Secretaría de Debilitamiento de la Democracia I...
Andrés "cuervo" Larroque.
El decreto de acceso a la información, sancionado por Néstor
Kirchner, que no cumplen ni quienes deben hacerla cumplir. Andrés “Cuervo”
Larroque. Mientras fue subsecretario de para el Fortalecimiento de la
Democracia no informó ninguna reunión, contra lo indicado por la ley.
Una de las patas que compone el derecho a la libertad de
prensa –la otra es la libertad de expresión- es el libre acceso a la
información. Esta herramienta permite que el periodismo, uno de los nexos entre
la ciudadanía y el Estado, pueda conocer y dar a conocer la gestión de
gobierno, sus formas y sus usos. El
gobierno kirchnerista es adepto al secretismo -que es una de las formas que
adquiere la gestión cuando es realizada por un grupo arbitrario, una
camarilla-, incluso cuando ese secretismo va en contra de leyes adoptadas
durante su mandato. De este modo, la Ley de Acceso a la Información Pública es
violada reiteradamente, una y otra vez. A pesar de que fue implementada
mediante un decreto firmado por el ex presidente, fallecido, Néstor Carlos
Kirchner en 2003.
Uno de los anexos del decreto establece un Reglamento para
la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional. De ese modo, todas las reuniones y “toda actividad desarrollada —en
modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto
consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o
decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y
de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
Nacional” debe ser dada a conocer. En otras palabras, las agendas de encuentros
de los funcionarios deben tener carácter público. La norma, según la ley, debe
cumplirse por:
“a) Presidente de la Nación;
b) Vicepresidente de la Nación;
c) Jefe de Gabinete de Ministros;
d) Ministros;
e) Secretarios y Subsecretarios;
f) Interventores Federales;
g) Autoridades superiores de los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la
jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL;
h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea
equivalente a Director General.”
Las reuniones deben ser publicadas esta
página.
Llama la atención que los titulares del área encargada de
dar cumplimiento a esta norma, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia, sean los menos adeptos a informar sus
audiencias. Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los líderes de La Cámpora y que
asumió en esa secretaría en mayo de 2010, no informó de ninguna reunión. Su
sucesor, Franco Vitali, desde que asumió en diciembre de 2011, anunció una
audiencia. María Cristina Perceval, antecesora de Larroque, duró desde diciembre
de 2009 a mayo de 2010 en ese puesto e informó 5 reuniones. Marta Oyhanarte,
que había inaugurado la subsecretaría, detalló 235 audiencias desde noviembre
de 2003 a noviembre de 2009.
Los titulares de las carteras que componen al poder
ejecutivo tienen un déficit con la publicación de sus actividades –en cambio,
la presidenta Cristina Fernández informó
798 desde que asumió en diciembre de 2007-.
El ministro de Defensa Arturo Puricelli no se reunió nunca
con nadie, según sus declaraciones de audiencias.
Hernán Lorenzino tampoco recibió a nadie desde que es
ministro, aunque en este caso es más creíble ya que es conocido como “El
silencioso” y hasta “El mudo” y, por lo tanto, quizás no se reúna con nadie ya
que su fuerte no es hablar ni la comunicación en general.
Axel Kicillof, viceministro de Economía, tuvo 9 audiencias
desde enero de este año.
Carlos Tomada, ministro de Trabajo, tuvo apenas 12
audiencias desde agosto de 2009. Sin embargo, como muestran las escuchas
judiciales del caso Mariano Ferreyra, Tomada llamaba por teléfono al jefe del
sindicato ferroviario José Pedraza para asesorarlo sobre los modos de evitar el
ascenso de la izquierda en su sindicato, “simulando cursos de formación” y
“haciéndoles la cabeza”. Por lo tanto, tal vez no tenga audiencias
personalizadas, sin que esto afecte su capacidad de lobby con personajes de la
más baja estofa.
La viceministra de Trabajo Noemí Rial, que se solidarizaba
con Pedraza el día en que la Justicia lo allanaba, no tiene reuniones desde
octubre de 2009.
El ministro del Interior Florencio Randazzo no tiene
audiencias desde junio de 2011.
El ministro de Salud Juan Manzur no las tiene desde enero de
este año. El ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao no se reúne con
nadie desde febrero de 2012. Déborah Giorgi, ministra de Industria, no tiene
audiencias desde octubre de 2011.
Norberto Yauhar, titular del Ministerio de Agricultura, no
tiene reuniones desde que asumió el 10 de diciembre de 2011.
En cambio, otros ministros informan su actividad. Julio
Alak, ministro de Justicia, señaló haber tenido 38 audiencias desde enero de
2011. El canciller Héctor Timmerman las informa regularmente, así como Enrique
Meyer, de la cartera de Turismo. Nilda Garré alterna periodos de publicación de
sus audiencias con periodos en los que no las detalla. Desde que asumió la
cartera de Seguridad tuvo 108 reuniones. El mismo método usa el ministro de
Educación Alberto Sileoni.
La ley de acceso a la información, sancionada durante el
primer gobierno, tiene severos déficits en su aplicación. Estas cifras dan
cuenta de ese menosprecio por un aspecto del espíritu de “fortalecimiento de la
democracia”.
