Fuerte repudio de académicos a las “declaraciones
negacionistas” emitidas desde el Gobierno…
“Esta banalización busca cerrar los debates sobre el
terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las
responsabilidades de otros actores civiles”, advirtieron mediante una carta
cientistas de distintas universidades.
Días después de la masiva movilización
del 24 de marzo y tras una nueva oleada de declaraciones de funcionarios
cuestionando el número de desaparecidos y validando la teoría de los dos
demonios, un nutrido grupo de académicos de distintas universidades difundió un
escrito alertando que “esta banalización busca cerrar los debates sobre el
terrorismo de Estado dejando en penumbras, entre otros factores, las
responsabilidades de otros actores civiles”.
Historiadores, antropólogos, politólogos,
sociólogos y referentes de otras disciplinas tanto de la Universidad de Buenos
Aires como de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de
General Sarmiento, Conicet, entre otros, firmaron y difundieron una carta para manifestar su preocupación ante
“declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los
aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su
conocimiento”.
El “conocimiento acumulado y probado durante
varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más
diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de
importantes funcionarios del nuevo gobierno”, expresaron. Y advirtieron que “el
cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número
es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del
gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático
represivo”.
“Estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación
académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el
crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su
especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y
judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas
Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado
el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados
y desaparecidos se torne pública”, señalaron los cientistas sociales.
Tras declaraciones como las del presidente del
Banco Nación, Javier González Fraga ("Donde tengo el campo ofrecían 500
pesos y choripanes a los que fueran a la marcha del 24"), los firmantes
denunciaron la “descalificación trivial y provocativa de la movilización de
centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º
Aniversario del golpe de Estado de 1976” y resaltaron la violación de Derechos
Humanos en las actuales políticas de Cambiemos como el desmantelamiento de
programas abocados a la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la detención
ilegal de Milagro Sala; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria
vigente; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes vulnerando
tratados internacionales de los que la Argentina forma parte, entre otras cosas.
El texto completo:
FRENTE A LA BANALIZACIÓN
DEL TERRORISMO DE ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS.
En la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha
del movimiento de derechos humanos, de la acción de la justicia, de las
políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales y de la
investigación académica, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por
la última dictadura militar, que procuró eliminar toda forma de la disidencia
política con el orden social establecido.
Eliminar la disidencia política significó la voluntad de exterminar —a través
del asesinato, la desaparición, la cárcel o el exilio—toda palabra, actitud o
gesto críticos sobre las desigualdades sociales existentes y que propusiera su
transformación a través de diferentes vías. Las políticas de exterminio
abarcaron a un amplio conjunto de activistas y militantes, y no se ciñeron a
los miembros de organizaciones armadas.
Esa política de exterminio se ejecutó por medio de un plan sistemático que
involucró un modo represivo (el secuestro y tortura, los asesinatos
clandestinos, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas) de
alcances inéditos por su profundidad en la fractura y reconfiguración de los
más básicos vínculos sociales. Si bien existieron grados relativos de autonomía
en los modos específicos en que cada fuerza en cada región llevó a cabo las
acciones represivas, resulta indudable el carácter centralizado del extenso
plan represivo que asoló a la Argentina en los años dictatoriales. La violencia
extrema, la deshumanización de las víctimas, la generación de un clima de
terror extendido, fueron todos aspectos de un mismo dispositivo represivo que
se autojustificaba en la supuesta existencia de una “guerra sucia” o
antisubversiva.
El carácter regional de las prácticas represivas implementadas a través del
“Plan Cóndor” demuestra claramente que el objetivo era la supresión de una
cultura política radicalizada y de un estado de movilización social que
comprendía pero excedía ampliamente a los grupos guerrilleros, y que buscaba el
disciplinamiento de los movimientos populares en la Argentina, pero también en
el resto del Cono Sur.
Ese crimen no ha cesado, en la medida en que los represores guardaron silencio
(incluso cuando las “leyes del perdón” los eximían de persecución legal), y
siguen haciéndolo, sobre el destino de centenares de niños, ahora adultos,
apropiados violentamente, ni tampoco han dado informaciones relativas al
paradero de los miles de asesinados y desaparecidos. Tanto la negativa a
brindar informaciones o documentación, como el silencio mantenido aún hoy día
por los represores, prolongan la violencia ejercida hace cuatro décadas, ya que
—como en toda política de exterminio—el borramiento de sus huellas forma parte
de las políticas criminales.
Este conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de
recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación,
negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo
gobierno. A su vez, esto facilitó la emergencia de voces que a través de
distintos medios defienden y reivindican el terrorismo de estado.
El cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese
número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios
del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático
represivo. Es decir, estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación
académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el
crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su
especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y
judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y
de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe
arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y
desaparecidos se torne pública.
A ello se suma una marcada banalización del discurso sobre la historia
reciente, expresado en las respuestas del presidente Macri sobre la cantidad de
desaparecidos, el recurrente llamado a mirar hacia el futuro dejando atrás un
pasado al que consideran un lastre, o el desprecio por la cuestión, evidenciado
en frases como “el curro de los derechos humanos”. En el marco de declaraciones
y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más
elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento, esta
banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en
penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles
(económicos, eclesiásticos, sindicales, intelectuales, etc.) en el proceso
histórico abierto en 1976, y que aún no se han esclarecido en plenitud.
Expresiones como la del ministro de Cultura Pablo Avelluto, cuando sostiene que
el actual gobierno se ocupa “de los derechos humanos de los vivos”, son
terminantemente desmentidas por las propias acciones gubernamentales: la
detención ilegal de Milagro Sala y otros activistas en Jujuy y el consecuente
desconocimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre Detenciones Arbitrarias y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que ordenaron su liberación inmediata; el decreto presidencial
que desconoce la ley migratoria vigente y viola el debido proceso, el cual ya
ha sido objetado por la CIDH; la intención de bajar la edad de imputabilidad
para delitos comunes, vulnerando tratados internacionales de los que la
Argentina forma parte; la “cacería” represiva que tuviera lugar en la
movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo; la búsqueda constante por
criminalizar la protesta social y limitar los derechos de los trabajadores; la
descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles
de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de
Estado de 1976, la omisión de las obligaciones legales del gobierno —como en la
negativa a convocar la paritaria nacional docente— son sólo algunos de los
muchos casos que refutan aquellas expresiones.
Precisamente en este marco, desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha
desplegado una serie de medidas que, miradas en conjunto, constituyen una
política estratégica de desarticulación de las instancias que han posibilitado
el conocimiento fundado y preciso de las prácticas represivas y de las luchas
populares de la historia reciente de nuestro país. De tal modo, el
desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban las
responsabilidades corporativas en los crímenes dictatoriales y que aportaban
pruebas a los juicios y/o asistían a las víctimas —como el Grupo Especial de
Relevamiento Documental, los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos
de las Fuerzas Armadas, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia
a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, la
Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, la
asignación de personal militar para dirigir el Programa Nacional de Protección
de Testigos— han ido a la par con la limitación de los programas destinados a
la difusión y reflexión sobre el terrorismo de Estado en instituciones
educativas y de la sociedad civil, como el Programa Educación y Memoria del
Ministerio de Educación de la Nación, la Red Nacional de Educación y Memoria y
los diversos programas provinciales que conformaban parte de la misma.
Los profesores,
investigadores y estudiantes de distintos campos de las ciencias sociales y las
humanidades, reiteramos nuestro compromiso con las banderas de Memoria, Verdad
y Justicia, y expresamos nuestro repudio frente a las declaraciones
negacionistas y relativizadoras emitidas por diversos funcionarios del gobierno
de Mauricio Macri. Estas expresiones acompañan el desmantelamiento de las
políticas públicas que contribuyeron a la construcción de un conocimiento basado
en pruebas irrefutables sobre el pasado reciente, a su difusión y a la
consecución de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de
Estado.
