Sin consenso...
Timer
Man. Dibujo: Pablo Temes.
Promesas incumplidas. Además de desventajoso, el acuerdo con Irán
muestra un estilo político.
Cuando en su preciso artículo del 26 de marzo de 2011, con pelos y señales, Pepe Eliaschev denunció en las páginas de PERFIL las negociaciones que, sobre el atentado contra la AMIA, mantenían el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mahmoud Ahmadinejad, muchos se resistieron a creer que eso fuera verdad. El canciller Héctor Timerman, con su desmesura habitual, lo tildó de pseudoperiodista. Es lo que pasa muchas veces en la profesión cuando un periodista de prestigio, con la responsabilidad y la seriedad que emana de un riguroso proceso de chequeo de las fuentes, debe dar a conocer hechos que, bajo los cánones del pensamiento lógico, resultan no sólo impensables sino inimaginables. ¿Quién podía imaginar que, luego de las claras incriminaciones hechas por la Justicia de nuestro país –repetidas por la Presidenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas– a dirigentes relevantes del régimen de Teherán, un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina e Irán fuera posible? Pero, como lo expresa el dicho, la realidad supera –y con creces– a la ficción y, en la Argentina, mucho más.
La defensa del memorándum de entendimiento
que hizo Timerman en la Comisión del Senado fue, sencillamente, lastimosa. “Hay
que terminar rápido”, fue la orden que bajó Cristina Fernández de Kirchner al
jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel
Pichetto, tal como la captaron los micrófonos desplegados en la sala donde se
realizaba esa, por momentos, tumultuosa reunión. Pura obediencia debida. Seguramente,
la Presidenta estaba al tanto del penoso papel que estaba haciendo su canciller
que, con algunas de sus respuestas, no hacía más que confirmar los peores
presagios existentes sobre el alcance y real significado del acuerdo.
Una de las claves para evaluar ese alcance
y ese significado pasa por saber qué interpretación se hace de este acuerdo en
Irán. La diplomacia persa, curtida en mil batallas, tiene una historia
milenaria que transforma a los advenedizos en la materia –Timerman lo es, y
esto no es peyorativo sino descriptivo–, en presas fáciles. Por eso es que hay
que prestar atención a lo que se dice y se escribe en Teherán a fin de conocer
cómo se ve allí el acuerdo. Y cuando se realiza ese ejercicio se aprecia,
claramente, que entre lo dicho por el vocero de la Cancillería iraní y lo
después “desmentido” por su canciller –“desmentido” al que el Gobierno
argentino hizo circular profusamente a través de su red multimediática– no hay
ninguna diferencia. Recordemos: el vocero de la Cancillería iraní señaló que el
ministro de Defensa no sería interrogado por el juez argentino que deberá
desplazarse a Teherán. Ante el revuelo que esto produjo aquí, el canciller
iraní dijo que su país cumpliría el acuerdo en su totalidad. En su edición del
5 de febrero, el Tehran Times dio pistas muy precisas que permiten dilucidar
todo este embrollo, al expresar, desde el vamos, que el acuerdo está en línea
con la postura del gobierno de Irán.
En primer lugar, se señala allí que el
memorándum de entendimiento establece que los integrantes de la comisión de la
verdad “deberían llevar adelante una profunda revisión de la prueba relacionada
con cada acusado” (artículo 3). Una vez completada esta revisión de la prueba,
los comisionados “expresarán sus opiniones y emitirán un informe”, el cual
también contendrá recomendaciones en el “contexto de las leyes y regulaciones
de los dos países” (artículo 4). Es decir, que la comisión de la verdad tendrá
un rol activo en todo el proceso judicial, lo cual marca una diferencia sustancial
con lo expresado por las autoridades argentinas, hecho que los siguientes
artículos que se detallan más abajo confirma.
Se afirma luego que el memorándum de
entendimiento contempla la posibilidad –no dice obligación– de que las personas
acusadas sean interrogadas en sesiones que se llevarán a cabo en Teherán, con
la participación de autoridades judiciales iraníes y argentinas, a la cual se
le agregará la presencia de los comisionados (artículo 5). A este respecto, se
aclaran varios puntos: el primero es que estos interrogatorios no podrán
realizarse hasta que la comisión de la verdad no emita su informe; el segundo
es que, como los interrogatorios se desarrollarán en territorio iraní, la ley
que prevalecerá, entonces, será la de Irán; el tercero es que, como
consecuencia de lo anterior, un juez iraní deberá no sólo estar presente sino
presidir la sesión; el cuarto es que para que el juez iraní autorice al acusado
a declarar debe haber en su contra una acusación hecha por una autoridad
judicial de Irán; pero como esa acusación no existe, por ende, ningún ciudadano
iraní –sea o no funcionario– estará obligado a someterse al interrogatorio del
juez y el fiscal argentinos.
Por si quedara alguna duda, en el artículo
8 del memorándum de entendimiento se lee que “nada en este acuerdo deberá poner
en riesgo los derechos de los individuos garantizados a ellos por la ley”.
Entonces, según la Constitución iraní, los ciudadanos de ese país sólo pueden
ser citados e interrogados por una corte de Irán en base a pruebas sólidas.
Por todas estas razones, nadie puede
entender a ciencia cierta las verdaderas razones de un acuerdo tan desventajoso
para la Argentina. Una de las posibilidades que deja abierta este pacto es que
los acusados, si no son condenados, pueden llegar a demandar compensaciones a
nuestro país. Esto sería el colmo, pero así es como están planteadas las cosas.
Todo es ilógico y las argumentaciones del Gobierno son endebles.
Por lo general, este tipo de entendimientos
exige, internamente, la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas
políticas. Son acuerdos –aquí se habla nada más ni nada menos que de un
tratado– de una dimensión tal que exceden a la de un gobierno. En estas
instancias, lo que se debe lograr es el establecimiento de una política de
Estado. Para ello, es esencial tener una actitud amplia para entender que la
opinión del otro es también valedera en asuntos tan delicados, trascendentes y
dolorosos como el atentado contra la AMIA que ocurrió en la Argentina, fue
hecho contra una institución argentina y causó 85 muertes de argentinos y
residentes en nuestro país.
La búsqueda de esos consensos fue lo que
prometió la Presidenta en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en septiembre de 2012. El memorándum de entendimiento y la forma en que
habrá de aprobarse van en el sentido exactamente opuesto a lo enunciado
entonces. Nada que pueda sorprender. Esa es, al fin y al cabo, la esencia del
kirchnerismo: decir una cosa y hacer exactamente otra.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
© Escrito por Nelson Castro el sábado 16/02/13
y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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