La Corte define todo…
LLAVE SUPREMA Juez Raúl
Zaffaroni. Dibujo: Pablo Temes.
Presión sobre la Justicia. El kirchnerismo no ceja en su ofensiva contra los jueces. Métodos y objetivos. Unicato para todos.
Vamos a poner en marcha
una democratización de la Justicia”. Nadie sabe cuál es el verdadero
significado de esta frase pronunciada por la Presidenta –en medio de la
estupefacción que produjo el fallo del tribunal de Tucumán sobre el abominable
caso de la desaparición de Marita Verón– en estas horas de máxima tensión entre
el Gobierno y el Poder Judicial. Lo que sí queda claro que tales palabras
fueron una muestra más del oportunismo permanente sobre el que el kirchnerismo
basa la mayor parte de su gestión.
El masivo rechazo que
generó ese fallo le dio el pie justo al Gobierno para descargar su bronca
contra los sectores independientes de la Justicia que han puesto freno a una
joya del relato kirchnerista: la Ley de Medios. Por ello, hubo euforia en
Olivos el viernes cuando el juez Horacio Alfonso, confirmando lo que habíamos
adelantado hace semanas, falló a favor del Gobierno en la controversia sobre
los artículos 161 y 45 de la citada ley. Alfonso es un juez cercano al
kirchnerismo, dato que es vox pópuli en todos los ambientes tribunalicios. Lo
importante es que el caso habrá de terminar en la Corte. Allí hoy las cosas
están divididas. Nadie puede arriesgar ningún resultado. Pero lo que se dijo en
el Gobierno durante esta semana sobre la Justicia tiene implicancias severas
que van mucho más allá de su guerra contra Clarín.
Salvo la configuración de
la actual Corte –logro que le ha generado un reconocimiento sin fisuras– todo
lo hecho por el kirchnerismo en el campo de la Justicia ha sido malo. En eso el
oficialismo se parece muchísimo al menemismo. De esto alguna vez hablará el ex
ministro Gustavo Beliz, quien fue un propulsor decisivo de algunos proyectos
que hubieran sido clave para hacer más transparentes a varios estratos del
quehacer judicial.
En cambio, otros
proyectos destinados a coartar la independencia de los jueces –como el de la
reforma del Consejo de la Magistratura– fueron impulsados por la entonces
senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue un paso determinante en pos de
un objetivo claro: la conformación de una Justicia K. Otra de las acciones que
incorporó el kirchnerismo es la de una tarea de vigilancia sobre aquellos
jueces que tienen en sus manos causas sensibles que inquietan a los
funcionarios. A esos jueces se los mira con lupa y se los presiona de manera a veces
sutil y, si con ello no alcanza, entonces de forma desembozada con utilización
de datos que provee la SIDE. Recuérdense, al respecto, los casos de la jueza
María José Sarmiento y del juez Raúl Tettamanti, citados en la columna del
domingo pasado.
Si con todo ello no
alcanza, se avanza aún más con las recusaciones y/o denuncias sobre los jueces
y fiscales que ponen en apuros a funcionarios clave. El caso paradigmático es
el del vicepresidente Amado Boudou, que logró que volara el Procurador General
de la Nación, Esteban Righi, y apartaran de la causa al juez Daniel Rafecas y
al fiscal Daniel Rívolo. Rafecas había autorizado el allanamiento pedido por
Rívolo de un departamento en Puerto Madero, propiedad de Boudou, en el que se
encontró documentación comprometedora para el vice, en el marco de la
escandalosa causa del rescate de la ex Ciccone.
Otro aspecto muy sensible
conectado al proyecto de forjar una Justicia K
es el de los concursos. Allí, en muchos de ellos, pasa de todo.
Aspirantes vinculados al oficialismo que “casualmente” conocen de antemano al
detalle y de memoria –palabra por palabra– antecedentes de jurisprudencia
respecto del caso sobre el que deben responder en el examen o, directamente,
conocen el caso en sí. Así y todo, si sus notas fueran malas, está el recurso
de “ascenso milagroso”, por el cual quien había quedado en los últimos puestos
es “rescatado” por obra y gracia de un espíritu no santo que responde a la Casa
Rosada y sus adyacencias, y reubicado en las primeras posiciones y, por lo
tanto, devenido en elegible. Ese fue el
caso de María Lorena Gagliardi, a quien el Gobierno quería para ocupar el
juzgado que subroga Alfonso.
Fue curiosa también la
expresión de la Presidenta referida a que la Justicia debe escuchar al pueblo.
En realidad más que curiosa fue contradictoria con las acciones que lleva
adelante su gobierno. ¿Cómo entender, si no, la decisión de la Anses de no
obedecer los fallos judiciales que han reconocido los reclamos por reajustes de
haberes mal liquidados de más de 500 mil jubilados y pensionados? ¿Cómo
entender que, en vez de acatar esos fallos, se haya querido recusar y desplazar
a jueces probos y honestos como, por ejemplo, Luis Herrero de la Cámara de la
Seguridad Social? ¿Quién fue allí el que desoyó al pueblo: el Gobierno o la
Justicia?
El dramático y conmovedor
caso de la desaparición de Marita Verón ejemplifica los claroscuros del
Gobierno y sus consecuencias. La red de prostíbulos y trata de personas está
extendida en todo el país. El Tucumán del gobernador José Alperovich es tan
feudal como la Santa Cruz de los Kirchner o la San Luis de los Rodríguez Saá.
Los Ale, una familia que asuela la provincia, ha hecho y sigue haciendo de las
suyas sin ningún problema. La protección política con la que han contado sigue
indemne. La sobreactuación del gobernador ha sido tan fatua como estéril. El
desarrollo del juicio y el veredicto han puesto a los jueces bajo sospecha.
Para saber toda la verdad habrá que ver cómo y quiénes estuvieron a cargo de la
instrucción del caso, ya que es allí donde muchas veces se definen.
Presa de la indignación,
Fernández de Kirchner decidió incorporar el proyecto sobre trata de personas en
las sesiones extraordinarias del Congreso. Enmendó así un grueso error, ya que
el proyecto, que contaba con media sanción del Senado, durmió durante el año en
los cajones del bloque del Frente para la Victoria. Susana Trimarco, mujer
admirable y con un coraje sin límite, señaló que los legisladores no deberían
“haber esperado a que la Presidenta les dijera”. Sin querer, la madre de Marita
Verón puso el dedo en la llaga y dejó expuesta una de las principales falencias
de este gobierno, en el que nada se hace sin que haya una orden presidencial.
Es el mejor ejemplo de los males que encierra el unicato, tan alejado del
concepto republicano que consagra la Constitución.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi.
© Escrito por Nelson
Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el domingo 16 de Diciembre de 2012.
