Malvinas: mucho ruido, pocas nueces…
El Decreto 868/2026
versa sobre la Ley 26.659 sancionada en 2011 que prohíbe a cualquier persona o
empresa desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina sin habilitación nacional. No es una ley nueva. Tampoco lo es la prohibición.
Lo que cambia es quién la aplica y con qué velocidad, ahora la Cancillería
queda a cargo de un procedimiento sumarial abreviado. La maquinaria está
diseñada para no dormirse en los expedientes, algo que, hay que reconocerlo, no
ocurría antes.
El dato que verdaderamente incomoda a las grandes petroleras internacionales no
es el procedimiento sancionatorio. Es el artículo que engancha el RIGI con
Malvinas. A partir de ahora, cualquier empresa que quiera adherir al régimen de
incentivos deberá firmar una declaración jurada que certifique que ni ella ni
sus accionistas ni sus proveedores tienen participación directa o indirecta en
actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas circundantes a Malvinas. La
misma exigencia se extendió a los permisos de exploración y concesiones bajo la
Ley 17.319. El mensaje es claro: o trabajas en Argentina, o especulas con
Malvinas. El canciller Pablo Quirno lo dijo sin vueltas: las empresas "van
a tener que decidir" entre operar en Malvinas "en una zona disputada
con una legalidad incierta" o venir a la Argentina, donde hay "reglas
claras, previsibilidad y oportunidades". La Cancillería ya envió 180 notas
diplomáticas a 29 países para advertir a firmas de servicios petroleros, financieros,
de seguros y logísticos que podrían quedar alcanzadas.
Desde la publicación del decreto, el Gobierno inició procesos sancionatorios
contra 60 personas físicas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley. La
lista incluye a las operadoras del proyecto Sea Lion (la británica Rockhopper
Exploration y la israelí Navitas Petroleum) pero también a sus directivos,
accionistas, gerentes y proveedores de servicios. Navitas ya estaba
inhabilitada por 20 años desde 2022. Rockhopper corre la misma suerte desde
2012.
Harbour Energy, empresa surgida de la fusión entre Chrysaor Holdings y Premier
Oil PLC (compañía sancionada), plantea una clara paradoja dado que la
Secretaría de Energía aún no ha resuelto su expediente. De determinarse una
sanción en su contra, se generaría un serio inconveniente estratégico, ya que
la firma no solo participa en el proyecto de GNL Southern Energy, sino que
también es titular de áreas petroleras como “Cuenca Marina Austral I”. El
expediente sobre Chevron Argentina S.R.L. también podría presentar la misma
paradoja ya que años atrás CHEVRON CORPORATION. adquirió NOBLE ENERGY INC.,
otra empresa sancionada.
Lo nuevo no es la sanción. Es la velocidad y el alcance, la ley prevé
inhabilitaciones de 5 a 20 años, reversión de concesiones al Estado y multas
equivalentes al valor de hasta 1.500.000 barriles de petróleo WTI. Para una
petrolera mediana, es una condena a muerte. Para una grande, es un cálculo de
riesgo que ya no cierra.
Hay, además, una pata penal. El artículo 7° de la ley vigente establece penas
de 5 a 10 años de prisión para los directores, gerentes o representantes que
hayan intervenido en los hechos punibles. La sola condición de director no
genera responsabilidad automática, pero la exposición personal cambia el
tablero. Ya no es solo la empresa la que arriesga: son los ejecutivos que
firman las decisiones.
Varias de las empresas que el Gobierno dice que va a sancionar ya operan en el
país, tienen contratos firmados, inversiones en curso y vínculos comerciales
con las principales operadoras de Vaca Muerta. Las empresas de servicios
petroleros SLB (ex Schlumberger), Baker Hughes y Halliburton tienen una
presencia central en el shale argentino. Trabajan con YPF, Vista Energy,
Tecpetrol y Pluspetrol. Las tres salieron a aclarar, después del anuncio, que
no participarán en proyectos en Malvinas. Pero la pregunta de fondo es otra:
¿qué pasa con las que sí participan, directa o indirectamente, y que al mismo
tiempo tienen negocios en Argentina? ¿Se las sanciona? ¿Se les revierten
concesiones? ¿Se les impide operar en Vaca Muerta?
El antecedente más incómodo es el de un proveedor estratégico del oleoducto
Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): la misma compañía que fabricó las monoboyas que
utilizará el proyecto estrella de transporte de crudo argentino también trabaja
para Sea Lion. No es un dato menor. El Gobierno dice que va a sancionar a los
proveedores de las petroleras que operan en Malvinas. Si lo hace, puede
encontrarse con que está sancionando a empresas que son clave para la
infraestructura de exportación de Vaca Muerta. La contradicción no es teórica:
es operativa. Y el decreto, por ahora, no dice cómo se resuelve.
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