La década extractiva...
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en
2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería
también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento).
Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década
del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con
consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos,
desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras
en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las
corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba
12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas
cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56
por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de
manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en
marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno
de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en
informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el
Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas,
fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción
granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie
sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42
millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre
territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites
inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los
Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras
consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia
INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las
explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57
por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el
tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy
pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la
Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino
(FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un
comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el
Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura
familiar vamos por lo que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de
los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la
resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco
avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra,
monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el
comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía
nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo
interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un
giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo
agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de
juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a
favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el
campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la
producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los
agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia
todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario
por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan
con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier
modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el
régimen fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la
soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La
Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones
de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo
forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes
(ambas con ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el
diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema
del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada
por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas
nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos
Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que
amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas.
También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro
Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una
consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa.
Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores
transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que
tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó
expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El
último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización
sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y
se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la
década del noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un
“corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización
Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada
por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las
provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones
para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es
en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la
extracción con la técnica de “fractura hidráulica” (también llamado
“fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al
desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se
encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con
grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el
hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en
estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina
fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San
Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón
y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de
gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme
potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18
provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo”
con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca
neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta
(Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está
violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional)
que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La
Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de
2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la
exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado
remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países
con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la
actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país
ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales
provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca,
Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe “La minería en
números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran
336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en
2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la
Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó
la actividad y cuestionó a los ambientalistas –luego se supo que era un
militante del PJ–) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio”
respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán
desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de
camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería fue uno de los
sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de
inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y
una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la
agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década
minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta
en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un
nivel de crecimiento sin precedentes”. Y destacó que la premisa del Gobierno es
“profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la
Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación
de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional
generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio
gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de
asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad:
la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes
comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a
pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para
los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin
escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si
aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén,
2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos.
Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan),
Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría
oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al
extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena
los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena
relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta
noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no
ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de
2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las
comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24
millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el
programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel
de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470
comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22
por ciento”, denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue
aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se
interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la
megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto
Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces
presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada
formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en
los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario
Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del
Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar
(por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio
de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización
del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el
“primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de
hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que
cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente
de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó
el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en
reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad
de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos
apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado,
Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre
presentaron un informe conjunto en el que –en base a datos oficiales– evaluaron
el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la
Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de
aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy
elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109
hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y
Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las
ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos
avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se
deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por
día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008
(1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a
124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue
presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco
años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y
Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina
Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción,
en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno
a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El
encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la
cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama
(proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las
crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las
Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la
Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba
una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos
porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos
biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque
estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en
Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos
semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el
27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86
por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de
agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de
Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la
estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del
mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por
contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles),
63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de
dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y
campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional
de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea
Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones
esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de
derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al
neoliberalismo de guerra de los ’90, también hay que marcar en esta década se
ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma
Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones
fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la
contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera,
poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la
Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa
articulación ‘público-privada’ por terratenientes sojeros, empresarios mineros,
petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la
minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las
provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica
que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy
poco a avanzar en la democratización de las sociedades: “Si bien se han
recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto
que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de
punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y
recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la “combinación de la
depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y
el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia
sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas
llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”.
Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y
fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de
radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la
principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica
reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre
las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la
modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo
(ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio
indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en
nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios.
También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra
Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San
Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no
es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de
los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (…) Soy capaz de decirle
en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha
inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos
un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe
y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de
resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y
provincial que ejecute las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual
evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por
‘ganada’ y otros por ‘perdida’. Para los pueblos indígenas es una década
ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no
cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a
las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la
comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática
violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos
originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió
violentamente enTinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban
el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en
Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases
lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas
de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de
los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las
amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal
megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del
Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras
pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la
policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan
la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un
hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a
dejar la provincia.
En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas
promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a
asambleístas en la puerta de Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de
Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22
de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado
por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de
distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de
comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos
años.
Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA
hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos
Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche
judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas
judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y
muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas
como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de
2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero),
Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de
2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian
Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de
2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba
de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013,
qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera),
Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como
los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el
silencio de la Presidenta.
© Escrito por Darío
Aranda el martes 11 de Junio de 2013 y publicado por La Vanguardia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fuente: Agencia CTA
