Llegar como sea...
Guantes para todos, CFK. Dibujo:
Pablo Temes.
Dólar desatado, Lázarogate, ofensiva
anti-Justicia, la caja de la obra pública: Gobierno en problemas. Pasadas las doce del mediodía del
viernes el dólar tocó los 10 pesos. Fue fuerte. La preocupación en el Gobierno
aumentó. La Presidenta reunió al equipo económico –en realidad no es un equipo,
sino un desbande– en busca de soluciones “mágicas”. No las encontró. Allí nadie
sabe qué hacer. A la media tarde,
Cristina Fernández de Kirchner voló a El Calafate. Más allá de la falta
de decisiones y de las insistentes declaraciones de los funcionarios acerca de
la marginalidad supuestamente inocua del dólar paralelo, sus efectos negativos
sobre la economía se hacen cada vez más evidentes.
La meta del Gobierno es clara: hay que llegar a las elecciones evitando una
devaluación. El problema es que este objetivo se hace cada vez más difícil de
lograr. Un dato ilustra el viaje sin retorno que ha emprendido la cotización
del dólar blue: para frenar su escalada, a principios de la semana el Gobierno
decidió poner en la calle 20 millones de dólares. Fue como tirar un grano de
arena en un océano. En muy pocos minutos, una demanda insaciable se los
“devoró” sin que la tendencia ascendente se frenara.
La actividad industrial cae; la construcción cae; las exportaciones caen;
la producción de soja cae; la producción de combustible cae y el poder
adquisitivo de los salarios cae. Es que la inflación, en cambio, sube. El
acuerdo de precios es una entelequia. Sin embargo, para el Gobierno está todo
bien. Según Amado Boudou –a quien Guillermo Moreno sigue llamando “el chorro” o
“el chorrito”, según el mejor o peor humor con el que se haya levantado–
sostiene que el dólar no ha experimentado cambios desde el 2003 y que el
ministro de Economía Hernán “me quiero ir” Lorenzino dijo lo que dijo porque
“estaba cansado” (sic).
La imputación que el fiscal Guillermo Marijuán ha hecho a Lázaro Báez ha
preocupado al Gobierno. El texto de tal imputación lleva además una muy severa
acusación contra la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos,
engendro creado por la procuradora Gils Carbó. Este órgano debería
supuestamente abocarse a la investigación de maniobras sospechosas de lavado de
dinero. No obstante, en el así llamado Lázarogate –en verdad el nombre más
adecuado sería “Lázaro-Néstorgate”– nada ha hecho. Eso es lo que le reprocha
con prosa dura Marijuán.
En el grotesco que representa la Argentina de hoy, el aporte de los
opositores no es menor. La pelea entre el peronismo disidente y Macri, luego de
la foto que compartieron en Córdoba el miércoles De la Sota, Moyano, Lavagna y
De Narváez –de la que quedó excluido el jefe de Gobierno porteño– desnuda que
la hoguera de vanidades y las rencillas allí existentes no amainan. Macri sabe
que sin un pie en el peronismo disidente sus chances presidenciales alcanzan la
dimensión de la nada. Los hechos de represión policial indiscriminada en el
Borda fueron repudiables. Es verdad que había gente encapuchada con piedras y
que hubo policías heridos. Eso de ninguna manera justifica el brutal accionar
de los efectivos de la Metropolitana. Por acción u omisión, el ministro de
Seguridad Guillermo Montenegro es el principal responsable político de esa
barbarie. A estas horas, su renuncia debería ser una realidad.
Lo que está pasando en el mundillo judicial es grave. La Justicia reclama
mejoras a gritos. Pero eso no es lo que el Gobierno busca y quiere. En muchos
fiscales hay miedo; en muchos jueces también. Para tener una real dimensión de
este apriete contra los sectores judiciales que aspiran a ser independientes
del poder político, es útil adentrarse en la página de la Procuraduría General
de la Nación en la que se destaca un ítem titulado: “Más de un centenar de
organizaciones respaldaron las políticas impulsadas por la Procuradora
General”, en el que no sólo se apoya a Gils Carbó, sino que también se
descalifica y denuesta a Marijuán por haber dado curso a la denuncia del
senador radical Mario Cimadevilla por el nombramiento a dedo de fiscales, tanto
en el Procelac como en la procuraduría Contra la Violencia Institucional y la
de Narcocriminalidad. Por eso, muchos de esos jueces y fiscales ruegan que no
les caigan ninguna de las causas originadas por denuncias acerca de delitos de
corrupción que comienzan a llover contra el Gobierno.
La gran caja del kirchnerismo ha sido y es la obra pública. Ya en 2005, en
un contundente discurso pronunciado en la reunión anual de la Cámara de la
Construcción, cuyos asistentes aún recuerdan con precisión, el entonces
ministro de Economía, Roberto Lavagna, advirtió sobre la existencia de
sobreprecios que poblaban muchas de las adjudicaciones de obras pública. Lavagna
había encargado a un grupo de sus colaboradores un análisis pormenorizado de
los costos reales de esas adjudicaciones. Sus conclusiones fueron terminantes:
los sobreprecios eran una realidad innegable. Néstor Kirchner y Julio De Vido
se disgustaron con el ministro con cuyas denuncias nada pasó. En cambio a él sí
le pasó algo: a los pocos días, el entonces presidente lo echó.
“No te preocupes. Nadie te va a robar nada”, le contestó la Presidenta, con
tono destemplado, a la ciudadana que se quejó por la corrupción durante el acto
en que Fernández de Kirchner anunciaba
obras públicas en la localidad santacruceña de Las Heras. ¿Alguien puede
creerle?
© Escrito por Nelson Castro el domingo 05/05/2013 y publicado por el Diario
Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
