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viernes, 8 de diciembre de 2017

Así no Dr. Bonadio, ¡así no!... @dealgunamanera...

Así no Dr. Bonadio, ¡así no!

En un país con instituciones sólidas las cosas serían diferentes. Foto: Cedoc Perfil

Es hora de cumplir las leyes y no de impulsar un juego de distracción.

© Escrito por Marcelo Bermolen (*) el jueves 07/12/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*) Abogado y profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

Podrían ser los ingredientes de una exitosa serie televisiva, pero son parte del ambiguo escenario en que se mueve la justicia argentina. Un juez federal controvertido; grandes e irresueltas tragedias del pasado que se entremezclan; personajes del ocaso del poder que avivan antipatías y sed de condenas; espectaculares procedimientos de detención que incitan a pensar en “justicia”; y una investigación polémica que ahonda en las inconsistencias de la política argentina y atrae la convocante idea de perseguir “infames traidores a la patria”.

Otra visión de la denuncia de Nisman, podría sostener que se está frente a una situación abstracta, toda vez que se trata de una decisión política –no judiciable- que obtuvo respaldo del Congreso Nacional, y ni siquiera fue ratificada por el presunto beneficiario –el estado iraní- careciendo de vigencia y efectos jurídicos concretos.

En un país con instituciones sólidas, ambas miradas deberían atravesar el tamiz de la Constitución Nacional y las leyes de la República. Y de ese ejercicio surgen inusitadas preguntas frente al proceder. 

¿Buscan los jueces agradar para ocultar su lentitud en investigar a los mismos imputados en casos de corrupción? 

¿Pueden ignorar los principios de presunción de inocencia y el debido proceso? 

¿Puede un fallo aislado de una Sala de la Cámara Federal ser utilizado por los magistrados para aumentar su poder y atribuir sin pruebas a los detenidos su capacidad de interferir en la pesquisa? 

¿Se ha convertido la prisión preventiva de ex funcionarios en la regla que calma a las masas? 

¿Cuál es la razón por la que el Juez aguardó a que asumiera Cristina Fernández para luego pedir su desafuero? 

¿Ayuda este proceder a facilitar la victimización de los procesados?

Es hora de cumplir con las leyes y garantías establecidas. Se está consintiendo un juego de distracción y discreción con consecuencias jurídicas imprevisibles para los actuales funcionarios. Todos ansiamos justicia, la de la sana crítica, la que comprueba. No la que se acomoda a las íntimas convicciones o a las conveniencias. 

Así no Dr. Bonadio, ¡así no!


domingo, 29 de mayo de 2016

Judicializados... @dealgunamanera...

Judicializados...

Vienen por todo, Cristina Fernández. Dibujo: Pablo Temes

Lázaro Báez y el pacto con Irán puede complicar a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Las tarifas, a Tribunales.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 29/05/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reactivación de una causa intrincada tiñe de nubarrones el cielo de la cúpula de lo que fue el gobierno kirchnerista. Ello podría ser un golpe inesperado. Para comprender el derrotero, recordemos primero que la causa conocida como “Ruta del dinero K”, ha dado un giro sorprendente.

Leandro, el menor de los hijos de Lázaro Báez se presentó en la causa para recusar al juez   Sebastián Casanelo  alegando que la investigación estaba direccionada hacia su padre y el entorno familiar, sin ir más allá y profundizar en la posible participación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios jerárquicos de su gobierno.

Leandro Báez –de 26 años–, se apoyó en artículos periodísticos que dan cuenta del posible vínculo entre el juez y la ex presidenta, para dejar entrever que ése es el motivo por el que el magistrado intenta cortar el hilo por lo más delgado.

Una observación y dos conjeturas. La observación es que aquí nadie niega ningún delito. La primera conjetura es que Leandro Báez, mimado, impulsivo y cansado de los avatares por los que está atravesando su familia, se haya cortado solo en la jugada. La segunda, que se trate de una maniobra acordada para victimizar a su padre en una supuesta interna familiar, mostrarlo acorralado y preparar el terreno para que declare como arrepentido ante otro juez si es que la recusación de Casanello prospera.

Quienes deben decidir sobre la recusación del juez apodado “tortuga” son los jueces de la Sala II de la Cámara Federal integrada por Martín Irurzún, Horacio Cattani y Eduardo Farah. Este tribunal ratificó, en las vísperas del feriado del 25 de Mayo, la decisión de Claudio Bonadio de desestimar un planteo de nulidad presentado por Héctor Timerman en una causa por la aprobación del memorándum con Irán.

El expediente se había iniciado contra el ex canciller, la ex presidenta y los legisladores que aprobaron el memorándum. ¿Por qué se trata de una decisión central? En primer lugar por la gravedad de los hechos; en un audio que data del año 2012, difundido en el programa de nuestro colega Nicolás Wiñazki, se lo escuchó a Timerman admitir que Irán fue el responsable del atentado a la AMIA.

Lo peor del caso es que casi en paralelo, el entonces canciller negociaba el memorándum de entendimiento con ese país, algo incomprensible que puso de pie a casi toda la comunidad judía y que, en la presente causa, motivó el planteo de los denunciantes bajo el delito de “traición a la patria”.

En segundo lugar porque en su resolución, dos de los tres integrantes de la Sala II (Irurzún y Cattani), rechazaron las objeciones de la defensa de Timerman ratificando el planteo de Bonadio y subrayando, respecto de la denuncia original del fallecido fiscal Alberto Nisman que “la desestimación y el archivo de las actuaciones pueden reactivarse cuando –como en el caso– existen elementos no valorados anteriormente” y que serán materia de definición en la instrucción “las consecuencias de las nuevas hipótesis”, sin perjuicio de cuál sea el magistrado que siga interviniendo. Esto cobra importancia porque hay que recordar que Daniel Rafecas había archivado la causa. 

¿Bonadio podría tomarla? Eso sería una novedad respecto de la denuncia original del memorándum con Irán que, de reactivarse, se convertiría en un nuevo dolor de cabeza para CFK, Timerman y otros ex funcionarios K. En síntesis: Cristina podría volver a ser investigada y nada menos que por Bonadio.

Ahogo. La política tampoco da respiro, aunque en el Gobierno se consiguió oxígeno con los recientes anuncios del pago de las sentencias a los jubilados y el aumento en el mínimo imponible a los bienes personales que serán enviados al Congreso. El pago de las sentencias representa una reparación histórica a una injusticia cruel que se cometió contra más de dos millones de jubilados. Además de eso, la actitud del kirchnerismo de incumplir fallos refrendados por la Corte Suprema fue un agravio a la vigencia de la legalidad.

El blanqueo de capitales, en cambio, genera controversias y deja mal parado al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien había criticado el blanqueo de CFK. “Parece hecho para beneficiar a muchos de los afectados por los Panamá Papers”, señala un conocedor de temas tributarios.

El tarifazo en el gas, que repercutió no sólo en la Patagonia sino también en el resto del país fue lo que marcó el ritmo de la semana y le trajo un dolor de cabeza al oficialismo. ¿Por qué se actuó con tan poca previsión? ¿Pragmatismo salvaje o error de cálculo? “Un poco de las tres cosas”, expresó un descontento miembro del oficialismo.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren ha quedado muy golpeado y en la mira, aunque son varias las fuentes que aseguran que no le van a soltar la mano. El ministro les dijo a sus colegas que él mismo podía salir a dar las explicaciones; desfiló ante varios ministerios y el consenso general indicó que lo mejor sería guardarlo. La oratoria no es lo suyo.

Los que aún lo sostienen en el PRO aseguran que es un “excelente profesional técnico, pero del mundo corporativo, donde lo que prima es el resultado”. Hay quienes afirman haberle escuchado decir que “Argentina se ha quedado sin energía, ya no quedan reservas ni para luz ni para el gas”. Es cierto –reflexiona un diputado– “pero la paciencia de la gente tiene un límite y dentro de poco ya no le va a importar el desastre que dejó De Vido o las aventuras de Cristina. Quiere luz, gas y poder pagarlos”.

¿Qué ocurrió entonces? Es evidente que no se llegó a medir el impacto social de las medidas. Tampoco se realizó un tamiz exhaustivo de los casos especiales: zonas geográficas más sometidas al frío,  gente común con afecciones puntuales que las transforman en electrodependientes, etc. Se avanzó y luego vino el aluvión de quejas. Un error, según reconoce el oficialismo.

En ese contexto lo único que quedaba por hacer era poner en marcha un plan de contingencia destinado a lograr un control de daños. Por eso la conferencia de prensa del ministro del Interior, Rogelio Frigerio quien, junto a Aranguren anunció el tope a los aumentos. Los anuncios no bastaron y llegaron los amparos. La judicialización del tema prolongará el conflicto. En fin, un aprendizaje que le costará caro al Gobierno.

Producción periodística: Santiago Serra.

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domingo, 15 de mayo de 2016

Conciencia de clase… @dealgunamanera...

Conciencia de clase…


Las patronales y Macri, un compromiso vacío. Los sindicalistas, convidados de piedra. El Consejo del Salario, con cuchillo bajo el poncho. La protesta de los universitarios, otra marcha masiva. El oficialismo consigue la unidad de sus opositores. La asfixia presupuestaria como política educativa. Bonadio, un fallo a pedir del Gobierno.

© Escrito por Mario Wainfeld el domingo 15/05/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


¿Quién piensa que el presidente Mauricio Macri gobierna para los ricos? Para empezar, los muy ricos. La escenografía del Salón Blanco de la Casa Rosada el lunes fue sintomática.

La flor y nata de las patronales puso el cuerpo para firmar un compromiso chirle y aplaudir el lacónico discurso presidencial. Si las elecciones se ganaran con mayoría de capitales, Macri tendría asegurado un futuro venturoso.

Se los convocó a las apuradas, se les pidió un gesto mínimo. Así y todo hubo resistencias de empresarios “que no despiden” y que rehusaban firmar la promesa de privarse de lo que no hacen… perdón por el trabalenguas: no es toda culpa del cronista. Se persuadió a los remolones: se trataba de un gesto sin sustancia. Los despedidores seriales, por su parte, corcovearon. Se los persuadió, era sencillo. No habrá pena alguna si violan la palabra empeñada: no reducir los planteles de trabajadores durante un trimestre. Tan es así, que ya están echando gente, con la tinta de la firma fresca.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció que para los burladores solo habría “sanción social”. La elocuencia no es su fuerte y le cuesta hasta sonreír. Cuando le preguntaron si el Estado firmaría un compromiso similar respondió que era una idea interesante. En fin.

Un vistazo sobre la concurrencia y sobre el elenco gubernamental mostraba una aplastante mayoría de varones, millonarios en dólares. Machista la derecha real existente.

El Gobierno se movió para promover la jornada. Dejó afuera al Estado que no debe entrometerse en la lógica virtuosa de los mercados.

Para los memoriosos, el cuadro evocó al juramento de Ricardo López Murphy como ministro de Economía de la Alianza, en marzo de 2001. López Murphy fue mucho más ovacionado entonces que Macri ahora anunciando un plan de ajuste feroz, que clavaba los dientes en las universidades. En aquel remoto entonces, se produjo un cisma en el oficialismo. Renunciaron ministros boinas blancas fieles a la mejor tradición radical, a la Reforma Universitaria. Federico Storani de Interior, Hugo Juri de Educación. Eran otros tiempos, fue tal vez un adiós digno de un sector de la UCR.

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Para la luz alcanza: Si el número de personas todavía cuenta, el oficialismo debería preocuparse por la movilización de la comunidad universitaria el jueves pasado. Las marchas son parte visible del fenómeno sin agotarlo: impactaron por la cantidad de participantes. También por la pluralidad de actores: docentes, no docentes, alumnos. La diversidad ideológica se expandió desde la izquierda hasta Franja Morada, pasando por el kirchnerismo y por gentes no encuadradas que reivindican sus derechos.

La movilización dista de ser un gesto aislado: forma parte de planes de lucha, paros activos, clases públicas dictadas en la calle.

Un mini milagro recurrente consigue el macrismo, semana tras semana. Provoca la “unidad en la acción” de agrupaciones, gremios o partidos distintos y hasta enfrentados. Las dos CGT y las dos CTA el 29 de abril, en un acto imponente. La Conadu y la Conadu histórica, en estos días.

La movilización tuvo impacto directo en las paritarias con el ministro de Educación Esteban Bullrich. En menos de 24 horas mejoró las mezquinas propuestas para los sindicatos docentes. No aceptaron la nueva oferta aunque sí las consultarán con sus bases. El Gobierno se avino a superar la falaz valla del 25 por anual, que nadie toma en serio, a esta altura de la soirée.

Los sueldos son un rubro importante del Presupuesto pero no lo agotan. Bullrich ensaya un discurso minimalista, irritante: aduce que es falso que los presupuestos universitarios no alcanzarán para pagar la luz. Tal vez ese sea el techo que sueña el gobierno para la educación pública: muy bajo para los niveles de conciencia y de derechos de quienes reclaman.

El desdén por la educación pública y la ofensiva contra las universidades, en especial las del Conurbano bonaerense, vienen en combo. Extrovertirlo queda feo, es “sarmientinamente incorrecto”. La asfixia presupuestaria parece ser el método adoptado, menos ostensible y franco que los cierres. La táctica instrumenta el viejo adagio “no te morirás pero te irás secando”.

Cuando Macri shoteó al impresentable Juan Cruz Ávila y nombró Secretario de Políticas Universitarias al radical Albor Cantard, hubo alivio de rectores y decanos. Más allá de las banderías, era un ex rector de la Universidad Nacional del Litoral alguien de la comunidad, se imaginaba que obraría con coherencia. Por ahora no sucede. Habrá que ver si rectifica las políticas o si da un paso al costado decoroso como hizo en su momento el correligionario Juri.

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Si te hace falta un consejo…: Macri pretendió que dirigentes de las dos CGT participaran de la liturgia con los empresarios. Discriminó a las dos CTA, fea la actitud.

Se convocó a los jefes cegetistas con antelación irrisoria y se les pidió una adhesión imposible. Los gremialistas se negaron. Se llevaron como premio consuelo un par de berrinches presidenciales y una convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y móvil. Será el jueves 19 próximo.

La institución fue reflotada (o, mejor, recreada) por el presidente Néstor Kirchner en 2004 tras años de una hibernación que superaba a la de Walt Disney. Se reunió anualmente y se sumó a la CTA a los encuentros.

El ministro Jorge Triaca quiere sumar a la agenda del Consejo al ausentismo, las adicciones (que lo causarían) y la productividad. Bajo el poncho del tripartismo injerta demandas patronales y estigmatiza a los trabajadores, en especial a los jóvenes. Descontar parte del sueldo a huelguistas es un ítem de la agenda punitiva.

La Vulgata mediática periodística haragana dice que el Salario Mínimo Vital y Móvil rige solo para los formalizados. En verdad, es un derecho de todos los trabajadores, birlado por los empleadores que evaden las cargas sociales. El “trabajo en negro” es consecuencia de las evasiones o delitos de los patrones. Dista de ser un “flagelo”, una pseudo tipificación que funciona como coartada. Es un perjuicio contra una clase generado por otra. Las clases sociales existen, la explotación también.

“El campo” es el sector productivo puntero en negrear trabajadores. También se lleva medalla de oro en el mal llamado “trabajo infantil”. El “flagelo” podía haber comenzado a mermar el lunes si la arenga de Macri hubiera conmovido al ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile y al titular de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere o las corporaciones que representan. Pero la “responsabilidad social” es un mito urbano. No hay que esperar milagros.

La Corte Suprema mínima que preside Ricardo Lorenzetti ahondó la indefensión de los trabajadores rurales al sentenciar contra la constitucionalidad del Registro Nacional de trabajadores y empleadores agrarios (Renatea), creado por el kirchnerismo. La sensibilidad laboral nunca fue el fuerte de Lorenzetti.

La Corte interesante que construyó Kirchner se desvirtuó con el fallecimiento de Enrique Petracchi y la renuncia de Raúl Eugenio Zaffaroni. Los dos mejores magistrados del Tribunal ya no están. Tampoco la fallecida Carmen Argibay y el renunciante Carlos Fayt. La merma es cualitativa, no solo cuantitativa.

No se cierra un organismo oficial como Renatea en un santiamén. Lo primero que hizo el gobierno fue frenar sus actividades: regulación del trabajo agrario, garantizar la lucha contra la explotación y la trata laboral. Como frutilla del postre: se discontinuaron las inspecciones que realizaban el Ministerio de Trabajo y la AFIP. La explotación y la evasión se liberaron del control estatal.

Para cerrar un círculo, los trabajadores de Renatea se declararon en estado de asamblea permanente anteayer. Denuncian que el gobierno ha resuelto cesar a todo el personal. Son centenares en todo el país, revistan en planta. Un par de días antes el ministro de Planeamiento, Andrés Ibarra, había prometido el fin de los despidos en el Estado.

El paradigma neo con se plasma por doquier. La clase alta va al Paraíso, aupada por dos poderes del Estado democrático.

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Agenda y despidos: La ley de emergencia ocupacional se discute con subterfugios y contrasentidos. El oficialismo se desespera porque limitará los despidos, aunque afirma que no los hay. Y alerta que se desalentará la creación de nuevos empleos, que quedan excluidos de la cobertura de la posible ley.

El macrismo se exaspera porque la oposición parlamentaria ha dejado de funcionar a su antojo. El sindicalismo y la comunidad universitaria también. Son reacciones pluri clasistas, consecuencia de las políticas públicas.

Muchos de los quejosos habrán votado por Cambiemos el año pasado. El contrato electoral catch all fue traicionado por un gobierno que quita derechos, aumenta tarifas y llevó la alta inflación preexistente a la estratósfera.

Claro que la inflación previa iba a la par de aumentos del salario real y un nivel de consumo elevado. La actual convive con recesión, y la merma del consumo popular.

Un catedrático de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces, remarcó un dato importante en un reportaje concedido al periódico El Cronista: “cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salario”. No fue magia, ni es casualidad.

La intención del gobierno neocon “desarrollista” es un boom de inversiones capital intensivas, ligadas a la exportación o al consumo de las clases medias altas para arriba.

El turno de los trabajadores, el crecimiento masivo del empleo y la redistribución de la riqueza no asoman en el horizonte. Ni en la hoja de ruta.


Los argentinos que se suman a las distintas facetas de la protesta social empiezan a notarlo y a hacerse oír.





viernes, 14 de agosto de 2015

Causa Hotesur: El Juez Daniel Rafecas validó los allanamientos en las oficinas de Máximo… @dealgunamanera...

Guiño a Bonadio: Rafecas validó los allanamientos en las oficinas de Máximo…

Rafecas consideró válidos los allanamientos a las oficinas de Máximo hecho por la Metropolitana. Foto: Cedoc

El juez federal anuló las pericias contables que había comenzado después de que el anterior magistrado fuese removido de la causa.

Los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio a la inmobiliaria de Máximo Kirchner quedaron validados hoy en la causa que investiga presunto lavado de dinero en Hotesur S.A., el complejo hotelero de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal Daniel Rafecas, que quedó al mando de la pesquisa tras la destitución de Bonadio, validó hoy la actuación del anterior magistrado con fuerzas de la Policía Metropolitana.

Así lo informaron hoy fuentes judiciales a la agencia DyN y agregaron que el juez, a la vez, anuló la pericia contable que había empezado a realizar sobre la documentación secuestrada y la convocatoria al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, Rafecas rechazó el pedido de la diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante original en la causa, de constituirse como parte querellante.

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© Publicado el viernes 14/08/2015 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.