Señales amenazantes...
A dos voces, Marcelo Bonelli. Dibujo: Pablo Temes.
El Gobierno confronta
con los propios y ataca a los no alineados. Las internas en YPF y los límites
al periodismo.
Todo fue absolutamente cierto: el ingeniero Miguel Galuccio
estuvo a un paso de renunciar al cargo de presidente del directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ello sucedió tras haberse anoticiado del
decreto de regulación del mercado hidrocarburífero, que se emitió sin su conocimiento
mientras él se reunía con representantes de importantes compañías petroleras, a
los que trataba de convencer de los supuestos beneficios de asociarse con YPF.
La situación interna que se vive allí no augura tiempos de calma si no se
procede a tomar medidas que detengan la potencialidad de enfrentamientos entre
las distintas líneas que se han conformado. En efecto, conviven en la petrolera
tres líneas directrices: una primera que responde a la dupla De Vido - Cameron
(Daniel Cameron es el secretario de Energía de la Nación, que, aunque no
parezca, existe); una segunda que responde al viceministro de Economía, Axel
Kicillof; y una tercera, profesional, que está encolumnada detrás del ingeniero
Galuccio, a quien se le reconoce haber incorporado a su gestión gente de primer
nivel internacional. Los que a Galuccio lo conocen bien y lo respetan sostienen
que todo el discurso y el accionar político del Gobierno son diametralmente
opuestos a los criterios profesionales que desarrolló en su brillante carrera.
Para muchos profesionales que se desempeñan en la compañía, que apoyaron su
nacionalización y que se alegraron e ilusionaron con la designación de
Galuccio, se vive una atmósfera irrespirable que, además de temor, les provoca
una gran decepción. Como es norma en el kirchnerismo, a varios de los que
quieren hacer oír sus voces críticas se los amedrenta desde la conducción
política de la empresa para que guarden silencio.
El decreto que encumbró a Kicillof en la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas produjo escozor en los gobernadores de las provincias
petroleras que jugaron un rol clave en el proceso fulminante que terminó con la
renacionalización de YPF. La reunión que tuvieron con el ministro De Vido en la
semana que pasó fue más para la foto que otra cosa. En diferentes
conversaciones, varios de ellos se quejaron amargamente por el rol de Kicillof.
“Nos usaron”, fue la frase que se escuchó decir a más de uno de ellos
mascullando bronca.
Con todo, no es el de YPF el principal problema que hoy
preocupa a la ciudadanía de la Capital Federal y del conurbano bonaerense. Para
decenas de miles de ellos, su vía crucis del presente es cómo llegar a sus
trabajos y cómo regresar a sus casas. Es la consecuencia de un paro salvaje que
vienen desarrollando los metrodelegados del subterráneo, que amenazan con
extenderlo por tiempo indeterminado. Lo del subte es un cambalache en el que se
mezclan una empresa, Metrovías, que desde siempre ha brindado un servicio
deficitario, y dos luchas explosivas: la primera entre los metrodelegados y la
UTA; la segunda, la feroz guerra política que el Gobierno nacional ha lanzado
contra el Gobierno de la Ciudad. El Ejecutivo Nacional quiere usar este asunto
para deteriorar la figura de Mauricio Macri. Es parte de una misma ofensiva que
apunta a dos blancos: Scioli y Macri. La Presidenta busca la destrucción
política de los dos. El principal problema de Macri es no tener plan B para
enfrentar esta embestida. Si ante cada uno de esos embates la respuesta habrá
de ser “no se puede hacer nada”, corre el riesgo de quedarse sin gestión y sin
futuro político.
El que, en cambio, estuvo decidido a hacer punta fue José
Manuel de la Sota. El gobernador de Córdoba se plantó y dijo basta al retaceo
de la plata para los jubilados que le deben desde la Anses. Logró que la
Legislatura provincial aprobara una ley por la que Córdoba abandonó el Pacto
Fiscal de 1992. Su carta a los gobernadores para que lo imitaran tuvo más un
propósito político que práctico: sabía que las probabilidades de que lo
acompañaran algunos de sus pares oficialistas eran casi nulas –ya varios le
contestaron negativamente–; su intención era posicionarse como un líder
alternativo del peronismo con capacidad para aglutinar a los muchos malheridos
que ha dejado y que sigue generando el kirchnerismo.
En medio de todo este batifondo, Cristina Fernández utilizó
su Aló Presidenta por la cadena nacional de radio y televisión para a atacar a
Marcelo Bonelli y lanzar una idea que constituye una seria amenaza para el
ejercicio del periodismo en la Argentina. Lo que le molestó a la Presidenta fue
que Bonelli contara la verdad de lo que sucedió con el ingeniero Galuccio. Por
ello, junto con el repudio que merece la actitud difamatoria contra nuestro
colega y su familia, la propuesta de una ley de ética pública para los
periodistas –que, dicho sea de paso, no son funcionarios públicos– es de una
enorme gravedad. Y lo es no por lo novedoso, sino porque, al contrario, no hace
más que traer al presente otras iniciativas del mismo tenor e iguales
intenciones –la de coartar la libertad de prensa– que ya hubo en el pasado. La
más relevante desde la recuperación de la democracia fue la impulsada por el ex
presidente Carlos Menem, quien no se cansó de impulsar la idea de un tribunal
de ética para juzgar a periodistas independientes cada vez que pretendió
silenciar las investigaciones que pusieron al desnudo la gestión de aquel
gobierno emblemático de la corrupción.
A Cristina Fernández de Kirchner se le hace intolerable el
trabajo de los periodistas que ejercen su profesión con honestidad y actitud
crítica. La idea de una ley de ética
pública para los periodistas es parte de una ofensiva feroz que persigue como
finalidad no mejorar la calidad del ejercicio profesional, sino imponer el
objetivo del pensamiento único, que desvela a un gobierno que pretende ejercer
el poder no en virtud de consensos sino a través de la dominación. Y, como
decía Voltaire, “la pasión de dominar es la más terrible de todas las
enfermedades del espíritu humano”.
© Escrito por Nelson
Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el sábado 12 de Agosto de 2012.
