Electroingeniería
quiere demoler la memoria…
Frente de la antigua fábrica Campomar, donde se encontraron restos
óseos humanos y que era vigilada por militares.
En Valentín Alsina
Electroingeniería y el intendente K proyectan un negocio inmobiliario en
predios sospechosos de haber sido un campo de detención clandestina.
El relato hizo que la memoria histórica argentina se hiciera
presente en el tribunal. Declaraba Antonio Marcelino Vargas, oriundo de
Valentín Alsina, de oficio obrero, detenido desaparecido en 1977 y que asegura
haber pasado parte de su cautiverio en las instalaciones de la antigua fábrica
Campomar. Instalaciones que hoy conforman un terreno en disputa.
“Le digo adónde trabajo, que él me conocía y todo eso –contó
Vargas en el tribunal, según consta en las actas de la sesión, en tiempo
presente, como si reviviera ese día-. Nada… ¡adentro! Por la ventana me
metieron, y… Y bueno. Iba la camioneta del Ejército adelante, o sea… A mí,
urgente, me encapuchan y me van sacando la ropa y me van tirando. Me van
tirando, yo quedo desnudo”.
“¿Usted iba en el Chevrolet 400?”, le preguntó el doctor
Compareid.
“Claro –respondió Vargas-. Y el Ejército también acompaña. Y
después de todo esto, yo me doy cuenta de que adonde estuve fue en la Campomar,
fábrica Campomar. ¿Por qué estuve ahí? Porque me acuerdo del portón. Ellos por
más encapuchados que me tenían, yo siento cuando abren un portón, y me doy
cuenta de que era chapa, chapa de esa galvanizada, de esa… ¿Vio cuando le ponen
cadena y candado? Y está todavía… hasta ahora está el portón. Está en la
fábrica abandonada todavía”.
Campomar es un predio donde funcionó una gran fábrica textil
enclavada en la geografía de Valentín Alsina, en la localidad de Lanús. En 1975
la compañía dejó de funcionar, dejando 24 hectáreas y una mole de cemento como
recuerdo de su existencia. Luego del golpe de Estado de 1976, en medio del
silencio que produce el terror, los vecinos de la fábrica vieron soldados
custodiar sus puertas, helicópteros aterrizar durante la noche, escucharon
disparos y ráfagas de metralletas. En los años ochenta, accidentalmente se encontraron
dos cráneos, uno con un orificio –quizás de bala- en la parte frontal. Muchos
años después, los vecinos decidieron recuperar esa parte de su pasado y
formaron la Comisión de Vecinos Por Campomar, Memoria Verdad y Justicia, que
reunió los testimonios que dan cuenta de la percepción de aquellos años.
Querían que se investigue si ese predio había sido un campo de detención de la
dictadura. Sin embargo, algo interfirió con su objetivo.
Las veinticuatro hectáreas que componen los terrenos de la
ex fábrica Campomar fueron destinados por la municipalidad de Lanús para la
realización de un extraordinario negocio inmobiliario de la mano de
Electroingeniería, la constructora preferida del gobierno K, y la inmobiliaria
Díaz Pérez S.A., ligada al intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez.
El millonario proyecto de torres de departamentos pudo ser detenido debido a la
acción de la Comisión de Vecinos, que recurrió a la Comisión Provincial de la
Memoria y a la justicia para que se investigue las actividades que tuvieron
lugar en esos terrenos durante la dictadura. El juez Lepopoldo Schiffrin llegó
a hacer una recorrida por el lugar y luego decidió que no se podían tocar el
área correspondiente a unas escuelas construidas en el lugar. La Cámara que
investiga los crímenes de la Junta Militar decidieron descartar el testimonio
de Vargas ya que tenía una causa en aquella época por “robo”, y señalaron que
era posible que esa haya sido la causa de su detención que lo apartaría de la
figura del detenido-desaparecido (aunque al momento de la legalización de los
presos, muchas veces los militares les adjudicaran una causa para lograr su
blanqueo). Los vecinos de la Comisión sospechan que tales decisiones
corresponden al poder del dinero.
Elsa Bravo –abogada, profesora de historia, de 58 años- era
preceptora, en 1984, en la escuela Media 9, conocida en ese entonces conocido
como Normal 2. “Dos alumnas que hacían Educación Física se alejaron de los
límites de la escuela porque habían ido a buscar una pelota que se les había
escapado –cuenta Bravo-. Justo al lado de dónde había caído la pelota, lo
vieron. Vinieron corrienda asustadas. Decían: ‘Encontramos una cabeza’”. Se
trataba en realidad de un cráneo semienterrado en la tierra, según pudo
verificar Bravo al acompañar a las alumnas. “Tenía un agujero que podía ser de
una bala, pero en ese entonces yo no sabía esto. Lo pusimos con la directora en
una bolsa de residuos y lo llevamos hacia la comisaría 3, que está a pocas cuadras. Al llegar el
comisario nos tomó la declaración. La directora pidió una copia de la
declaración, pero se negó. Todo quedó ahí. Nunca más nos llamaron. Esa
comisaría formó parte del circuito Camps de centro de detención en la provincia
de Buenos Aires”. Vargas, el hombre que aduce haber estado detenido en
Campomar, señala que luego fue trasladado a esa comisaría. Ese mismo año, en
otros terrenos de Campomar, otra docente encontró un cráneo más y restos óseos de un cuerpo.
Haydeé Villar es miembro de la Comisión de Vecinos por
Campomar. “Mis dos abuelos vivían frente a la fábrica y estaba todos los días
ahí. Mi casa quedaba a cuadra y media –cuenta a plazademayo.com-. En cierto
momento se comenzaron a ver tropas que entraban y salían, helicópteros que
bajaban en el predio. Salían Ford Falcon a toda hora y se escuchaban tiros, en
particular por la noche, ráfagas de ametralladora y tiros sueltos. El tránstio
de camiones militares era común y siempre había un militar con un fusil
abriendo y cerrando los portones”. Para Villar es claro que en ese lugar funcionó
un centro clandestino y sospecha que las resoluciones que impiden la
investigación de los terrenos están ligadas al negocio inmobiliario. “En una
parte del predio se quiere edificar un complejo habitacional de cuatro torres
de departamentos. No se trata ni siquiera de viviendas sociales, sino de un
negocio millonario –explica-. El problema es que si hubiera funcionado un
Centro Clandestino de Detención no se podría edificar nada. Y no se puede
edificar sin antes haber investigado. Que lo haya sido es una posibilidad muy
fuerte. Nosotros queremos que se investigue”.
-¿No fue recorrido el lugar por el juez Schiffrin?
-El juez no hizo un recorrido sino que hizo una inspección
ocular por una de las parcelas donde se encontraron dos cráneos en su momento.
No entró a la fábrica porque consideró que debía haber un sobreviviente. Que
luego apareció. Pero el testimonio del sobreviviente fue desestimado por
razones inconsistentes por la Cámara Federal de Apelaciones. La misma que le
dio permiso a Electroingeniería para edificar con el solo requisito de firmar
una declaración jurada en la que la empresa se compromete a informar si
encuentra algo sospechoso. Es darle permiso para que demuela todo, para que no
sepamos qué pasó allí ni los familiares de los desaparecidos tengan la
oportunidad de encontrar sus restos.
Inspección ocular del juez Schiffrin, que los miembros de la Comisión
de Vecinos objetan por incompleta.
Mariano Musso es uno de los voceros de Electroingeniería y
habló con plazademayo.com desde la ciudad de Córdoba. “La Cámara Federal de
Apelaciones dictó en un momento la medida de no innovar y en ese momento no
hicimos más nada en el predio. Luego hicieron una inspección ocular y decretaron
que la medida de no innovar siguiera firme en los terrenos correspondientes a
las escuelas que funcionan allí. Eso nos habilita a proseguir con los plantes,
pero así y todo estamos a disposición de la justicia. Por eso, ya hemos
presentado una declaración jurada para avisar si encontramos algún tipo de
prueba ligada a la actividad de la dictadura. Es un tema delicado con el que
siempre hemos estado comprometidos”.
“El único compromiso que tiene la empresa es con el capital
y con la ganancia –dice Haydeé Villar, de la Comisión de Vecinos-. Cuando la
justicia dictó la primera orden de no innovar, ellos siguieron haciendo su
trabajo de demolición y derrumbaron lugares que podrían tener información
valiosa. Es necesario que se investigue en profundidad”.
El pasado sigue golpeando las puertas de nuestro presente
pero, como en todos los tiempos, quizás el ruido de los negocios kirchneristas
sea más fuerte que esos golpes. Los vecinos de Campomar siguen esperando saber
qué ocurrió con certeza en esos predios. La Comisión Provincial de la Memoria
anunció que apelaría la medida de la justicia que permite a la empresa
Electroingeniería, de fuertes vasos comunicantes con el kirchnerismo, proseguir
con las obras que terminarían demoliendo la memoria.
© Escrito por Diego
Rojas y publicado por plazademayo.com el miércoles 5 de Diciembre de 2012.
