Fugar y evadir…
Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri.Imagen: AFP
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió,
hace un año y medio, los documentos del Panamá Papers, investigación que reveló
la participación en sociedades offshore del presidente Mauricio Macri y un lote
de funcionarios de Cambiemos, como el primo Jorge Macri y el ex ministro de
Hacienda porteño Néstor Grindetti. Los documentos revelaron los mecanismos
utilizados por la cúpula empresaria, o de manera más general, los grupos de
poder, para fugar divisas y evadir impuestos.
© Publicado el lunes
06/11/2017 por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Macri apareció vinculado a dos
empresas: inicialmente como director en la sociedad Fleg Trading Ltd, registrada
en las islas Bahamas en 1998 y que se mantuvo en funcionamiento hasta 2009. Más
tarde le fue detectada una segunda empresa, Kagemusha SA, todavía activa.
El Presidente no las había incluido
en sus declaraciones patrimoniales. Tras las denuncias, comenzó a ser
investigado por lavado de activos y por la omisión de incluir esas compañías en
sus declaraciones juradas. Sin embargo, estas imputaciones no avanzaron.
El mandatario admitió su vinculación
con Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA, pero aseguró que no las había creado él
sino su padre, y que por su parte no había puesto capital ni se había llevado
dividendos.
En agosto pasado, la Cámara Federal
confirmó el cierre del expediente que se había abierto en el fuero federal por
presunto lavado de dinero, al confirmar una decisión tomada en este sentido por
el juez Sebastián Casanello. Y un mes más tarde, mientras se desarrollaba la
campaña para las elecciones legislativas, el juez civil Andrés Fraga dio por
ciertos su argumentos y también despegó al Presidente de las offshore.
Al igual que en estas causas, los
Panamá Papers aportaron información en 20 expedientes penales sobre presuntas
maniobras de evasión en la Argentina, sin embargo, en la Justicia no hubo
avances significativos que fueran más allá de la recolección de documentos.
En otras latitudes, la divulgación
de los Panamá Papers generó cimbronazos políticos. El primer ministro de
Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció tras conocerse que estaba
vinculado a una empresa en un paraíso fiscal. Su entonces par británico, David
Cameron, se vio obligado a dar a conocer sus declaración de impuestos y admitió
que su familia se había beneficiado de un fondo offshore legal creado por su
padre. En España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, tuvo que
dimitir.
Según el balance que hizo la propia
ICIJ ocho meses después de la publicación de sus investigaciones, los
documentos llevaron a que se tomen medidas –como auditorías, juicios y
proyectos de ley– en al menos 150 casos en 79 países y territorios.
Varios gobiernos como los de Estados
Unidos, Taiwán, Nueva Zelandia, Mongolia, Panamá, Líbano, Irlanda o Alemania,
presentaron proyectos o implementaron leyes para combatir de una manera más
fuerte este tipo de evasión, agregó la organización en su balance. Gobiernos
como los de Colombia, México, Eslovenia y Uruguay, recuperaron millones de
dólares en impuestos sobre los fondos no declarados. Como era de esperar, las
medidas para generar una mayor transparencia han encontrado una fuerte
oposición, y la implementación de nuevas leyes continúa siendo un desafío
frente al poder de los actores puestos en juego.
