Mostrando las entradas con la etiqueta La Justicia. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta La Justicia. Mostrar todas las entradas

jueves, 19 de octubre de 2017

Usar a Maldonado hasta gastarlo... @dealgunamanera...

Usar a Maldonado hasta gastarlo...


En momentos en los que muchos están abocados a tratar de saber qué es lo que finalmente pasó con la vida de Santiago Maldonado, y mientras buena parte de los medios de comunicación se encuentran recalculando en base a la cantidad de pelotudeces que han dicho durante los últimos dos meses y medio, no está de más poner blanco sobre negro para entender qué fue lo que pasó por fuera de los causales de muerte en sí.



© Escrito por Lucca (Blog Relato del Presente) en miércoles 18/10/2017 y publicado por el diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el contenido publicado es de exclusiva propiedad de la persona que firma, así como las responsabilidades derivadas.

Un chico ignoto desaparece tras un corte de ruta y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad nacionales. La denuncia se realiza un par de días después y el país se entera de que en el sur hay un conflicto penal –no pienso llamarlo de otro modo– con una porción de la comunidad mapuche. Y todo explotó: marchas, disturbios, daños, detenciones, heridos, teorías conspirativas, millones de hipótesis y una violenta batalla verbal bien al estilo del siglo XXI.

Nada de este desmán hubiera ocurrido y ya se hubiera resuelto judicialmente todo este asunto si no hubieran intervenido los mismos tres factores de siempre:

Los políticos. Y por políticos me refiero a todos sus ámbitos, desde las oenegés que  gravitan políticamente, hasta el kirchnerismo, pasando por ese mar de contradicciones llamado izquierda argentina. El rol del CELS en este caso debería ser materia de estudio a nivel universitario –incluyendo Derecho Penal– sobre cómo se puede embarrar la cancha creando hipótesis basadas en teorías conspiracionistas que los fans nostálgicos de Página/12, añorando un pasado glorioso que nunca existió, asimilaron como absolutos incuestionables. El kirchnerismo y sus acólitos, que tienen un poder de memoria selectiva notable a la hora de hablar de responsabilidad estatal en materia de muertes evitables, convirtieron a Santiago Maldonado en afiche, en remera y en bandera. El nuevo Che Guevara no fusilaba, no combatía en las sierras cubanas ni lideraba el levantamiento de los pueblos. El nuevo Che Guevara tatuaba a cambio de alimentos, vivía de prestado y se prendía en luchas ajenas. No será la imagen que uno tendría de un revolucionario, pero se acerca mucho más al ideal de la militancia actual que ve en un estado de derecho constitucional una dictadura a la cual resistir. De allí el uso divino que han hecho los kirchneristas de ayer, hoy y siempre colectivizando la victimización de cualquier muerto, sin importar su ideología.

De los partidos de extrema izquierda no voy a decir absolutamente nada porque la organización del Estado es un concepto que les resulta extraño. Más allá de eso, también hay una cuestión de falta objetividad entendible: en los últimos años han cosechado dos muertos por la represión de la policía de un gobierno peronista, otro muerto por un grupo parapolicial sindical peronista y un desaparecido que sigue desaparecido desde que un gobierno peronista no lo cuidó en medio de un juicio.

Y ya que hablamos del tema, quiero resaltar la versatilidad de Cristina a la hora de hablar de los muertos dependiendo del interlocutor, sea una banda de niños cantores en un acto kirchnerista, o sea un entrevistador en un medio de comunicación. Este martes, acá no más, Cristina quiso chicanear al gobierno recordando que el actual jefe de la Policía Federal ya era funcionario policial durante su gestión, a lo cual podría sumarle que el 80% de todas las fuerzas de seguridad en actividad, ingresaron al servicio durante su gestión. Digo, como para dejar de escupir contra el viento.

De paso, a todos los que estuvieron estas últimas semanas fiscalizando qué decía este humilde servidor al respecto: fíjense si encuentran una declaración de Néstor o Cristina Kirchner allá por 2002 sobre la muerte de Dario Kosteki y Maximiliano Santillán. Yo no encontré ninguna, pero estoy abierto al desafío.

Vuelvo a esa manga de retrógrados autócratas que consideran que el Estado es una carrera profesional y no un servicio público y que son capaces de abrazar cualquier causa, por lejana que resulte, para pegarle al contrario. No voy a meter a todos en la misma bolsa por esta vez porque no creo que todos hayan buscado capitalizar este caso. Ningún gobierno que quiera sobrevivir desea un muerto en el enorme arco opositor. Mucho menos en campaña electoral.

Párrafo aparte merecería el análisis de cómo es que Carrió, con una campaña en la que participó sólo una semana, pudo tirar lo del “20% de probabilidades” y la bestialidad absolutamente fuera de foco que dijo al comparar las condiciones climáticas del río Chubut con Walt Disney. La comodidad de saber que puede obtener un récord electoral el domingo debe haber relajado lo suficiente a todos, pero sé que hasta en la Quinta de Olivos se agarraron la cabeza al enterarse de su último dicho.

No puedo decir lo mismo de algunas terceras o cuarta líneas, esos contratados que abrazaban la liberalización del Estado hasta diciembre de 2015 y que hoy parecieran haber encontrado la verdad revelada en un Estado que no es necesario achicar porque se administra sabiamente. Y porque les da trabajo, obvio. Son esos mismos que desde sus cuentas o a través de sus contactos hacen circular versiones truchísimas, golpes bajos y audios menos chequeables que el video porno de la sueca de Lanata. Gracias a ellos y su terror a perder el relajo de un cómodo asiento en una oficina gubernamental tuve que fumarme el audio de la mina que hablaba desde una morgue afirmando que estaban por anunciar que Santiago Maldonado apareció muerto de un cuchillazo en el cuello, el video que mostraba al artesano comprando en un comercio de Entre Ríos, una foto que podría haber sido choreada de la recreación de un vía crucis, un pibe llamado Santiago Maldonado que era productor de seguros de La Matanza, y un largo, larguísimo listado de boludeces que, si lo hicieron para cuidar al Gobierno, merecen devolver hasta el último centavo de sueldo que hayan cobrado.

Lo peor de esto es el lupanar de humanoides con la capacidad de deducción de un Neanderthal en estado vegetativo que levantaban estas pruebas como si se trataran de la resolución del caso. No creo verlos a todos desfilar para ratificar sus argumentaciones. Posiblemente, ya se encuentren abocados a probar cómo es que la familia de Maldonado guardó el cadáver de Santiago en un frigobar para colocarlo cuidadosamente en un río para que aparezca cinco días antes de las elecciones.

La Justicia. La otra pata de este asunto tiene que ver con el rol que pretendemos asignarle al Estado. Desde que aceptamos convivir en un país damos por sentado que nos someteremos a la misma ley que exigimos que se cumpla para todos. Los derechos humanos no son una expresión de buenas intenciones de las que se pueden reclamar las que querramos con beneficio de inventario.

Si exigimos el derecho humano a la vida, también exigimos el derecho humano a la libertad y, por decantación, el derecho humano a la propiedad privada. Son tres pilares de la sociedad occidental y están contemplados en la Constitución Nacional. Y si reclamamos el cumplimiento de la Constitución, tenemos que partir de la base de que la misma establece un territorio. No dos, no tres: un territorio.

No existe el territorio sagrado mapuche. No existen territorios sagrados exentos de la ley en Argentina. Imaginen por un segundo que un juez argumente que tiene que negociar con el arzobispado para investigar un orfanato en el que se violaron hasta los perros. Piensen por un segundo que la policía no hubiera podido detener a José López porque estaba dentro de un convento. La pajereada de la conexión ancestral con la raigambre cultural de civilizaciones preexistentes que no contaban con leyes, ni organización territorial ni propiedad privada hay que dejársela a los chicos de apellidos europeos con culpa de clase. No me entra en la cabeza que un Juez Federal entienda lo contrario: lo aprendió en la primaria, lo profundizó en la secundaria, lo estudió particularmente en la carrera de abogacía y tuvo que dar un kilométrico examen sobre el sistema administrativo y legal de la Argentina.

Y todo para que luego venga a decir que “hay que consensuar con los mapuches para respetar su voluntad”. Ayer mismo, los vehículos que se acercaban al operativo fueron revisados por los integrantes de esta banda y todos accedieron. Tamaña actitud pasiva frente a lo que la ley que dicen representar considera una obstrucción al accionar de la Justicia, sólo puede sostenerse desde la cobardía, la ignorancia o las ganas de atornillarse en un cargo en el que se cobrará la guita que en la puta life se imaginó cobrar en el sector privado.

Y, finalmente…

La prensa. El manejo que del caso Maldonado han hecho buena parte de los periodistas y de los medios donde se desempeñan, ha estado a la altura del nivel laboral con el que trabajamos. La voracidad por la primicia y la necesidad casi patológica de tener que decir algo sobre el tema del momento sólo lleva a mayor pérdida de credibilidad, la cual arrastra a todos los demás en el derrape hacia el infierno de la mediocridad comunicacional. ¿Saben la cantidad de puteadas que me comí por no hablar del tema? Como si fuera una suerte de delivery de opinión, nos hemos acostumbrado a que todos hablen de todo, sin saber si tienen conocimiento o no. El conocimiento es lo de menos, ya quedó claro. Ya no se opina desde la construcción de una idea, sino desde la manifestación de un sentimiento. Y frente a un sentimiento no hay forma de pensar: se siente empatía o se es un psicópata. Y yo no quiero ser un psicópata voluntarioso. Si no tengo una opinión formada, cierro la boca. Al fin y al cabo, a la hora de pagar los platos rotos por la opinión, mi boca es mía y nadie se hará cargo, como nadie se hizo cargo hasta ahora.

Desde el manejo del sentimiento la prensa se ha dividido en dos posiciones centrales sobre una misma y única agenda determinada por la responsabilidad directa del gobierno. Unos han abordado todo su trabajo direccionando la culpa hacia la Casa Rosada, otros han hecho hasta lo ridículamente imposible para despegar al gobierno de todo. En un tercer lugar para nada minoritario aunque lo parezca frente al ruido del resto, los que tan sólo cubrieron la sucesión de hechos. Respecto de los primeros dos casos, trato de pensar desde la óptica del “sentimiento que nubla la razón” para no tener que pensar que son una manga de burros que aún no comprenden el concepto de responsabilidad objetiva, esa que dice que uno es responsable sólo de los actos que ha realizado. ¿En serio vamos a seguir creyendo que al mismo Presidente al que le achacan no querer laburar ni meterse en nada le podría interesar dar la orden de desaparecer a un artesano que era un total desconocido y del que ni su propia familia sabía qué había hecho de su vida en los últimos doce meses? En ese mismo sentido, propongo que se haga una presentación firmada por todos los periodistas que se copen para exigirle al congreso que modifique el código de procedimiento penal y se dé por válido que cualquier persona pueda ser condenada o absuelta en base a dichos de personas que nadie conoce, que nadie vio antes, pero que conforman “declaraciones conmovedoras” o “testimonios esclarecedores” sin una puta prueba que sustente lo que se dice de la boca para afuera.

La función del periodista no debería ser la de desmentir todas las pelotudeces que se dicen en las redes sociales. Hay que dejar de vivir de las redes sociales porque nadie va a pagar por lo que se consume gratis. Si fuera por las redes, estaríamos analizando si Santiago Maldonado no era en realidad su propio hermano que reclamaba en la Plaza de Mayo “porque, sospechosamente, se parecen mucho”, o estaríamos formando parte de la carnicería de las fotos que se filtraron sobre el hallazgo del cuerpo, en una muestra total de falta de empatía propia de los sociópatas y de aquellos que creen que tienen la suerte comprada y tendrán una muerte tranquila y privada.

Sé que puedo resultar demasiado utópico, pero la verdad es que el manejo de la información, la investigación y el abordaje que se hizo y se hace del Caso Maldonado desde todos los sectores, se podría realizar de un modo mucho más humano si todos fueran conscientes de que la sociedad entera no es un diván donde podemos resolver nuestros traumas de la infancia, y que no todos tenemos la culpa de que no hayan querido prestar atención en la clase de educación cívica o que la obra social no les cubra más de diez sesiones de tratamiento psicológico al año.

Estos tres pilares elegidos son el reflejo de una sociedad que permite este tipo de cosas. Los que querían que Maldonado apareciera vivo, los que hubieran preferido que le realizaran una ejecución sumaria y le mandaran la factura de la bala a los padres, los que querían que apareciera con vida, los que querían que no apareciera nunca más para que la gente se olvide del tema, los que querían que no apareciera nunca más para tener la justificación psicológica que justifique la construcción del fantasma dictatorial, los que querían que apareciera aunque esté muerto pero hubieran preferido que ocurriera en otro momento, los que vinieron a dar lecciones de lo que es un duelo porque vieron al hermano de Maldonado en un recital y los que buscan cualquier excusa para hacer quilombo y romper todo a su paso.

O para sumar un voto.

O para tener una buena nota.

Y mientras ya me voy preparando para todo lo que se viene de ahora en más, me pregunto si realmente importaba dónde estaba Santiago Maldonado o sólo importa mantener nuestras posturas sin permitir que una verdad arruine una hermosa historia.




lunes, 3 de abril de 2017

Olvidar es Buen Negocio... Negacionistas... @dealgunamanera...

Fuerte repudio de académicos a las “declaraciones negacionistas” emitidas desde el Gobierno…


“Esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles”, advirtieron mediante una carta cientistas de distintas universidades.

© Publicado el  viernes 31/03/2017 por Política Argentina.

Días después de la masiva movilización del 24 de marzo y tras una nueva oleada de declaraciones de funcionarios cuestionando el número de desaparecidos y validando la teoría de los dos demonios, un nutrido grupo de académicos de distintas universidades difundió un escrito alertando que “esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles”.

Historiadores, antropólogos, politólogos, sociólogos y referentes de otras disciplinas tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General Sarmiento, Conicet, entre otros, firmaron y 
difundieron una carta para manifestar su preocupación ante “declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento”.

El “conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno”, expresaron. Y advirtieron que “el cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo”.

“Estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública”, señalaron los cientistas sociales.

Tras declaraciones como las del presidente del Banco Nación, Javier González Fraga ("Donde tengo el campo ofrecían 500 pesos y choripanes a los que fueran a la marcha del 24"), los firmantes denunciaron la “descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976” y resaltaron la violación de Derechos Humanos en las actuales políticas de Cambiemos como el desmantelamiento de programas abocados a la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la detención ilegal de Milagro Sala; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte, entre otras cosas.

El texto completo:

FRENTE A LA BANALIZACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

En la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos, de la acción de la justicia, de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales y de la investigación académica, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, que procuró eliminar toda forma de la disidencia política con el orden social establecido.

Eliminar la disidencia política significó la voluntad de exterminar —a través del asesinato, la desaparición, la cárcel o el exilio—toda palabra, actitud o gesto críticos sobre las desigualdades sociales existentes y que propusiera su transformación a través de diferentes vías. Las políticas de exterminio abarcaron a un amplio conjunto de activistas y militantes, y no se ciñeron a los miembros de organizaciones armadas.

Esa política de exterminio se ejecutó por medio de un plan sistemático que involucró un modo represivo (el secuestro y tortura, los asesinatos clandestinos, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas) de alcances inéditos por su profundidad en la fractura y reconfiguración de los más básicos vínculos sociales. Si bien existieron grados relativos de autonomía en los modos específicos en que cada fuerza en cada región llevó a cabo las acciones represivas, resulta indudable el carácter centralizado del extenso plan represivo que asoló a la Argentina en los años dictatoriales. La violencia extrema, la deshumanización de las víctimas, la generación de un clima de terror extendido, fueron todos aspectos de un mismo dispositivo represivo que se autojustificaba en la supuesta existencia de una “guerra sucia” o antisubversiva.

El carácter regional de las prácticas represivas implementadas a través del “Plan Cóndor” demuestra claramente que el objetivo era la supresión de una cultura política radicalizada y de un estado de movilización social que comprendía pero excedía ampliamente a los grupos guerrilleros, y que buscaba el disciplinamiento de los movimientos populares en la Argentina, pero también en el resto del Cono Sur.

Ese crimen no ha cesado, en la medida en que los represores guardaron silencio (incluso cuando las “leyes del perdón” los eximían de persecución legal), y siguen haciéndolo, sobre el destino de centenares de niños, ahora adultos, apropiados violentamente, ni tampoco han dado informaciones relativas al paradero de los miles de asesinados y desaparecidos. Tanto la negativa a brindar informaciones o documentación, como el silencio mantenido aún hoy día por los represores, prolongan la violencia ejercida hace cuatro décadas, ya que —como en toda política de exterminio—el borramiento de sus huellas forma parte de las políticas criminales.

Este conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno. A su vez, esto facilitó la emergencia de voces que a través de distintos medios defienden y reivindican el terrorismo de estado.

El cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo. Es decir, estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública.

A ello se suma una marcada banalización del discurso sobre la historia reciente, expresado en las respuestas del presidente Macri sobre la cantidad de desaparecidos, el recurrente llamado a mirar hacia el futuro dejando atrás un pasado al que consideran un lastre, o el desprecio por la cuestión, evidenciado en frases como “el curro de los derechos humanos”. En el marco de declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento, esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles (económicos, eclesiásticos, sindicales, intelectuales, etc.) en el proceso histórico abierto en 1976, y que aún no se han esclarecido en plenitud.

Expresiones como la del ministro de Cultura Pablo Avelluto, cuando sostiene que el actual gobierno se ocupa “de los derechos humanos de los vivos”, son terminantemente desmentidas por las propias acciones gubernamentales: la detención ilegal de Milagro Sala y otros activistas en Jujuy y el consecuente desconocimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron su liberación inmediata; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente y viola el debido proceso, el cual ya ha sido objetado por la CIDH; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes, vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte; la “cacería” represiva que tuviera lugar en la movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo; la búsqueda constante por criminalizar la protesta social y limitar los derechos de los trabajadores; la descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976, la omisión de las obligaciones legales del gobierno —como en la negativa a convocar la paritaria nacional docente— son sólo algunos de los muchos casos que refutan aquellas expresiones.

Precisamente en este marco, desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha desplegado una serie de medidas que, miradas en conjunto, constituyen una política estratégica de desarticulación de las instancias que han posibilitado el conocimiento fundado y preciso de las prácticas represivas y de las luchas populares de la historia reciente de nuestro país. De tal modo, el desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban las responsabilidades corporativas en los crímenes dictatoriales y que aportaban pruebas a los juicios y/o asistían a las víctimas —como el Grupo Especial de Relevamiento Documental, los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, la asignación de personal militar para dirigir el Programa Nacional de Protección de Testigos— han ido a la par con la limitación de los programas destinados a la difusión y reflexión sobre el terrorismo de Estado en instituciones educativas y de la sociedad civil, como el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, la Red Nacional de Educación y Memoria y los diversos programas provinciales que conformaban parte de la misma.


Los profesores, investigadores y estudiantes de distintos campos de las ciencias sociales y las humanidades, reiteramos nuestro compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos nuestro repudio frente a las declaraciones negacionistas y relativizadoras emitidas por diversos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Estas expresiones acompañan el desmantelamiento de las políticas públicas que contribuyeron a la construcción de un conocimiento basado en pruebas irrefutables sobre el pasado reciente, a su difusión y a la consecución de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado.