domingo, 14 de octubre de 2012

Reportaje a Leandro Despouy... De Alguna Manera...


"El Gobierno ha aniquilado los organismos de control"…

Opinión. "Yo creo que hay razones coyunturales, estructurales y también la actitud epidérmica del gobierno respecto de todo lo que signifique control".

Reportaje a Leandro Despouy. El abogado y dirigente radical explica por qué el oficialismo quiere destituirlo de la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), y recuerda que desde la gestión de Néstor Kirchner se ignoran los informes del organismo, como el que advertía sobre los riesgos de que se produjera un accidente como el de Once.

Un hombre de carácter (de los primeros que volvieron del exilio cuando la democracia y, luego, en los 90 permaneciendo en soledad en Haití como cabeza de la delegación de la OEA, pese a la revolución que azotaba la isla) hoy recibe los intentos kirchneristas de echarlo de la Auditoría General de la Nación.

—Hace pocas horas usted tuvo un apoyo masivo de la oposición –recordamos–. Esto no es frecuente, ¿por qué piensa que se ha desencadenado ese ataque masivo del Gobierno contra su permanencia en la Auditoría? ¿Es acaso porque la catástrofe del Sarmiento, en febrero, ha puesto al desnudo el destino de cuantiosos subsidios que usted ha investigado?
—Yo creo que hay razones coyunturales, estructurales y, también, la actitud epidérmica del Gobierno respecto de todo lo que signifique control y, sobre todo, control creíble. Porque aquí no se trata de que haya solamente informes de la Auditoría. Hoy los informes de la Auditoría son comentados, transmitidos y comunicados y, al mismo tiempo, fuente de una actuación importante de la Justicia. Entonces, responder a la pregunta de si es meramente epidérmico o es un brote propio de un Gobierno que no acepta el control corrobora el hecho de que ha aniquilado ¡a todos los organismos de control! Los ha destruido. Los ha adormecido y podríamos hablar de ejemplos muy concretos. Pero, también, yo creo que hay situaciones muy específicas. Ahora bien, saber si esta actitud obedece a las auditorías que hemos aprobado, significaría que estamos hablando de la gota que rebalsa el vaso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque fue realmente intempestivo el comportamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas después de haberme reconocido siempre. Hace de esto más de diez años… Y, un día, ¡de golpe, me dice que no soy más auditor general desde los dos últimos años! Bueno, esto es un acto destitutivo infundado y no tiene ninguna solvencia ni siquiera como explicación lógica. Más allá de la ausencia de competencia jurídica. Pero son auditorías que están marchando; que han servido de fundamento a muchas decisiones.

—Pero también ustedes han presentado otras auditorías.
—Sí. Y la Comisión Parlamentaria Mixta las ha enviado al Congreso, las ha aprobado. Por ejemplo, hay un informe sobre la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) que es realmente muy importante. Es todo un estudio que hemos hecho sobre la ejecución presupuestaria. La forma con la que se manejaban, por ejemplo, con apuntes, ¡miles de millones de pesos! Sin embargo, no logramos que el Congreso lo pueda tratar. Seguramente ellos, la Comisión Parlamentaria Mixta, sabían que yo plantearía este tema. Y otra de las cosas que no tiene explicación es que no traten la cuenta de inversión. Es cierto que hay observaciones muy serias de parte de la Auditoría en la cuenta de inversión. Pero es irracional que no lo traten teniendo ellos mayoría como para un debate. Ahí hay algo difícil de entender porque eso daña mucho al Ejecutivo. Imagínese, no tratar los informes.

— ¿Desde cuándo no se tratan los informes?
—Prácticamente desde la gestión de Néstor Kirchner. Tampoco en la de Cristina.

— ¿Cuáles son los informes que no se trataron en la gestión de Néstor?
—Por ejemplo, los que corresponden a sus tres últimos años. Y todos los de Cristina Kirchner… entonces, yo me pregunto, ¿acaso la Presidenta no suele decir “a mí me interesa que me indiquen cuándo hay alguna situación y no que me anden criticando”? Bueno, lo que indico yo, como auditor general, es decirle que “no hay explicación de que, teniendo usted la mayoría, no trate los informes y los dictámenes acerca de cómo han ejecutado el presupuesto”. Es cierto que hay observaciones porque aparece muy probado que hay un presupuesto que se aprueba y un presupuesto que se ejecuta. Pero, bueno, le estoy dando un ejemplo claro de algo que no tiene explicación. Creo que habría un interés mayúsculo de parte del Ejecutivo para que se trate mientras Cristina cumple las funciones de Presidenta. Pero, si no lo hace, si alguien desconoce que su propia mayoría no impulsa el tratamiento de esas cuestiones. ¿Será también por algunas auditorías que vienen? ¿Por qué no pensar en eso?

— ¿Cuáles son las que vienen?
—Le explico: de las que ya hemos hecho, la auditoría que acabamos de realizar y que he mandado a la Comisión Parlamentaria Mixta. De ésas, una sola fue aprobada por la Comisión y enviada al Congreso. Otras son las que nosotros enviamos y que la Mixta no trata. Por ejemplo, la cuenta de inversión, y otras, como acabamos de enviar recientemente, acerca de la Asociación Tupac Amaru de Milagro Sala. Allí aparecen las mismas desviaciones que en todos los programas de vivienda.

— ¿Tipo los programas de vivienda de Hebe de Bonafini?
—En el caso de Sueños Compartidos, allí todavía estamos auditando. Pero en los otros, en los que ya hemos concluido, como Tupac Amaru no solamente hay un problema en la calidad de las viviendas, sino que vemos esencialmente una ausencia de rendición de cuentas, un manejo discrecional de los fondos y una forma de ejecución dentro de la cual se manejan con cheques diríamos… privados… Cheques de 50 mil pesos, por ejemplo, lo que permite que los reciba la Tupac Amaru y pueda distribuir todos los fondos de acuerdo a un manejo no registral ni contable y ni siquiera de acuerdo al nivel de administración financiera que establece criterios muy concretos de ajustes contables de rendición de cuentas propios de fondos públicos. Y estamos hablando de sumas muy importantes. Lo otro que se verifica es que la gente vive, efectivamente, en la vivienda, pero no tiene la propiedad.

— ¿Cómo…?
—Es decir que, misteriosamente, nos encontramos con una situación muy extraña.

—Pero, ¿no hay escrituras?
—No. No hay escrituras. Han hecho las cosas de manera de mantener una especie de dominio. Un dominio –reitera Despouy–… y esto es de enorme gravedad porque falta un control de todo tipo. Se trata de propiedad privada. Son viviendas. Son fondos del Estado. Entonces, ¿será que estos informes avanzan y que la Comisión Parlamentaria Mixta no quiere recibir más informes de esta naturaleza? ¿Serán los que vienen? Nosotros, en las próximas horas, tenemos en examen, en el Colegio de Auditores Generales, varios informes.

— ¿Por ejemplo?
—Son informes elaborados por los técnicos y los científicos. Están debidamente procesados y se encontrarían ya en condiciones de aprobación. Hay situaciones de manejo de fondos; venta de títulos. Nosotros hacemos una auditoría del Estado muy intensa y muy concreta, pero tenemos también sobre el Servicio de Superintendencia de Salud que habla muy claramente de la situación de cómo, en 2009, el Estado recibió 2.400 millones y solamente distribuyó (entre APE y las obras sociales) 128.400 millones. La mitad quedó entonces en propiedad del Estado cuando, en este país, más de la mitad de las obras sociales están al borde de llegar a una situación de emergencia. Hay comportamientos estatales muy graves con respecto a… y eso habilita a nuevos reclamos. Supongo que las obras sociales van a tener, a partir de eso, un fin muy claro para plantearse. Estamos por aprobar ese informe que ya está en condiciones. No lo pude hacer en la última reunión, pero lo haremos cuando haya quórum.

Por ejemplo, tenemos todos los informes sobre Acumar.

—Explíqueme, por favor.
—Acumar es toda la cuenca del Riachuelo. Nosotros hemos hecho una auditoría ambiental muy completa. Hemos auditado también la ejecución de los fondos a través de los préstamos internacionales. También, antes, hemos auditado a Aguas Argentinas etc., y ahora se le obligó al Gobierno a establecer un plan único, que es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Ahí tenemos más de 100 mil millones de pesos. Ya están en ejecución cerca de cuatro a cinco mil millones. Nosotros, por la sentencia de la Corte, tenemos la competencia para auditar cómo se ejecutan los fondos en el Saneamiento Ambiental. Bueno, todos estos son informes que tenemos que presentar a la Corte Suprema de Justicia por ser parte de la sentencia de la Auditoría. Hemos elevado también una solicitud muy importante de la Corte con respecto a la situación particular de las empresas que podrían haber tenido relación con una empresa familiar del juez interviniente y designado por la Corte para la ejecución de la sentencia… Nosotros ya tenemos todo ese material producido. Es muy importante para el país, para la Corte. Y hago toda esta reflexión porque tenemos también algunas cuestiones vinculadas a tarifas telefónicas.

—Mire, doctor Despouy, visto de afuera, periodísticamente, ¿podríamos decir que lo que ha reforzado esta ofensiva contra usted es el hecho de que hubo en la catástrofe del Sarmiento 51 muertos y 700 heridos? ¿Y subsidios cuantiosos que no se sabe adónde han ido? Todo esto es para que usted no avance. ¿O no?
—Yo creo que sí. Pensando en las auditorías que hemos hecho, ésta, la del Sarmiento, debe ser probablemente la más emblemática porque tiene la particularidad de ser una auditoría que, en principio, preanuncia que las prestaciones del servicio de trenes son deplorables, que la situación de inseguridad es alarmante. Y eso la auditoría lo prueba. Lo señala. Incluso advierte sobre cuestiones como la ausencia de frenos justamente en el lugar donde se va a producir el accidente. O sea que estamos hablando no sólo de la debilidad de los frenos, ¡sino también de todos los sucedáneos del freno! Me explico: cuando no funciona un freno hay otras alarmas, otros mecanismos. Está el freno de seguridad, la forma de contención que hace que un accidente ¡no se transforme en una tragedia! Cuando desaparecen todos esos elementos hay algo premonitorio que ya parece estar dicho. Cuando realizamos la auditoría hemos hecho este tipo de verificaciones en este tema y hemos tomado fotografías en nuestra página web y, de pronto, me he encontrado con que me llama un periodista y me dice que acaba de saber que ha ocurrido un accidente en tal lugar y me dice “… en el informe de ustedes, en la auditoría, hay una foto que justamente señala que allí hay condiciones pésimas, ¡y acaba de producirse un accidente en tal lugar!..”. Es decir que el periodista me contaba una historia que nosotros ya habíamos preanunciado.

— ¿Se trataba de la tragedia del Sarmiento?
—En este caso, del Mitre. Pero vuelvo a la tragedia de Once y a esa auditoría que habíamos hecho con anterioridad. En ella se mostraba que había un manejo de fondos completamente discrecional. Con desvíos, con posibilidades de corrupción. En fin, una serie de situaciones. Y ¿por qué lo decíamos? Simplemente porque no iban al destino correspondiente. Por ejemplo, los fondos no se aplicaban a las tareas de reparación o de mantenimiento. Tampoco a la inversión, cuando la propia empresa debía haberlo hecho. Un comportamiento del Estado en el que decíamos que se había formado ¡una especie de cultura del incumplimiento! Como que el Estado cultivaba el comportamiento de los incumplimientos de los empresarios. ¿Y de qué manera? Mire, cuando uno hablaba con los empresarios ellos argumentaban: “¡Nosotros no recibimos todos esos fondos que se dicen que recibimos!”. Y nosotros: “¡Pero ustedes dicen recibirlos!”.

—Perdóneme, Despouy, ¿acaso esos fondos no se entregan contra un recibo?
—En el caso de los subsidios, el gran problema (y lo hemos dicho desde el principio) es que no hay rendición de cuentas. Por lo menos no las ha habido en las gestiones anteriores. Este nuevo ministro ha tomado algunas disposiciones que podrían indicar lo contrario, pero en todo caso, nosotros les decíamos: “No puede ser que el Estado siga invirtiendo tantos fondos públicos sin rendición de cuentas. Sin examinar si se aplicaron o no a su destino y sin comprobar el impacto, que teóricamente, deberían tener por su naturaleza de subsidio.” Se transformaban entonces en una especie de pago para los operadores para que no aumentaran las tarifas, pero en todo caso, las empresas no cumplían porque si cumplían perdían el subsidio. Había entonces allí una actitud propia del Estado, pero además, nosotros veíamos que muchas veces los grandes liberales en la entrega de subsidios son los gobiernos.

—Bueno, como el caso de Aerolíneas.
—… Veíamos una gran liberalidad en la entrega de subsidios por parte de Jaime, de Schiavi, pero al mismo tiempo, Jaime se beneficiaba de prebendas de las propias empresas que él favorecía. Con lo cual ahí vemos claramente una actitud que debería ser examinada por la Justicia y encuadrada dentro de lo que puede ser una conducta delictiva. Quizás le estoy dando demasiados detalles, pero después de la catástrofe de Once, hicimos otro informe con el cual ya tuvimos dificultades para que se aprobara. Recuerdo, por ejemplo, que los auditores del oficialismo me proponían que lo aprobáramos después etc., etc. A pesar de eso, lo sacamos. Pero allí aparece claramente que las observaciones que habíamos hecho en 2009/2010 se mantenían intactas porque la conducta no había cambiado. Y es importante saber que son estos informes de auditoría los que sirvieron en primer término para que el juez, después del accidente, decretara que nadie podía salir del país. Lo que se está examinando es el procesamiento de Jaime, de Schiavi y de Cirigliano. Y ahí voy a su pregunta inicial: ¿por qué este ataque? Bueno, puede ser un intento para que yo no avance o para invalidarme. Y le diré más: si yo fui un auditor ilegal entonces soy un auditor trucho. Y si soy un auditor trucho todo lo que he firmado no es válido y, por lo tanto, tengo que devolver los salarios que he cobrado (tal como plantea Aníbal Fernández) y cae la virtualidad jurídica. ¿Se imagina usted, si esto fuera cierto, a todos los abogados defensores de los principales personajes de este país acusados de corrupción, presentándose en Tribunales diciendo: “Que caiga ese informe de auditoría en el cual alguien está siendo procesado porque el presidente de la Auditoría era un presidente trucho”?

Como usted comprenderá, el tema es de enorme gravedad.

Tan grave que, horas más tarde de haber mantenido esta conversación, los auditores del Frente para la Victoria se negaron a dar quórum a la convocatoria del doctor Despouy porque recibieron órdenes de desconocer al presidente de la Auditoría General de la Nación. Tenazmente, éste convocó a otra reunión.

En el ínterin la Suprema Corte de Justicia convocó a la Audiencia Pública sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo de la que, en este momento, está participando el presidente Leandro Despouy, a quien ciertamente no le ha tocado un país fácil.

© Escrito por Magdalena Ruíz Guiñazú y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  el domingo 14 de Octubre de 2012.


Destituyentes… De Alguna Manera...


Destituyentes…


Es difícil optar entre la ignorancia más pedestre y la mala fe deliberada. Tal vez se trate de ambas cosas. Pero optar, a la hora de las hipótesis, entre definirlos como brutos o diagnosticar pura y tóxica malicia se torna un dilema espinoso. Vocero oficioso del oficialismo más rústico y a la vez embajador honorario de los ayatolás en la Argentina, Luis D’Elía se apresuró, tras la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela, a sentenciar que no debería haber “ningún impedimento legal” para que Cristina Fernández pueda postularse nuevamente como candidata a presidenta.

Pese a que se describe como “docente”, D’Elía procede como un troglodita, pero su deducción es extraordinariamente didáctica. Enseña cómo piensa la tropa oficial: “Si uno pensara en términos abstractos, no tendría que haber ningún límite leguleyo (según la RAE, “persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente”) para la voluntad popular. Si un pueblo quiere elegir, en cualquier país del mundo, al candidato que fuere las veces que crea necesario, no tendría que haber ningún impedimento legal para la voluntad popular”.

¿Leguleyo? Para el ensamblaje conceptual del oficialismo, las leyes y las normas sólo deben ser acatadas en tanto y en cuanto discurran en la dirección de las necesidades del Gobierno. Por eso la machacona insistencia de “adecuar” la ley máxima de la república a las necesidades coyunturales que alega tener el Gobierno. Dice D’Elía, hombre de conocimientos módicos: “Hay mucha hipocresía en la Argentina. Hay comunicadores hegemónicos que ven bien la re-reelección en Alemania o España y la ven mal en América latina. No se entiende”. Lo que él “no entiende” tiene que ver con su oscura y profunda ignorancia. Ilustrarlo puede servir al lector.

Desde la refundación de la democracia española, en 1982, ese país ha tenido cuatro presidentes de gobierno. España es una democracia constitucional y parlamentaria. La jefatura del Estado la ejerce el rey, y la titularidad del Poder Ejecutivo recae en el candidato elegido por el partido ganador de las elecciones legislativas. Ese diputado debe serlo primero, para que el Congreso lo designe presidente.

El socialista Felipe González fue elegido por cuatro legislaturas sucesivas, y ejerció la presidencia de España entre el 2 de diciembre de 1982 y el 4 de mayo de 1996. Su primer período fue de cuatro años (1982-1986), el segundo de tres (1986-1989), y el tercero otra vez de tres (1989-1993), al igual que el último (1993-1996). El conservador José María Aznar fue electo presidente en dos ocasiones (1996-2000 y 2000-2004). El socialista José Luis Rodríguez Zapatero ocupó el cargo entre 2004 y 2008, y entre ese año y 2011. El 21 de diciembre de 2011 asumió la presidencia de España el conservador Mariano Rajoy. Antes de Rajoy, los tres anteriores ocuparon más de un mandato, no como de una re-reelección derivada de una reforma hecha a medida sino en cumplimiento de lo estipulado por la Constitución española promulgada en 1978.

Algo parecido sucede en Alemania. Dividida hasta 1989, la nación alemana adoptó un régimen de democracia parlamentaria. El canciller federal es el jefe de gobierno y es elegido por el Bundestag (la cámara de diputados), para lo cual debe primero ganar una banca. La jefatura del Estado recae en un presidente con funciones honorarias.

Alemania Occidental tuvo seis cancilleres federales entre 1949 y 1990: Konrad Adenauer entre 1949 y 1963, Ludwig Erhard entre 1963 y 1966, Kurt Georg Kiesinger entre 1966 y 1969, Willy Brandt entre 1969 y 1974, Helmut Schmidt entre 1974 y 1982, y Helmut Kohl entre 1982 y 1990. Tras la unificación de ambos estados (Occidental y Oriental), Alemania eligió tres jefes de gobierno: Helmut Kohl de 1990 a 1998, y Gerhard Schröder de 1998 a 2005, año desde el cual gobierna Angela Merkel. Al igual que lo que sucede en España, no hay en Alemania tal cosa como “re-reelección”: las leyes constitucionales son las que determinan que el poder político deriva y emana del pueblo y que el pueblo se organiza en legislaturas, que tienen el derecho de nombrar y destituir al jefe del Ejecutivo. Se entiende, ¿no? Son parlamentos destituyentes, una paradoja que la elementalidad nacional y popular no podría entender jamás.

La pretensión ridícula de querer naturalizar las transgresiones constitucionales criollas tratando de equiparar el consuetudinario hábito argentino de cambiar las normas todo el tiempo con el cuerpo de la praxis constitucional europea configura una mezcla perfecta de inescrupulosidad y analfabetismo. Los autores de estas tramoyas dialécticas circulan lubricadamente por el escenario doméstico, porque perpetran con frescura disparates que raramente son interpelados desde medios que habitualmente padecen una penuria que conspira contra la excelencia informativa.

El problema, empero, no es sólo uno de ignorancia y cinismo. Es también una cuestión de desesperación. La temática de la reforma constitucional auspiciada desde el oficialismo, artificial, estéril e inútil, sólo revela el vacío existencial del cristinismo. Como ya es evidente, ostensible y cada vez más acuciante, Cristina Fernández no tiene sucesores ni delfines. Que así sea es un mérito de ella y de nadie más. Por eso, tras las elecciones legislativas de 2013, la opción por saber quién viene luego de ella es de vida o muerte para el Gobierno. Sólo puede ser ella. Cuando D’Elía habla, además de verbalizar su pasmosa rusticidad muestra dónde aprieta el cinturón en el esqueleto presidencial. Es una vivencia dolorosa.

© Escrito por Pepe Eliaschev y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  el domingo 14 de Octubre de 2012.

¿Todos complotan?... De Alguna Manera...


Los complots que ve el Gobierno en su contra...


La política se enfrasca y se aleja de los problemas reales. Hay momentos en los que la dirigencia política se enfrasca en su propia lógica, que por cierto no suele ser aplicable a los problemas reales de los ciudadanos. Éste parece ser, justamente, uno de esos pasajes de la historia argentina en los que se materializa la existencia de "mundos paralelos".

Las ásperas discusiones que se desarrollan en el Consejo de la Magistratura, un organismo desconocido por la gran mayoría de los argentinos, son tal vez el ejemplo más claro de que la política comenzó a transitar por un carril que se va bifurcando de las cuestiones cotidianas de las personas que habitan este país.

Sin embargo, en ese ámbito reducido se está incubando un escenario político que incidirá en la vida social en un plazo no demasiado extenso. Y que desembocará en una polarización no sólo en torno a la figura de Cristina Kirchner, algo que ya existe, sino que también dividirá las aguas ante una concepción más amplia vinculada con la forma de ejercer el poder.

Por eso las fuerzas políticas ya se lanzaron al debate en temas abarcativos como la vigencia de la Constitución. Claro que cada uno echa luz donde más le conviene: la oposición advierte que el kirchnerismo buscará forzarla para mantenerse en el gobierno más tiempo que el debido. Y el oficialismo acusa a grupos económicos de no tener empacho en violarla para mantener sus privilegios.

La semana que termina estuvo dominada por esta lógica irreductible, que dinamita cualquier puente que se pueda tender entre ambos sectores y multiplica pronósticos agoreros para la convivencia política. Aunque el Gobierno recuperó algo de aire con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela y la descompresión del conflicto salarial de las fuerzas de seguridad.

El kichnerismo se siente acosado

Un funcionario de perfil bajo pero muy influyente en la mesa chica de la Casa Rosada, Carlos Zannini, acaba de resumir en dos comentarios el estado de ánimo que invade al kirchnerismo: dijo que la reelección de Chávez resultó un alivio frente a cierto reverdecer "neoliberal". Y sostuvo que el Grupo Clarín "tratará de voltear al Gobierno antes que cumplir con la ley".

Se refirió, así, a la instrumentación de la Ley de Medios sancionada hace tres años por el Congreso y cuyo artículo más polémico, el que establece la desinversión de las empresas que excedan la normativa antimonopólica, es motivo de una virulenta guerra judicial que deja al desnudo las peores prácticas para conseguir que los magistrados fallen en un sentido determinado.

Tanto importa al Gobierno que Clarín tenga que desprenderse de unos cuantos medios —sobre todo de la señal de cable TN—, que la Presidenta reapareció esta semana luego de varios días de ausencia en actos públicos y utilizó la cadena nacional tras casi un mes de que sus asesores decidieran desactivarla en medio de una ola de protestas que incluyó escraches y cacerolazos.

Junto a la Presidenta estuvo Martín Sabbatella, el diputado —ahora en uso de licencia— que fue elegido por el Gobierno para llevar adelante la instrumentación de la Ley de Medios, con la mira puesta en el 7 de diciembre, tras la caída en desgracia de Gabriel Mariotto, el impulsor de la normativa que a esta altura no parece ser absolutamente confiable para el kirchnerismo.

Menos, luego de que elogiara la decisión del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de cancelar en pesos argentinos un bono de deuda provincial, lo que provocó intranquilidad en los mercados ante la posibilidad de que una provincia de la importancia de Buenos Aires tuviera problemas para afrontar el pago de sus vencimientos dadas las restricciones para conseguir dólares.

Cuando el Gabinete de Daniel Scioli ya evaluaba la necesidad de aclarar los dichos de Mariotto, el Banco Central emitió un comunicado en el que sostuvo que todo aquel acreedor que recibió bonos en dólares, recibirá su pago en la misma moneda. Pero quedó flotando en el ambiente la sensación de que la Argentina aún sigue pagando los costos de aquel aciago default de 2001.

Vuelven los fondos buitre

Tanto es así que la tripulación de la emblemática Fragata Libertad se encuentra varada desde hace muchos días en un puerto de la remota Ghana por acción de los llamados "fondos buitre", que lograron que un juez de aquella nación africana la retuviera al acceder a una demanda por más de 370 millones de dólares.

Hasta allí llegarán en las próximas horas enviados del Ministerio de Defensa y la Cancillería, que deberán dejar a un lado sus habituales rencillas internas para intentar destrabar la causa y lograr que la Fragata pueda abandonar el puerto ghanés.

El episodio no contribuye, por cierto, a mejorar el clima que predomina en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pese a que el Gobierno logró descomprimir el conflicto de los prefectos y gendarmes, para lo cual la ministra Nilda Garré debió entregar la cabeza de su hermano Raúl Garré, a quien atribuyeron la autoría del decreto que provocó la inédita escalada de tensión.

Es que a la cartera de Defensa se destina nada menos que la mitad de la grilla salarial de 8.000 millones de pesos anuales "en negro" que paga el Estado nacional, por sumas no remunerativas que luego no cuentan a la hora de la jubilación. Por eso el ministro Arturo Puricelli tuvo que manejarse con precaución para lograr que la situación no se le desmadrara como a su colega Garré.

Menos nervios hubo esta semana en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto para 2013. Y donde el titular del cuerpo, Julián Domínguez, recompuso el entredicho con el radicalismo al reconocer a Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación, un puesto que le corresponde al principal partido de oposición.

El Senado, por su parte, avanzará con la aprobación del voto optativo desde los 16 años, justo cuando se festejará un nuevo aniversario del 17 de Octubre de 1945, en un escenario en el que el kirchnerismo muta a cristinismo y en el que el peronismo se encuentra tanto en las filas del oficialismo como de la oposición, a la espera del momento adecuado para la renovación.

© Escrito por Mariano Spezzapria y publicado por Tribuna de Periodistas  el sábado 14 de Octubre de 2012.