"Un desafío a las
garantías constitucionales”
Con elocuente preocupación, el Grupo Clarín emitió
un comunicado. Luego de que el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, hablara
esta tarde acerca de la aplicación de la ley de medios de cara al 7D, el Grupo
Clarín emitió un comunicado que denota la preocupación que afecta a sus
cimientos.
Allí, el holding habla
del ex intendente de Morón poniendo de manifiesto que este “volvió a insistir
con el avance de oficio sobre licencias sin esperar ningún fallo judicial, pese
a que la Corte Suprema dijo que esa situación implicaba ‘denegación de
justicia’”.
Asimismo, Clarín asegura
que Sabbatella “reconoció que a cuatro días del 7 de diciembre, el AFSCA, sin
darle intervención a la oposición, habría cambiado los procedimientos de la
Resolución 297/10 de dicho organismo, que reglamente el artículo 161 de la ley.
De esta forma, se estarían modificando los plazos de adecuación vigentes, que
otorgan 30 días más para la denominada ‘adecuación voluntaria’. Es evidente que
esta modificación afecta los derechos adquiridos, el derecho de defensa y busca
evitar que el fallo sobre la inconstitucionalidad llegue antes del avance de
facto sobre las licencias”.
Y agrega:
-Pese a que Sabbatella
sostuvo que el AFSCA quiere que se resuelva el juicio de fondo, toda la
conducta estatal estuvo dirigida a demorarlo: lo demoró diez meses en 2010, lo
demoró tres meses en 2012 con sucesivas maniobras para apartar jueces, y sigue
buscando demorarlo hoy con presentaciones dilatorias en primera y segunda
instancia.
-El funcionario reconoció
que benefició a los grupos que no fueron a la Justicia, extendiéndoles un año
el plazo de desinversión, que según dijo la Corte Suprema había vencido el 28
de diciembre del año pasado. Además, volvió a desconocer la composición accionaria
de varios grupos y sus incompatibilidades con diversos artículos de la ley de
medios, pese a las pruebas difundidas en estos días.
-En un desafío a las
garantías constitucionales y para justificar un avance de hecho sobre las
licencias, dijo que si el fallo de fondo determinara la inconstitucionalidad de
los dos artículos impugnados, sólo habría derecho a una indemnización y no a la
intangibilidad de las licencias, lo que implica una violación de todos los
precedentes jurídicos, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-Repitió varias veces que
la ley no afecta la libertad de expresión, cuando la Justicia jamás se
pronunció sobre ello porque nunca falló sobre el tema de fondo. La mejor prueba
de su afectación está dada por la colonización oficial del sistema de medios en
estos últimos 3 años, donde prácticamente no quedaron radios y canales de TV
fuera del control oficial".
La seguridad del Gobierno
y la inseguridad de Clarín parecen anticipar cómo será la actuación de la
Justicia. Al menos en primera instancia, con el juez Horacio Alfonso.
© Publicado por Tribuna de Periodistas el lunes 3
de Diciembre de 2012.
Alguien se preguntaba…
No voy a entrar en la discusión sobre si la
ley de medios mejora o empeora la situación de la comunicación social.
Ese debate no lo tengo claro porque desconozco los alcances de la ley y su
incidencia.
Quiero detenerme solo en un aspecto de esta pulseada política.
¿Quien paga los costos de un acto fallido?
En este momento estamos soportando los juicios de los bonistas que quedaron
fuera del canje.
El juicio que inicio Repsol por la apropiación de YPF, y seguramente el juicio
que el Grupo Clarín le hará al Estado por la segura apropiación de sus
empresas, este o no el fallo a tiempo.
Los costos de estos dislates se pagaran cuando los integrantes de este gobierno
ya no estén en el poder.
Pagaremos como siempre, los que contribuimos con nuestros impuestos, ya
inventaran alguno, para servir la nueva deuda creada por capricho.
¿Como podría evitarse esto?
Seguramente si hubiera una ley que los haga corresponsables a los funcionarios
que tomen esta medida a contrapelo de la ley. No hay otra.
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