Menos democracia no es más libertad…
Tanto la
iniciativa, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado la semana
anterior, alientan modificaciones de extrema gravedad, dado que suponen el
recorte de las libertades públicas y apuntan a acabar con todo atisbo de un
proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.
Por más
que se diga perseguir la «modernización del Estado», «la reducción de la
burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en
los mercados», lo cierto es que se despliega una batería que pone en serio
riesgo el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas.
Resulta
difícil aceptar que existe una situación de emergencia tal que haga urgente
retroceder hacia un tipo de capitalismo que supone borrar de un plumazo toda
una serie de derechos esenciales, hasta arribar a una situación como la que
regía en el mundo y en el país hace más de un siglo, previamente al paradigma
de los Estados de bienestar.
Entre el
conjunto de disposiciones impulsadas, que incluso van mucho más allá de la
plataforma sostenida durante la campaña electoral, acaso lo más riesgoso es la
idea de delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Lo cual,
como se propone hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de extensión
por dos años, prefigura la virtual eliminación de uno de los poderes del
Estado.
Así lo
entendimos legisladores y gobernadores de Unión por la Patria, en una
declaración de rechazo al DNU 70/2023 «porque claramente avasalla atribuciones
del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la
República». A la vez, advertimos, la ley ómnibus «ratifica la pretensión del
presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son
absolutamente inconstitucionales».
Quienes
tenemos presente los períodos dictatoriales de mediados y fines del siglo
pasado sabemos que la ausencia del Poder Legislativo es tan grave como lo es
asimismo la limitación al derecho de reunirse y a manifestarse. O el
establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que
obstaculicen el espacio público.
Podemos
preguntarnos, además, qué libertad es la que se promueve mediante la supresión
o el desfinanciamiento de áreas culturales como el Fondo Nacional de las Artes,
el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine. Tampoco se entiende el
presunto beneficio de enajenar áreas de patrimonio público, mediante la
privatización de empresas emblemáticas del desarrollo nacional, como el Banco
de la Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas o las integrantes del Sistema de
Medios Públicos.
El
impacto social del DNU y del proyecto de ley es también contundente. Véase, por
ejemplo, la propuesta de suspender la fórmula de ajuste de haberes de los
jubilados, para sustituirla mediante aumentos por decreto, la extensión del
periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, el recorte
de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago
de horas extras y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.
Esas y
muchas otras modificaciones generan gran inquietud en la población. Al punto
que gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, sociales y
culturales iniciaron un proceso de movilización en busca de proteger sus
derechos amenazados.
Las manifestaciones espontáneas de los últimos días serán continuadas por el paro nacional convocado para el próximo 24 de enero por la CGT y las CTA, una instancia que preanuncia la puesta en marcha de tradicionales formas de resistencia contra un modelo antidemocrático en lo social, lo político y lo económico.
Megaproyecto. El
ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de
Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.
