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domingo, 11 de marzo de 2018

Unión Industrial. Astilla del mismo palo… @dealgunamanera...

Astilla del mismo palo…
Una Roca en el zapato (Oficial). Paolo Rocca. Dibujo: hablo Temes.

El Presidente se queja de las bajas inversiones de sus ex colegas. Insatisfacciones mutuas y pipa de la paz.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 11/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todo comenzó un 18 de abril de 2016. Era la primera reunión del entonces flamante presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos con los empresarios más influyentes del país. Cristiano Rattazzi (Fiat), Eduardo Elsztain (IRSA), Paolo Rocca (Techint), eran algunos de los nombres de la selecta lista de invitados. “Lo que la Argentina necesita de ustedes es que inviertan”, les decía un Macri que estaba como pez en el agua. Es que, en verdad, el Presidente se sentía un primus inter pares. Después de 12 años de kirchnerismo, de una Argentina aislada del mundo y de la “pistola” de Moreno, la era de los guantes de boxeo parecía finalizar para darle paso a otra de caricias. Esta vez, “uno de ellos” tomaba el mando. Dos años después, el escenario es otro.

Ruidos.

Luego de hacer un balance crudo del presente, la junta directiva de la UIA –Unión Industrial Argentina– expuso fuertes críticas al Gobierno. “Nos preocupan los costos energéticos, la fuerte caída del consumo y el crecimiento de las importaciones”, señala el manifiesto. En un contexto social agitado, donde, a pesar de sus esfuerzos, al Gobierno le está costando muchísimo llegar a su anhelado objetivo de paritarias del 15% sin cláusula gatillo, estas críticas no cayeron para nada bien en la Casa Rosada. Ya bastante áspera es la negociación con los gremios, en donde el oficialismo despliega toda su creatividad para que le compren el ansiado número, como para recibir por parte de los empresarios –sus amigos– una bofetada en vez de una caricia. Pero, al igual que las inversiones que les pidió en aquella “noche de bodas” de abril de 2016, ese mimo nunca llegó. Con los tapones de punta, y con el aval del Presidente, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, salió al cruce de la directiva de la UIA: “Que se dejen de llorar y se pongan a invertir”.

Hay algunos datos que sirven para poner en perspectiva la discusión: según cifras del Ministerio de Producción de la Nación, en la Argentina existen 605.626 empresas, de las cuales el 99,8% son pymes. Solo el 0,2% restante son grandes compañías. Ese menos del 1%, que sabe a poco –muy poco–, es el que aglomera los grandes nombres que son claves para el país. En este universo están, entre otros, los nombrados Arcor y Techint, es decir, grandes influenciadores de precios. Vamos a un ejemplo: una de las quejas de la UIA se refirió al aumento de importaciones de tomates frescos, que ascienden a 44 mil toneladas, y de tomates en conserva, que se incrementó en un 1.077% entre mayo de 2016 y mayo de 2017. Ante la queja del sector, el ministro Cabrera respondió: “El costo lo tienen en la lata y no en el tomate. Compren latas más baratas o bajen el precio”. ¿Por qué el ministro menciona las latas en este reclamo?

A la lata, al latero. Porque Siderar, que pertenece a Techint, produce toda la chapa que hace la Argentina. Es decir, produce la chapa con la que se hacen las latas, las heladeras y los autos. Si Siderar decidiese aumentar los precios, por ejemplo, en un 20%, este aumento se vería transferido a las grandes empresas, que fabrican y enlatan, por ejemplo, leche en polvo. Las grandes empresas trasladarían el aumento a los comerciantes –que incluye a grandes supermercados– que vuelven a remarcar los precios. Por lo tanto, las decisiones que toma ese menos del 1% del empresariado –grandes productores, grandes fabricantes y grandes puntos de distribución– repercuten en toda la cadena de valor del producto. Las pymes, sin el mismo peso, siguen estos precios, de otro modo, se quedan afuera.

Hay un componente estructural de la economía argentina que condiciona muchos de estos fenómenos. Una sola empresa de panificados tiene el 80% de lo que se ve en las góndolas; las dos cervezas líderes el 70%; las dos leches el 80%. La Ley del Mercado que aplica el Gobierno, que lleva a que los precios se regulen solos por efecto de la competencia, serviría si tuviésemos cuarenta empresas lácteas, cada una con el 2% del mercado. Cuando hay solo dos, es casi imposible que esa mecánica funcione porque la tendencia es que acuerden un precio entre ambas con el consiguiente perjuicio para el consumidor.

Macri desreguló todo y pretendía que esos empresarios fueran responsables en un sentido social”, sostiene una fuente que supo ser partícipe de las negociaciones entre el Gobierno y el sector industrial, que agrega: “Los empresarios son empresarios, no van a dejar de optimizar sus ganancias siempre que puedan hacerlo, si no hay sanción, hay mucho premio por no cumplir el compromiso”.

Lo que estaría en las antípodas del pensamiento económico del PRO terminó resonando fuerte ante este conflictivo escenario. Un año atrás el dirigente radical Ernesto Sanz decía: “Algunos empresarios argentinos se merecen un Moreno”. La decepción de Macri con los empresarios la resumió con tono embravecido en esta línea que le dirigió a Cabrera: “Me encantó lo que dijiste; Guillermo Moreno les rompió la cabeza a muchos de estos tipos”.  

Razones. 

¿Por qué la cúpula empresarial, que le reclamaba cambios sustanciales respecto de las prácticas “morenistas” al nuevo gobierno y –en su mayoría– fueron concedidos, salió a criticar las políticas económicas de Macri? “Los sectores productivos más pequeños le venían exigiendo a Miguel Acevedo –presidente de la UIA– que salgan a hablar. La capacidad industrial ocupada es del 61%; las altas tasas de interés dificultan los créditos; la caída de consumo es brutal, las importaciones nos están matando y con los aumentos en los servicios no nos cierran los números”, manifestó un referente de las pymes. “El consumo no está pasando un buen momento, ese es el telón de fondo, más allá de los problemas personales. Hay una confusión que tiene Macri que es inexplicable. Las inversiones vienen cuando las ventas se sostienen”, señala un experimentado economista.

La reunión de mañana entre el Gobierno y la UIA será una puesta en escena que probablemente no aportará soluciones de fondo. Es la Argentina del mañana mejor, que nunca llega.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

jueves, 23 de junio de 2016

Cómo la dictadura benefició a los Macri… @dealgunamanera...


Cómo la dictadura benefició a los Macri…

Deuda Externa privada pasada al Estado Argentino.

Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño (N.R.: hoy Presidente de la República), forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.

© Escrito por Manuel Alfieri el lunes 14/01/2013 y publicado por el Diario Tiempo Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.




“Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio". Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.

Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.

Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés,  Citibank y Supervielle, entre otros.

Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa. Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.

El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.

"Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias", aseguró uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.

Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. "Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia", explicó Olmos Gaona.

Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió. 

"El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal", sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.

La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. "Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio", afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.



Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, "con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas". Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo "iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas"

El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri. 

También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.

Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, "sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado".

Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.

A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación,  no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.

En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada". Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia.

Buscamos vida, los crímenes en Campo de Mayo. (Fragmentos del documental)