sábado, 14 de diciembre de 2013

Ya nada será igual... De Alguna Manera...


Ya nada será igual…

Abuso del pañuelo, Cristina Fernández de Kirchner. Dibujo: Pablo Temes.

Cristina, Bonafini y Carlotto se ven como luchadoras de los derechos humanos, pero obviaron las muertes por los saqueos.

No es gratis bailar con Moria Casán mientras parte del país está en llamas y en pánico y muchos argentinos pagaron semejante salvajismo con sus vidas. Las señales demagógicas que se envían desde el poder han contribuído a construir un sujeto anárquico que tomó al pie de la letra el vamos por todo, porque lo convencieron de que la democracia solo consiste en ejercer derechos a cambio de ninguna obligación.

Algo muy profundo se quebró. Ya nada será igual en este país en ebullición. A 30 años de la refundación de las instituciones republicanas, es necesario renovar varios contratos que se rompieron con muchos dirigentes políticos y ciertos organismos de derechos humanos.

En varios aspectos hay que empezar de nuevo. Una docena de compatriotas murieron en las calles –en medio de una implosión social producto de la ausencia del Estado– y la Presidenta de la Nación, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo no tuvieron ni siquiera una palabra de pésame por los familiares de las víctimas. Tres mujeres que se ven a sí mismas como la encarnación de la defensa de los derechos humanos cayeron en un pragmatismo inquietante al solo efecto de cuidar sus respectivas quintitas.

Cristina calló. Tapó la boca de sus convicciones con la venda de las conveniencias. Hebe dijo que los años democráticos solo fueron los últimos diez. Y Estela levantó sospechas sobre la identidad de las víctimas. Luis D’Elía se atrevió a llamar las cosas por su nombre y a expresar lo que sus compañeras K intentaron disfrazar: “Los muertos del 19 y 20 luchaban contra el neoliberalismo y los de estos días fueron a robar con la policía”.

Clarísimo: hay muertos buenos y malos y los que murieron bajo el gobierno de Cristina, “por algo será”. Conceptualmente dictatorial. Muchos artistas que en su momento defendieron las libertades y lucharon contra la impunidad, esta vez también miraron para otro lado.

Es el final lamentable de un sectarismo que en varios casos fue cooptado por el Estado con ideología o dinero. Fue muy explícito cuando se obligaron al silencio cómplice ante el siniestro ferroviario de Once; ahora lo confirman entrevistando y elogiando al muy cuestionado general César Milani y despreciando a los muertos de este diciembre caótico e inquietante. Es contradictorio con aquella verdad de que la memoria debe funcionar siempre. Por los desaparecidos de hace 30 años y por los muertos de hace 30 minutos. Solo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente, debe ser una verdad bajo cualquier gobierno. 

Hay que decirlo con todas las letras. Hebe de Bonafini y Estela Carlotto ya no defienden los derechos humanos de todos y todas. Defienden al gobierno de Cristina. Están en todo su derecho. El mismo que le asiste al resto de los argentinos que no se sienten representados por esa camiseta y deben parir nuevas entidades humanitarias  y ecuménicas, que traten a todas las víctimas por igual y que condenen todo tipo de atropellos, incluso los producidos por el gobierno de Cristina.

Moria moviendo sus caderas con CFK se convirtió involuntariamente en un síntoma bizarro de la degradación de ciertos valores. La vedette supo defender incluso en democracia a los militares con la misma liviandad con que respaldó a Alfonsín, Menem, Cristina y la mano dura. Educó a su hija en el territorio mediático, ofrecieron en forma conjunta sus cuerpos desnudos, exhibieron su amor por el porro y luego la madre le reprochó a la hija que no tuviera responsabilidades a la hora de ganarse la vida con su trabajo o de educar a su propia hija.

Podría decirse que la fase “Moria Casán” es la etapa superior del kirchnerismo. Donde todo vale. Donde todo es lo mismo. Y donde la frivolidad que factura millones es reinterpretada como transgresión revolucionaria.

Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes nefastos que se envían al trabajador esforzado. Muchos disvalores permean y se vuelven en contra de los mismos que los industrializan alegremente. Un gobernador como José Alperovich, que ganó con amplitud en las elecciones, tuvo una gran cintura para proteger los automóviles de las concesionarias de su emporio familiar, pero se tuvo que comer una concentración cacerolera de 15 mil personas que protestaron contra su gobierno y su maldita policía. Ahí también hay contratos que renovar. No alcanza con la legalidad que dan las urnas. Hay que completarla con una legitimidad de gestión. Son representaciones que deben revalidarse día a día.

Esa multitud que espontáneamente se concentró en Tucuman fue similar en términos numéricos a la que concurrió a Plaza de Mayo para el festival de músicos que parecían tocar en la cubierta del Titanic. ¿Cómo es posible que pierdan la sensibilidad y no se den cuenta que luego es difícil volver de determinados fanatismos y negaciones? Cristina movía su esqueleto, tocaba el tambor y no comprendía que había también un mensaje en el módico poder de convocatoria que exhibieron los chicos de La Cámpora. Exagerando, se podría decir que había mas micros que gente. Y eso que los números musicales eran muy atractivos: León Gieco y La Renga, por ejemplo. Dijo bien Adolfo Pérez Esquivel: “No estaba de ánimo para festejos”. Muchos dirigentes pidieron postergar la fiesta. Rodolfo Terragno fue irónico en su comunicado: “Cae un edificio en Rosario por escape de gas: dos días de duelo nacional. Muere gente en todo el país por crisis policial-social: fiesta”.

Cuando se pierde el sentido común no hay relato que alcance. Cuando se fomenta la demagogia de que una democracia solo tiene premios y ningún castigo, aparecen los problemas soterrados: canas que le ponen una pistola en la cabeza a la democracia, lumpenajes varios de la birra y el robo de electrodomésticos, barras bravas del fútbol corrupto, bandas de narcos cada vez mas activas y patoteros del piquete fácil y la capucha.

Cuando se fomenta el odio, la venganza, el incumplimiento de las leyes y las normas, se envía corruptos a representar al país en los funerales de Mandela y se intenta destituir a los fiscales honestos que investigan la complicidad de Lázaro y Cristina, algo muy grave se está instalando. La mente brillante de Santiago Kovadloff pudo sintetizarlo como una verdad revelada: “El saqueo de abajo es un reflejo del saqueo de la Republica”. 

© Escrito por Alfredo Leuco el sábado 14/12/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


La Argentina saqueada... De Alguna Manera...


Quiénes son los culpables de la Argentina saqueada...

Causa y efecto. Los motines policiales en todo el país, seguidos de olas de saqueos. La política solo echó nafta al fuego.

Todos los responsables detrás del estallido. Policía amotinada, política cínica y marginalidad cultural.

Los tres principales asesores de Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete son contadores públicos y dos de ellos obtuvieron sus posgrados en el noventista Centro de Estudios Macroeconómicos, CEMA. El viceministro de Gabinete, Carlos Alberto Sánchez, por ejemplo, sabe de seguridad social y economías regionales. La actual subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Mónica Zorrilla, es coautora del libro “Federalismo fiscal y coparticipación federal (Una propuesta para la transformación de la relación Nación-provincias)” junto al propio Capitanich y Axel Kicillof, hoy ascendido a ministro de Economía. El secretario de Evaluación Presupuestaria, Fabricio Bolatti, viene del Frente Grande de Chaco pero su especialidad es la modernización del Estado.

Es decir, los tres están entrenados en administraciones y presupuestos provinciales, en parte origen del problema de los violentos saqueos. Y están prevenidos, por experiencia, ante eventuales reacciones sociales en cadena. Por eso, desatada la rebelión salarial de la Policía cordobesa el martes 3 de diciembre –acuartelamiento en distintas localidades de la provincia, saqueos y vandalismo en supermercados, personas heridas y hospitales colapsados–, previeron la emergencia de enviar fuerzas de Gendarmería al distrito en llamas.

Aconsejaron “cortar por lo sano” como cuando Daniel Scioli acordó con Sergio Berni establecer un comando antisaqueo en el cruce estratégico entre la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura.Capitanich coincidió, pero no podía avanzar por su cuenta. Recordó que el año pasado, Cristina Fernández había prometido que no se enviarían más gendarmes a “las provincias en problemas” (en respuesta a la muerte de nueve efectivos de la Gendarmería en un accidente de tránsito, trasladados luego de reprimir una violenta protesta petrolera en Cerro Dragón, Chubut).

Al mismo tiempo –mientras se generalizaban los disturbios en Córdoba capital–, el secretario Carlos Zannini le transmitió al jefe de gabinete una orden presidencial: “De ninguna manera nos podemos hacer cargo de los desmanes de una policía vinculada al narcotráfico. Los gendarmes, en donde tienen que estar”, justificaba Cristina.Lo que siguió fue una secuela de hechos dictados por el descontrol de la situación. El gobernador José Manuel de la Sota debió regresar de urgencia al país desde Panamá y sobreactuar sus confusos pedidos de auxilio al gobierno nacional. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, desembarcó tres días después en la provincia con 1.200 gendarmes por un acuerdo urgente entre De la Sota y Capitanich que revertía la primera orden presidencial.

A pesar de la recomendación de al menos dos de sus ministros de saltear la “fiesta popular” prevista por el oficialismo para el martes 10 –no del acto formal por los 30 años de democracia–, Cristina se empecinó en hacerla tal cual ella lo había imaginado: bailó y tocó el tamboril.Fue el día en que se confirmaba un saldo provisorio de ocho muertos y se generalizaban zonas liberadas, saqueos y actos delictivos en otras seis provincias. Según Berni, tuvo que pasar varios días sin dormir. A algunos lugares, como Rosario o Chivilcoy, fue él mismo piloteando el helicóptero de Gendarmería. En Seguridad no pensaron que el conflicto iba a escalar tanto, aunque vienen alertando desde hace tiempo que los sueldos de las fuerzas son bajísimos, y que la baja cantidad de efectivos de Gendarmería es una deuda pendiente del oficialismo.

El periodista Horacio Verbitsky, a quien no se podría acusar de formar parte de ninguna “desestabilización” como la que terminó denunciando Capitanich, dijo: “Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que esta semana cumple 30 años –escribió en Página 12–, también la magnitud y la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos”.

A la hora de establecer las culpas del estallido, las interpretaciones discurrieron entre la toma de partido política –a favor o en contra del Gobierno– y la demonización de sus eventuales promotores –la Policía, De la Sota, Sergio Massa, las 4 x 4, el “modelo”, el narcotráfico, las mafias del delito, etc.–. Como se trata de un suceso de carácter complejo y claramente multicausal, convendrá no perderse en los atajos:

La responsabilidad policial. Los salarios básicos de las fuerzas de seguridad provinciales, hasta los recientes aumentos arrancados “a punta de pistola”, estaban fijados entre 280 y 4.500 pesos según la jurisdicción. Eran, hasta entonces, los empleados públicos peor pagos y el menos favorecido por la disparidad salarial y el pago en negro de las distintas administraciones.

Hasta ahora, los ajustes acordados van desde los 3.500 hasta los 9.000 y 10.000 pesos de bolsillo si se toma en cuenta lo negociado en estos días en diez provincias. Sin embargo, esa postergación y estos aumentos –bastante por encima del nivel inflacionario real– no podrían justificar una Policía autónoma del poder político ni atribuirse el establecimiento de “zonas liberadas” ni presionar por reivindicaciones a través de métodos “sediciosos”, fuera de la ley. Tampoco es admisible reconocerle un carácter de “grupo de presión” que, como el de ciertos jueces, se arrogan el derecho de rebelión cuando el poder político se desgasta y entra “en retirada” hacia un gobierno de otro signo. Una fuerza vertical y armada no debería estar dirigida por personajes incapaces de ejercer la autoridad o peor, sospechados de vínculos con barrabravas, narcotraficantes y mafias vinculadas a todo tipo de delitos. Aunque fueran justificados sus reclamos salariales, no sería admisible el travestismo institucional para conseguirlo. Habría que darle razón al oficialista juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni: “Es una deuda de la democracia no haber repensado la Policía”. La reacción política fue mala y tardía.

El vacío de los gobernadores. De la Sota, como tantos otros mandatarios –incluidos los alineados con la Casa de Gobierno– vienen subestimando los estragos sociales provocados en sus provincias por el reparto discrecional de los recursos que se recaudan, el efecto inflacionario de la economía oficial y la ausencia de una política pública de seguridad capaz de retener el monopolio de la fuerza en el Estado. En este último caso, los gobernadores no han ido más allá de exigir la aplicación de la ley de seguridad interior que obliga a la Nación a ir en auxilio de las jurisdicciones en riesgo. Y mientras tanto, se han acostumbrado al poder de turno y adaptado a sus caprichos y condicionamientos, aun en contra de los intereses de sus representados.

Al unitarismo fiscal de la Nación no se le replicó con el federalismo de las alternativas de inversión y mayor productividad a no ser la recepción pasiva del “salvataje” discriminatorio de la Nación con sus obras para los “amigos”. Así, el empleo público sirvió para disimular el desempleo y la falta de trabajo. El clientelismo congeló los salarios públicos en niveles miserables. Y a los reclamos de coparticipación de impuestos –una deuda que va a cumplir 20 años sin saldarse– le siguió el conformismo del módico reparto del Fondo Federal Solidario extraído del 30% de las retenciones a la soja.

Ni el crítico De la Sota, ni el feudal José Alperovich, ni el oficialista Martín Buzzi, ni el cristinista Sergio Urribarri, y tampoco el alineado Jorge Sapag, fueron capaces de recoger los previos indicios de intranquilidad social que recorrían sus provincias. Hasta que estallaron en una sola oleada de frustración y promesas incumplidas. Los que dieron aumentos, tienen pensado pasarle la factura a la Nación. Capitanich ya anticipó: “Tenemos recursos limitados para prevenir incidentes”. Se refería a la supuesta “pueblada” que difunden las redes sociales para el 19 y 20 de diciembre.

© Escrito por José Antonio Díaz el viernes 14/12/2013 y publicado en la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Violentos saqueos y disturbios se extienden por Argentina... De Alguna Manera...


Violentos saqueos y disturbios se extienden por Argentina...


"Algunas cosas que pasan en determinadas fechas, no son por contagio, son por planificación", ha denunciado la presidente Cristina Fernández.



Los violentos saqueos y disturbios iniciados en la ciudad argentina de Córdoba hace una semana se extienden ahora por gran parte del país y dejan ocho muertos, en medio de las protestas de policías que reclaman un aumento salarial.

Numerosos negocios de Resistencia, la capital provincial del Chaco (norte) amanecieron hoy con sus vidrieras rotas, estanterías vacías y suelos cubiertos de mercancías descartadas, tras los saqueos colectivos en los que fallecieron dos personas, entre ellas un subcomisario de policía, informó el gobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

Bacileff Ivanoff aseguró que otras dos víctimas reportadas por los medios de comunicación no tenían relación directa con los robos.

La escena se repitió también en las provincias norteñas de Tucumán, donde se registraron otras dos víctimas fatales, y en Jujuy, con un fallecido.

El auge de los saqueos y el conflicto policial han empañado el trigésimo aniversario de la democracia ininterrumpida en Argentina, que se celebra hoy, y líderes opositores pidieron suspender los festejos públicos de esta tarde, que la presidenta argentina, Cristina Fernández, resolvió realizar de todos modos.

"Los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los que tantos argentinos dieron su vida, quieren, sin lugar a dudas, hacernos olvidar o que despreciemos o que no nos importen los valores de la democracia", dijo Fernández en el acto para conmemorar el trigésimo aniversario del retorno de Argentina a la democracia.

"No soy ingenua, no creo en las casualidades, tampoco creo en los contagios. Algunas cosas que pasan en Argentina, en determinadas fechas, no son por contagio, son por planificación, con precisión quirúrgica", añadió la jefa de Estado.

Fernández condenó "la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla" y dijo que "conmociona" y "avergüenza" ver que hay saqueadores que acuden a robar comercios "en automóviles".

En un comunicado, el diputado opositor Ricardo Alfonsín, hijo del fallecido expresidente argentino Raúl Alfonsín, había propuesto horas antes, "ante la gravedad de la situación", dejar los actos conmemorativos "para una mejor ocasión".

"Hoy festejamos algo que deberíamos haber postergado por respeto a lo que está pasando en el país", se sumó también el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Policías de hasta 17 provincias se han acuartelado en los últimos días, animados por el alza salarial obtenida por sus compañeros de Córdoba.
 
En varias de esas provincias han cesado ya las protestas tras llegarse a acuerdos de alzas salariales.

En medio de una fuerte conmoción social por saqueos que dejaron un muerto, unos 200 heridos y más de un centenar de detenidos, las autoridades cordobesas elevaron el sueldo básico de los agentes a 8.000 pesos (1.280 dólares).

Otras provincias con uniformados sublevados han pactado también subidas salariales de hasta el 50 % para que los policías regresen a las calles.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llamó hoy a "deponer actitudes que comprometen la seguridad y la paz social" y señaló que "no hay que negar los problemas sino asumirlos y encaminarlos a través de un diálogo sincero y constructivo".

El titular de la CEA, José María Arancedo, lamentó que "el largo conflicto policial ha creado situaciones de orfandad ciudadana que no se compadecen con el espíritu y profesionalismo tradicional de la fuerza de seguridad".

La oleada de saqueos ha generado un clima de psicosis colectiva entre los comerciantes, algunos de los cuales se han armado y otros se plantean echar las persianas durante las fiestas navideñas para evitar robos.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, aseguró hoy que "el pueblo argentino quiere paz y armonía" y afirmó que las protestas policiales superan "cualquier límite previsible y merecen el repudio de todos".

El ministro de Justicia, Julio Alak, denunció que los robos están organizados y advirtió que la Justicia "actuará con toda firmeza" ante los saqueadores y ante "quienes deben brindar un servicio público esencial, como lo es el de la seguridad, y no lo están cumpliendo en este momento".

Mientras la Justicia investiga, el gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, relevó este lunes la cúpula policial y aceptó la renuncia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en respuesta a las protestas.

Los saqueos, que se repiten en Argentina cada diciembre desde 2001, comenzaron el año pasado en la turística ciudad sureña de Bariloche y se extendieron a otras cinco ciudades de Argentina, con un saldo de dos muertos y decenas de heridos.

© Publicado el miércoles 10/12/2013 por el diario La Vanguardia de la Ciudad de Barcelona, España.


martes, 10 de diciembre de 2013

La Seguridad Ciudadana y Mauricio... De Alguna Manera...


Por qué no podemos saber dónde están las cámaras...

Todos lados. La Casa Rosada y la sede del gobierno porteño también tienen sus cámaras. La Nación informa dónde están las de su jurisdicción, el gobierno porteño, no. Foto: Obregón

Pese a que la ley lo obliga, el Gobierno de la Ciudad se niega a publicar la ubicación de sus cámaras de seguridad. Qué intereses políticos y económicos hay detrás de esta negativa. 

En la Ciudad de Buenos Aires la Policía Metropolitana gestiona dos mil cámaras de vigilancia reguladas por la Ley Nº 2.602. Esta, diseñada con perfil preventivo, establece una serie de garantías de control ciudadano obligatorias para que el uso policial sea legal y legítimo. Entre ellas se incluye tanto la señalización de las cámaras y su publicación en el sitio web del Gobierno, como la posibilidad de solicitar acceso y cancelación de las imágenes en las que figuramos, mediante autorización judicial.

Hace poco el sitio web de cámaras del gobierno porteño estaba en un 80% incompleto y con información imprecisa. Por este motivo, quien escribe le pidió al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad el registro de ubicación de las mismas. La respuesta que recibí fue una disposición donde me comunicaban que esa información revestía “carácter confidencial”, y a los pocos días dieron de baja el sitio web.

Llevé este caso a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y su Centro de Protección de Datos Personales emitió un dictamen en octubre diciendo que a ellos también les habían negado esos datos, que hasta el momento la Policía no ha inscripto su base de datos en ese organismo (evadiendo las obligaciones y sanciones de la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales), y que si el ministerio no se atiene a cumplir las garantías, la gestión de las videocámaras no se puede considerar legal.

Cuando advertí que ni la Legislatura ni los organismos de control tenían esta información realicé un amparo en el Poder Judicial de la Ciudad, para que defina si corresponde o no que el Gobierno la entregue.

En la audiencia a la que nos citó el juez de la Ciudad Darío Reynoso, se hizo presente el superintendente a cargo del Centro de Monitoreo, Jorge Eduardo Martino. Martino es un ex comisario de la Policía Federal que ejerció sus primeros años de carrera durante la última dictadura y que, luego de ser pasado a disponibilidad, fue incorporado en el área de comunicaciones de la flamante Policía Metropolitana por su primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, quien continúa procesado penalmente junto al  jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por presuntas escuchas ilegales a opositores.
 

Tanto él como sus abogados, realizaron muchos esfuerzos para intentar explicar por qué no se cumple el texto de la ley: “La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras”, aprobado incluso por el PRO, en realidad no dice lo que parece. En breve tendremos la sentencia.

El peligro de saber. Días atrás, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, hizo referencia a esta demanda en la Legislatura, y justificó los motivos para no cumplir con esta garantía: “Establecer específicamente el lugar donde está la cámara también atenta contra el buen funcionamiento de las cámaras, que puede ser aplicado por personas que cometan delitos”. 


La óptica de control y reacción del ministro contrasta con el carácter preventivo de la ley de cámaras. Disponer de esta información podría permitir a los ciudadanos que están siendo víctimas de un robo, disuadir la intención del atacante indicándole que está siendo filmado o incluso acercarse a la cámara más cercana y llamar al 103 ante cualquier peligro, en caso de no contar con presencia policial.

De esta manera lo deben entender el Ministerio de Seguridad de la Nación, que me hizo entrega de la ubicación exacta de sus 1.200 cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, e incluso París, que las publican en sus sitios web oficiales.

Además resulta paradójico que el ministro no advierta que la permanente publicidad que realiza la Metropolitana en la televisión sobre la presencia y efectividad de las cámaras no sea motivo suficiente para alertar al delito organizado a que realice un relevamiento visual previo de ubicación de cámaras en el territorio donde tiene pensado actuar.


Y es paradójico porque esa difusión no es nada improvisada. Montenegro creó especialmente el programa Pronto Baires, con el objetivo de “responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa”, y sancionó la Resolución Nº 314/11 para crear convenios con canales de televisión.

Como nada de esto está permitido por la Ley Nº 2.602, como denunció la Defensoría del Pueblo en su Resolución Nº 1.952/10, el ministro negó públicamente haber firmado esa resolución en la misma reunión mencionada. 

Más aún, por detrás de esta ilegal difusión existe todo un entramado empresarial y familiar que genera interrogantes sobre la importancia del mercado de videos en la constitución de este sistema de videovigilancia.
 

Para el programa Pronto Baires, Montenegro contrató a la consultora AR y Asociados SA, que preside Alejandra Rafuls, madrina de uno de sus hijos. Rafuls a su vez es socia fundadora de Mecum SA, junto al ex montonero Mario Montoto, presidente de Global View SA, la empresa contratada por el mismo ministro para instalar las dos mil cámaras de seguridad. Y, hasta hace poco el director de Global View era Sandro Scaramelli, quien a su vez era gerente de Canal 9 y C5N, clientes de AR. Hoy ambos contratos siguen vigentes con la única modificación de que Montoto se volvió socio minoritario de Global View, que también ha instalado las cámaras en Tigre, Rosario, Lomas de Zamora y Mar del Plata, entre otras ciudades.
 

Curioso que con este entramado empresarial motorizando la producción y publicación de videos exitosos, por cierto muy importante en momentos electorales, al mismo tiempo se pretenda no alertar a los delincuentes sobre las cámaras.

La paradoja del in fraganti. El sociólogo Bruno V. Cardoso, especialista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ciudad que está siendo saturada de videocámaras por causa del Mundial, denominó esto como la “paradoja de las escenas del atrapado en el acto”: cuando se promocionan los videos exitosos se reproduce la necesidad política y operativa de producir más videos, para lo cual se necesita que haya más delitos que ocurran frente a las cámaras, al mismo tiempo que se los intenta disminuir.


En este sentido resulta de mucha ayuda mantener en secreto su existencia. Así se puede entender que el Gobierno terminase el anonimato de sus cámaras, luego de que la Auditoría General de la Ciudad denunciara, en el Proyecto Nº 10.11.01 de 2013, que el 83% no tenían carteles. Y que tampoco estén dispuestos a que se conozca el mapa de las mismas.


La promoción mediática también implica justificar la existencia y el aumento de su multimillonario presupuesto. A los 150 millones de pesos ya pagados a Global View, se les sumarán cien más en 2014, sólo para mantenimiento. Nace otra paradoja: los porteños estarán destinando mucha más plata para las cámaras, pero no se les permitirá comprobar si efectivamente están allí.


La Policía Metropolitana, para ser una fuerza nueva, ya tiene antecedentes muy preocupantes que denotan un alto poder de discrecionalidad e impunidad. Mientras no fomente la transparencia y el cumplimiento de las normas, entonces no estará fomentando la democracia.

© Escrito por Andrés Pérez Esquivel, Sociólogo y Miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnologías y Sociedad (Lavits), el sábado 30/11/2013 y publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.