El
“Proyecto X” confirma el espionaje oficial que ejerce el Gobierno…
Ocho años de monitoreo. La inesperada
revelación del “Proyecto X” que trascendió esta semana, ha puesto sobre el
tapete una cuestión incómoda para aquellos que insisten en ver en el
kirchnerismo una dosis de progresismo oficial. ¿Cómo alguien podría defender la idea de una fuerza que espía a quienes
legítimamente reclaman por sus derechos?
El interminable silencio del Gobierno a la hora de responder sobre la denuncia
de espionaje —solo Nilda Garré quebró ese mutismo desde su cuenta de Twitter—,
no hace más que levantar sospechas acerca de la participación del Estado en
cuestiones que solían identificar a quienes ocuparon de facto la primera
magistratura en los años más oscuros de la Argentina.
Sin embargo, no se trata de
nada nuevo ni novedoso, sino de la continuidad de una política que comenzó casi
al mismo tiempo que los Kirchner llegaron al poder. Basta a ese respecto
recordar las palabras del ex ministro de Justicia, Gustavo Béliz, quien en 2004 reveló —a
través de la pantalla de la TV— que agentes de la ex SIDE habían montado una
especie de “ministerio de seguridad paralelo” y habían convertido a la
secretaría de Inteligencia en una “policía secreta sin control (…) una Gestapo”.
Lejos de investigar las palabras
del funcionario, el gobierno prefirió en esos días eyectarlo de su cargo e
impulsar una investigación en su contra. A partir de ese momento, el
kirchnerismo comenzó una escalada que no tuvo límites: mandó a espiar y seguir
a referentes de la oposición, empresarios y periodistas críticos. “Existen
terminales de computación denominadas DVCRAU que funcionan incansablemente en
la oficina que la SIDE posee en Av. de los Incas 3834, más conocida como
‘Ojota’ (Observaciones Judiciales). En esa dependencia no sólo se suelen
escuchar conversaciones, sino que se suelen interceptar otro tipo de
comunicaciones como los correos electrónicos y las señales de fax. Desde allí surgen
reportes que son enviados directamente a una de las oficinas de presidencia de
la Nación y que sólo pueden ser leídos por pocos funcionarios de la extrema
confianza del primer mandatario”, publicó Tribuna de Periodistas en Junio de 2006,
anticipándose a lo que estallaría pocos meses más tarde.
Los
hackers oficiales.
A
principios de mayo de 2008, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti, descubrió que su correo electrónico había sido vulnerado por un
grupo de hackers. Lo que desconocía el ministro es que esos mismos intrusos
trabajaban a sueldo del oficialismo de turno.
A
lo largo de los años, Tribuna reveló una y otra vez los métodos utilizados por
la Inteligencia vernácula para espiar a periodistas, políticos y jueces. “Al
comienzo del gobierno de los Kirchner se buscó la interceptación de e-mails,
con lo que se comenzó a experimentar con técnicas de rootkits, fuerza bruta,
administradores remotos y técnicas avanzadas de clonación que más tarde serían
conocidas con el nombre de ‘Phishing’ en lo que se denominara ‘Proyecto
Vampiro’”, publicó este sitio en septiembre de 2009 con lujo de detalles. El
costo de revelarlo fue el ataque directo al sitio y una campaña de difamación
incesante.
No
solo se desnudaron los modos ilícitos utilizados por los espías, también se
hicieron presentaciones judiciales y se pidieron explicaciones oficiales. La
respuesta siempre ha sido el silencio.
El
mutismo no ha sido solamente para con este portal: en el año 2006, el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) que comanda Horacio Verbitsky le pidió al
entonces presidente Néstor Kirchner que hiciera pública la nómina de agentes de
la SIDE que reportaron para el Estado entre los años 1974 y 1983, a efectos de
contrastarlo con quienes hoy siguen en funciones. Aún cuando existía una fuerte
afinidad del oficialismo con esa entidad, el Gobierno jamás dio a conocer el
referido listado.
Ello
lleva a preguntarse: ¿Por qué la insistencia en espiar a opositores y críticos?
¿Cuál es la necesidad de monitorear de manera permanente lo que hacen terceras
personas, violando los derechos básicos de los ciudadanos?
Quienes
han indagado en el pasado de los Kirchner, aseguran que los mismos métodos
utilizaban cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz. Ello explicaría la
coherencia de una conducta que hoy no deja de sorprender a propios y ajenos.
Sin
embargo, el entendimiento no justifica el delito y, menos aún, el silencio
oficial. Por eso, hasta que no se den las explicaciones gubernamentales del
caso, nada de lo que diga el kirchnerismo será creíble.
©
Escrito por Christian Sanz y publicado por Tribuna de Periodista el viernes 17
de Febrero de 2012.
