Preguntas sin
respuesta...
Exclusivo dialogo
secreto de la Iglesia con Videla sobre el asesinato de los detenidos
desaparecidos. Videla le confesó a la Iglesia Católica en 1978 lo que recién
hizo público 34 años después: que los detenidos-desaparecidos habían sido
asesinados. La Comisión Ejecutiva le transmitió el pedido de Massera de
informar sobre el tema. Videla respondió que era imposible, por las inevitables
preguntas sobre cada asesinato, el responsable y el destino de los restos. Un
diálogo sobrecogedor, contenido en una minuta para el Vaticano que se conserva
en el archivo secreto del Episcopado.
La política de desaparición forzada de personas que el ex
dictador Jorge Videla acaba de admitir en varios reportajes y ante la justicia
fue reconocida en 1978 ante la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica.
Videla dijo que le gustaría brindar la información pero que en cuanto se comunicara
que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados comenzarían las
preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué
circunstancias y qué destino se dio a sus restos. La respuesta a esas preguntas
sigue pendiente 34 años después. En el diálogo con el periodista Ceferino
Reato, quien anuncia que no importa “tomar partido a favor o en contra del
entrevistado”, Videla dice que la desaparición de personas no se debió a
excesos o errores sino a una decisión de la pirámide castrense que culminaba en
él. Pero también da a entender que la imposibilidad de informar sobre los
desaparecidos obedece a que la información nunca estuvo centralizada, que cada
jefe de zona sólo sabía lo sucedido en su jurisdicción y que muchos han muerto.
“Los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final:
¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese
interrogante, con lo que el problema, al dilatarse, se agravaba día a día y aún
persiste.” Pero en su reunión con la Iglesia Católica Videla habló con mayor
franqueza, como se hace ente amigos: dijo que “el gobierno no puede responder
sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para
referirse a quienes realizaron la tarea sucia de matar a quienes habían sido
secuestrados y torturados y se encargaron de que desaparecieran sus restos. Al
elegir esa política que Videla calificó de cómoda, porque eludía las
explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los
cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a
disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantías del debido
proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó.
Hasta hoy se
han pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones, lo cual muestra que en
democracia nadie está condenado de antemano y que puede ejercer su derecho a
defensa. En el documento secreto sobre este diálogo, que el Episcopado conserva
en su archivo, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron
sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta,
que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por
sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu.
En abril de este año la
jueza Martina Forns, titular del juzgado federal Nº 2 en lo Civil y Comercial y
Contencioso Administrativo de San Martín interrogó a Videla en forma
exhaustiva, a solicitud del abogado Pablo Llonto, quien representa a Blanca
Santucho, hermana del jefe del ERP abatido en julio de 1976 por un pelotón del
Ejército, y cuyos restos nunca fueron entregados a la familia. Un paso
previsible en la investigación es solicitar a la Iglesia Católica acceso a los
documentos que atesora sobre el tema. El que contiene las explicaciones de
Videla lleva el número 10.949, lo que da una idea del volumen de la información
que el Episcopado sigue manteniendo en secreto. Está guardado en la carpeta
24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica eligió
silenciar el contenido de la conversación en la que Videla les reveló que todos
los desaparecidos habían sido asesinados. A continuación, la historia de ese
encuentro público pero de contenido secreto.
Carta al cardenal
El 10 de abril de 1978, el diario Clarín tituló su página 3 “El
presidente de la Nación almorzará hoy con la cúpula del Episcopado”. Emilio
Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de
1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con
un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal. También esa carta se
conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle
Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y desaparecidas,
1976-1983”. Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable
que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos
aislados”.
El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo,
la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a
los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a
los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de
“la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia
Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’
sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”. Añadió que
“sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la
necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada
‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también
los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de
Seguridad. Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del
Presidente de la República esta mañana”.
La desesperación y el
odio
Mignone decía que la desesperación y el odio iban ganando
muchos corazones y que las exigencias de justicia impedirían cualquier intento
de evolución democrática pese a que muchos dirigentes políticos, ansiosos por
subirse al barco oficial, querrían echar un manto de olvido sobre lo ocurrido.
También le informó a Primatesta que en marzo Emilio Massera le había dicho que
la Armada exigía que se diera a conocer la suerte de cada desaparecido y preso
no declarados, pero que el Ejército se oponía. “Nos pidió que solicitáramos a
usted, al señor nuncio, a monseñor Tortolo, que insistieran ante el Presidente
y comandante en Jefe del Ejército en el mismo sentido.”
Mignone no ignoraba las
tensiones internas en la Junta Militar y no experimentaba la menor simpatía por
ninguno de sus integrantes. Pero trataba de explotar esas contradicciones para
abrir una brecha en el muro de silencio sobre el destino de su hija y de miles
como ella. También advirtió a Primatesta que la táctica del silencio, de la que
el Episcopado participaba por sus propias razones, no era admisible. “El Pueblo
de Dios necesita participar y ser informado. Necesitamos conocer lo que el
Episcopado expresa al gobierno en sus comunicaciones. De lo contrario de nada
sirven.”
Un diálogo franco
Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión
Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que
habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo”
pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que
había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta
entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.” Primatesta informó
luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos
señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su
libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes
desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros
detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el
desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada
por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue
publicada. Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la
Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se
desvanecieran en su memoria.
El gobierno negaba que hubiera presos políticos
porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”,
incluso los sacerdotes arrestados. Las desapariciones de personas eran obra del
terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los
obispos. Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de
excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a
los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone. En un clima que
Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar
“todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por
los que le reclamaban. En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil
admitir que los desaparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a
preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo
referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San
Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las
dos religiosas francesas”. La minuta redactada al concluir el almuerzo
reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente
respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya
están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han
desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da
pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común?
En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa?
Una serie de preguntas que la
autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias
sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en
la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la
desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la
amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía,
pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza
muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se
analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como
una amenaza. Primatesta también habló “sobre la actitud de alguna Fuerza Armada
que urgía la publicación de las listas de presos, v.g. el almirante Massera”.
En realidad, Mignone le había escrito que la lista de presos no tenía valor
alguno, porque los familiares la conocían, y lo que Massera reclamó fue una
lista de detenidos-desaparecidos. Videla se alzó de hombros. Aunque presidía la
Junta y el gobierno, no tenía todo el poder y había fuerzas que no controlaba,
dijo. Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe
preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”.
Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó
que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, lo cual
parece una fiel interpretación del propósito de Massera.
Los jefes del Ejército
y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la
Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no
encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos,
dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos,
fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la
Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en
que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño
que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda
la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo
entrevistó, el español Ricardo Angoso, “mi relación con la Iglesia Católica fue
excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó
problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba
“algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta
“llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra,
“también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004
y Primatesta en 2006. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen
hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.
© Escrito por Horacio
Verbitsky y publicado por el Diario Página/12 el domingo 6 de Mayo de 2012.
