Antes militante, ahora “terrorista”...
Con el “atentado” de las torres gemelas en Nueva York allá
por el 11 de Septiembre de 2001 comenzaría la nueva interpretación de una vieja
idea, reeditada como “la civilización” contra “los terroristas”.
Origen
El ex-presidente de EEUU George Bush ideó un macabro sistema
de “categorización” de países: algunos serían parte de la “comunidad
internacional”, otros “nidos de terroristas”. Consiguió que le votaran millones
de millones de dólares para su Ejército, que inauguró el siglo invadiendo
países, violando soberanías, en fin: recalcando que son “la” potencia militar
del mundo.
El argumento principal fué el 11-S, lo de las torres
gemelas. Lo paradójico es que hasta un ex presidente italiano, Francesco
Cossiga, denunció públicamente a los servicios de inteligencia como autores del
“autoatentado”.
Sus “think tank” (tanque de ideas) se encargaron de
planificar una apretada más en la morsa del nuevo, ya viejo para ellos, siglo.
Made in USA
Las ideas de Bush & Cia.(con estricto doble sentido) no
tendrían mayor novedad si no fuera porque algunos países comenzaron a
“importar” estas ideas. Algunos locales actúan como socios de los de afuera.
Con convenciones internacionales comenzaron a “sembrar” la
doctrina “anti-terrorista” (at en adelante). Su principal alfil es el GAFI
(Grupo de Acción Financiera Internacional). Este logró la “proeza” de apurar a
los diputados para que votaran la primer Ley at, con plazo hasta el 23/06 del
2007(hubo varias razone$ para eso).
No se puede obviar: el kirchnerismo trajo a nuestro país la
lógica del “at” que los anteriores se limitaron a “bocetar”. El objetivo era
doble: mendigar unos pocos dólares y crear una herramienta para perseguir a
opositores.
Primer acto…
La primera ley at fue la 26.268. Esta incorporó dos nuevos
delitos al Código Penal, extremadamente vagos en su contenido, exactamente lo
contrario que requieren los tipos penales. Cualquier reclamo podría encuadrarse
en sus artículos.
Segundo acto…
Cuatro años después, el mismo gobierno y sus legisladores
incorporan al Código Penal el art. 41 quinquies: “Cuando alguno de los delitos
previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar
a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del
máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
Sin embargo, la ley no define qué es terrorismo. Los tipos
abiertos vulneran los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional que
establecen que sin ley previa –clara y completa en su definición- no puede
haber imposición de pena.
Eugenio Zaffaroni, quien suele coincidir con las iniciativas
de la Casa Rosada, cuestionó públicamente: “Es una extorsión que nos hace el
organismo GAFI, de segunda categoría…no necesitamos esta ley…puede ser
utilizada por alguien contra la protesta social o contra los
sindicatos”(24/12/2011).
Muchos opositores señalaron el giro a la derecha del
gobierno en este aspecto.
Lo primero que debemos tener en cuenta es la pérdida de
soberanía que implica subordinarse a las imposiciones de distintos organismos
extranjeros. Curiosamente, países pilares del G-20 no tienen una ley at como la
aprobada aquí.
Intervalo lúdico
La justificación de los partidarios del gobierno nacional es
desopilante: “no será usada para reprimir conflictos sociales”; “Lo que no
queremos es que un tipo se levante y decida devaluar el peso”. Si no se va a
usar en el sentido que literalmente está redactada, ¿Para qué sancionarla? Si
un animal afila sus garras, para algo será.
Grand finale, para ellos
Las últimas declaraciones de Cristina, marcando la cancha a
los reclamos salariales y sociales, en un escenario de agravamiento de las
condiciones económicas dan pie a que la justicia comience a utilizar esta
figura.
En la “construcción de relato” kirchnerista, que cuenta con
la pluma del posmoderno Ernesto Laclau,
los “enemigos del pueblo” son todos aquellos que enfrentan sus políticas
en cualquier terreno. Nunca serán terroristas los de su “juventud maravillosa”
terrorista porque son oficialistas desde la fábrica.
La presidenta refuerza la legalidad represiva, de por sí
extendida, sin dejar de dibujar el tono del relato de un manto épico.
Cuando se destapó el Proyecto X dijeron que era un mero
“software en desuso”. En conjunto con esta ley están conformando una política
de estado, parte de su “INDEC” ideológico que nos ofrecen.
Riesgos y perspectivas
Frente a este cuadro: “No se garantiza que líderes sociales
no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al
terrorismo, lo que implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su
reclamo”, expresaron organizaciones en un reclamo que se viene sintiendo en
forma creciente.
En la actualidad numerosos dirigentes sociales enfrentan
causas penales como consecuencia del legítimo ejercicio de los derechos
constitucionales. De ello pueden dar cuenta, entre otros, los trabajadores del
Ferrocarril Sarmiento, los de la empresa Kraft, los estatales, los docentes de
Santa Cruz, los trabajadores del azúcar, estudiantes universitarios, etc. Todos
ellos podrán ser imputados como “terroristas”, decisión que el gobierno puede
tomar cuando quiera, habida cuenta que -ya lo dijimos- la ley no explica qué es
el terrorismo que combate. A esto debemos sumar el hecho de que estos “delitos”
serán juzgados por la justicia federal, sector probadamente dependiente del
poder político.
Así como la república y el sufragio universal representaron
un enorme progreso esta imposición de la lógica at, es un paso atrás, y muestra
la relación directa que existe entre la
cuestión nacional y la democrática. No se resuelve una sin la otra. Debemos
denunciar las violaciones de derechos humanos del presente, como lo es esta
ley.
© Escrito
por Alejo Caivano y publicado por plazademayo.com el viernes 15 de Junio de
2012.
