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miércoles, 8 de enero de 2020

Ley de Solidaridad Social... @dealgunamanera...

El Gobierno planea tener un nuevo índice de movilidad jubilatoria en marzo.

Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a un grupo de jubilados de Hurlingham. Fotografía: NA

El cálculo para determinar los haberes está suspendido desde la aprobación de la Ley de Solidaridad Social por 180 días a la espera de un nuevo sistema.

© Escrito por DR/FF el martes 07/01/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


La suspensión de la movilidad jubilatoria fue una de las medidas más polémicas que tomó en sus primeros días el Gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social. Si bien se otorgó un bono para los haberes mínimos, la medida establece un lapso de 180 para presentar un nuevo índice para determinar la suma que se deberá pagar a los jubilados, por lo que el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto para que sea tratado y aprobado en el Congreso a inicios de marzo. En ese mes vence, además, el plazo para pagar el 11,5% de aumento que se generó con índice anterior.

Luego de un 2019 con escasa actividad legislativa, durante enero y febrero el Gobierno tiene planeado el debate del Pacto Fiscal y los proyectos de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y ex diplomáticos. A la lista, según publicó Clarín, se sumaría el nuevo índice de movilidad de haberes previsionales. La intención del Presidente sería despejar dudas respecto a su intención de que las subas para los jubilados no sean discrecionales y evalúa la posibilidad de pedirle al Congreso que trate el proyecto antes del 1 de marzo.


Esa lista de temas a tratar en el Congreso fue charlada entre el Presidente y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante el almuerzo que compartieron el pasado lunes, 6 de enero. Antes de arribar a la Casa Rosada, el tigrense se había reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar distintas medidas que la cartera planifica implementar y el correlato legislativo, ya que algunas de ellas requerirán aval parlamentario.

En el marco del artículo 55 de la Ley 27.541, de Emergencia Económica, sancionada en diciembre en el Congreso, el Presidente anticiparía la convocatoria a la comisión para que proponga un proyecto para cambiar la fórmula que había aprobado el gobierno de Mauricio Macri.

Ante la polémica por la suspensión de la movilidad jubilatoria, el Presidente tuvo que aclarar que la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "lo único que cambió fue el cálculo de actualización" de los haberes del sistema jubilatorio y que "no hay congelamiento", ya que impondrá nuevos aumentos en los próximos meses.

Sin embargo, en diálogo con Perfil, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino había adelantado a fines de diciembre que se planteará la "inconstitucionalidad" de la medida, aunque la abogada previsionalista Andrea Falcone aclaró que "la inconstitucionalidad o no (de la ley) va a depender del aumento que dé Alberto Fernández para marzo. Si da una suma fija igual para todos y es menos del 11,5 que les corresponde, eso va a ser inconstitucional. Hay que esperar hasta el anuncio".

DR/FF




domingo, 26 de noviembre de 2017

Gracias Pichetto, no te hubieras molestado… @dealgunamanera...

Gracias Pichetto, no te hubieras molestado…


El costo de las Lebac duplica el monto de la poda de jubilaciones. La nueva fórmula de movilidad es peor que la versión inicial del Gobierno. La modificación de la movilidad le permitirá a la Anses desembolsar 100 mil millones de pesos menos en jubilaciones. El Banco Central emite deuda con Lebac que devengará intereses por un total de 210 mil millones de pesos en este año.

© Escrito por Alfredo Zaiat (alfredozaiat@gmail.com) el Domingo 26/11/1950 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El stock de Lebac es de 1,2 billones de pesos. Es deuda emitida por el Banco Central que devengará intereses por un total de 210 mil millones de pesos en este año. Es una suma extraordinaria que alimenta lo que se denomina déficit cuasi fiscal. Este espacio de especulación entregado al mercado financiero por el titular del Central, Federico Sturzenegger, es atendido con recursos públicos y está fuera del radar del ajuste que el gobierno quiere que sea aprobado en el Congreso. Ese recorte no alcanza al mundo de las finanzas. La mira fue dirigida hacia el sistema previsional y de seguridad social. El objetivo que planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es “ahorrar” unos 100 mil millones de pesos, disminuyendo las jubilaciones y las asignaciones (familiares y la AUH). Para conseguirlo, el gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la fórmula de movilidad de las jubilaciones que significa una fuerte poda en el haber, que luego fue retocada por iniciativa del senador Miguel Angel Pichetto, cuyo resultado es también una fuerte poda en el haber. Este aporte para facilitar la aprobación del proyecto ha sido tan entusiasta que el saldo puede ser peor para los jubilados que la versión oficial.

La relación entre el monto del déficit generado por las Lebac y la reducción del dinero que la Anses destinará a pagar jubilaciones sirve como referencia para exhibir la escala de prioridades en la gestión del gobierno de Cambiemos. No significa que si se dejase de pagar tantos intereses de Lebac ese dinero podría ir a los bolsillos de los jubilados. Esta comparación sólo deja al descubierto que en la obsesión por el ajuste de las cuentas fiscales, el gobierno eligió arremeter contra los jubilados y cuidar los privilegios del mundo de las finanzas.

Fórmula Pichetto

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tardó apenas 15 minutos en aceptar la fórmula Pichetto, luego que el senador facilitador de la tarea del gobierno en la Cámara Alta hiciera un discurso muy crítico de la propuesta oficial que modifica la actualización de las jubilaciones. Fue la puesta en escena para permitir la inmediata adhesión del gobierno, que el ministro Dujovne agradece. Con el esquema del 70 por ciento de evolución de la tasa de inflación y el 30 por ciento de variación del salario formal privado (RIPTE), el “ahorro” previsional puede ser mayor al presupuestado por Hacienda. Si es más elevado, significa que los jubilados recibirán un ingreso aún más recortado.

En el suplemento económico Cash de esta edición, el especialista en materia previsional Miguel Angel Fernández Pastor ofrece un par de datos que demuele la fórmula Pichetto: en los 21 primeros meses del gobierno de Macri, el RIPTE creció 59,08 por ciento, mientras que la inflación lo hizo en 71,3 por ciento. Unos simples cálculos revelan que la muy desfavorable versión oficial para los jubilados es mejor que la fórmula Pichetto:

La propuesta del gobierno era un ajuste trimestral por inflación y un insignificante aporte adicional del 5 por ciento del PIB real en junio de cada año. En el acumulado de esos 21 meses, el aumento hubiera acumulado 71,3 por ciento más 0,15 por ciento (el 5 por ciento de la variación del PIB del 3 por ciento: 0,15 por ciento. Las caídas de PIB no se calcularían, según la versión oficial, entonces el retroceso de 2016 no contaría). El saldo sería 71,45 por ciento.

Con el esquema de actualización Pichetto para ese período, el aumento hubiera sido 67,63 por ciento. Casi cuatro puntos porcentuales menos que la versión inicial.

El 70/30 perjudica a los jubilados, más en un gobierno conservador como el de Cambiemos que tiene como objetivo explícito que el salario suba menos que la inflación. Para las paritarias 2018 ya envió el mensaje a través de medios oficialistas de que pretende un alza del 10 por ciento, variación que se ubica por debajo de la estimación de inflación.

Esta es la fórmula que la mayoría de los gobernadores avalaron en el dictamen en el Senado, conversado en apenas cuatro horas sin abrir el espacio a la consulta de especialistas. La comparación con un solo trimestre entre una y otra fórmula de rebaja de las jubilaciones, además de que entrega una diferencia insignificante, no es correcta. En un período más prolongado, como el mencionado arriba, el saldo del nuevo acuerdo es más desfavorable para el jubilado.

El pacto además avala que se aplique la actualización con seis meses de retraso, pues el ajuste de marzo del año próximo será con la inflación del trimestre julio-septiembre de este año. Es otra disposición que perjudica a los jubilados puesto que la nueva fórmula sería retroactiva. La presente movilidad se devenga en el semestre julio-diciembre, lo que implica que a esta altura esta casi completa, pero en el proyecto de ley se la descarta para que en marzo de 2018 se utilice la nueva. Esto implica que en lugar de un aumento de las jubilaciones del 12 al 13 por ciento, el ajuste sería de 5,2 por ciento (con la versión oficial) o de 5,7 por ciento (con la fórmula Pichetto). 

Las jubilaciones perderían así unos 7 puntos porcentuales, deteriorando su poder adquisitivo y brindando el “ahorro” previsional que el gobierno busca. Al haber mínimo de 7246 pesos se le podaría 455 pesos del aumento. Como precisó David Cufré en el Panorama Económico en la edición de ayer de este diario, la jubilación mínima quedaría en 7660 pesos en lugar de los 8115 pesos que hubieran correspondido.

Bicicleta

Mientras en el Congreso empezó el debate del proyecto oficial para recortar jubilaciones y asignaciones (familiares y AUH), la bicicleta financiera sigue rodando a velocidad. El viernes la paridad cambiaria terminó la semana con una caída de diez centavos, para ubicarse en 17,69 pesos, el mismo nivel que hace dos meses. Ese retroceso fue explicado por operadores de la city por el ingreso de dólares a la plaza local para aprovechar las muy elevadas tasas de interés que regala el Banco Central con las Lebac.

El último reporte del balance cambiario del Banco Central indica que las inversiones de cartera de no residentes (capitales extranjeros especulativos) sumaron en forma neta 420 millones de dólares en octubre pasado, siendo uno de los meses de más ingresos del año. Esos fondos fueron destinados a colocaciones en pesos, detalló la entidad monetaria, para aprovechar la renta que ofrece la tasa de interés en moneda local. La consultora macrista Elypsis calculó que el inversor que canjeó dólares por pesos en enero de 2016 y fue renovando ese capital en Lebac hoy tiene acumulado una ganancia en dólares del 17 por ciento. Es una rentabilidad extraordinaria de la bicicleta de las Lebac. Como ilustra la prensa internacional, Argentina se ha convertido en un paraíso financiero para el capital especulativo.

La emisión de esos títulos de deuda en pesos de cortísimo plazo es utilizada por el Banco Central con el doble propósito de desalentar la compra de dólares al tiempo de retirar pesos del mercado con el esquivo objetivo de bajar la inflación. No consigue ni uno ni otro objetivo. Pero igual sigue con esa política seduciendo a los inversores con tasas de interés elevadas, que tuvieron su pico del 38 por ciento en marzo de 2016 y hoy se ubican casi en el 30 por ciento anual. Esas tasas han invitado a inversores extranjeros a participar del negocio que se denomina currency carry trade sobre el peso argentino: ingresar dólares a la plaza local, luego venderlos y con los pesos obtenidos comprar Lebac, para que en un plazo determinado recomprar más dólares con el capital e intereses de esa inversión en pesos. 

Esta estrategia monetaria y cambiaria que recibe críticas de economistas de diferentes vertientes ideológicas tiene un costo altísimo para las cuentas públicas, en este caso las del Banco Central. Desde diciembre de 2015, la deuda con Lebac aumentó 245 por ciento y devengó intereses por más de 310 mil millones de pesos. Sólo en este año sumarán 210 mil millones de pesos. Esta cifra más que duplica el monto que el gobierno quiera “ahorrar” en el sistema previsional recortando aumentos de las jubilaciones.

Trabajadores

Sin tocar las ganancias privilegiadas del mundo de las finanzas, la administración Cambiemos arrastra del cuello a un grupo de gobernadores para impulsar una reforma que no sólo castiga a los jubilados, sino que avanza sobre derechos previsionales de trabajadores activos. Instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años, y pretende disminuir el cálculo del haber inicial del futuro jubilado. 

Fernández Pastor indica que en el artículo segundo del proyecto de ley se establece que los salarios con que se efectúa el promedio de ingresos del que surgirá el haber inicial de los futuros jubilados ya no se efectuará por la fórmula de movilidad, sino por el índice combinado aplicado para la actualización de las sentencias en la Ley de Reparación Histórica (inciso b, artículo 5 ley 27.260) que, como es reconocido por el propio gobierno, implica una quita muy importante. El especialista previsional señala que en el mencionado artículo se especifica que la actualización de los salarios se efectuará por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). ¿Qué significa esto? Si los salarios disminuyen, los trabajadores que quieran jubilarse tendrán un haber inicial más bajo del que surgiría aplicando la ley de movilidad. En base a la evolución de la inflación y el RIPTE desde diciembre de 2015, cifras detalladas arriba, hoy la pérdida acumulada es de 12,22 puntos porcentuales en apenas dos años.

Modificar la movilidad jubilatoria para atarla a la evolución de la inflación, disminuir la tasa de sustitución (la relación entre el último salario del trabajador con el haber inicial como jubilado) y elevar la edad jubilatoria son las recomendaciones del FMI al gobierno argentino, incluidas en el informe de noviembre de 2016, y que pasaron a formar parte de la reforma previsional. 

No deja de ser notable como la Alianza Cambiemos decidió empeorar la calidad de vida de los jubilados, con el aval de gobernadores, siendo que se trata de su núcleo electoral más intenso. La apuesta oficial es que el cambio de clima político les permita naturalizar la reducción de las jubilaciones hasta pensar que no tiene costos afirmar que son muy elevadas, mientras le sigue ofreciendo al mercado financiero la rentable fiesta especulativa de las Lebac.



lunes, 25 de noviembre de 2013

Componentes de aumento del Gasto Público... De Alguna Manera...


Subsidios y jubilaciones sin aportes explican 60% del aumento de gasto...


El impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete. Sin un replanteo de las decisiones de gasto público tomadas con mucha demagogia, improvisación y poco sentido de responsabilidad no hay posibilidades de detener la pérdida de reservas y recuperar el crecimiento.

© Publicado el domingo 24/11/2013  por http://www.idesa.org/


Han pasado tres días de las primeras definiciones del flamante ministro de Economía, Axel Kicillof, quien el viernes pasado dio su primera conferencia, algo improvisada, en el pasillo del quinto piso del Palacio de Hacienda.

"No se tomará ninguna medida que genere cambios bruscos en la economía, ni que perjudique a los trabajadores, a los sectores de menores ingresos, ni a los empresarios", fue lo primero que dijo Kicillof, y si bien no dio detalles sobre medidas concretas, sí deslizó que habrá una eliminación gradual de los subsidios a los servicios públicos.

"Habíamos hecho algunas readecuaciones en las tarifas de la electricidad, el gas, que tenían que ver con diferentes cuestiones: la primera es que se ve una diferencia muy grande en distintas regiones del país", relató Kicillof el viernes.

"Hay provincias donde no hay siquiera gas de red. Pero los que no tienen gas pagan una garrafa que está mucho más alta que lo que sale el gas de la red. Eso genera inequidades que son complicadas, porque las regiones menos favorecidas son las que terminan pagando tarifas más altas. Lo único que vamos a hacer es trabajar en la consistencia de las tarifas", agregó.

El propio Capitanich dijo ese día que "un chaqueño paga la luz eléctrica mucho más cara que un habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a lo que denominó "un factor de inequidad", dejando abierta la posibilidad de modificar la actual política de subsidios del Estado nacional.

Vale recordar que durante las gestiones de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se vienen aplicando subsidios a diferentes sectores económicos, principalmente a empresas de los sectores energético y de transporte.

Según un reciente informe de IDESA, “el impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete”.

Según datos que publica el propio Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2013 los ingresos tributarios y de seguridad social del sector público nacional se expandieron en $290 mil millones en términos reales (o sea, corregidos por inflación), mientras que el gasto público creció en $420 mil millones. Este impresionante aumento de gasto público nacional se explica por:

· Un 34% los subsidios económicos a empresas privadas y públicas deficitarias.

· Un 24% por las jubilaciones sin aportes (moratorias y pensiones no contributivas).

· Un 18% por el incremento del gasto asociado al empleo público.

“Estos datos muestran que, si bien el crecimiento del gasto público es generalizado, algunos componentes tienen una incidencia decisiva en la expansión. Casi el 60% del aumento en las erogaciones se origina por subsidios para sostener empresas privadas con tarifas retrasadas y empresas públicas deficitarias y jubilaciones sin aportes. Si a esto se le agrega la incidencia del mayor gasto en empleo público se llega a explicar tres cuartas partes del aumento del gasto público nacional”, dice el informe del Instituto por el Desarrollo.

El exceso de gasto público, muy por encima del aumento de la recaudación, obliga a una masiva emisión monetaria que es el principal factor causante de la alta inflación. Por eso, controlar las erogaciones es el principal desafío del gabinete renovado y resulta paradójico que las aéreas del sector público que más reformas necesitan –porque son las que más vienen contribuyendo a la expansión del gasto público en los últimos años– son las menos afectadas por el cambio de funcionarios.

Con tarifas que en algunos casos llevan un congelamiento de más de una década, los subsidios económicos alcanzaron en 2012 a cien mil millones de pesos y en lo que va de 2013 registran un incremento interanual del 50 por ciento. Pero, tal como señaló Capitanich, esos beneficios no se aplican en forma equitativa.

Si bien el discurso tanto del joven economista como del nuevo Jefe de Gabinete han apuntado todo el tiempo a generar tranquilidad, lo cierto es que hace tiempo que se venía especulando con una reducción de los subsidios para luego de las elecciones del 27 de octubre próximo pasado.

El anteaño pasado, el gobierno amagó con un avance a este respecto mediante el programa de Renuncia Voluntaria del Subsidio del Estado Nacional para los servicios públicos y la aplicación de la “sintonía fina” por zonas de mayor poder adquisitivo, pero fue un notable fracaso por demás impopular.

Se dijo que, además, se enviará a los restantes usuarios una carta para que reclamen seguir con los subsidios en caso de necesitarlo aunque eso no tiene fecha de implementación. Por último, se añadió que se abriría un listado de usuarios que, voluntariamente, pidieran la baja de los subsidios, en un planteo que se definió como “solidario”.

Aníbal Fernández, Amado Boudou, Florencio Randazzo, Débora Giorgi y la propia Cristina accedieron a la muestra simbólica de renunciar a algo que en realidad no tenían y aparecieron en el listado, si bien de todas formas se iban a quedar sin los subsidios por tener residencia en Puerto Madero.

© Publicado el domingo 24/11/2013  por http://periodicotribuna.com.ar