Fátima no olvida la masacre...
El 20 de agosto de 1976 fueron encontrados en ese paraje bonaerense 30 cuerpos esparcidos en un radio de treinta metros: habían sido baleados y después dinamitados.
Ahora, sin leyes de impunidad, la causa avanza El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura de seis oficiales y un suboficial retirados de la Policía Federal por la denominada "Masacre de Fátima", como se conoció al homicidio de una treintena de personas el 20 de agosto de 1976.
Según consideró probado la Justicia a mediados de la década de 1980, todas ellas estaban detenidas en forma ilegal en la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, de donde fueron trasladadas –maniatadas, vendadas y presuntamente drogadas– al cruce entre un camino de tierra y la ruta 6, cerca de la localidad bonaerense de Pilar.
Allí fueron ejecutadas con "heridas de bala en el cráneo efectuadas a más o menos un metro de distancia", según consta en la causa, y luego dinamitadas en "una única explosión que esparció los cadáveres en un radio de 30 metros".
Pero a finales de los años 80 la aplicación de la leyes de punto final y de obediencia debida dejó trunca la investigación e impidió la sanción a los responsables del asesinato, cuyo número tampoco fue caprichoso: entre los restos se encontró una tarjeta que tenía escrito "30 x 1". Días antes había sido asesinado el general Omar Actis, uno de los organizadores del Mundial de fútbol que se haría dos años después.
La orden de arresto está dirigida contra los comisarios generales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Marcote –señalado como torturador, actuaba bajo el apodo "Lobo"–, los comisarios inspectores Miguel Ángel Trimarchi –apuntado como jefe de los grupos de secuestradores de la Superintendencia– y Carlos Gallone –"Carlitos" o "Duque", jefe de un grupo de secuestro–, el comisario Jorge Mario Veyra –jefe de operaciones, dirigía los secuestros y se lo conocía como "Loco" o "Pájaro loco"–, el principal Carlos de la Llave –jefe de la brigada "Los Intocables", un grupo de secuestradores– y el suboficial Luis Alberto Martínez –"Japonés", miembro de uno de los grupos de tareas–.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa que instruye Canicoba Corral por delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. Para su cumplimiento inmediato, la resolución fue notificada al jefe de la Policía Federal, comisario general Eduardo Prados.
Impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la causa estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, pero luego pasó a manos de Canicoba Corral cuando éste tomó la investigación, reabierta por orden de la Cámara Federal porteña tras la anulación de las leyes de impunidad resuelta por el Congreso nacional.
Hasta entonces, la causa estuvo paralizada e incluso durante 20 años ni siquiera se supo quiénes habían sido asesinados de esa forma: de las treinta víctimas, cinco habían sido identificadas a principios de los 80. Ellas son Inés Nocestti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alsogaray. Recién en 1997, y en el marco de los Juicios por la Verdad, el Equipo Argentino de Antropología Forense hizo la exhumación de 25 cuerpos "y en 1998 comenzaron las identificaciones por medio de análisis genéticos, y la devolución de los cuerpos a sus familiares. Se logró entonces la identificación positiva de otras ocho personas, tras lo cual la Cámara Federal autorizó la devolución de los restos a sus familiares", informó el Cels.
Las víctimas identificadas son Jorge Argente, Susana Pedrini de Bronzel, su marido José Bronzel, Cecilia Podolsky, Horacio García Gastelú,Selma Ocampo, Rosa Cirullo de Carnaghi y Norma Frontini de Díaz. Pese a que los restos fueron encontrados en el noroeste del conurbano bonaerense, la Cámara Federal resolvió que el caso quedara en jurisdicción de la Capital Federal, ya que las víctimas habrían sido sometidas a vejámenes en en el Departamento Central de la Policía Federal.
Por la masacre, en octubre de 2002, el general Albano Harguindeguy fue denunciado como responsable de la desaparición forzada, torturas y homicidio de los 30 jóvenes, ya que al momento de los hechos era ministro del Interior, y como tal responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en las delegaciones de la Policía Federal. Según recordó además el Cels, investigaciones previas a la denuncia llevaron a demostrar que la noche anterior a la masacre, las 30 personas fueron sacadas del centro clandestino de detención Superintendencia de Seguridad Federal.
20 de Agosto de 1976 El policía "arrepentido" Víctor Luchina --según el testimonio que brindó en la Conadep-- estaba de guardia en el edificio de Moreno al 1400 donde funcionaba la Superintendencia la noche que trasladaron a las 30 personas. "Apagaron todas las luces. Sólo quedaron encendidas las del ascensor y de la playa de estacionamiento. Recuerdo que los detenidos eran treinta porque fueron contados. Algunos venían en mantas, envueltos, parecían estar muertos; otros venían tambaleándose como drogados", manifestó Luchina. El ex policía atestiguó que ayudó a cargar a los detenidos en un camión verde oscuro. "Estos se van para arriba", le comentaron. Al día siguiente --dijo-- se enteró por los diarios que "habían sido dinamitados en Pilar". La masacre habría sido la "respuesta" al atentado contra el general de brigada retirado Omar Actis, realizado en Wilde el 19 de agosto de 1976.
Las víctimas de Fátima fueron asesinadas por disparos de armas de fuego en el cráneo. Dos cadáveres estaban destrozados ya que los cuerpos habían sido dinamitados. En ese momento, a partir de que se tomaran las huellas dactiloscópicas de los cuerpos, se pudieron identificar a cuatro personas cuyos datos aparecían en los registros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero la causa se cerró rápidamente y no se retomó hasta 1982, cuando ya se habían "perdido" las huellas.
En 1985 el equipo argentino de antropología forense exhumó los cuerpos que estaban enterrados en el cementerio de Derqui. La sanción de la Ley de Obediencia Debida motivó que la "causa Fátima" pasara por varios juzgados hasta que la tomara la Justicia Militar. El expediente se archivó y 24 cajones de madera con restos sin identificar quedaron en un cuartito del cementerio. Diez años después, con el marco jurídico del Derecho a la Verdad, el equipo de antropología forense y la Cámara Federal porteña reabrieron el caso. Del sobre de un expediente rescataron la llave del recinto donde estaban los cuerpos. Con la posibilidad de realizar los estudios de ADN se mandaron las muestras al exterior para ser contrastadas con sangre de familiares de desaparecidos.
El año pasado se supo que Susana Elena Pedrini de Bronzel era una de las víctimas de la masacre de Fátima. Entre las seis personas que terminaron de ser identificadas la semana pasada está su esposo, José Bronzel, junto a quien había sido secuestrada.
Los jueces de la Cámara porteña y los familiares de las víctimas coinciden en que la identificación de los cuerpos no es la conclusión de la búsqueda de la Verdad sino que, a partir de la recuperación de identidad de los desaparecidos, se puede profundizar en la reconstrucción histórica.
© El Ciudadano, Rosario, agosto 2004
