Justicia para todos…
COMPLIKADA, Cristina Fernández. Foto: Pablo Temes
El gobierno actual y el anterior, en la mira de los fiscales. Del Correo al pacto con Irán.
© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/02/2017 y publicado por el
Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo
Argentino S.A. le propuso al Estado nacional un plan de pago, que fue aceptado
–luego de otros rechazados– en junio pasado por el director general de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. El acuerdo de pago
ofrecía 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.
La
fiscal Gabriela Boquin calculó la deuda original, en 2001, en 292,8 millones de
pesos o dólares. Pero de aceptarse la propuesta del Correo, la quita real
rondaría el 98,8%, y eso se traduciría en una quita de $ 4.277,6 millones a
valores de hoy, o de $ 70 mil millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de
pagar la última cuota de ese arreglo.
Los
especialistas coinciden en la razonabilidad del planteo de la fiscal: “Ella no
hace una indexación de la deuda ni la convierte de pesos a dólares, sino que
calcula cuánto costaría esa deuda respecto de un hipotético valor presente y
otro proyectado a 2033 –que es lo que ofrecía el Correo–”.
Fuentes
de la fiscalía afirman que discutir si la deuda es en dólares o en pesos es
caer en un falso dilema. “La deuda se generó en el marco de la convertibilidad
peso dólar. Por otra parte, el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras
establece la suspensión de los intereses, no la interrupción de los intereses.
Surge claro que ello significa que se suspenden los intereses para que el
deudor pueda negociar con los acreedores. Pero no significa que se condonen.
Cuando el deudor va a ofrecer pagar, debe contemplar estos intereses que estuvieron caídos durante el trámite del concurso que, en este caso, la oferta del Gobierno no contempla. De 2001 a 2017 no se pagaría ningún interés. Este es un proceso concursal que duró 17 años. Se está ofreciendo pagar a partir de 2018, con suerte, hasta 2033. Es mentira que esté prohibido pagar intereses. En la misma sala hay antecedentes que establecen que la no contemplación de los intereses posconcursales es una nueva quita que se le hace al crédito”, sostienen.
Cuando el deudor va a ofrecer pagar, debe contemplar estos intereses que estuvieron caídos durante el trámite del concurso que, en este caso, la oferta del Gobierno no contempla. De 2001 a 2017 no se pagaría ningún interés. Este es un proceso concursal que duró 17 años. Se está ofreciendo pagar a partir de 2018, con suerte, hasta 2033. Es mentira que esté prohibido pagar intereses. En la misma sala hay antecedentes que establecen que la no contemplación de los intereses posconcursales es una nueva quita que se le hace al crédito”, sostienen.
“Las
cuotas son anuales, no mensuales. Con una tasa del 7% anual, en pesos, hay una
severa quita para el Estado, hay condonación de deuda. Y el artículo 52 de la
Ley de Concursos, inciso 4º, dice que el juez no puede aprobar una propuesta
abusiva o en fraude a la ley. Y en esta condonación, el beneficiario final es
la familia del Poder Ejecutivo”, afirman en tribunales.
Los
especialistas más críticos de la oferta del Gobierno sostienen que “teniendo en
cuenta la meta inflacionaria para este año calculada en el 17 o 18% anual, la
tasa de interés del 7% resulta incomprensible, por lo que se estarían licuando
los intereses hacia delante (2033) además de la ausencia de cálculo de los
intereses pasados”.
La
Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo o si
hace lugar al dictamen de la fiscal y rechaza la propuesta. En el Gobierno las
primeras voces salieron al cruce de manera vehemente contra la resolución de la
fiscal, pero luego el propio Oscar Aguad cambió hacia un tono moderado más
conciliador.
Estos
aspectos técnicos son esenciales para comprender la raíz del problema que el
Gobierno ha manejado mal. Se plantea una situación muy sensible al tratarse del
grupo empresarial que pertenece al padre del Presidente y del cual él formó
parte. Debió haberse consultado a la Oficina Anticorrupción y se debió haber
informado a los representantes de la oposición durante todo el trámite de la
negociación.
Más
complicados. Esta ha sido una semana difícil para el kirchnerismo en materia
judicial. En la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por
el acuerdo entre la Argentina e Irán, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Angelina
Abbona serán investigados por posible encubrimiento a Irán. El fiscal federal
Gerardo Pollicita amplió el viernes la denuncia que había realizado Nisman
antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Quiere saber qué rol pudieron haber tenido los arriba mencionados en el hecho.
Pollicita
pidió al juez federal Ariel Lijo la realización de 32 medidas de prueba, que
incluyen el cruce de llamadas entre los acusados: Cristina Kirchner, Héctor
Timerman, Carlos Alberto Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, María Esther Abbona,
Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Andrés Larroque y Ramón Allan
Héctor Bogado.
Por
su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano le dio un nuevo impulso a la
investigación de la muerte del fiscal. Para ello, comenzó la instrucción
prácticamente desde cero, luego de haber denunciado a la fiscal Viviana Fein
por la deficiente tarea llevada a cabo. Ello incluyó tareas básicas de
instrucción que no habían sido terminadas por Fein como, por ejemplo,
entrevistar a todos los vecinos de las torres Le Parc y al equipo de la
fiscalía. A Taiano le interesa dilucidar el rol de Lagomarsino. Le llama la
atención el vínculo que tenía con Nisman (amigo, subordinado, etc.). Ordenó,
además, la realización de una junta interdisciplinaria para determinar las causales
de la muerte que implican desde cruces de llamados hasta pericias informáticas.
Esto demorará tres meses. En el entorno de la fiscalía subrayan que “en una instrucción normal, Lagomarsino y la custodia debieron haber quedado detenidos desde el primer momento”. Objetan, además, la presencia del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien no supo responder en calidad de qué se había hecho presente aquella noche en el departamento de Nisman.
Esto demorará tres meses. En el entorno de la fiscalía subrayan que “en una instrucción normal, Lagomarsino y la custodia debieron haber quedado detenidos desde el primer momento”. Objetan, además, la presencia del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien no supo responder en calidad de qué se había hecho presente aquella noche en el departamento de Nisman.
Con
el telón de fondo producido por el escándalo de la filtración de escuchas
judiciales, fuentes de Comodoro Py apuntan contra integrantes de la AFI que
pudieron realizarlas para tapar el mal momento político de su jefe, Gustavo
Arribas. El martes, el juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli y el miércoles
el fiscal Guillermo Marijuan pidió su detención. Según el juez Lijo, Parrilli
–ex jefe de Inteligencia del kirchnerismo– retuvo en noviembre de 2015 un
informe que señalaba la presencia de Ibar Pérez Corradi en Paraguay. Luego del
cambio de gobierno, ya en junio de 2016, fue detenido a partir de esos datos
que se habían cajoneado.
Durante
el kirchnerato predijimos –como también lo hicieron otros– que, una vez que
dejaran el poder, los tribunales de la avenida Comodoro Py serían un lugar de
frecuentación para los más encumbrados funcionarios de los gobiernos de Néstor
y Cristina Kirchner. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se
piense al revés” (Antonio Machado).
Producción
periodística: Santiago Serra.