Minería: Saquear la belleza en Laguna Brava…
Laguna Brava. Foto: Nueva Rioja
Hasta hace poco la reserva de Laguna Brava era un área protegida, pero
el gobierno de La Rioja autorizó varios emprendimientos mineros que pondrán en
peligro la singularidad y belleza de la zona.
Es difícil describir el encanto de Laguna Brava. Ni siquiera
unas cuantas fotos pueden dar cuenta del oasis que significa este paraje
ubicado en La Rioja: lagunas aturquesadas, cerros multicolores que forman parte
de la extensa área cordillerana, rosados flamencos y vicuñas circulando a campo
traviesa, configuran una de las maravillas naturales de las áridas tierras
riojanas. Sobre este lugar inhóspito, casi desconocido, salvo por los lugareños
y los representantes más intrépidos del turismo vernáculo e internacional, se
cierne la amenaza de emergentes proyectos mineros. Por su singularidad, esta
reserva fue incluida en 2003 dentro de los Humedales de Importancia
Internacional, mediante la Convención conocida como Ramsar, un tratado
intergubernamental para fomentar la conservación y el “uso racional” de sus
recursos naturales. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente provincial parece
desconocer la importancia ambiental de la zona, ya que habilitó la presencia de
empresas dedicadas a actividades mineras en el lugar.
La Resolución firmada a fines de agosto por el titular del
organismo, Nito Antonio Brizuela, declara el predio como “Reserva de usos
múltiples” y establece “un régimen de uso -para amalgamar- el mantenimiento de
sus condiciones con los requerimientos de un equilibrado uso extractivo”. La
normativa dedica extensos artículos regulatorios para actividades turísticas y
científicas, e incluye un escueto apartado vinculado a las mineras. “Nosotros
sabemos que a partir del año 2011 el gobierno empezó a entregar diferentes
partes del territorio que está protegido por ley. Hace poquito, a través de una
legislación empieza a hablarse de una protección, pero que termina después
habilitando el trasporte minero, que sabemos que siempre es de gran porte y que
es mucho más agresivo que cualquier otro tipo de transporte de turismo, que era
el que se estaba tratando de reglamentar, cambiándole la condición legal que
tenía antes este sitio”, explica Lucia Avila de la Asamblea de vecinos de La
Rioja Capital. Poco tiempo después de conocer la noticia, los vecinos
autoconvocados accedieron a través del Boletín Oficial, a información sobre
autorizaciones para que las empresas comenzaran actividades de exploración en
Laguna Brava. Los últimos permisos fueron los de “El Leoncito Norte” y “El
leoncito sur”, que se suman a otros previamente otorgados desde 2006. En total,
la Asamblea de La Rioja estima que los emprendimientos abarcaran 180 mil
hectáreas, casi la mitad de la reserva.
Guillermo Lingua, de la Dirección de Recursos Ictícolas y
Acuícolas de la Secretaría de Ambiente Nacional reconoce que desde nación, se
conoció la decisión de la provincia hace pocos días por medio de la prensa y
dio cuenta de una problemática conocida: “Cuando se incluyó Laguna Brava,
nosotros y en la provincia misma teníamos claro todos los pedimentos mineros
que había sobre el área. Tenemos que ver qué va a hacer la provincia respecto
del sitio RAMSAR. Se va a desarrollar un proceso de consulta con la provincia y
de trabajo coordinado para que, si bien la minería se puede desarrollar en
algún lugar, no afecte las condiciones ecológicas del sitio por las que fue
incluido en la lista”, aclaró.
Cada sitio protegido debe su inclusión en el listado
internacional a ciertos criterios. En el caso de la Laguna Brava, más allá del
valor paisajístico, el objeto de conservación son las lagunas de altura, con su
contenido de biodiversidad: las vicuñas, los flamencos y el patrimonio
histórico asociado. La minería a cielo abierto constituye uno de los
principales factores que modificarán inexorablemente sus características más
valiosas: “Es complicado porque la minería modifica las condiciones
morfológicas del terreno y en el caso de la extracción de litio, opera sobre
los mismo salares. En este caso particular, dependerá en qué zona: si es sobre
la Laguna Brava, o Laguna Muerta, o sobre alguna de las lagunas, obviamente
vamos a entrar en conflicto con eso porque la realidad es que la actividad
extractiva modifica esas condiciones ecológicas”, declaró Lingua. En los
edictos publicados por las autoridades provinciales no se da detalle sobre las
características de los proyectos, ni sobre los metales que se extraerían en
cada caso.
La normativa que reglamenta la actividad en Laguna Brava
solo exige como requisitos una autorización que indique la cantidad de
personas, el nombre completo, DNI, fecha de inicio de actividades y tiempo de
permanencia en la Reserva, además de una Declaración de Impacto Ambiental.
Condiciones más laxas, incluso comparadas a actividades científicas, para las
que se exige toda una batería de formalidades como autorizaciones, aval de la
institución, demostrar la relevancia del proyecto, justificar su necesidad,
etc. En el sitio oficial de la Secretaría dirigida por Brizuela no se publicó
ningún informe de impacto ambiental relativo a estos proyectos. “Te puedo
asegurar que los informes de impacto ambiental no son para la ciudadanía.
Cuando hemos buscado la información de todos los emprendimientos que se
denunciaron que se iban a hacer, nunca hemos accedido. Además, los informes son
elaborados por empresas dedicadas al estudio ambiental que la propia Secretaría
de Medio Ambiente autoriza hacer, entonces, imaginamos este filtro de una
secretaría ambiental pro minera que hasta desmiente que hay galciares en la
provincia”, sostiene Lucia Avila. Además, la resolución advierte los aranceles
para las actividades “susceptibles de degradar al ambiente” y prevé $2500 por mes
para el uso minero, mientras que cada persona que ingrese con fines turísticos
deberá abonar $25, sin aclarar cuál es el criterio para establecer esos montos.
Plazademayo.com intentó comunicarse con Nito Brizuela en varias oportunidades
pero no obtuvo respuesta.
Pocas son las medidas que puede adoptar la Secretaría de
Ambiente nacional ante esta situación. Con la federalización de los recursos
naturales desde la reforma constitucional de 1994, el ámbito de acción quedó
relegado a las provincias. Si bien en este caso existe la obligación de no
modificar las condiciones ecológicas del lugar, previstas por el tratado
internacional, la Convención RAMSAR nunca fue reglamentada y, por lo tanto, no
se cuenta con un procedimiento adecuado para actuar en estos casos.
Ante la debilidad de una respuesta institucional, las
asambleas de autoconvocados planean llevar adelante acciones para frenar esta
iniciativa: “Estamos hablando de una reserva de agua y eso es lo que hay que
defender: es la razón de ser de las asambleas, defender el recurso del agua
frente a la minería”, concluye Lucía Avila. La lucha recrudece en La Rioja ya
que la noticia de Laguna Brava es el último capítulo de una serie de afrentas
contra los recursos naturales que comenzó en Famatina y promete extenderse a
varios puntos de la provincia liderada por Luis Beder Herrera.
© Escrito por Marina
Dragonetti (@misantapeluca) y publicado en plazademayo.com el jueves 4 de
Octubre de 2012.
