antipático en cualquier provincia y todo indica que un virtual alineamiento
con Macri será muy odioso para los votantes de legisladores del “interior”.
Claro que acompañar al gobierno nacional es un bajón para el estilo dominante
de sus adversarios, pero ponerse del lado de los porteños suena como una opción
peor.
En términos prácticos, desde que
reasumió Cristina Kirchner, Macri se ha posicionado como el principal líder
opositor. Le hace frente en cuestiones concretas, los medios dominantes lo
halagan, llega con frecuencia a las primeras planas. Los radicales, que
atraviesan una etapa asambleística sin liderazgo visible, tendrán que vérselas
con sus electores y deberán computar si les conviene ser “conducidos” por el
jefe de Gobierno.
Otra es la ecuación del Frente
Amplio Progresista (FAP), que salió segundo lejos en las elecciones nacionales.
Macri les va sacando ventaja y su líder, el ex gobernador Hermes Binner,
atravesará estos dos años en el llano. Sus compañeros socialistas, el
gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti y la intendenta de Rosario Mónica Fein,
mantienen trato respetuoso y hasta cordial con la Presidenta. Binner se reserva
las críticas más ásperas. Tal vez sea una división de roles pactada entre
ellos. Las diferencias, sin ser estridentes, son sensibles. El devenir futuro
de esas diferentes conductas, un arcano que depende de cómo jueguen los
protagonistas. En tal trance, tabula este cronista, a los socialistas les sería
muy piantavotos ir a la zaga de Macri, reforzando su protagonismo.
Los debates han de ser
interesantes aunque es improbable que el entuerto sea decidido sólo en el
Congreso nacional, donde el FpV parece estar en buenas condiciones para primar,
con cierta holgura. La solución, posiblemente, deba sellarse en una mesa de
negociación. Pero lo que se sustancie en el Congreso no será anodino ni
carecerá de impacto: incidirá en cualquier escenario ulterior. Macri tendrá que
sopesar cuánto pueden limar sus ambiciones nacionales las repercusiones del
debate allende la General Paz.
El desafío del transporte: La tragedia de Once y la pulseada por
subtes y bondis aluden a una carencia que las precede. El sistema de
transporte, incluido el ferroviario, no responde a las necesidades y derechos
de los ciudadanos usuarios. Los pininos del expediente penal, el dictamen de la
Auditoría General de la Nación, van en rumbo de definiciones judiciales muy
críticas para el concesionario y, tal vez, para funcionarios del gobierno
nacional. Pero la necesidad de introducir cambios sustanciales en el sistema de
transporte interpela al Gobierno, antes y más allá del expediente. Las
respuestas no han llegado aún, la salida del ex secretario Juan Pablo Schiavi
era forzosa. Pero no zanja la cuestión que requiere cambios estructurales de
magnitud. Marzo recién empieza, aunque no parezca. En el otoño, acaso en sus
inicios, sonará la hora de definiciones necesarias.
© Escrito por Mario Wainfeld y
publicado en el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
domingo 11 de Marzo de 2012.
