Las
pruebas…
Empresa
familiar. Un edificio de departamentos allí donde vivían los suegros del juez.
Imagen: Sandra Cartas
La duda con el Juez
Armella: ¿Fuera del Riachuelo o a Juicio Político? Esta semana el juez Luis
Antonio Armella deberá presentar su descargo a la Corte Suprema de Justicia.
Ante la contundencia de las pruebas sobre su desempeño corrupto, la duda se
reduce a saber si sólo será separado de la causa en la que supervisa la
limpieza del Riachuelo o del juzgado que ocupa desde hace seis años y que le ha
valido el mote de Virrey de Quilmes. Aquí, las pruebas de todo lo informado el
domingo y mucho más.
A raíz de un artículo
publicado en Página/12, el juez Luis Antonio Armella deberá presentar esta
semana su descargo ante la Corte en un intento de descontaminar su actuación
como supervisor de la limpieza del Riachuelo. Tiene que explicar decisiones que
favorecieron a empresas integradas por sus familiares y amigos.
El martes, la Corte
Suprema de Justicia resolvió investigar “los hechos difundidos” del juez
federal de Quilmes Luis Antonio Armella que comprometen “la transparencia en el
manejo patrimonial de la cosa pública” y reclamarle que formulara su descargo.
Así lo informó a un grupo de periodistas el presidente del tribunal, Ricardo
Lorenzetti. Sin embargo, la Acordada que dispuso la investigación recién se
firmó el día siguiente. Además de emplazar al juez para que responda en cinco
días con un “informe preciso y circunstanciado”, requiere a la Auditoría
General de la Nación que en dos semanas identifique todas las contrataciones
realizadas para la limpieza del Riachuelo con las empresas vinculadas con el
juez que se mencionaron aquí el domingo 26.
La defensa de Armella fue asumida
por el más antiguo juez de la Corte, Carlos Fayt, de 94 años, quien luego de
hablar con el juez trató de convencer a sus pares: “Pobre muchacho, se va a
pegar un tiro”, argumentó. Enrique Petracchi, designado como Fayt por el ex
presidente Raúl Alfonsín al concluir la dictadura militar, sostuvo que “el
carácter gravísimo de las impugnaciones al juez” hacía inconveniente que
siguiera a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte para la limpieza
del Riachuelo, por lo que debía nombrarse un subrogante mientras se sustanciaba
la investigación sobre los hechos. Petracchi entiende que el derecho de defensa
del juez no debería poner en peligro la posibilidad de llegar a la verdad, ya
que Armella podría manipular o destruir pruebas incriminatorias.
La familia unida
Armella adelantó parte de
su descargo a Fayt y al diario La Nación. Dijo que la sociedad presidida por su
suegro e integrada entre otros por su esposa y un tío se formó “a efectos de
levantar un edificio en una antigua propiedad de Bernal”. Esta es una versión
edulcorada de aquellos hechos que Armella no puede negar. La cuestión no es qué
construye sino quienes integran esa sociedad llamada “San Martín 264 Bernal SA”
y qué relación tienen esas personas con las obras por la limpieza del Riachuelo
que ordena el juez. La dirección que le da nombre corresponde al antiguo
domicilio de la suegra de Armella, Nora Alicia Martini, quien también es jueza,
a cargo del tribunal en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora. San Martín es un
boulevard paralelo a la vía del tren, a metros de la Avenida Zapiola y a cuatro
cuadras de la Estación Bernal. La casa de la suegra está en demolición y la
familia se mudó al country Abril, el más caro de la zona sur, en Hudson,
partido de Berazategui.
Un cartel anuncia que cuando concluya la demolición
allí se levantará el edificio Lacar, con departamentos de 2 y 3 ambientes. La
obra, dirigida por el tío del juez, Aníbal Carlos Nietzel, comenzó hace un mes
y medio, pero se paralizó desde la publicación aquí de la nota “Nieblas del
Riachuelo”. Martini era prosecretaria del Juzgado Criminal y Correccional 4 de
Dolores, entonces a cargo del juez Héctor Abel Musumano. Su designación como
jueza en Lomas gozó de la misma tutela que la de su yerno, la Procuradora
General bonaerense María Falbo. Con idéntica carta de presentación, la esposa
del juez, Marina Laura Groba Martini, llegó a secretaria del Tribunal en lo
Criminal 5, de Quilmes, cargo incompatible con su desempeño en la empresa “San
Martín 264 Bernal SA”. También la esposa del tío arquitecto Aníbal Carlos
Nietzel, Vanesa Maiola, fue designada fiscal de Florencio Varela. En su intento
de control de daños, Armella adujo que “entre los socios de ese emprendimiento
habría una empresa constructora que trabaja en una de las obras de saneamiento
del Riachuelo”, como si se tratara de una casualidad sin importancia. No es una
empresa, sino varias: Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras
Provinciales SA, y Vial Rogo Constructora SA. Tampoco hay sólo un socio de la
esposa, el suegro y el tío del juez que participe en obras vinculadas con el
saneamiento del Riachuelo, sino cuatro.
El principal de ellos es el abogado
portugués Arturo Rodrígues da Silva y la coincidencia no se debe al azar.
Varias veces por semana Rodrígues da Silva pasa por el tribunal para buscar a
Armella en un automóvil Audi de color celeste. Rodrígues da Silva es presidente
suplente de la empresa familiar del juez, presidente de Gildin, director de
M&T, presidente y socio de Tierras Provinciales y socio de Vial Rogo. En
Gildin es directora suplente Gilda González, cuyos hermanas Romina y Lorena son
a su vez socias del suegro y la esposa de Armella. Otra socia en la empresa
familiar de la mujer del juez es Graciela Susana Beatriz Aparicio, quien al
mismo tiempo es directora suplente de M&T. Tanto Gildin como M&T están
entre las empresas beneficiadas por las contrataciones que urge Armella bajo
amenaza de multas y sanciones si no se realizan en plazos perentorios. El
recurso de amparo que permitió seguir funcionando a la cantera de Gildin SA,
mientras Armella clausuraba a todas las competidoras, no fue concedido por la
jueza subrogante en Quilmes, Marcela Claudia Linares, sino por el juez federal
de La Plata, Julio César Miralles, en junio de 2006.
La causa sigue ahora en el
Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, a cargo de Hugo
Guarnieri. En septiembre de 2011, Armella ordenó el cierre de las canteras y en
octubre amplió la directiva a todas las “que se constaten en el futuro”. La
cantera Lomas de Brown, que se encuentra a 7 km de la cuenca, planteó que
Armella se había excedido en su competencia. Según la Corte Suprema, sólo debía
ejercerla sobre los aspectos hidrográficos. La Dirección de Minería le
respondió que no podía concederle o negarle la inscripción porque el expediente
había quedado retenido en el juzgado de Armella. El socio de Armella, Rodrigues
da Silva, ya frecuentó las noticias policiales hace quince años, vinculado
igual que ahora con un funcionario judicial: en 1997 el juez Samuel Saraví Paz
lo condenó a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas
judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la
tasa de justicia, en combinación con el oficial primero del Juzgado Civil y
Comercial Nº 5 de La Plata, Jorge Luis Madueña.
Adjudicación directa
Otro de los alegatos del
juez ante Fayt y La Nación es que las contrataciones no fueron directas sino
por licitación. Los documentos que se reproducen aquí lo desmienten:
- La solicitud de pedido
para la rectificación de la ribera sur del Riachuelo indica que se trata de una
“adjudicación directa” a la constructora M&T.
- La solicitud de pedido
para la recuperación de márgenes, en el tramo 2.b. del proyecto también es por
“adjudicación directa” a la constructora M&T.
- Para justificar estas
contrataciones directas, Armella amenaza con multas y sanciones a “todo funcionario
responsable”.
- Esto permite que Gildin
y su alter ego M&T facturen las obras a realizar con impresionantes
sobreprecios, que hasta triplican los valores de mercado, como se advierte en
el cuadro para las obras de recuperación ambiental del margen sur tramo 2.b.
- A precios de mercado,
la obra costaría 4,04 millones de pesos, pero la Acumar terminará pagando 12,1
millones. El 40 por ciento de anticipo que recibe la empresa vinculada con el
magistrado supera el valor total de la obra: 4,8 millones de pesos. Es decir
que antes de empezar los trabajos, M&T recibe más de lo que correspondería
por todo el trabajo a precios de mercado. Los ocho millones restantes son plata
dulce.
- Para que sea inevitable
que los contratos recaigan en la cantera de Gildin SA, Armella prohíbe el
funcionamiento de todas las competidoras instaladas en la cuenca hídrica
Matanza-Riachuelo.
Esta insistencia del juez
en la clausura de todas las canteras públicas de la Cuenca también paralizó la
construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que de Merlo a La Plata
continúa la del Buen Ayre. Desde hace un año y medio los trabajos no avanzan
por falta de los materiales que se obtienen en las canteras prohibidas.
La última copa
En la reunión con los
periodistas, Lorenzetti señaló que hasta ese momento ni los intendentes ni la
Acumar se habían quejado del juez. No es un argumento muy sólido. El poder de
un juez federal es muy superior al de los intendentes, cuyos cargos e incluso
su libertad dependen de una razonable relación con el magistrado. En el caso de
Armella, además, es conocido en la zona el destrato que prodiga a los alcaldes
de la Cuenca, a quienes no permite levantarse de la mesa antes de que Su
Señoría termine la última copa de vino, bajo apercibimiento de sanciones.
Tampoco la Acumar está en condiciones de enfrentar al juez, ya que como órgano
interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y más de una docena de municipios, su poder es muy
disperso. Lo preside un representante del gobierno nacional, que es el
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, que está en
minoría en un directorio con representantes de las demás jurisdicciones.
El
organismo accedió a designar en su planta a los recomendados del juez (ver
“Barra de amigos”). Mussi no se quedó atrás y nombró primero como Subsecretario
de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y en
junio de 2011 como presidente ejecutivo de Acumar al bioquímico Oscar Deina, que
está casado con su hija, la médica especialista en diagnóstico por imágenes
Mariel Mercedes Mussi. El hermano de Mariel, Juan Patricio, quien presidía el
Concejo Deliberante de Berazategui quedó a cargo de la intendencia cuando el
padre asumió en la Acumar. La semana pasada, Armella dispuso intervenir el
Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, al que están afiliados la
mitad de los 3300 empleados del municipio, en un altísimo porcentaje como
contratados, a pesar de la antigüedad en los cargos. La anterior conducción,
alineada con el diputado de Unión PRO Alfredo Atanasof, fue desbancada en 2010,
a instancias de Néstor Kirchner y del secretario general de la CGT, Hugo
Moyano.
En octubre de 2011 fue electa la nueva conducción, convalidada por el
ministerio de Trabajo de la Nación, pero impugnada por Juan Patricio Mussi. Sin
embargo, Armella convocó a nuevas elecciones, como reclamaba el intendente
hereditario, quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados. La
abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el
margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo (en
la que la Corte Suprema podría designar a un funcionario que se ocupe en
exclusividad, sin atender al mismo tiempo un juzgado federal) o también se
promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió
convertirse en el Virrey de Quilmes. La causal de mal desempeño parece
configurada con exceso e incluso el “delito en el ejercicio de sus funciones” que
contempla el artículo 53 de la Constitución.
© Escrito por Horacio Verbitsky e informes complementarios
de Mercedes González y Adrián
Vigna y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el domingo 2 de septiembre de 2012.
Los documentos:
