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domingo, 1 de enero de 2023

El hombre de las mil batallas… @dealgunamaneraok...

El hombre de las mil batallas…

Otra vez en la lucha. El dirigente metalúrgico en un acto de campaña en San Pablo. Fotografía: AFP.

Presidente por tercera vez, asume el desafío de recuperar el país tras el paso arrasador de Bolsonaro. Biografía personal y política del líder popular que cambió el rostro de Brasil. 

© Escrito por Manuel Alfieri y publicado el domingo 01/01/2023 por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Su nombre vuelve a resonar con fuerza en Brasil y a nivel mundial. Lula Da Silva regresa a la presidencia del gigante sudamericano tras vencer al ultraderechista Jair Bolsonaro. Cuenta con una historia de lucha que lo avala y, por eso, su vida merece un repaso.

Muchísimo antes de ser conocido como «Lula», Luiz Inácio Da Silva fue uno de los tantos chicos del nordeste brasileño que experimentó la miseria en carne propia. Nació en una casa diminuta en la que llegó a convivir con 13 personas, sin luz ni agua corriente, y sin la presencia de su padre, alcohólico y analfabeto, quien había emigrado tempranamente al sur en busca de empleo.

Entre tanta falta y precariedad, el pequeño Luiz Inácio jamás había soñado con la posibilidad de ser presidente. «De noche soñaba con el desayuno, a la mañana soñaba con el almuerzo, en el almuerzo soñaba con la cena. Era la ley de la supervivencia», contó alguna vez sobre su dura infancia.

En la adultez las cosas tampoco serían fáciles: sufrió la persecución y la cárcel en dictadura y en democracia, y padeció tanto la enfermedad propia como la muerte de muchos seres queridos de forma inesperada.

Los registros oficiales indican que Lula nació el 6 de octubre de 1945, pero su mamá, Eurídice, siempre juró que tuvo al niño el 27 de ese mismo mes. Del lugar de residencia nunca hubo dudas: Caetés, Estado de Pernambuco, una de las zonas más carenciadas del país. A su papá, Arístides Inácio, recién lo conoció a los cinco años, cuando viajó 13 largos días junto a su madre y sus siete hermanos en la caja de un camión hacia Guarujá, paso previo a instalarse definitivamente en San Pablo.

Ahí trabajó como vendedor ambulante, lustrabotas y ayudante de una tintorería. A los catorce, y tras de dejar obligadamente la escuela pese a ser un estudiante aplicado, conocería el mundo obrero e industrial: consiguió un puesto en una planta de producción de tornillos, con un régimen de 12 horas corridas y bajísimo sueldo. Unos años después pasó a una fábrica de carrocería automotriz, donde perdió gran parte del dedo meñique de su mano izquierda. Fue en 1964, justo cuando comenzaba la dictadura militar que tanto marcaría su vida política.

En 1968, el dolor por el arresto y tortura de su hermano, militante del Partido Comunista, lo llevó a meterse en política. Empezó a participar activamente en el sindicalismo, defendiendo los derechos de los trabajadores y en abierta oposición a la dictadura. Su ascenso fue frenético: para mediados de los 80 ya se había convertido en el líder del sindicato metalúrgico.

Desde allí coordinó las mayores huelgas y manifestaciones contra el Gobierno militar, poniendo contra las cuerdas a sus jerarcas y acelerando su caída. En paralelo fundó el Partido de los Trabajadores (PT), plataforma de izquierda que rompería con el tradicional bipartidismo. El régimen que tanta admiración despierta en el excapitán Jair Bolsonaro no se lo perdonó: en 1980, Lula pasó 31 días en la cárcel.

Ni un paso atrás.

La breve pero difícil experiencia del encierro no lo hizo retroceder un centímetro. Al contrario, lo envalentonó y lo llevó a redoblar la apuesta. Con el retorno de la democracia por la que tanto luchó, se presentó a las elecciones de 1986 y fue el diputado federal más votado de Brasil. Su figura crecía, sobre todo en las barriadas populares, y en 1989 decidió competir por primera vez por la presidencia, con un plan que incluía salario mínimo para los trabajadores y reforma agraria. Perdió, al igual que en 1994 y 1998.

En este caso, la cuarta fue la vencida: ganó las elecciones de 2002 con el mayor caudal de votos de la historia brasileña –más de 52 millones– y el 1 de enero de 2003 fue investido presidente. Por primera vez, un obrero que había nacido en el barro de la miseria llegaba al Palacio de la Alvorada. «Y yo, que tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país», dijo, emocionado, en su discurso de asunción.

En una porción del mundo signada por la pobreza y el hambre, su primer objetivo de gestión fue sencillo, pero no por eso menos titánico: que todos los brasileños y brasileñas comieran al menos tres veces por día. Y en parte lo logró. Con los programas «Hambre Cero» y «Bolsa Familia» como bandera, la desnutrición infantil se redujo un 46%.

Eso le valió el reconocimiento del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que concedió a Lula el título de «campeón mundial de la lucha contra el hambre». El empleo creció, el poder adquisitivo de los trabajadores también, y más de 30 millones de personas salieron de la pobreza en menos de una década. La idea de lo que debía hacer un presidente no venía de un manual de ciencia política, sino de su propia experiencia personal, esa que marcó a fuego su infancia: «El mejor ejemplo de gobierno no se saca un de libro. Se saca de una madre: ella siempre va a cuidar al más débil».

Resurrecciones.

El fervor y entusiasmo que produjo en el pueblo brasileño, golpeado por décadas de neoliberalismo, se tradujo en un enorme apoyo popular y en 2006 ganó nuevamente las presidenciales. Pero los logros no fueron solo sociales, sino también económicos. El país creció como nunca y se convirtió en la sexta economía mundial, desplazando de ese lugar al Reino Unido. Lula intervino en todos los debates internacionales posibles: imperialismo, dependencia, desarrollo, educación, salud, cambio climático. Fue, junto con otros presidentes de la región, uno de los máximos impulsores del proceso de integración latinoamericana. Gobernó hasta el 31 de diciembre de 2010, día en que dejó el cargo con un nivel de popularidad impensado para un dirigente político en retirada y vapuleado por los grandes medios de comunicación: 87% de aprobación.

Con su salida del Gobierno volvieron los padecimientos personales y políticos. En 2011, y después de más de 40 años de cigarro, le diagnosticaron un cáncer de garganta, único momento en que perdió su tupida barba a raíz de la quimioterapia. Tiempo después de superar la enfermedad, comenzó la persecución mediática y judicial: denuncias por corrupción que se multiplicaron, una polémica condena y, nuevamente, la cárcel.

Esta vez no fue un mes de encierro como en los años de plomo, sino 580 días. Casualmente, justo cuando las encuestas lo daban como favorito para vencer a Bolsonaro en las elecciones de 2018. Poco antes de eso había muerto su segunda esposa. Durante su encierro en Curitiba también perdió a un hermano y a un nieto de ocho años. Recuperó la libertad en 2019 y en 2021 la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas en su contra, considerando incompetente y sesgada la actuación del juez Sergio Moro, archienemigo del fundador del PT. Lawfare puro.

Como hace más de 40 años, el encierro le dio a Lula más fuerza. Volvió a casarse y se puso al hombro una gigantesca campaña electoral. Ahora, el hombre de las mil batallas tiene una nueva –y quizás la más desafiante– por delante: recuperar la deteriorada democracia de su país y el bienestar de su pueblo, ese del que él mismo surgió.





 

jueves, 23 de junio de 2016

Cómo la dictadura benefició a los Macri… @dealgunamanera...


Cómo la dictadura benefició a los Macri…

Deuda Externa privada pasada al Estado Argentino.

Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño (N.R.: hoy Presidente de la República), forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.

© Escrito por Manuel Alfieri el lunes 14/01/2013 y publicado por el Diario Tiempo Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.




“Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio". Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.

Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.

Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés,  Citibank y Supervielle, entre otros.

Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa. Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.

El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.

"Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias", aseguró uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.

Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. "Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia", explicó Olmos Gaona.

Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió. 

"El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal", sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.

La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. "Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio", afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.



Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, "con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas". Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo "iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas"

El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri. 

También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.

Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, "sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado".

Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.

A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación,  no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.

En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada". Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia.

Buscamos vida, los crímenes en Campo de Mayo. (Fragmentos del documental)