Revelan que es posible hackear 100 millones de VW para robarlos… @dealgunamanera...

Revelan que es posible hackear 100 millones de VW para robarlos… 

Un ingeniero informático de la Universidad de Birmingham asegura que, con una inversión mínima, se pueden abrir las puertas sin forzarlas. También afecta a otras marcas.

© Publicado el viernes 12/08/2016 por la Revista Parabrisas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Flavio García es ingeniero informático de la Universidad de Birmingham. Junto con la firma alemana Kasper & Oswald, publicó un informe en el que asegura que es posible hackear cerca de 100 millones de autos Volkswagen para que sus puertas puedan abrirse sin la necesidad de ser forzadas. Con el mismo sistema se podrían también robar unidades de las marcas Audi, Skoda, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel y Peugeot.

Uno de los datos más alarmantes es que desarrollar este sistema de hackeo costaría al delincuente alrededor de 40 dólares, una cifra ínfima en relación con la mercancía que se sustraería. Por ese valor, el hacker podría comprar una placa Arduino y un receptor de señal “de diseño trivial”, que es lo que se requiere para interceptar el código del sistema de apertura construyendo un “aparato que funciona igual que el mando original”, asegura el propio García.

De todas las marcas nombradas, la más perjudicada si se divulga esta información es Volkswagen, porque con el sistema descubierto se podría abrir cualquiera de las 100 millones de unidades fabricadas por la firma en las últimas dos décadas. Según los investigadores, los VW comparten una misma llave criptográfica, y “a partir de ahí, se puede hacer la clonación del mando a distancia original que bloquea y desbloquea un vehículo tantas veces como se desee”.

Sin embargo, tampoco es tan fácil la tarea, porque para desencriptar es necesario poder captar la señal, lo que requiere que el hacker esté ubicado como máximo a 100 metros de distancia del auto en cuestión.

Por otra parte, las claves varían en función del año de fabricación y el modelo, detalle que pierde valor si se “asocian” varios delincuentes para descifrar el total de cuatro códigos que comparten más de 100 millones de vehículos VW. Solo el VW Gol 7 cuenta con una clave específica de cierre.

Otro de los descubrimientos de los investigadores es que, además de abrir varios autos, es posible hacer arrancar en menos de un minuto a aquellos que equipen tecnología HiTag, usada desde hace décadas en millones de unidades.

Según explicaron, con un equipo parecido al usado para hackear las puertas, el delincuente puede interceptar los ocho códigos que se van generando de uno en uno según el propietario va pulsando alguno de los botones de la llave. Los hackers podrían, previo al robo del vehículo, manipular el sistema para obligar a la víctima a presionar en repetidas ocasiones el botón y, así, poder llevárselo en forma más rápida. De conseguirlo, la seguridad del vehículo para poner en funcionamiento su motor puede ser sorteada en apenas un minuto.

Si bien los autores de la investigación no revelaron detalles de sus resultados, en las últimas semanas se sucedieron varios robos utilizando métodos similares. Por ejemplo, a comienzos de este mes más de 30 Jeeps fueron robados en Texas utilizando una computadora portátil para piratearlos.

Se trata de un problema que puede tornarse grave si las marcas “no son capaces de responder rápidamente con nuevos diseños de software” para evitarlos, aseguró García. “Si queremos tener vehículos seguros, autónomos e interconectados, eso tiene que cambiar”, finalizó.

Cómo la dictadura benefició a los Macri… @dealgunamanera...

Cómo la dictadura benefició a los Macri…

Deuda Externa privada pasada al Estado Argentino.

Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño (N.R.: hoy Presidente de la República), forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.

© Escrito por Manuel Alfieri el lunes 14/01/2013 y publicado por el Diario Tiempo Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio". Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.

Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.

Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés,  Citibank y Supervielle, entre otros.

Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa. Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.

El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.

"Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias", aseguró uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.

Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. "Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia", explicó Olmos Gaona.

Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió. 

"El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal", sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.

La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. "Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio", afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.

Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, "con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas". Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo "iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas". 

El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri. 

También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.

Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, "sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado".

Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.

A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación,  no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.

En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada". Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia.

Buscamos vida, los crímenes en Campo de Mayo. (Fragmentos del documental)