Nieblas del Riachuelo...
Las máquinas de M&T en
acción para relocalizar La Saladita. Mussi con el juez Armella. Una mano pesada.
Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de
Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en
plazos perentorios. Esto justifica la contratación directa, que con regularidad
beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. Son obras
por centenares de millones de pesos. Amigos y colaboradores del juez fueron
designados en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Armella clausuró
empresas competidoras.
El enorme poder que la Corte
Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella
para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un
grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos
millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental,
que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la
Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano.
Documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: el juez
intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a
realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas
resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las
empresas próximas al juez que las ordena.
Una reconstrucción incompleta indica
que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a
250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta
duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de
los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de
estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios
con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo
Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del
Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios,
entre los más asiduos el de Lomas de Zamora.
Acaso sospechando algo, la Corte
Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el
grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos
obligatorios impuestos en su fallo. El presidente directivo de Acumar, Juan
José Mussi, designó presidente ejecutivo al químico Oscar Deina, quien antes
fue Director Bonaerense de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, y como
Secretario de Planificación Estratégica a Carlos Balor, uno de los políticos
más próximos a Mussi, cuya lista de concejales en Berazategui encabezó en 2009
junto con el actual intendente, Juan Patricio Mussi, quien asumió la
intendencia cuando su padre fue designado Secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, en diciembre de 2010. Ex alcalde de Berazategui,
Mussi fue ministro de Salud durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y
Carlos Rückauf y Secretario de Asuntos Políticos durante el interinato de
Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
A limpiar.
En junio de 2006, la Corte
Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer en su jurisdicción
originaria el reclamo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas presentado por diecisiete personas
damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Pero
en una decisión que sacudió todas las rutinas tribunalicias y realzó el rol de
la Corte como un poder del Estado activo y con sensibilidad ambiental y social
resolvió asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia
colectiva, de uso común e indivisible. La Corte citó a una serie de audiencias
públicas sin precedentes, para escuchar a los vecinos denunciantes, las
autoridades de todas las jurisdicciones concernidas y a organizaciones sociales
y ambientalistas y solicitó informes y planes integrales de saneamiento, ya que
en los 2240 km2 de la cuenca hídrica más contaminada del país y de sus
degradadas zonas urbanas, el catastrófico deterioro ambiental afecta los
derechos humanos fundamentales a la salud, al agua y el saneamiento, a la
vivienda adecuada, a la calidad de vida y a un ambiente sano.
En respuesta al
activismo judicial, en noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad
de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese ente de derecho público interjurisdiccional
es presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lo
integran otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. En 2007, la Corte reclamó de la Acumar
una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de
población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud;
utilización de créditos verdes; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de
márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales;
estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y
financiamiento. Un alto porcentaje de los cinco millones de habitantes que se
apiñan en los catorce municipios de la cuenca viven en villas o asentamientos
precarios, sin servicios básicos de saneamiento y con alta incidencia de
necesidades básicas insatisfechas.
El 8 de julio de 2008 la Corte ordenó
medidas protectoras del interés general y encomendó a la Acumar el cumplimiento
de tres objetivos simultáneos: la mejora de calidad de vida de los habitantes,
la recomposición del ambiente y la prevención de daños. La enormidad de la
tarea a realizar luego de un siglo de de-sidia, hizo que la Corte fijara
desde el comienzo términos
estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema
internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30
un sistema de información pública en internet para el público; inspeccionar en
otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las
contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas
presentara un plan de tratamiento. También fijó plazos para el saneamiento de
basurales, la urbanización de villas y asentamientos precarios, el plan de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), la limpieza de las
márgenes del río, la parquización de la ribera, la expansión de la red de agua
potable en el período 2008/2015, los de-sagües pluviales, la construcción de la
planta depuradora Berazategui y sus emisarios y el plan sanitario de
emergencia.
Estas razonables estipulaciones incluyeron la aplicación de una
multa diaria al presidente de la Autoridad de Cuenca por el incumplimiento de
cualquier plazo. Para organizar la participación ciudadana, también creó un
cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que intervienen en
la causa, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo,
delegó el proceso de ejecución de su sentencia en el juzgado federal de primera
instancia de Quilmes, que actuaría desde entonces como tribunal superior de la
causa, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo
control jurisdiccional de su cumplimiento.
En el considerando 21, invistió al
juez con la facultad de fijar el valor de las multas diarias e investigar los
posibles delitos que deriven del incumplimiento. Armella quedó como instancia
de revisión judicial de las decisiones de la Acumar, y sus resoluciones sólo
podrán ser apeladas ante la propia Corte Suprema. Estos son los poderosos
instrumentos que el juez utiliza para fijar los plazos perentorios que luego
justifican la contratación directa de las empresas vinculadas con Su Señoría,
incluso en obras de carácter estético que no habría inconveniente en licitar y
que de ese modo costarían menos de la mitad de lo que se paga por su
realización.
Grupo de familia.
El 24 de febrero de este año
se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264
Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades
inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco
Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija
Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella. Otro
socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El
presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque
todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad
anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el
escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13,
de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de
la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación.
La
nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que
se benefician con la prodigalidad del magistrado. El cuadro que se reproduce en
esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o
socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial
Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo
son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside
M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora
suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y
Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y
accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay
otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle,
Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos
González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y
Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo
Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los
directivos de Kartonsec. De este modo, los tres grupos familiares que junto con
Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los
Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de
Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las
principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más
que el Riachuelo.
Una característica singular de Gildin SA, que también gira
con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la
cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui. Ese
agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo
cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando
que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el
juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela
Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin
también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras
clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales.
Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de
La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización
sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las
canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las
compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.
La maroma.
Una parte del negocio es la
limpieza de las márgenes del río y otra el emplazamiento del camino de sirga.
Esta es una antiquísima denominación, originada en la maroma o cuerda gruesa
que se usaba para remontar las embarcaciones contra la corriente. Todos los
propietarios limítrofes con ríos o canales deben dejar libre para ello un
camino público de 35 metros. El 27 de abril de 2011, Armella firmó una
resolución notable, en la que luego de fojas de ditirambos al ex presidente
Julio Roca y la generación de 1880, una clase dirigente cuyas obras
constituyeron “un verdadero legado para las generaciones venideras”, en
contraste con “el facilismo de diseñar las obras pensando sólo en el hoy”,
requirió a la Acumar bajo apercibimiento de multa diaria sobre el patrimonio
propio de los funcionarios “que en un plazo perentorio acompañe un proyecto
integrador que contemple todas las obras a desarrollarse”, en forma cabal,
precisa y detallada. Nada menos.
El 28 de diciembre (Día de los Santos
Inocentes) dio un plazo de 45 días, hasta el 15 de febrero de este año, para que
la Acumar, en coordinación con los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Avellaneda, Lanús y Lomas presentaran un proyecto integrador con todas
las obras de infraestructura sobre los taludes ribereños en los plazos y que
realizara las licitaciones en los plazos “más cortos posibles, sin excusa
alguna”. Al día siguiente rechazó el proyecto que Acumar había presentado ante
su requerimiento roquista de abril, por considerar su información “pobre,
deficiente y en algunos casos incoherente” y también le concedió todo enero y
medio febrero para presentar un nuevo proyecto. En febrero Acumar firmó un
convenio con Ceamse para comenzar la recomposición de taludes, rellenando las
márgenes con tosca. Ceamse contrató las obras con Canteras del Sur y M&T,
que iniciaron la recomposición de 50 metros de talud por 4,6 millones de pesos,
cuando el precio de mercado no pasaba de 2,8 millones. En junio se firmó un
convenio similar, para recomponer 200 metros de talud por 12 millones.
La
provisión de la tosca, el transporte, las maquinarias, las chapas para contener
el talud, están armados para las empresas del grupo familiar, sin tomar en
cuenta que la pavimentación del camino de sirga licitada por Avellaneda, Lanús
y Lomas, ya incluía la recomposición de taludes. Por las dudas, el 12 de julio,
Armella pidió a todos los intendentes de la cuenca que volvieran a relevar la
existencia de canteras clandestinas, que el policía amigo que hizo designar en
Acumar notificara a sus colegas de las comisarías para que controlaran que no
fueran reabiertas las ya clausuradas y reiteró la prohibición de abrir nuevas
en la cuenca, en una medida más propia del verdadero Roca y sus hermanos Goyo y
Ataliva, abastecedores del Ejército, que del idealizado en sus resoluciones. El
13 de julio pidió que se elaborara una vez más el proyecto del camino de sirga
y detalló: parquización, liberación de márgenes, construcción de caminos,
taludes, cruces viales. En forma expresa dispuso que lo coordinara la
Secretaría de Planificación de Acumar, a cargo de Carlos Balor y donde Armella
tiene operadores de entera confianza (ver “Porque es un buen compañero”).
Como
los municipios ya licitaron y están construyendo el camino y realizando la
forestación, es obvio el interés del magistrado en los taludes, que se rellenan
con tosca de la única cantera permitida. En este momento está en ejecución el
primer tramo del proyecto y en el trámite administrativo previo el segundo. Los
quince tramos del proyecto total que está elaborando la Secretaría de
Planificación superarán los 100 millones de pesos.
El IVA olvidado.
El 16 de mayo, Armella intimó
a la Acumar y al Ceamse a que en el plazo perentorio de diez días le informaran
cuándo comenzarían las obras de limpieza de márgenes del río denominadas Tramo
2,a.primera etapa, en el espacio comprendido entre el puente transbordador y el
taller de reparación de grúas. Dos días después Acumar derivó la notificación
al Ceamse (que estaba realizando la rectificación de márgenes), que a su vez
adjudicó la obra a M&T, por un monto de 9,2 millones de pesos más IVA. Pero
a precios de mercado los trabajos presupuestados no cuestan más de 4 millones,
con IVA incluido. El mismo 16 de mayo, el juez notificó a la Acumar y al
municipio de Lomas de Zamora que en los consabidos diez días debían presentar
un proyecto con las acciones de infraestructura en las defensas de cemento con
reja superior conocidas como New Jersey, en el sector de la costa ribereña de
Lomas, donde fue desalojada la feria “La Saladita”, y en el predio elegido para
relocalizar a los feriantes. Dos semanas después Acumar y el municipio firmaron
los respectivos convenios.
La instalación del New Jersey en el viejo
emplazamiento saldrá 10,8 millones de pesos (con un anticipo de 3,2 millones) y
el relleno del nuevo predio, 12,9 millones de pesos. Esta es sólo la primera
etapa del proyecto total planificado para el predio, que insumirá 150 millones
de pesos. Los tractores que realizan la obra pertenecen a M&T cuya
contratación fue sugerida al municipio por el juzgado y los presupuestos
duplican el precio de mercado. Aún así, el grupo de familia no está conforme
con los precios que fijó Lomas de Zamora. Armella solicitó al municipio y a la
autoridad de cuenca que realizaran una adenda al convenio, que subirá los
precios.
Su realización corre una vez más por cuenta de la Secretaría de
Planificación de Acumar. El argumento será que por error Lomas omitió calcular
el IVA.
©
Escrito por Horacio Vertbiski y
publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo
26 de Agosto de 2012.
