AFSCA: una intervención de Macri a la medida de
Clarín…
Con la intervención al organismo que debía aplicar
la Ley de Medios y el desplazamiento de Sabbatella, el gobierno le devuelve los
favores a Clarín. La izquierda rechazó la medida y exige que se discuta en el
Congreso.
© Escrito por
Daniel Satur el sábado 26/12/2015 y publicado por http://www.laizquierdadiario.com
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer por la mañana el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la
intervención por 180 días de la AFSCA y la AFTIC, los organismos que tienen a
su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y
Argentina Digital, respectivamente.
La decisión liquida, en los hechos, la autarquía de ambos entes y deja en
manos del ministro radical el manejo de todo lo referente a regulación de
medios, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.
Por la tarde Aguad denunció penalmente a Martín Sabbatella por no querer
abandonar su cargo al frente de la AFSCA, donde tiene mandato legal hasta 2017.
Según lo indica el Decreto 236/2015, a partir de ahora la AFSCA quedará en
manos del interventor Agustín Garzón mientras que el titular de la AFTIC,
Norberto Berner (con mandato legal hasta 2019), será reemplazado por el
interventor Mario Frigerio.
“Abuso de poder”
Aguad no sólo intervino la AFSCA sino que denunció penalmente a Sabbatella
por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”.
Según la denuncia presentada en Comodoro Py, el dirigente de Nuevo Encuentro no
hizo su trabajo según lo estipula la propia Ley de Medios; y por otro lado, al
ser intervenido el organismo caducan los mandatos de sus autoridades, por lo
que Sabbatella debería abandonar el cargo.
El decreto firmado por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña apela
a una provocadora ironía para justificar la denuncia contra Sabbatella. Según
el texto, pese a que la ley está vigente desde 2009, “no se han logrado avances
significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la
materia”.
A su vez el decreto dice que “tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el
objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la
República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones”,
tal como lo fija la norma. Y afirma que, por otro lado, “se han verificado
importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus
competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones
legales vigentes”.
Así el macrismo se termina apoyando en la letra de la ley que combatió en
el Congreso, en alianza con Clarín, para desplazar a Sabbatella y Berner de los
puestos públicos que la propia ley creó.
Lo curioso (o no) es que Macri no hace más que ejercer un nuevo “abuso de
poder”, ya que la intervención federal de un ente autárquico no es otra cosa
que la aplicación forzada de la legalidad para satisfacer las necesidades del
gobierno.
A pedido de Clarín
La intervención de la AFSCA y la AFTIC tienen el objetivo de concentrar el
poder respecto a las comunicaciones y los medios en manos de un funcionario
como Aguad, quien ostenta, más que un currículum, un verdadero prontuario, ligado
estrechamente a genocidas y con una amplia experiencia represiva.
Sin dudas esta intervención por decreto y a los empujones busca beneficiar
nada menos que al Grupo Clarín y sus aliados, quienes militaron todo el año en
favor de Cambiemos y hoy están recibiendo la correspondiente compensación.
Y también la medida benefiará a las corporaciones telefónicas, que vienen
reclamando modificaciones en la Ley Argentina Digital.
En ese sentido tanto la “adecuación” de Clarín a la Ley de Medios, así como
todo cuestionamiento a su poder económico y mediático, nunca fueron llevadas
adelante por el kirchnerismo. Incluso los artículos más ‘progresivos’ no se
aplicaron o se violaron directamente. Todo esto, bajo el amparo de las
autoridades de AFSCA”. Con estas medidas de Macri directamente quedarán en el
olvido.
Antes y ahora, la democratización bien gracias...
En este diario se han analizado reiteradamente los límites objetivos que tiene
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la capacidad de
“democratizar las comunicaciones” y acabar con la concentración mediática que
hace décadas está en manos de un puñado de corporaciones.
Más allá de los discursos, el gobierno de Cristina Fernández se fue sin
haber transformado sustancialmente el mapa de medios a nivel nacional y sin
haberle arrebatado, mucho menos, el enorme poder a Clarín.
Por el contrario, el accionar del gobierno kirchnerista desde 2009 -cuando
rompió su alianza con Magnetto- hasta su retirada, fue tendiente a fortalecer y
sostener (con jugosos fondos públicos) a una caterva de empresas mediáticas
aliadas, entre cuyos exponentes más visibles se encuentran Cristóbal López y
Sergio Szpolsky.
Ni siquiera Cristina y Sabbatella hicieron efectiva la ocupación del 33 %
del espectro radioeléctrico por parte de canales de TV y radios pertenecientes
al sector “sin fines de lucro”, donde se agrupan cooperativas y organizaciones
sociales que apoyaron con entusiasmo la Ley de Medios desde sus inicios.
Vale aclarar que la asignación de licencias para ese “tercio” del espectro
como otras tantas medidas en favor de medios comunitarios y populares no estaba
prohibida por ninguna medida cautelar. Fue una decisión política del
kirchnerismo apostar a “combatir” a Clarín creando nuevas “corpos” con
financiamiento estatal, dejando al mismo tiempo libradas a su suerte a
infinidad de experiencias comunicacionales alternativas e independientes.
La izquierda rechaza la
intervención
Apenas conocido el decreto por el cual se intervienen la AFSCA y la AFTIC,
las voces de repudio se multiplicaron. Uno de los primeros en criticar la
medida fue el investigador Martín Becerra, quien escribió que “la decisión
anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en
ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo
los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida
a la vendetta”.
En un sentido similar, desde el PTS y el Frente de Izquierda se hizo
público el rechazo a la medida, por considerarla “arbitraria, hecha a pedido y
a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a
este Gobierno”.
Así se expresó el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, quien
aclaró sin embargo, que este rechazo no significa avalar lo hecho por el
kirchnerismo en materia de medios de comunicación.
“Siempre hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos
denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado
por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen
de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el
poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más
‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el
amparo de las autoridades de AFSCA”, sintetizó Del Caño.
A su vez la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman manifestó “en este
caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno,
el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de
necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de
cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.
“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del
‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de
decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.
En ese sentido, la ex candidata a vicepresidente del FIT exigió “que esta
cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de
Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para
terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados. Exigimos
el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos
la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que
es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es
el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.
Nostalgias
El ministro Aguad, tal como lo hiciera en 1999 en la ciudad de Corrientes,
vuelve a hacerse cargo de una “intervención” desde el Estado nacional. Esta vez
en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
No caben dudas de que “el Milico” está en su salsa. Lejos de todo barniz
“republicano” e “institucionalista”, su flamante gestión se propone brindarle
un sentido homenaje a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 (dictada por Videla
y Martínez de Hoz en 1980 y vigente hasta 2009), que durante décadas fue
aplicada por sucesivos “interventores” del COMFER.
Esa misma “ley”, con sus modificaciones en democracia, permitió la
conformación de un puñado de poderosos conglomerados mediáticos. Entre ellos,
obviamente, el Grupo Clarín, el mismo que ahora festeja sin disimulo cada nueva
intervención arbitraria del gobierno de Macri. Un gobierno que, como afirmó
Myriam Bregman, arrancó a decreto limpio “pasando por encima de cualquier
mínima discusión democrática en el Congreso”.
¿Te acordás hermano...?
Muy lejos quedaron los tiempos en que Martín Sabbatella y Oscar “el Milico”
Aguad compartían proyecto político. En diciembre de 1999 ambos integraron la
Alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia. Por entonces el joven del PC
asumía como intendente de Morón y el radical cordobés se sumaba a la
intervención de la provincia de Corrientes (de donde se iría en 2001 con una
denuncia por el robo de 60 millones de dólares).
Dieciseis años después Sabbatella y Aguad se encuentran enfrentados y en el
centro de la tormenta. Mientras el ex intendente de Morón se niega a dejar su
cargo al frente del organismo intervenido, el Ministro de Comunicaciones encara
la intervención a cara de perro.
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