Mentirocracia...
Pepe Eliaschev
Prevalece en la Argentina
una mezcla letal de mentira y chapucería. Farsantes, mitómanos y brutos mienten
por diferentes razones, pero juntos son dinamita. Se ve todos los días en una
sociedad delirante y turbo-recargada, ebria de fintas, plagada de imposturas y
descompuesta de excesos. Los aparatos sindicales de docentes y empleados del
subte son ejemplos vivientes. Son y actúan como lo hacen, gracias al marco
político nacional que les permite hacerlo. Su casi total impunidad es avalada
por el Gobierno. Docentes bonaerenses y empleados del subte porteño son
funcionales a la Casa Rosada mientras les hagan daño a Daniel Scioli y a
Mauricio Macri. En esa batalla, el Gobierno nacional se vale de lo que hay.
En la Capital, por
ejemplo, el proyecto de ley elevado por Macri para hacerse cargo del
subterráneo plantea que en caso de medidas de fuerza, los gremios deben
garantizar el 90% de viajes en horas pico y 60% en horas normales. Para el
ministro de Hacienda del GCBA, Néstor Grindetti, “no se pueden hacer cortes
intempestivos sin avisar, sin dar tiempo para negociar. Cuando el transporte
público se denomina esencial tiene algunos requisitos, que no eliminan el
derecho de huelga. Hay que respetar y mantener bajo responsabilidad del
concesionario y trabajadores un cierto nivel del servicio, sin cortarlo”. De
inmediato, la réplica oficial no se hizo esperar. Expeditivo al servicio del
Gobierno en el que resiste hace casi diez años, el ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, calificó de “amedrentamiento” antiobrero la iniciativa, porque
“claramente es una intención de impedir el ejercicio de una huelga”. Para el
jerarca, el subte “no es un servicio esencial en el sentido técnico que utiliza
la Organización Internacional del Trabajo, porque hay otros medios alternativos
para desplazarse”.
Por supuesto, no es así.
España articuló en la reciente huelga general del 17 de septiembre, como en la
previa del 29 de marzo, importantes servicios mínimos para metro (subte), tren
y autobuses, garantizando entre 50% y 75% de los viajes en las horas punta y
20% el resto del día, con personal necesario para asegurar servicios mínimos y
garantizar información y venta de pasajes. Nada del otro mundo; el trabajador
tiene derecho a la huelga, pero el pueblo tiene derecho a viajar. El derecho a
la huelga se garantiza en paralelo al derecho popular de circular y vivir. Los
servicios de transporte son esenciales y no pueden ser dinamitados por reclamos
sindicales.
Lo mismo sucede con la
educación. Los paros eternos del gremio en la provincia de Buenos Aires ya son
una plaga. Esencialmente castigan al pueblo, porque la educación estatal es la
agredida y devaluada. Actúan con tanto cinismo como para armarse un obsceno
puente turístico de cinco días. Pararon jueves y viernes, descansaron del paro
sábado y domingo, y siguieron de largo el lunes, cuando –para peor– el país
entero se paralizó para recordar una fecha histórica de seis días antes. ¿Estos
argumentos son neoliberalismo puro y duro? ¿Tesis reaccionarias, gorilas y
antiobreras? Buenas preguntas. Responderlas permite impugnar la mentirocracia
asfixiante en que vivimos.
La nueva Constitución
Nacional del Ecuador, de inspiración claramente socialista, fue aprobada con el
64% de los votos en el referendo del 28 de septiembre de 2008 y entró en vigor
en octubre de ese año. El texto constitucional promovido por el presidente
Rafael Correa fue redactado por una asamblea constituyente controlada por el
oficialismo. En sus 444 artículos, la Constitución ecuatoriana sancionó
reformas económicas socialistas y habilitó la reelección inmediata de Correa,
reforzando el control estatal sobre la economía y otorgando más poderes al
presidente. Correa ganó las elecciones de 2006 con casi el 57% de los votos y
asumió en enero de 2007, proponiendo luchar “por una Revolución Ciudadana,
consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político,
económico y social vigente”. Fue reelecto en las elecciones de 2009, en las que
recogió en la primera vuelta el 52% de los votos (porcentaje más alto de la
historia ecuatoriana). Asumió su segundo mandato en agosto de 2009, flanqueado
por Cristina Fernández, Evo Morales, Raúl Castro y Hugo Chávez.
En su Constitución, el
Ecuador revolucionario proclama que el gobierno de Correa es “heredero de las
luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y
colonialismo” y declara su decisión de construir “un país democrático,
comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro–, la
paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra”. Pero en la Sección
IIIª (Formas de trabajo y su retribución), el artículo 326 de la vanguardista
Constitución ecuatoriana estipula explícitamente (numeral 15) que “se prohíbe
la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental,
educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua
potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento,
transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y
telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento
de dichos servicios”. Tienen prohibido hacer huelga médicos, enfermeros,
recolectores de basura, maestros, personal judicial, bomberos, trabajadores de
la energía eléctrica, agua y alcantarillado, petroleros, camioneros que
distribuyen combustible, operarios del transporte público, y empleados de
correo y telecomunicaciones.
Subrayo el verbo al que
apelan los revolucionarios ecuatorianos: “se prohíbe”. Pero la Argentina
cristinista está a la izquierda de todo eso: la Casa Rosada pregona huelga para
todos y para todas, todo el tiempo, sin servicios mínimos de ningún tipo.
Clasismo hiperburgués de la peor calaña: el “huelguismo” serial, ideología a la
que adhieren estas conducciones sindicales de vanguardia avaladas por el
Gobierno, sólo castiga a los chicos que se quedan sin clase y a sus padres. Es
una praxis eminentemente reaccionaria y corporativa, al servicio de causas inconfundiblemente
antipopulares. Dirán que el marco en el que se ejerce el derecho de huelga en
España es posible porque a la derecha de Mariano Rajoy sólo está la pared.
Vale, pero ¿y el Ecuador de Correa? Aliado principal de Chávez, no dudó en
prohibir paralizaciones de tareas que en la asombrosa Argentina son rutina
cotidiana. Chapoteamos en mentiras.
© Escrito por Pepe Eliaschev y publicado por
el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 1º de
Diciembre de 2012.
