Javier Milei
esgrime su gran apoyo popular para transformar Argentina de forma autoritaria…
Una concentración de tres o
más personas que impida transitar podría ser castigada con seis años de cárcel.
“¡Viva la libertad, carajo!”. Es el grito de guerra de Javier Milei, en la campaña y ahora. El nuevo presidente de Argentina, libertario anarcocapitalista, usa el término libertad para justificar todas las medidas de corte autoritario que ha tomado desde que llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre.
La última
muestra es la denominada ley ómnibus,
un decreto enviado el miércoles al Congreso por el mandatario, que consta de
664 artículos que pretenden transformar de raíz el sistema político argentino
por decreto, declarando al mismo tiempo la “emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria,
energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de
2025”, arrogándose de esta forma poderes del legislativo. Esta fecha podría
prorrogarse dos años más, es decir, que regiría durante los cuatro años de
mandato de Milei.
Entre las decenas de medidas, que suponen la modificación
de una veintena de leyes, hay una que ejemplifica el riesgo que corre la
democracia argentina con un mandatario populista cuya vicepresidenta, Victoria
Villarruel, defiende abiertamente la última dictadura (1976-1983). La
“congregación intencional y temporal de tres o más personas” que impida
transitar libremente o proveer servicios públicos podría ser castigada con
hasta seis años de prisión.
El decreto
lleva por título: “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los
argentinos” y engloba, según el propio Milei, las dos terceras partes de sus
promesas electorales. Además de avanzar en la privatización de las cerca de
cuarenta empresas públicas argentinas o eliminar las protecciones al sector del
libro, por ejemplo, la ley ómnibus también
encierra una reforma radical del sistema electoral, eliminando las primarias
obligatorias que preceden a los comicios presidenciales y cambiando las listas
legislativas de representación proporcional de un territorio por
circunscripciones de candidatos uninominales.
La ley ómnibus es el tercer gran paquete
de medidas que Milei anuncia en menos de un mes. Nada más asumir el cargo, el
Gobierno anunció una decena de acciones económicas de urgencia en un país que
tiene un 161% de inflación, advirtiendo que a corto plazo ese índice de precios
seguiría incrementándose. El Ejecutivo devaluó el peso un 50%, suspendió la
licitación de obra pública, eliminó los subsidios a la energía y el transporte,
anunció una reducción del número de funcionarios públicos o suspendió la
publicidad institucional en los medios de comunicación.
Unos días después,
el 20 de diciembre, el presidente ultraderechista, sancionó otro megadecreto
–que entró en vigor este viernes, aunque también debe ser ratificado por el
Congreso- que modifica o deroga más de 300 leyes y que tiene por objetivo
acelerar la desregulación de la economía sentando las bases para las
privatizaciones de empresas públicas, el fomento de la medicina privada o la
liberalización de sectores como el vitivinícolas, el aerocomercial o el
inmobiliario.
Esta semana
ya se concretó el despido de 5.000 empleados públicos temporales que habían
ingresado en la administración durante el 2023 y cuyos contratos, que finalizan
mañana 31 de diciembre, no serán renovados.
