Quiénes son los culpables de la Argentina saqueada...
Causa y efecto. Los motines policiales en todo el país,
seguidos de olas de saqueos. La política solo echó nafta al fuego.
Todos
los responsables detrás del estallido. Policía amotinada, política cínica y
marginalidad cultural.
Los
tres principales asesores de
Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete son contadores
públicos y dos de ellos obtuvieron sus posgrados en el noventista Centro de
Estudios Macroeconómicos, CEMA. El viceministro de Gabinete, Carlos
Alberto Sánchez, por ejemplo, sabe de seguridad social y economías regionales.
La actual subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Mónica Zorrilla, es
coautora del libro “Federalismo fiscal y coparticipación federal (Una propuesta
para la transformación de la relación Nación-provincias)” junto al propio Capitanich
y Axel Kicillof, hoy ascendido a ministro de Economía. El secretario de
Evaluación Presupuestaria, Fabricio Bolatti, viene del Frente Grande de
Chaco pero su especialidad es la modernización del Estado.
Es
decir, los tres están
entrenados en administraciones y presupuestos provinciales, en parte origen del
problema de los violentos saqueos. Y están prevenidos, por
experiencia, ante eventuales reacciones sociales en cadena. Por eso, desatada
la rebelión salarial de la Policía cordobesa el martes 3 de diciembre
–acuartelamiento en distintas localidades de la provincia, saqueos y vandalismo
en supermercados, personas heridas y hospitales colapsados–, previeron la
emergencia de enviar fuerzas de Gendarmería al distrito en llamas.
Aconsejaron
“cortar por lo sano” como cuando Daniel Scioli acordó con Sergio Berni
establecer un comando antisaqueo en el cruce estratégico entre la autopista
Ricchieri y el Camino de Cintura.Capitanich coincidió, pero no podía avanzar
por su cuenta. Recordó que el año pasado, Cristina Fernández había prometido
que no se enviarían más gendarmes a “las provincias en problemas” (en respuesta
a la muerte de nueve efectivos de la Gendarmería en un accidente de tránsito,
trasladados luego de reprimir una violenta protesta petrolera en Cerro Dragón,
Chubut).
Al
mismo tiempo –mientras se generalizaban los disturbios en Córdoba capital–, el
secretario Carlos Zannini le transmitió al jefe de gabinete una orden
presidencial: “De
ninguna manera nos podemos hacer cargo de los desmanes de una policía vinculada
al narcotráfico. Los gendarmes, en donde tienen que estar”,
justificaba Cristina.Lo que siguió fue una secuela de hechos dictados por el
descontrol de la situación. El gobernador José Manuel de la Sota debió
regresar de urgencia al país desde Panamá y sobreactuar sus confusos
pedidos de auxilio al gobierno nacional. El secretario de Seguridad de la
Nación, Sergio Berni, desembarcó tres días después en la provincia con 1.200
gendarmes por un acuerdo urgente entre De la Sota y Capitanich que revertía la
primera orden presidencial.
A
pesar de la recomendación de al menos dos de sus ministros de saltear la
“fiesta popular” prevista por el oficialismo para el martes 10 –no del acto
formal por los 30 años de democracia–, Cristina se empecinó en hacerla tal
cual ella lo había imaginado: bailó y tocó el tamboril.Fue el día en que se
confirmaba un saldo provisorio de ocho muertos y se generalizaban zonas
liberadas, saqueos y actos delictivos en otras seis provincias. Según Berni,
tuvo que pasar varios días sin dormir.
A algunos lugares, como Rosario o Chivilcoy, fue él mismo piloteando el
helicóptero de Gendarmería. En Seguridad no pensaron que
el conflicto iba a escalar tanto, aunque vienen alertando desde hace tiempo que
los sueldos de las fuerzas son bajísimos, y que la baja cantidad de efectivos
de Gendarmería es una deuda pendiente del oficialismo.
El
periodista Horacio
Verbitsky, a quien no se podría acusar de formar parte de
ninguna “desestabilización” como la que terminó denunciando Capitanich, dijo:
“Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia
que esta semana cumple 30 años –escribió en Página 12–, también la magnitud y
la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma
en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y
requerimientos”.
A
la hora de establecer las culpas del estallido, las interpretaciones
discurrieron entre la toma de partido política –a favor o en contra del
Gobierno– y la demonización de sus eventuales promotores –la Policía, De la
Sota, Sergio Massa, las 4 x 4, el “modelo”, el narcotráfico, las mafias del
delito, etc.–. Como se trata de un suceso de carácter complejo y claramente
multicausal, convendrá no perderse en los atajos:
La
responsabilidad policial. Los salarios básicos de las fuerzas de seguridad
provinciales, hasta los recientes aumentos arrancados “a punta de pistola”,
estaban fijados entre 280 y 4.500 pesos según la jurisdicción. Eran, hasta
entonces, los empleados públicos peor pagos y el menos favorecido por la
disparidad salarial y el pago en negro de las distintas administraciones.
Hasta
ahora, los ajustes acordados van desde los 3.500 hasta los 9.000 y 10.000 pesos
de bolsillo si se toma en cuenta lo negociado en estos días en diez provincias.
Sin embargo, esa postergación y estos aumentos –bastante por encima del nivel
inflacionario real– no podrían justificar una Policía autónoma del poder
político ni atribuirse el establecimiento de “zonas liberadas” ni presionar por
reivindicaciones a través de métodos “sediciosos”, fuera de la ley. Tampoco es
admisible reconocerle un carácter de “grupo de presión” que, como el de ciertos
jueces, se arrogan el derecho de rebelión cuando el poder político se desgasta
y entra “en retirada” hacia un gobierno de otro signo. Una fuerza vertical y
armada no debería estar dirigida por personajes incapaces de ejercer la
autoridad o peor, sospechados de vínculos con barrabravas, narcotraficantes y
mafias vinculadas a todo tipo de delitos. Aunque fueran justificados sus
reclamos salariales, no sería admisible el travestismo institucional para
conseguirlo. Habría que darle razón al oficialista juez de la Corte Suprema
Raúl Zaffaroni: “Es una deuda de la democracia no haber repensado la Policía”. La
reacción política fue mala y tardía.
El
vacío de los gobernadores. De la Sota, como tantos otros mandatarios
–incluidos los alineados con la Casa de Gobierno– vienen subestimando los
estragos sociales provocados en sus provincias por el reparto discrecional de
los recursos que se recaudan, el efecto inflacionario de la economía oficial y
la ausencia de una política pública de seguridad capaz de retener el monopolio
de la fuerza en el Estado. En este último caso, los gobernadores no han ido más
allá de exigir la aplicación de la ley de seguridad interior que obliga a la
Nación a ir en auxilio de las jurisdicciones en riesgo. Y mientras tanto, se
han acostumbrado al poder de turno y adaptado a sus caprichos y
condicionamientos, aun en contra de los intereses de sus representados.
Al
unitarismo fiscal de la Nación no se le replicó con el federalismo de las
alternativas de inversión y mayor productividad a no ser la recepción pasiva
del “salvataje” discriminatorio de la Nación con sus obras para los “amigos”.
Así, el empleo público sirvió para disimular el desempleo y la falta de
trabajo. El clientelismo congeló los salarios públicos en niveles miserables. Y
a los reclamos de coparticipación de impuestos –una deuda que va a cumplir 20
años sin saldarse– le siguió el conformismo del módico reparto del Fondo
Federal Solidario extraído del 30% de las retenciones a la soja.
Ni
el crítico De la Sota, ni el feudal José Alperovich, ni el oficialista Martín
Buzzi, ni el cristinista Sergio Urribarri, y tampoco el alineado Jorge Sapag,
fueron capaces de recoger los previos indicios de intranquilidad social que
recorrían sus provincias.
Hasta que estallaron en una sola oleada de frustración y promesas incumplidas.
Los que dieron aumentos, tienen pensado pasarle la factura a la Nación.
Capitanich ya anticipó: “Tenemos recursos limitados para prevenir incidentes”.
Se refería a la supuesta “pueblada” que difunden las redes sociales para el 19
y 20 de diciembre.
© Escrito por José Antonio Díaz el
viernes 14/12/2013 y publicado en la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
