“El fallo de la Corte a favor de
Chevron es funesto para los pueblos de América Latina”…
Indígenas ecuatorianos acusan a la petrolera por
desastre ambiental. El gobierno impulsó que se retire un embargo
multimillonario.
“Escuchamos a Cristina
acusar a los jueces de que siempre toman decisiones para favorecer a las
corporaciones… Parece un poco contradictorio el discurso, ¿no?”. Julio Prieto
es abogado y vive en Ecuador, pero en poco menos de una semana, el lapso que
pasó entre Buenos Aires y Neuquén, parece haber comprendido uno de los temas
centrales planteados por el gobierno nacional durante los últimos meses: el rol
de la Justicia y su relación con el poder político y económico del país. Sin
embargo, su opinión no es la de alguien lejano a la cuestión. Prieto es uno de
los abogados de los 30 mil pobladores originarios de la Amazonia ecuatoriana
que fueron perjudicados, en la década del ’90, por la contaminación con
petróleo que provocó la empresa petrolera Texaco, luego adquirida por Chevron,
en ríos y reservas de agua subterráneas.
“Los campesinos extraen el agua
de pozo con olor a combustible, o cavan un metro y sacan la mano con petróleo.
Así están viviendo”, relató Prieto a Plazademayo.com.
En 2011, luego de casi 20 años de
litigio, dos instancias judiciales en Ecuador condenaron a la compañía
petrolera a pagar a las víctimas 19 mil millones de dólares en concepto de
resarcimiento, y para garantizar la efectividad del fallo embargó sus activos
en todo el mundo. A pesar de este pesado antecedente, que aparecía como una
sentencia definitiva para la concreción de futuros negocios, Chevron, por medio
de su representación en el país, selló en poco tiempo un acuerdo con YPF un
acuerdo inicial de inversión por 1.500 millones de dólares para explorar en
forma conjunta el yacimiento de hidrocarburos no convencional neuquino Vaca
Muerta, o “Vaca Viva”, según el último pedido realizado por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
El convenio fue firmado por el
CEO de YPF, Miguel Galuccio, y su par de Chevron para América Latina y África,
Ali Moshiri. Según la compañía nacional, “Vaca Muerta” produciría unos 7.000
barriles de petróleo por día. El acuerdo entre las empresas, sin embargo, fue
posible gracias a la rapidez de dos resoluciones legales que favorecieron
claramente a los intereses de Chevron y le permitió operar en el país pese al
embargo internacional emitido desde Ecuador. Primero fue la procuradora General
de la Nación, Alejandra Gils Carbó, referente de la agrupación oficialista
“Justicia legítima”, quien aseguró que la medida judicial, en caso de aplicarse
en el país, podía “producir agravios de carácter irreparable a (los) intereses
esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo
económico. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional”,
consideró la jefa de los fiscales.
Tras la aseveración, pidió a la
Corte Suprema de Justicia, por medio de un recurso extraordinario, que
suspendiera la aplicación del embargo. En pocos días, el máximo tribunal que
preside Ricardo Lorenzetti avaló la petición y dejó sin efecto el fallo dictado
en Ecuador al opinar que Chevron Argentina, subsidiaria de la compañía
estadounidense, no había tenido derecho a defensa y que el dictamen, de ese
modo, “afectaba los principios que integran el orden público internacional
argentino”. La determinación fue firmada por todos los jueces de la Corte
aunque Carlos Fayt se expresó en disidencia parcial y votó por rechazar el
recurso de la procuradora. En seguida, la Presidenta, llamándolo “el casi
centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario
Partido Socialista”, recordó por Twitter que el magistrado, de 95 años, superó
en dos décadas el plazo legal para que un juez se mantenga en funciones.
“Entendemos que el acuerdo con
Chevron tiene la apariencia de un buen negocio para la economía argentina, pero
el fallo de la Corte Suprema viene provocado por razones políticas y es un
precedente funesto para los pueblos latinos, que no van a poder demandar nunca
ni a Chevron ni a otra multinacional porque todas operan bajo estos sistemas
corporativos basados en múltiples niveles de subsidiarias. Es imposible
enjuiciar a todas, por eso está garantizada la impunidad de cualquier
multinacional que haga extractivismo”, señaló Prieto. El abogado
ecuatoriano, además, expresó su sospecha acerca de los verdaderos intereses de
Chevron en “Vaca Muerta”, un yacimiento que, a su criterio, “no le interesó a
nadie más”. “Qué casualidad que a Chevron le resulta atractivo invertir en
Argentina recién después que le confirmaron el embargo. Por eso dijo ‘si me lo
levantan, invierto’. Yo desconfío de cómo el Estado argentino hará cumplir esa
promesa”, sostuvo.
Prieto llegó al país para
participar de un encuentro organizado en la ciudad de Neuquén por el
Observatorio de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas (ODHPI). No lo hizo
solo, sino que estuvo acompañado por su compatriota Luis Yanza, líder de las
poblaciones originarias que fueron damnificadas en Ecuador por la contaminación
petrolera. Yanza, como Prieto, también duda del vínculo entre YPF y Chevron.
“Creo que después de que consiguió el objetivo de evitar el embargo, Chevron va
a ir disminuyendo el interés en el yacimiento y finalmente no hará ninguna
inversión”, indicó. Yanza es uno de los fundadores del Frente de Defensa de la
Amazonia, y en 2008 fue reconocido con el Premio Goldman, uno de los galardones
más importantes del mundo para luchadores por el medioambiente. En 2012, la
distinción fue para Sofía Gatica, integrante de la agrupación Madres de
Ituzaingó, que denunció los efectos contaminantes de los agrotóxicos arrojados
desde avionetas en los campos de soja cercanos al Barrio Ituzaingó Anexo, en
Córdoba.
En Neuquén, Yanza y Prieto
explicaron su experiencia a los pobladores originarios de la Patagonia,
especialmente los habitantes de zonas cercanas a Vaca Muerta. “Les contamos
cómo fue que Chevron llegó a la Amazaonia, la saqueó, la destruyo y luego nos
abandonó. Aquí en Argentina quién dice que la cosa va a ser diferente, si ya la
Corte Suprema les entregó impunidad. Nosotros decimos que no sólo están en
juego los derechos de los 30 mil ecuatorianos que fuimos afectados, sino que
han entrado en riesgo los derechos de los argentinos. Esperamos – dijo Yanza-
que los jueces recapaciten”.
© Escrito por Gabriel Tuñez el lunes 01/07/2013 y
publicado por Plazademayo.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
