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domingo, 2 de octubre de 2022

Estado preanárquico… @dealgunamaneraok...

 Estado preanárquico…

¡It´s a shame! Joe Lewis. Dibujo: Pabloo Temes

Estamos cerca de vivir bajo la ley de la selva, que pone en riesgo la democracia.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 1º/10/2022 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

En el Sur, un grupúsculo de delincuentes seudomapuches intrusan, destruyen, queman y se adueñan de propiedades privadas y estatales, sin que las autoridades nacionales y provinciales ni la Justicia hagan nada para impedirlo y / o remediarlo. Los habitantes de esa comarca se sienten abandonados a la buena de Dios. Cunde en ellos el miedo y el azoro ante tamaña indefensión. Las autoridades descreen lo que narran y relativizan las evidencias del atropello del que son víctimas. ¿Tendrían el mismo nivel de indiferencia si, en lugar de ocurrir en Villa Mascardi, esto fuera en El Calafate y alguna de las propiedades perteneciera a Cristina Fernández de Kirchner?

En CABA un grupo minoritario de alumnos de escuela media toman escuelas en protesta por lo que entienden es una mala calidad de las viandas y otros menesteres de los que, algunos de los líderes estudiantiles, no tienen la más mínima idea. “Con hambre no se puede estudiar”, rezan algunas de las consignas a las que aluden carteles que cuelgan a la entrada de los edificios. Curiosamente, al impedir el normal desarrollo de las clases, muchos alumnos que dependen de las viandas que se les da en las escuelas se están quedando sin ellas. Y no se observa en los estudiantes que participan de estas tomas signo alguno de desnutrición o malnutrición. Muy por el contrario, afortunadamente se los ve bien alimentados, bien vestidos y provistos de sus correspondientes celulares. 

Lo que sí se sabe es que, los centros de estudiantes de los colegios tomados son apoyados por La Cámpora quien fogonea la medida de fuerza. En el Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, los líderes de la protesta se adueñaron de la llave del edificio y les impidieron el ingreso a sus autoridades, ante la pasividad de sus superiores. Paradojalmente, en las escuelas del Gran Buenos Aires, en las que la abundancia de carencias de muchos establecimientos es fenomenal, no se conoce que haya ninguna toma. En algunas de ellas no hay gas. En otras, faltan las ventanas. Las hay en las que la vianda es un pedazo de pan con manteca y una tasa de mate cocido caliente. “Están tratando de desgastar la imagen de la ministra Soledad Acuña y, de paso, darle un golpe por elevación a Horacio Rodríguez Larreta. Esto no tiene que ver con las viandas ni con la calidad educativa”–advierte un legislador de Vamos Juntos.

Por su lado, los piqueteros del Polo Obrero y sus vertientes ocuparon la 9 de Julio a la altura del Ministerio de Desarrollo Social durante 48 horas. Ante la falta de respuestas del Gobierno, decidieron acampar allí, para lo cual dispusieron una compleja logística que incluyó el despliegue de vistosas y costosas carpas –muchas de las cuales permanecieron vacías– baños químicos y provisiones. Muchos reconocieron que cobraban unos seis mil a siete mil pesos por su presencia. De la seguridad de los piqueteros se encargó la Policía de la Ciudad quien, con gran esmero, se ocupó de bloquear el paso de cualquier transeúnte que tuviera necesidad de desplazarse por las zonas afectadas por el acampe ilegal.

Lo mismo hizo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien dispuso que ningún funcionario del Ministerio perturbara la tranquilidad de los militantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) ni de su líder, Alejandro Crespo, que tomaron alguna dependencia ministerial en señal de protesta por la falta de acuerdo en la negociación paritaria con las empresas del sector.

El miércoles, hinchas de Talleres que se dirigían a Resistencia para ver el partido por los cuartos de final de la Copa argentina entre su equipo e Independiente, se enfrentaron con palos, armas blancas, machetes y armas de fuego a un grupo de piqueteros del movimiento Teresa Rodríguez que cortaban la ruta 11. Ante tamaña muestra de violencia, los piqueteros huyeron despavoridos. Lo curioso de este brutal episodio fue que los que bloqueaban la ruta clamaban en su huida por la presencia de la Policía. 

En medio de este panorama la vicepresidenta volvió a elegir Twitter para reavivar las confrontaciones internas. El Indec acababa de anunciar los datos de pobreza y la virtual conductora del Gobierno hizo lo que mejor sabe: despegarse de su responsabilidad política e institucional y actuar como la comentarista de una realidad que –está convencida– le es ajena. Desde el massismo fueron cuidadosos: “está bien, algo tenía que decir por el aumento de la indigencia y salió a pegarle a las empresas para mantener el discurso que le gusta a su propia tropa”. Se quedaron cortos, hubo en las palabras de la vice una primera luz amarilla para Sergio Massa y un llamado de atención muy fuerte para el secretario de Comercio Matías Tombolini, encargado de controlar que los precios no continúen fuera de control. Tombolini, quien probablemente sea recordado como “el funcionario de las figuritas”, reniega de los viejos controles que nunca dieron resultado. Pero su inacción en ese sentido ataca la génesis misma del relato kirchnerista que alude a empresarios millonarios y malvados versus el gobierno nacional y popular que intenta redistribuir algo de toda esa riqueza al estilo Robin Hood. El joven secretario de Comercio pecó de soberbio. No se puede ir contra el manual del buen populista y Tombolini representa todo lo contrario con una dosis de ambición política y personal, para muchos, desmedida. 

CFK no tolera ver que la realidad transcurre sin tenerla como protagonista. Ahora vuelve sobre la gestión con la intención de terminar lo que empezó: volar de un plumazo los resabios del albertismo en el gabinete. Los apuntados en esta oportunidad son el ministro de Trabajo Claudio Moroni, de gestión chata y papel triste en el conflicto con el Sutna de Alejandro Crespo y el de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta. El ex intendente de Hurlingham mantiene una disputa de larga data con La Cámpora en su propio territorio. Martín Rodríguez, número dos del PAMI y pareja de Luana Volnovich está haciendo campaña para quedarse con la intendencia y sumar poder para los de Máximo Kirchner. Zabaleta debe tomar una decisión. Una salida poco elegante del Ministerio que comanda no sería una buena carta de retorno a su tierra. “A Juanchi lo están empujando, la movilización piquetera de esta semana no tuvo nada de espontánea, encima, los manifestantes también se ocuparon de salpicar a Moroni. Dos pájaros de un tiro” –reflexionó un hombre cercano al titular de Trabajo. 

Este sucinto recuento de hechos son muestras de un estado preanárquico, en el que la ley nada vale. Es una circunstancia penosa y peligrosa porque, cuando el respeto a la ley deja de ser la norma, lo que se termina imponiendo es la ley del más fuerte. Y esa es la ley de la selva que termina poniendo en riesgo a la democracia que tanto costó conseguir y por la que mucha gente dio literalmente la vida.




   

martes, 28 de noviembre de 2017

Caso Rafael Nahuel… @dealgunamanera...

Caso Rafael Nahuel: antecedentes de muertes en contexto de represión de fuerzas federales de seguridad.


El último sábado en las inmediaciones de Villa Mascardi, Bariloche, fue asesinado Rafael Nahuel, de 22 años, en medio del desalojo a una comunidad mapuche encabezado por integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval. Esta muerte, al igual que la de Santiago Maldonado, se dio en el contexto del conflicto territorial que tiene como protagonistas a pueblos originarios de todo el país.

© Publicado el martes 28/11/2017 por el portal Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien todavía no hay información oficial, la autopsia practicada al joven de Bariloche habría determinado -según informaron citando fuentes judiciales diversos medios, como La NaciónClarín y el Diario Río Negro– que la bala que lo mató es una de 9 milímetros, el mismo calibre que utiliza el Grupo Albatros.

Según los datos de la Coordinación Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización dedicada al relevamiento de casos de uso ilegítimo de la fuerza, hubo 70 asesinatos, principalmente por parte de fuerzas federales y provinciales, desde 1995 hasta 2016 en el marco de protestas sociales, marchas, movilizaciones y cortes de ruta. La mayor cantidad de muertes a manos de agentes del Estado se registró durante el corto gobierno de Fernando De la Rúa (45), mientras que 19 de los asesinatos ocurrieron bajo las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner.

Un estudio de 2017 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presenta datos similares. Si se analiza este documento, los asesinatos en el marco de protestas sociales en los cuales las fuerzas federales se vieron involucradas en los últimos años son: el de Mariano Ferreyra, el de Roberto López en el desalojo de La Primavera en Formosa y las tres muertes en el desalojo de la toma del Parque Indoamericano. A estos casos que presenta el documento (analiza hasta abril de 2017), habría que sumarle la muerte de Santiago Maldonado.

§  Mariano Ferreyra fue asesinado en octubre de 2010 por el disparo efectuado por un integrante de una patota que respondía a la dirigencia del sindicato Unión Ferroviaria. El Poder Judicial estableció responsabilidades materiales e intelectuales y la participación de policías federales en el hecho.

§  Roberto López, integrante de la comunidad Qom que cortaba una ruta para denunciar la expropiación de tierras ancestrales, murió en noviembre de 2010 en La Primavera, Formosa, durante un operativo de desalojo por parte de la policía provincial con presencia de la Gendarmería nacional. Eber Falcón, policía, también murió en el operativo. Dos oficiales de la policía provincial fueron sobreseídos por el asesinato de López.

§  Rosemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez fueron asesinados por balas de plomo durante un operativo conjunto de las policías Federal y Metropolitana en el desalojo de la toma del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2010. El Poder Judicial aún no estableció responsabilidades por estos hechos.

§    Santiago Maldonado murió en agosto de 2017 tras un desalojo a manos de la Gendarmería nacional en una comunidad aborigen de Cushamen, Chubut. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue “asfixia por inmersión” coadyuvada por “hipotermia” y la causa judicial está en trámite.