Causas pendientes…

2x1= -3 Elena Highton de Nolasco. Foto: Pablo Temes

La Corte debe atender sus cuentas internas, además del 2x1. Denuncias made in Brasil.

Hacía mucho tiempo que el Congreso no era protagonista central de la vida institucional del país. Ese rol lo retomó en la semana que pasó cuando, con conciencia política, apuró la sanción de un instrumento legal que clausura definitivamente la posibilidad de aplicar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

La marcha del miércoles fue un hecho contundente. El repudio social terminó de legitimar las críticas a la aplicación del 2x1 que ya habían sido expresadas por la mayoría del arco político y por muchos de los integrantes del Poder Judicial. La aprobación en forma unánime por parte del Congreso de la norma mencionada en el párrafo anterior sirvió para bajarle el volumen político al documento que en la Plaza de Mayo leyeron Tati Almeida, Nora Cortiñas, Lita Boitano y Estela de Carlotto.

Un experimentado juez acostumbrado al diálogo y a la generación de consensos expresó lo que está en la mente de muchos miembros de la Justicia: “El fallo fue desastroso, innecesario e incomprensible. Para ser juez supremo, además de un conocimiento técnico sostenido, hay que tener cintura política. El prestigio de esta Corte se acabó por los tres que votaron de forma extraña”.

En los pasillos de muchos tribunales se piensa que Elena Highton de Nolasco –la ministra que junto a sus pares Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz votaron a favor de otorgar el beneficio del 2X1 al condenado Luis Muiña– deberá hacer malabarismos para permanecer en su cargo porque ahora tiene puesta sobre sí la lupa del bloque peronista del Senado. La especulación política sobre el porqué del fallo y su oportunidad estuvo a la orden del día.

¿Tuvo Mauricio Macri algo que ver con el fallo? Tres fuentes distintas que conocen al dedillo lo que pasa en el seno de la Corte coincidieron en una respuesta: “No”. De todas maneras, el Presidente reaccionó tardíamente. Su rechazo al fallo debió haber sido inmediato. En el interior de la Corte se vive un estado de revuelo como hacía mucho tiempo no se veía. Sobre sus miembros también recae la sospecha de maniobras con trasfondo político. Del lado del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti –cuyo voto, que terminó siendo el más razonable en cuanto a los argumentos lo dejó, junto con Juan Carlos Maqueda, mejor parado ante la opinión pública–, parecería demasiado rebuscado pensar el fallo como una jugada para conservar el poder.

El día de acuerdo de la Corte, los secretarios letrados acercan a la sala las fojas con las decisiones para su revisión y firma final. No es usual que un juez deje firmado de antemano un fallo de esta envergadura, es decir que todos pudieron revisarlo y firmarlo. Por lo tanto, si algún ministro advirtiera o sospechara una maniobra conspirativa tendría la oportunidad de discutirla con sus pares. Además, los jueces del voto mayoritario no son tan ingenuos.

“Del lado de los tres jueces que conformaron la mayoría –asegura otra fuente de vasto conocimiento de los pasillos de Talcahuano 550– sería un costo muy alto para una maniobra política. Aunque hay quienes miran de reojo su insistencia para tratar el expediente, cuando no había apuro para hacerlo”. En esa línea dos de los tres ministros que firmaron fueron Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Uno fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kirchner entre 2004 y 2005, la otra, nombrada por el mismo presidente en 2004.

Cuando parecía que el fin de la semana traería alivio para el Gobierno, se reabrió el caso que compromete a Gustavo Arribas.

Repasémoslo brevemente. La causa se inicia por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, a raíz de una publicación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, en la que se manifiesta que el actual jefe de inteligencia argentino recibió en cuentas suyas en Suiza por lo menos cinco transferencias por US$ 600 mil de parte de Leonardo Meirelles, operador financiero condenado en Brasil por el escandaloso Lava Jato.

La causa cayó en manos del fiscal Federico Delgado y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Para demostrar efectivamente dichas transferencias era necesario por lo menos tomar dos medidas de prueba: por un lado, pedir al banco suizo los movimientos bancarios de Arribas y por otro, pedir la declaración del arrepentido Meirelles como testigo. El fiscal Delgado impulsó la investigación y le pidió al juez que se realizaran estas medidas que, sin embargo, no fueron efectuadas. Dos meses después de iniciada la causa, el juez Canicoba Corral sobreseyó a Arribas. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Sostuvo que el fiscal había propuesto “una investigación abierta”, con lo cual faltaba un delito concreto para imputarle a Arribas.

Todo se da en el marco de múltiples investigaciones relacionadas al posible pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. La causa mayor es la del presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña a funcionarios de nuestro país en el marco del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi.

El contrato del soterramiento lo ganó una unión transitoria de empresas que, además de Odebrecht, integraron Iecsa (en ese momento empresa de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y Comsa-EMTE. Es curioso que la declaración de Meirelles se dé en la causa que parece ser la menos trascendente de todas, la de Aysa. Por eso será que cuando les preguntaron a los arrepentidos si conocían a Carlos Ben (presidente de Aysa) o si recordaban algo de la planta de Aysa dijeron que no.

Pero lo más llamativo es que no recordaban ningún nombre salvo el de Gustavo Arribas. Es decir, al ser consultados por Julio De Vido, por Ricardo Jaime o por José López (los investigados en la causa a cargo de Martínez de Giorgi) ninguno reconoció conocerlos ni recordar sus nombres. De todos modos, no cerraron la puerta respecto de la participación de ellos; sostuvieron que van a chequear la documentación y ver los nombres.

Todas estas incógnitas deberán ser esclarecidas por la Justicia. Mientras tanto, la situación de Arribas es complicada. La reapertura de la investigación ha sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal en lo Penal y Correccional integrada por el cuestionado juez Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglio. También Elisa Carrió y Graciela Ocaña, flamante incorporación de Cambiemos, pidieron lo mismo. El Presidente está en problemas.

Producción periodística: Santiago Serra, con la contribución de Lucía Lopreiato. 

Zigzag entre España y Brasil… @dealgunamanera...

Zigzag entre España y Brasil…

Jefe espía. Gustavo Arribas. Foto: Pablo Temes.

Macri se ilusiona con empresarios europeos y sufre con los coletazos de juicios vecinos.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 26/02/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trío que forman Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui constituye una barrera inexpugnable que complica la comunicación con Mauricio”, reconoce con expresión de fastidio un dirigente que pertenece a la génesis del PRO, y agrega: “Recién después del sacudón producido por el asunto del Correo, lo observé (a Macri) con actitud de escucharnos a todos”.

El Correogate le ha pegado duro al Gobierno. Más allá de las explicaciones hasta aquí dadas, una encuesta que maneja el entorno del Presidente le muestra una caída de su imagen que rondaría los nueve puntos junto a un efecto colateral que agrava la preocupación: también la imagen de María Eugenia Vidal se ve perjudicada por el affaire.

Por eso, el lunes pasado, antes de partir hacia España, Macri se reunió con una mesa chica para realizar un análisis político del nuevo escenario que ha generado el escándalo del Correo, que se vio aun peor por el caso de Avianca, la low cost que comenzará a operar en el mercado aerocomercial argentino, en el que aparece involucrado otra vez Franco Macri.

Participaron de ese núcleo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gobernadora de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Como ocurre en todo gobierno, a éste también lo atraviesan las inevitables alternativas de las internas. La puja de egos de la actual administración es mucha.

Como lo describe el testimonio con que abre esta columna, el trío Peña-Quintana-Lopetegui genera la tirria y el enojo de la mayoría de los miembros del gabinete. “Les falta calle y, encima, son soberbios”, se quejaba días pasados un encumbrado ministro. Quienes han hablado con el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, le han escuchado adjudicar el innecesario conflicto con la Asociación Bancaria a la miopía de Gustavo Lopetegui.

El viaje a Madrid puso a Macri frente a una realidad compleja: relanzó la relación bilateral severamente dañada durante los doce años del kirchnerato y cosechó la aprobación de la crema empresarial española. Sin embargo, no hubo ninguna concreción significativa ni atisbo de que la vaya a haber en el futuro inmediato. La razón es muy simple: la incertidumbre política. El de Macri es un gobierno débil desde el punto de vista de su poder institucional. Es el primero que, desde la recuperación de la democracia, en 1983, no domina ninguna de las dos cámaras del Congreso y que enfrenta la necesidad de asegurar una perspectiva de permanencia en el poder para concretar los cambios estructurales a los que aspira. 

Para eso debería contar con una cuota de poder mayor –no para imponer sino para negociar acuerdos con las fuerzas de la oposición– sobre los planes que tiene para la Argentina después de doce años de un gobierno populista. Esta incertidumbre política es la que está frenando las inversiones que requiere el país para reactivar una economía que no termina de arrancar. Para el oficialismo, las elecciones legislativas de octubre venidero serán claves. Si no gana, la gobernabilidad de sus dos últimos años de gestión será muy difícil.

Los indicadores económicos no le sonríen ni al Gobierno ni a la gente. La actividad industrial en enero cayó un 1,1%, el costo de los alimentos no para de subir. En muchos casos, el plan de precios transparentes no ha servido ni para hacer los precios transparentes ni para que bajen. Muy por el contrario, hasta aquí los más favorecidos son los que más tienen. A todo esto hay que sumar los despidos y los aumentos de las tarifas, frente a los que algunos funcionarios se colocan como si fueran simples comentaristas de la realidad.

En el diálogo que Macri mantuvo con Mario Vargas Llosa en Madrid, mencionó el caso Odebrecht. “Nada contribuyó tanto a conocer la corrupción como el caso Odebrecht”, dijo. Las novedades judiciales en la Argentina en las que ya están implicados Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez tienen como uno de los funcionarios bajo sospecha al titular de la Agencia Federal de investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. En la causa que lleva el fiscal federal Federico Delgado, se espera mayor celeridad de parte del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El Lava Jato avanza en toda América Latina menos en la Argentina. Hay falta de acción de todos los costados. En lo judicial pareciera ser el único lugar donde no hay grieta.

Los arrepentidos están contando todo en Brasil, uno de los que hablan es el CEO para Argentina, lo que debería hacer Canicoba Corral es pedir al país vecino interrogarlo. Pero en la Argentina los jueces no pueden hacer pedidos al exterior directamente: como son relaciones de Estado a Estado, se hace a través del Poder Ejecutivo, vía Cancillería. El acuerdo que se firmó en Brasil sostiene que los arrepentidos van a colaborar con todos los países que se vieron involucrados. Dicho acuerdo es de colaboración recíproca hasta junio; si alguien quisiera demorar las cosas, sólo lo lograría hasta esa fecha. De todos modos, antes, la Argentina podría pedir el interrogatorio y automáticamente se lo darían. Hay que comparar con Panamá y Colombia, en donde hubo avances que aquí brillan por su ausencia.

Leonardo Meirelles, el operador cambiario “arrepentido”, declaró haber transferido US$ 594.518 mediante cinco transferencias a la cuenta de Arribas en el Credit Suisse, utilizando para hacer el depósito una empresa que la Justicia brasileña ya dictaminó como “fantasma” constituida solamente para pagar sobornos. Lo único que habría que linkear es si esas transferencias tienen vínculo o no con el soterramiento del Sarmiento. Hay que recordar que uno de los socios de la obra es Angelo Calcaterra, primo de Macri. El enlace no es difícil de hacer. Si la plata de Suiza no hubiese llegado a la Argentina, el delito no se juzgaría acá, pero sí en Brasil.

Envalentonados por estos avatares judiciales que complican al Gobierno, un grupo de 15 diputados del Frente para la Victoria decidió pedir el juicio político de Macri por “responsabilidad en el mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Resulta curiosa esta iniciativa visto lo que fueron los doce años del kirchnerato, plagados de delitos de corrupción frente a los que ninguno de los firmantes nada hizo. Es, una vez más, la evidencia contundente de la doble moral del kirchnerismo.

Producción periodística: Santiago Serra.