Argentina debe responder en la ONU a 118
recomendaciones por DDHH…
Presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Violencia de género,
legalización del aborto y libertad de expresión son algunos de los temas
cuestionados.
Desde Ginebra. La
comparecencia de Argentina está agendada para el próximo 13 de marzo, en la
tercera semana de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, que comienza sus deliberaciones el próximo lunes en Ginebra. Ese día está prevista la intervención del
Canciller Héctor Timerman, en la cual es posible que revele las prioridades del
gobierno para 2013 en la materia. Una quincena más tarde, el Secretario de
Estado para Derechos Humanos, Martín Fresneda, encabezaría la delegación
encargada de aceptar, rechazar o considerar que ya está implementando las 118
recomendaciones formuladas por 56 países el 29 de octubre pasado.
Estas recomendaciones son el resultado del
Examen Periódico Universal (EPU) que Naciones Unidas somete de forma escalonada
una vez cada 4 años a todos sus 193 Estados miembros, en reuniones abiertas
donde los países que así lo estimen formulan alabanzas, críticas, y sacan
conclusiones en un “dialogo interactivo” con el país examinado, que luego se
refleja en un informe. El documento oficial respecto a lo debatido en torno a
la Argentina debe aprobarse el 13 de marzo venidero, cuya versión en castellano
acaba de ser publicada por la ONU en Ginebra.
Compuesto por 47 países elegidos por el voto
secreto de la Asamblea General de la ONU, que se van rotando anualmente según
una distribución por regiones del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU integra este año a 8 países latinoamericanos, entre ellos la Argentina,
además de Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. La
presente sesión finalizara el 22 de marzo 2013.
Máximo órgano en los temas de derechos
individuales y libertades publicas, la jurispriudencia del Consejo consagra que
los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y están
interconectados. Estipula que carecen de jerarquía, y el presunto respeto de
unos no puede llevarse a cabo habilitando la supuesta transgresión o en
detrimento de otros.
Al margen del orden cronológico del informe,
por su volumen destaca una larga serie de recomendaciones planteadas por 30
países las cuales significan peticiones
para garantizar los derechos de la mujer, contra la violencia que padecen -en
particular doméstica- no violar sus derechos sexuales y reproductivos,
erradicar la trata y discriminación de las que suelen ser objeto, endurecer la
penas y avanzar por la emancipación de la mujer y “la incorporación del delito
de feminicidio en el Código Penal” (Moldova, Indonesia, Ecuador, Libia,
Malasia, Singapur, Belarús, Iraq, Sri Lanka y Perú).
Costa Rica reclama para las mujeres “servicios
amplios y gratuitos de asistencia jurídica, atención sicológica y refugios”.
Grecia y Marruecos piden “responder mejor al problema de la violencia
doméstica”. Países Bajos sugiere “analizar las causas de la impunidad … y
asignar fondos y personal para atacar esas causas”. Noruega espera la creación
de “un corpus integral de datos estadísticos sobre violencia de genero en todo
el país”. Gran Bretaña insta a publicar los datos “fiables” que recoja un
órgano con “mandato”. Palestina aguarda “la aplicación efectiva de la
legislación de prevención y sanción” de esa violencia. Portugal reivindica
“sanciones de los agresores” y “un plan de acción nacional para la prevención”.
En tal sentido España llama a un “compromiso
de todas las instancias del Estado en la lucha contra la violencia de género,
con el fin de reducir el número de muertes”. Venezuela insta a continuar
“avanzando en el ámbito de (esa) lucha y prevenir la trata de personas”,
Argelia apela a consolidar aquella lucha y “contra todas las formas de
discriminación”, mientras que Canadá precisa la necesidad de “seguir adoptando
medidas”, Trinidad y Tobago propone facilitar “el acceso de las víctimas a la
justicia y a un amplia gama de servicios gratuitos”, a lo que se suma
Australia. Eslovaquia subraya el imperativo de prevención y castigo de la
violencia contra las mujeres y la trata. Francia adhiere y amplia a la lucha
“contra los estereotipos misóginos”
A su vez, seis países europeos abundan por un
“pleno reconocimiento de los derechos reproductivos” (Francia), por el “respeto
a la decisión de la Corte Suprema del 12 de marzo de 2012 que las mujeres y
niñas víctimas de una violación tengan posibilidad efectiva de abortar en
condiciones de seguridad y legalidad” (Alemania y Noruega), en tanto que Países
Bajos y Noruega invitan a tomar “medidas” para reducir la mortalidad y
morbilidad maternas e infantil, “consecuencia de lo abortos practicados en
condiciones peligrosas”. Para Eslovenia debe haber un pleno “acceso a productos
y servicios de salud reproductiva, y Suiza demanda “la aplicación efectiva de
la guía técnica para la atención de los abortos no punibles à nivel nacional”.
Uruguay puntualiza que se refuercen “disposiciones jurídicas y administrativas
existentes que garanticen la salud sexual y reproductiva”.
Al mismo tiempo, once recomendaciones
encomiendan mejorar “las condiciones de detención en las prisiones” (Alemania).
Invitan al “cumplimiento de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de los reclusos” (Hungría”). Alientan a “continuar los esfuerzos
destinados a reducir el hacinamiento y violencia en las” cárceles (India,
Marruecos, Eslovenia, España y Argelia), en favor de un sistema penitenciario
acorde con “normas internacionales” (México, Eslovaquia, Suiza y Austria), y
agentes de policía y fuerzas del orden debidamente educadas y formadas en
derechos humanos (Costa Rica) .
Paralelamente, ocho países occidentales se
refieren a la libertad de expresión. Bélgica a favor de « aprobar legislación
exhaustiva sobre acceso a la información pública y promulgar una ley que
abarque las tres ramas del poder », Canadá para que se legisle en cuanto « al
acceso a la información y establecer mecanismos que faciliten el acceso del
público a la información, con arreglo a practicas optimas”, Suiza por la
promulgación de “una nueva ley de acceso a la información pública que se ajuste
a las normas internacionales”, a lo que Noruega agrega la creación “de un
órgano independiente y autónomo” que lo garantice.
Alemania le solicita a la Argentina que vele
por la libertad de expresión y de prensa “en todo momento”. España aboga por la
“pluralidad de los medios de comunicación”. Australia por la “protección de los
periodistas” y Estados Unidos sostiene que se debe “observar y aplicar las
decisiones de la Corte Suprema relativas a los artículos de la Ley de servicios
de comunicación audiovisual que todavía son objeto de debate”.
Desafios en los derechos de los discapacitados
son señalados por Malasia, Omán, Eslovaquia, España, Jordania, Armenia,
Venezuela, Estados Unidos y Tailandia. Rusia, Honduras, Iraq y Trinidad y
Tobago requirieron un Defensor para los derechos de los Niños, Niñas y
Adolecentes. Merecen peticiones específicas los derechos de los migrantes,
extendiendo los beneficios de la Asignación Universal por Hijo (Austria,
Pakistan, Venezuela, Omán, Bolivia, Armenia y Belarús), de los
afrodescendientes (Nicaragua y Tunez), de los ancianos (Brasil) y de los
refugiados (Belarús). Por una profundización del derecho a la educación se
pronuncian China y Cuba. Falencias para con los pueblos indígenas son evocadas
por Grecia, Perú, España, México y Omán. Sudáfrica llega incluso a plantearle a
la Argentina que se proclame “Estado multiétnico” y que reconozca la “memoria
histórica” de los “afroargentinos”.
Los mecanismos de control para combatir la
tortura, en línea con los instrumentos internacionales ratificados por
Argentina, figuran en las observaciones de Brasil, Estados Unidos, Honduras,
Túnez y Reino Unido, y que sus “víctimas obtengan reparación”, (Belarús,
Eslovaquia, Túnez y Austria). Armenia instó a “proseguir los esfuerzos para
enjuiciar los autores de delitos de lesa humanidad”, y Perú a “continuar
desarrollando una política de Estado basada en los pilares históricos del
movimiento de derechos humanos de la Argentina: memoria, verdad y justicia”.
© Escrito por Juan
Gasparini el jueves 21/02/2013 y publicado por plazademayo.com
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