Cuarenta años
después...
Por primera vez en un siglo de democracia
representativa con voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal
llega al gobierno en forma legal. Si 2016 no es 1916, tampoco puede equipararse
a 1976, cuando los mismos intereses impusieron a sangre y fuego la remodelación
de la sociedad argentina. De Videla a Macrì, un largo y accidentado camino. La
Procuración General y el caso Avila: los límites que no pueden evadirse en
democracia. Los juicios y el
poder económico.
El próximo jueves, por primera vez en el siglo transcurrido desde que se
celebran elecciones por el voto universal y secreto, un partido de la derecha
patronal alcanzará el gobierno por medios legales y no derribando a golpes
instituciones y derechos.
El miércoles pasado, Cristina Fernández de Kirchner promulgó en la EXma la
ley 27217 que crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral “de
Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última
dictadura militar”. Al día siguiente, se presentó en el auditorio Emilio
Mignone de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) un
monumental informe de mil páginas sobre la responsabilidad empresarial en
delitos de lesa humanidad.
Un ejemplar ya fue entregado al fiscal general Jorge Auat, titular de la
Procuradoría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público y a su
adjunta Carolina Varsky, y la semana próxima recibirá el suyo el diputado
Héctor Recalde, autor del proyecto por el que se creó la Comisión Bicameral. La
relación entre estos hechos es evidente, pero indirecta, porque ni 2016 es
1976, ni Macrì es Videla, por más que representen intereses afines, aunque no
idénticos.
Es difícil imaginar un momento más oportuno que ahora para una reflexión al
respecto. El objeto de la Comisión Bicameral será “la búsqueda de la verdad, la
memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones
de la democracia”. Su informe final describirá las consecuencias de las
políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera de entonces
e identificará a los actores económicos y técnicos que “contribuyeron y/o se
beneficiaron” con esas políticas.
Responsables, no cómplices
El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por el programa
Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, el área de economía y tecnología de FLACSO y
el CELS. La responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez
Alcorta, dijo que se relevaron fuentes documentales, de prensa, bibliográficas
y judiciales, nacionales y provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
de los ministerios de Defensa y de Trabajo y de las instituciones parte de la
investigación.
Se compiló un listado inicial de 200 empresas cuyos trabajadores fueron
víctimas de la represión del terrorismo de estado, de las cuales se
seleccionaron luego 25, de distintas actividades económicas y regiones del
país, a las que el Ejército atribuyera importancia especial. El equipo de
trabajo describió los distintos aportes empresariales que habilitaron,
exacerbaron o facilitaron la comisión de los delitos y cuantificó en qué
cantidad de casos se produjo cada uno de esos aportes. La práctica más
frecuente fue en nueve de cada diez casos el despido, la renuncia forzada y el
secuestro de obreros activistas. Le siguieron, en orden decreciente la entrega
a las fuerzas represivas de listas de delegados e información privada de los trabajadores;
la presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento
dentro de las fábricas; la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de
Seguridad en cargos directivos en las empresas; la infiltración de agentes de
Inteligencia entre los trabajadores; los operativos militares dentro de los
predios fabriles; la presencia de cuadros empresariales en las detenciones
secuestros o torturas a sus trabajadores; la instalación de las fuerzas
represivas dentro de las fábricas; el empleo de vehículos de la empresa en
operativos de detención y secuestro; el control del ingreso a la planta por
fuerzas militares; la intervención militar en conflictos a solicitud de los
directivos de las empresas; la detención de trabajadores en el camino entre la
empresa y su domicilio y, en uno de cada cuatro casos, el funcionamiento de
campos clandestinos de concentración en establecimientos de la empresa. Todo
esto impide referirse a complicidad o participación en delitos cometidos por
otros, ya que lo que existió fue responsabilidad de un sector patronal en los
crímenes cometidos contra sus trabajadores.
Eduardo Basualdo consideró que esta caracterización constituye un salto
cualitativo en el conocimiento de la participación empresarial en la dictadura,
que destruyó la industria y el empleo y abrió paso a un nuevo patrón de
acumulación de capital basado en la valorización financiera. El subsecretario
de política criminal Luciano Hazan destacó que no basta con el compromiso del
presidente electo de no interferir con el avance de los juicios, ya que cuando
se trata de la patronal la reticencia de los jueces requiere de un compromiso
activo del Estado, a través de sus distintas dependencias, relevando y
suministrando información. Y el secretario de derechos humanos Martín Fresneda
hizo una semblanza emocional de su padre, detenido-desaparecido en la trágica
Noche de las Corbatas por ser abogado defensor de trabajadores. El mismo día
fue asesinado Norberto Centeno, coautor de la ley de contrato de trabajo, una de
las primeras que avasalló la Junta Militar. Al concluir la dictadura la
participación de los trabajadores en el ingreso había caído al 22 por ciento,
el mismo porcentaje del peso de la industria (que perdió 20 mil fábricas) en el
total de la economía. Ése fue el programa regresivo que no pudieron implantar
en 1955 ni 1966, y que en 1976 requirió el empleo de una fuerza sin límites
para quebrar esa resistencia y golpear las bases materiales de un proyecto
nacional y popular.
Tomar distancia
Tanto en el informe de la CONADEP de 1984 como en el
juicio a las Juntas Militares de 1985, se incluyeron varios casos de
complicidad empresarial. Pero la política criminal de entonces sólo permitía
avanzar contra quienes ejercieron la comandancia en jefe de alguna de las tres
Fuerzas Armadas. El gobierno era débil y el neoliberalismo prevalecía en el
mundo, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en su apogeo. No obstante, el
presidente Raúl Alfonsín consiguió con estas herramientas interrumpir el
círculo vicioso de los golpes de Estado. Ocupados en defenderse ante los
tribunales, los militares no tuvieron tiempo y ánimo para opinar de la política
económica o cultural, sobre el largo de las faldas de las mujeres y el pelo de
los hombres como venía ocurriendo desde 1930. Ese diseño contribuyó a aislar a
los ex Comandantes que fueron abandonados por sus socios civiles.
El 22 de abril de 1985 se realizó la primera audiencia
del juicio a Videla, Massera & Compañía. La noche anterior, el presidente
recibió en Olivos a quince grandes empresarios, a quienes por entonces se
conocía como capitanes de la industria. Introducidos en el entorno presidencial
por el canciller Dante Caputo, aseveraron que sólo concebían el desarrollo de
sus empresas dentro del sistema democrático por lo que no harían nada para
obstaculizar el juicio. Luego reclamaron un cambio drástico de política, cuyo
costo sólo podía ser asumido por el Presidente. Su ministro económico Bernardo
Grinspun, tal vez sin mayor comprensión de los cambios estructurales producidos
pero con indudable buena fe, había querido reparar el tejido industrial
desgarrado durante la dictadura y la respuesta que halló fue una creciente
inflación.
El presidente convocó a un acto en defensa de la
democracia en peligro, pero su discurso ante la multitud que acudió en su
auxilio proclamó la economía de guerra contra el salario, que se concretaría
con la remoción de Grinspun y el Plan Austral. Una flamante procesadora de
texto apareció de un día para otro en la Cámara Federal, que hasta entonces tenía
escasos recursos para llevar a cabo su tarea descomunal. La versión que
circulaba en los tribunales era que se trató de una gentileza del grupo
Bulgheroni. El 29 de mayo de 1991, ya retirado de la Justicia, el camarista y
luego Procurador General Andrés D’Alessio, reveló su verdadero origen. Uno de
los miembros del tribunal, Jorge Valerga Aráoz, le preguntó a su amigo Osvaldo
Pérez Cortés quién podría prestarles un equipo moderno. Pérez Cortés presidió
la Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación durante la
dictadura, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Informática
Jurídica durante 1983 y 1984 y Gerente Legal de Asuntos Contractuales y
Contencioso Administrativo de Sideco Americana, desde marzo de 1984.
En respuesta a la consulta de Valerga Aráoz, Pérez Cortés
regaló la procesadora de texto a la Cámara Federal en nombre de Sideco
Americana. Su gerente general era Maurizio Macrì. No es de extrañar que la
investigación a los instigadores, cómplices y beneficiarios civiles de la dictadura
no fuera contemplada ni siquiera en el considerando 12 y el punto 30 de la
sentencia de 1985, que ordenó el enjuiciamiento no sólo de los ex Comandantes
sino también “de los oficiales superiores que ocuparon los Comandos de Zonas y
Subzonas de Defensa”, de “todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa
en las acciones”, de “quienes por su ubicación en la cadena de mandos
conocieron de la ilicitud del sistema”, o cometieron hechos aberrantes o
atroces. Ni una palabra del poder económico. El juicio pudo realizarse sin
riesgo de descarrilamiento institucional pero dejó una democracia castrada que
no supo, no quiso o no pudo demasiadas cosas fundamentales.
Luego de la bancarrota del gobierno radical, que debió
dejar el poder antes de tiempo en medio de una crisis hiperinflacionaria y de
saqueos, los grupos económicos emergentes como el nuevo poder participaron con
entusiasmo en el desguace del Estado. Cuando Carlos Menem accedió a la
presidencia, Pérez Cortés fue uno de los hombres que el grupo Macrì colocó en
el Poder Ejecutivo, primero como Subsecretario de Asuntos Legales de la
Presidencia de la Nación y luego asesor de gabinete del Ministerio del
Interior. En la actualidad, el ex camarista Valerga Aráoz es el abogado
defensor de Carlos Blaquier, principal accionista de una de las empresas
investigadas, el Ingenio Ledesma.
Crisis de fin de siglo
Recién cuando ese proceso hubo concluido y una acelerada fuga de capitales
precipitó la crisis de fin de siglo, fue posible reabrir los juicios que
Alfonsín y Menem habían cerrado con las leyes y decretos de impunidad y pensar
en el análisis y eventual enjuiciamiento de la responsabilidad empresarial. Al
mismo tiempo se recuperaron niveles de ocupación y de ingresos durante una
sostenida reindustrialización.
Según la CAME, a partir de 2003 se crearon cerca de 19.000 nuevas
industrias y por cualquier medición que se consulte, la participación de los
trabajadores en el producto volvió a crecer: al 51 por ciento para el
inverosímil INDEC; al 39 por ciento para el centro de estudios CIFRA, de la
CTA; al 42,4 por ciento según el Centro de Población, Economía y Desarrollo de
la UBA(CEPED), que dirige Javier Lindenboim; al 42,9 por ciento para el
Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular, que conduce
Claudio Lozano.
Un trabajo que CIFRA difundió esta semana como balance de la década
sostiene que “la alianza de partidos ubicados a la derecha del espectro
político” que está a punto de asumir el gobierno representa a una “fracción del
capital que sigue enarbolando un proyecto excluyente que ya no estaría basado
en la valorización financiera sino en la producción agroindustrial bajo el
paradigma sojero, así como en un nuevo ciclo del endeudamiento externo a partir
de pagarle a los fondos buitre y de devaluar la moneda con el consiguiente
efecto negativo sobre los salarios, la ocupación y la distribución del
ingreso”.
En marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribió en la célebre Carta Abierta a la
Junta Militar que el peor crimen de la dictadura era la miseria planificada de
millones, impuesta por los métodos más despiadados. Demasiado se viene hablando
de las similitudes entre el gobierno de 1976 y el que comenzará el jueves. Los
nombres de muchos funcionarios designados (como el jefe de personal de Telecom
Marcelo Villegas que será ministro de Trabajo del Hada Buena en Buenos Aires)
sugieren que los objetivos económico-sociales no son muy distintos.
Pero no hay que perder de vista las diferencias. Ni el inminente
oficialismo ni la nueva oposición estarán en condiciones de ignorar los límites
y restricciones que la democracia impone a la derecha que por primera vez ha
ganado una elección limpia, como aún antes de la asunción lo demostró el caso
de Juan Cruz Avila.
© Escrito por Horacio Vertbisky el domingo 06/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Responsabilidad
empresarial en delitos de lesa humanidad.
