De Macri a los Kirchner... @dealgunamanera…

Justicia para todos…

COMPLIKADA, Cristina Fernández. Foto: Pablo Temes

El gobierno actual y el anterior, en la mira de los fiscales. Del Correo al pacto con Irán.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/02/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo Argentino S.A. le propuso al Estado nacional un plan de pago, que fue aceptado –luego de otros rechazados– en junio pasado por el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. El acuerdo de pago ofrecía 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.

La fiscal Gabriela Boquin calculó la deuda original, en 2001, en 292,8 millones de pesos o dólares. Pero de aceptarse la propuesta del Correo, la quita real rondaría el 98,8%, y eso se traduciría en una quita de $ 4.277,6 millones a valores de hoy, o de $ 70 mil millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese arreglo.

Los especialistas coinciden en la razonabilidad del planteo de la fiscal: “Ella no hace una indexación de la deuda ni la convierte de pesos a dólares, sino que calcula cuánto costaría esa deuda respecto de un hipotético valor presente y otro proyectado a 2033 –que es lo que ofrecía el Correo–”.

Fuentes de la fiscalía afirman que discutir si la deuda es en dólares o en pesos es caer en un falso dilema. “La deuda se generó en el marco de la convertibilidad peso dólar. Por otra parte, el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras establece la suspensión de los intereses, no la interrupción de los intereses. Surge claro que ello significa que se suspenden los intereses para que el deudor pueda negociar con los acreedores. Pero no significa que se condonen.

Cuando el deudor va a ofrecer pagar, debe contemplar estos intereses que estuvieron caídos durante el trámite del concurso que, en este caso, la oferta del Gobierno no contempla. De 2001 a 2017 no se pagaría ningún interés. Este es un proceso concursal que duró 17 años. Se está ofreciendo pagar a partir de 2018, con suerte, hasta 2033. Es mentira que esté prohibido pagar intereses. En la misma sala hay antecedentes que establecen que la no contemplación de los intereses posconcursales es una nueva quita que se le hace al crédito”, sostienen.

“Las cuotas son anuales, no mensuales. Con una tasa del 7% anual, en pesos, hay una severa quita para el Estado, hay condonación de deuda. Y el artículo 52 de la Ley de Concursos, inciso 4º, dice que el juez no puede aprobar una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Y en esta condonación, el beneficiario final es la familia del Poder Ejecutivo”, afirman en tribunales.

Los especialistas más críticos de la oferta del Gobierno sostienen que “teniendo en cuenta la meta inflacionaria para este año calculada en el 17 o 18% anual, la tasa de interés del 7% resulta incomprensible, por lo que se estarían licuando los intereses hacia delante (2033) además de la ausencia de cálculo de los intereses pasados”.

La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo o si hace lugar al dictamen de la fiscal y rechaza la propuesta. En el Gobierno las primeras voces salieron al cruce de manera vehemente contra la resolución de la fiscal, pero luego el propio Oscar Aguad cambió hacia un tono moderado más conciliador.

Estos aspectos técnicos son esenciales para comprender la raíz del problema que el Gobierno ha manejado mal. Se plantea una situación muy sensible al tratarse del grupo empresarial que pertenece al padre del Presidente y del cual él formó parte. Debió haberse consultado a la Oficina Anticorrupción y se debió haber informado a los representantes de la oposición durante todo el trámite de la negociación.

Más complicados. Esta ha sido una semana difícil para el kirchnerismo en materia judicial. En la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el acuerdo entre la Argentina e Irán, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Angelina Abbona serán investigados por posible encubrimiento a Irán. El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el viernes la denuncia que había realizado Nisman antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere saber qué rol pudieron haber tenido los arriba mencionados en el hecho.

Pollicita pidió al juez federal Ariel Lijo la realización de 32 medidas de prueba, que incluyen el cruce de llamadas entre los acusados: Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Alberto Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, María Esther Abbona, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Andrés Larroque y Ramón Allan Héctor Bogado.

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano le dio un nuevo impulso a la investigación de la muerte del fiscal. Para ello, comenzó la instrucción prácticamente desde cero, luego de haber denunciado a la fiscal Viviana Fein por la deficiente tarea llevada a cabo. Ello incluyó tareas básicas de instrucción que no habían sido terminadas por Fein como, por ejemplo, entrevistar a todos los vecinos de las torres Le Parc y al equipo de la fiscalía. A Taiano le interesa dilucidar el rol de Lagomarsino. Le llama la atención el vínculo que tenía con Nisman (amigo, subordinado, etc.). Ordenó, además, la realización de una junta interdisciplinaria para determinar las causales de la muerte que implican desde cruces de llamados hasta pericias informáticas.

Esto demorará tres meses. En el entorno de la fiscalía subrayan que “en una instrucción normal, Lagomarsino y la custodia debieron haber quedado detenidos desde el primer momento”. Objetan, además, la presencia del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien no supo responder en calidad de qué se había hecho presente aquella noche en el departamento de Nisman.

Con el telón de fondo producido por el escándalo de la filtración de escuchas judiciales, fuentes de Comodoro Py apuntan contra integrantes de la AFI que pudieron realizarlas para tapar el mal momento político de su jefe, Gustavo Arribas. El martes, el juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli y el miércoles el fiscal Guillermo Marijuan pidió su detención. Según el juez Lijo, Parrilli –ex jefe de Inteligencia del kirchnerismo– retuvo en noviembre de 2015 un informe que señalaba la presencia de Ibar Pérez Corradi en Paraguay. Luego del cambio de gobierno, ya en junio de 2016, fue detenido a partir de esos datos que se habían cajoneado.

Durante el kirchnerato predijimos –como también lo hicieron otros– que, una vez que dejaran el poder, los tribunales de la avenida Comodoro Py serían un lugar de frecuentación para los más encumbrados funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” (Antonio Machado).

Producción periodística: Santiago Serra.

Del verbo "Licuar".. Caso Correo Argentino... @dealgunamanera...

Una explicación que no cierra ni en cómodas cuotas…

Según la fiscal, la quita de deuda del Correo Argentino superaría hoy los 4 mil millones y alcanzaría los 70 mil en 2033. Imagen: Leandro Teysseire

El Ejecutivo defendió los beneficios al Grupo Macri, pero la fiscal, los expertos y la jurisprudencia derribaron esa postura. Especialistas refutaron los argumentos del gobierno en favor de la quita del 98,87% de la deuda del Correo Argentino.

© Escrito por Werner Pertot el viernes 10/02/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobierno de Mauricio Macri argumentó, a través de su ministro Oscar Aguad, que el acuerdo al que llegó con el Grupo Macri por una deuda por la concesión del Correo Argentino no tuvo quita alguna, que se pagará el cien por ciento de lo adeudado, que no corren los intereses durante los quince años que pasaron desde que se decretó la convocatoria de acreedores y que no hay condonación alguna. Diversos especialistas consultados por Página/12 confrontaron con esos argumentos: en los juicios, se contempla una actualización del monto en función del tiempo transcurrido y los intereses se pagan en la primera cuota. Según señalaron distintos juristas, hay una doctrina de la “propuesta abusiva del deudor”, que toma en cuenta entre otros factores si la quita en valores reales supera el 60 por ciento. En este caso, según la fiscal Gabriela Boquin, es del 98,87 por ciento. Los argumentos del Estado argentino en 2003 se contradicen con la posición actual del Gobierno PRO.

En términos del sentido común la discusión parece simple: si una persona le presta a otra 300 pesos en 2001, el deudor los cambia por dólares y se los guarda, pasan 15 años y el acreedor le reclama por la deuda, es bastante seguro que no aceptará 300 pesos en pago. Desde el Gobierno de Macri sostienen que no sólo debería aceptar esos 300 pesos, sino cobrarlos en 15 años: tres pesos en 2018, otros tres en 2019, etcétera. Este diario repasó con una serie de especialistas en la materia los argumentos del oficialismo.

1. Se paga el ciento por ciento de la deuda y no hay quita. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, –que firmó la aceptación del acuerdo con el Grupo Macri– afirmó que pagará el “ciento por ciento del capital verificado: 296 millones de pesos”. “No le perdonamos ni un mango a Macri. Nada. Ni siquiera los intereses”, sobreactuó. “La deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos”, aseguró Mocoroa, que le echó la culpa al Gobierno anterior: “Por un enfrentamiento político, el Estado no pudo cobrar. Recién en 2016 logramos que la empresa pague”, afirmó.

Sus argumentos se oponen a los que utilizó el Estado argentino en 2003 y que fueron citados en su dictamen por la fiscal Boquin. Allí indicaron sobre una propuesta similar del Grupo Macri que no contemplaba el pago del 100 por ciento de la deuda, dado que había que tener en cuenta el valor real por el paso del tiempo. “¿Cuánto paga el concursado en realidad? Podríamos decir casi nada. En efecto, si se calcula el Valor Actual Neto de cada una de las propuestas, la oferta formulada implica casi una quita encubierta y ello, sin tomar en cuenta el plazo transcurrido desde el 19/09/2001 hasta la fecha (en 2003) en que no se devengaron intereses”, argumentaron. “Se advierte claramente que implica de modo claro y contundente un procedimiento de licuación de pasivos y no una propuesta de pago”, sostuvieron los abogados del Estado en 2003, en oposición a lo que sostienen ahora los representantes del Gobierno de Macri.

En tanto, el ex titular de la IGJ y profesor de derecho comercial, Ricardo Nissen, indicó a este diario que “desde 2001, está planteado que no puede hacerse una propuesta abusiva, porque constituye un enriquecimiento sin causa. Tiene que haber un sacrificio mutuo: el acreedor cobra pero el deudor debe hacer un sacrificio necesario para que no se licue el pasivo”.

2. La deuda no puede ser actualizada. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sostuvo que “las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide”. “Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de 296 millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo”, insistió el ministro radical. “Esto es mentira. Lo que dice la Ley de Quiebras y Concursos es que suspende el curso de intereses. Eso no significa que cuando llegue el momento de la propuesta no se actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no se agrave el pasivo. Pero lo que no se puede hacer es licuar el pasivo por el paso del tiempo. Esto no es así”, remarcó Nissen.

Los abogados del Estado en 2003 también argumentaron en contra de esta idea. Citaron un plenario de la Cámara en lo Comercial “en el que se estableció que la propuesta de pago total debía ponderar la incidencia de la depreciación monetaria, entendida por tal como el cambio en el poder adquisitivo en el tiempo”. “Esto es lo mismo, dado que parte del supuesto real y efectivo de que el pago presente no es igual que el pago futuro y esa diferencia temporal tiene un costo que debe ser reconocido”, indicaron en ese momento los abogados del Estado.

Incluso destacaron que la propuesta del Grupo Macri –que era levemente mejor que la que aceptó el gobierno de Macri– era abusiva y no podía ser aceptada, dado que implicaba la licuación del pasivo. La doctrina de la propuesta abusiva tiene una extensa jurisprudencia que tiene entre otros casos el de “Línea Vanguard S.A.”. La Corte Suprema señaló en un fallo de 2007 que se debe tener el cuenta “el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, que naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone es claramente excesiva”. “Son muchísimos casos en los que la Cámara Comercial sentó precedente declarando abusiva una propuesta con los mismos cálculos que la fiscal Boquín exhibe ahora con el caso del Correo”, indicó Nissen.

Eduardo Favier Dubois fue el primer juez que intervino en la causa por el Correo Argentino. Es profesor titular de Derecho Comercial y Derecho Económico y especializado en quiebras y títulos. “En principio, no se puede dolarizar por la ley de quiebras. Esta deuda no era en dólares. Era en pesos. En este caso, el dolar no juega. Lo que tiene que ir uno es al poder adquisitivo”, indicó a Página/12. El ex juez explicó que en estos casos se hace una actualización: “Lo que se establece es el valor presente. Primero, se debe establecer desde cuando se determinó la deuda. Si es una deuda de dos años y la va pagar dentro de dos, se agrega una tasa de cuatro años”, advirtió. “Incluso en época de inflación reconocida, hubo un plenario de la Cámara Comercial que determinó que para evaluar si se pagaba el 100 por cien o cuál es el monto de la quita había que atender a la inflación en el tiempo transcurrido”, indicó.

Sobre la doctrina de la propuesta abusiva, Favier Dubois explicó que se tienen en cuenta una serie de factores para determinar si una quita es abusiva (por ejemplo, el valor de la quiebra, el rol de la empresa para una economía regional). “Otro parámetro es el valor real: históricamente, no se podía pagar menos del 40 por ciento. La quita no podía ser más del 60 por ciento a valores reales”, detalló. “También es abusiva si se puede ofrecer más”, advirtió. Un dato a tener en cuenta en este caso.

3. No corre el cómputo de intereses sobre los 16 años que pasaron. “Cuando se acuerda un plan de pagos sí se generan intereses, pero no antes de eso”, sostuvo Mocoroa, que se basó en el artículo 19 de la Ley de Quiebras y Concursos. “Esto es parcialmente así. La ley dispone que los intereses se suspenden hasta el momento de la homologación. Según lo que uno le ofrezca al acreedor”, indicó Favier Dubois. Por su parte, la abogada Natalia Volosín señaló que “si se aplica de manera restrictiva el artículo 19 de la Ley de Quiebras, no se puede aplicar el interés. Pero en los fallos actuales, los jueces empiezan a no querer homologar propuestas cuando se las considera abusivas. Por eso, en últimos tiempos aparecen acuerdos concursales pagando intereses devengados durante proceso. Interpretan que artículo 19 suspende, pero no condona intereses y los pagan, por ejemplo, todos juntos en la primera cuota”. “La fiscal no pide que paguen 4 mil millones, sino que se les pida que la quita a valores reales sea menor. Lo raro es que el representante del Estado no hace esto”, advirtió la abogada.

4. No hay condonación. “No existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada”, afirmó Mocoroa. Aguad señaló que “son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual”. “Si están pagando el 1 por ciento del total no es técnicamente una condonación, pero en los hechos se le acercaría. La fiscal tiene sus razones en su argumentación”, indicó el ex juez Favier Dubois. “La interpretación más usual es que para que sea quita tiene que haber una reducción con respecto al capital. Ahora, la discusión es: ¿están pagando integralmente la deuda? La fiscal dice que pasaron 16 años. ¿Y la inflación en todo este tiempo? Por eso hizo un estudio para ver el valor económico real. Según su cálculo, el valor de la quita a valores reales es casi el 99 por ciento. La diferencia es enorme”, indicó Volosín.

En su dictamen, la fiscal Boquín advirtió que “uno de los principios fundamentales de las finanzas establece que ‘un peso hoy vale más que un peso mañana’. De ahí surge el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad del dinero puede calcularse según el interés que se devengaría si ese dinero hubiese estado invertido por el beneficiario. Otro factor a tener en cuenta es la licuación del capital que se produce por la desvalorización de la moneda durante un lapso prolongado”, indicó. El Gobierno de Macri decidió hacer de cuenta que esa depreciación nunca existió.