Reforma previsional…
Imagen: Guadalupe Lombardo
La reforma del sistema de
jubilaciones que prepara el Gobierno contempla la segmentación de las
prestaciones en tres niveles. El primero será de carácter universal y lo
constituye la nueva pensión por vejez creada el año pasado con la ley de
“reparación histórica”. Se empieza a cobrar a partir de los 65 años tanto en
hombres como en mujeres, sin necesidad de aportes previsionales. El monto de
ingresos equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima.
© Escrito por David Cufré el sábado 27/05/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciuad Autónoma de Buenos Aires.
En la práctica, este cambio
constituye un deterioro notable para los adultos mayores respecto del estado de
derechos que habían alcanzado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner,
cuando se aprobaron distintas moratorias que les permitieron a más de 3
millones de personas saldar su deuda de aportes con la Anses –muchos no habían
efectuado ninguno– y percibir como piso el haber mínimo. La diferencia es de
más de 1200 pesos en este momento, ya que la jubilación mínima se encuentra en
6394 pesos y la pensión por vejez es de 5115 pesos.
Además, esta última no genera el
derecho de pensión para los familiares del titular. En el caso de las mujeres,
la modificación entraña un perjuicio sustancial porque implica un aumento de
cinco años de la edad a partir de la cual pueden obtener ingresos, dado que con
las moratorias podían jubilarse desde los 60 años y ahora tendrán que esperar
hasta los 65 para cobrar la pensión por vejez. Es un recorte de gastos en línea
con los reclamos de ajuste fiscal que el FMI y los mercados le formulan al
Gobierno permanentemente.
Esta prestación será financiada por
rentas generales. Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social y de la
Anses que diseñan el proyecto establecerían como línea de corte para la pensión
por vejez un nivel de aportes previsionales inferior a los 15 años, aunque el
número exacto todavía no está definido.
Esto significa que los hombres y
mujeres que lleguen a los 65 años y queden por debajo de ese nivel de años de
aportes tendrán la opción de pasar a cobrar automáticamente este beneficio,
equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, como se explicó más
arriba. Sin embargo, la iniciativa les daría la posibilidad de mejorar esos
ingresos al autorizar por ley que sigan trabajando y aportando más allá de los
65 años, sin que sus empleadores puedan forzarlos al retiro como ocurre en la
actualidad. Todo lo que sumen por arriba de los 15 años de aportes –si
finalmente fuera ésa la línea de corte– significaría un plus para su ingreso
mensual, cuyo financiamiento saldría del régimen jubilatorio solventado con
aportes y contribuciones.
Con esta medida, el Gobierno
empezaría a correr los límites de la edad jubilatoria, haciendo caer en las
espaldas de los trabajadores que padecieron la informalidad laboral o el
desempleo la responsabilidad de trabajar más años para cobrar un haber más alto
que la devaluada pensión por vejez. Para superar la resistencia empresaria, el
Estado resignaría el cobro de contribuciones patronales por esos empleados
cuando sigan trabajando más allá de los 65 años. De todos modos, estos puntos
son aún materia de debate entre los funcionarios que trabajan en la reforma.
El segundo pilar del nuevo régimen
jubilatorio, en tanto, seguirá siendo el sistema de reparto. La novedad en este
caso viene por la modificación de la fórmula de cálculo para determinar el
haber inicial de cada jubilado; es decir, lo que una persona empieza a cobrar
cuando se retira. En lugar de los componentes actuales –PBU, PC y PAP–, se
avanzaría con un esquema conformado por la prestación universal –la pensión por
vejez– más el plus asociado a los años y al nivel de aportes al sistema. Un
aspecto clave en este caso es si habrá un tope sobre la proporción del salario
afectado a los aportes previsionales que sea más bajo que el actual.
Es una posibilidad, para incentivar
a los trabajadores a realizar aportes voluntarios al tercer pilar del sistema
y, sobre todo, para bajar la presión de gastos al Estado nacional, que pagaría
a los nuevos jubilados haberes más bajos que los actuales.
El tercer pilar, en el proyecto en
estudio, cumplirá la función de elevar los montos de las jubilaciones de
aquellos trabajadores que hagan aportes voluntarios a este sistema. Estará
constituido por cajas complementarias bajo un esquema también de reparto y,
según dicen los funcionarios, no se baraja la posibilidad de volver a habilitar
mecanismos de capitalización individual. Las cajas complementarias existentes
–como las profesionales o de distintas actividades– o las que se creen
ofrecerían a los trabajadores la administración de aportes voluntarios para
mejorar sus jubilaciones.
El sistema financiero podría
encontrar aquí una puerta para volver al negocio de la gestión de recursos
previsionales. Por otra parte, fuentes del Gobierno sostienen que por ahora no
se analizan cambios en la ley de movilidad jubilatoria, que va actualizando los
haberes en marzo y septiembre de cada año.
Con esta división en tres pilares
–universal, de reparto y complementario– se reproducirían en la tercera edad
las diferencias salariales de la etapa activa, dándole un sesgo más marcado de
diferenciación entre ciudadanos de primera –aquellos que pudieron completar los
años de aportes para acceder a la jubilación plena, con haberes aún más altos
para quienes realizaron aportes voluntarios– y de segunda, que deberían
conformarse con la pensión por vejez.
En la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo se reúnen un miércoles por mes el titular de esa
dependencia, Juan Carlos Paulucci (un hombre que llegó al puesto de la mano de
Gerónimo “Momo” Venegas), funcionarios de la Anses y de la AFIP, junto con
delegados empresarios, sindicales (de la CGT, CTA y distintos gremios) y
especialistas para debatir sobre los cambios que necesita el sistema
jubilatorio.
Allí trascendió la posibilidad de
que el Gobierno modifique también el régimen de autónomos y monotributistas en
su aspecto previsional, unificando a esos sectores en una sola categoría. La
“armonización” de las cajas jubilatorias provinciales con la nacional es otro
de los objetivos del oficialismo. E
n varias provincias creen que ello
implicará presiones del gobierno nacional para forzarlos a disminuir
prestaciones y a subir la edad jubilatoria en línea con el régimen de la Anses.
Gremios como el docente, a su vez, están alertas por si aparece la pretensión
de las autoridades de modificar los estatutos especiales como el que tiene el
sector.
Por otra parte, Paulucci informó en
el último encuentro de esa comisión asesora que se creará otro cuerpo para
elaborar un Código de la Seguridad Social. Sería un digesto de normas
nacionales y provinciales. El funcionario indicó que fueron seleccionados para
esa tarea dos ex camaristas de la Seguridad Social, Mabel Maffei de Borghi y
Bernabé Chirinos, y el constitucionalista Félix Loñ.
La velocidad y profundidad de los
cambios en materia de jubilaciones dependerá del resultado de las elecciones de
octubre.
Una buena performance del
oficialismo le dará margen para ir más a fondo. Como en los ‘90, las
prestaciones de la seguridad social vuelven a estar en el centro de los planes
de ajuste neoliberales.
