Ya se perciben las
consecuencias
por la expropiación de YPF...
La Argentina se aisla, aún más,
del mundo. El debate fue planteado de manera equivocada desde un comienzo: no
se trata de discutir si YPF debe ser nacionalizada o no, sino de la manera en
que esto se lleva adelante. ¿Por qué el gobierno decidió hacer las cosas mal si
podía actuar correctamente y de acuerdo a lo que dice la ley?
El apuro gubernamental por expropiar a
Repsol, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional
—ver oportuno análisis de Tribuna de Periodistas— fue el pasaje a una
millonaria demanda judicial que será fácilmente ganada por la firma española.
Los costos, mal que le pese a la sociedad, no serán pagados por los
funcionarios de turno, sino por los ciudadanos argentinos.
No se trata del único problema a futuro:
¿Cómo explicar a eventuales inversores extranjeros que la Argentina es un lugar
seguro para invertir? ¿Cómo hacer que no se escapen a otros destinos como
Chile, Uruguay, Brasil y hasta Colombia?
Lamentablemente, no se trata de futurismo
sino de la más cruda actualidad. Por caso, la poderosa empresa española de
tecnología energética N2S emitió esta semana un duro comunicado anunciando la
cancelación de sus planes de entrar a la Argentina, inmediatamente después de que
trascendió la expropiación a YPF. "Incertidumbre jurídica", fue el
argumento esgrimido.
Quien aprovechó la ocasión para llevar agua
a su molino fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien abrió las
puertas de su país a las empresas españolas y hasta le garantizó al jefe del
Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que cumpliría todas "las reglas del
juego". "Aquí no expropiamos", vociferó el mandatario foráneo
para despejar toda duda.
En la Argentina, mientras tanto, el Gobierno debió
jurar públicamente que no se estudiaba forzar la propiedad de ninguna otra
empresa. "Por ahora no hay ninguna decisión de este tipo", aseguró el
ministro del Interior, Florencio Randazzo, al ser consultado sobre el tema.
Todo un síntoma de la preocupación que impera en estas horas en Casa de
Gobierno.
El dilema de las provincias
En estas horas, el caso YPF no solo
preocupa a la ibérica Repsol, sino también a los gobernadores que integran la
revaluada Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos
(Ofephi). ¿Qué ocurrirá a partir de hoy con las regalías que estos cobraban
puntualmente por parte de la empresa ahora expropiada? ¿Seguirán percibiendo
esos fondos? ¿De qué manera?
Debe recordarse que existen provincias como
Mendoza, que ostentan fuerte déficit en sus cuentas y que precisan de esa
relevante caja. Si bien el Gobierno ha prometido a los mandatarios que integran
la Ofephi que
serían parte integrante de la nueva YPF, lo único que recibirán son acciones
caucionadas a 50 años. En buen romance, les darán "espejitos de
colores".
Al ejecutivo nacional poco le interesa la
opinión de los gobernadores, a quienes insiste en ahogar a través de la
coparticipación de impuestos. Hoy todas las fuerzas del oficialismo se enfocan
en las reservadas negociaciones que vienen llevando adelante con dos petroleras
internacionales a efectos de impulsar la exploración de la descomunal reserva
de gas shale "Vaca Muerta" en Neuquén. Es un anuncio que fue
anticipado por Tribuna y que será dado a conocer la semana entrante,
seguramente a través de la voz del ascendente Axel Kicillof.
De más está mencionar que la mera
divulgación de esa exploración será una fuerte carta de victoria para Cristina
Kirchner, no solo por el respaldo que le dará la ciudadanía en plena sequía de
combustible, sino también por el interés que generará en compañías petroleras
foráneas.
Será, de todos modos, un naipe de
distracción popular, ya que el interés real de la mandataria en torno a la
expropiación de YPF, es lograr hacerse de una millonaria caja para enfrentar
con eficacia un año que se presenta fuertemente deficitario. Nada de
patriotismo.
La que supo definirlo con palabras
sencillas ha sido la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, en el marco de una
entrevista que le hizo este mismo medio: “Cristina toma YPF por problemas
fiscales y no como estrategia productiva para el país”.
Debe recordarse que, tanto la Presidenta como su
fallecido marido, han sido, no solo grandes propulsores de la privatización de
YPF en los denostados años 90, sino también los que han pergeñado el ingreso de
la familia Eskenazi a la misma empresa sin poner un solo peso.
Más aún: durante los últimos años, el
oficialismo supo exactamente cómo Repsol vaciaba YPF, ya que el kirchnerista
Roberto Baratta era representante del Estado en esa compañía. ¿Debió esperar
hasta ahora para denunciarlo públicamente? ¿O el faltante de combustible —y
dinero para adquirirlo afuera— obligó al kirchnerismo a tener que traicionar a
sus ex socios?
Como sea, la expropiación ha servido
también para desviar la atención de otro tema, el que involucra a Amado Boudou
en el posible delito —entre otros— de negociaciones incompatibles con la
función pública.
La situación es de una paradoja tal, que el
propio Vicepresidente se animó a hablar del tema YPF, vinculándolo de alguna
manera a su propia situación personal. "No tenemos miedo, no vamos a dejar
que nos callen", aseguró Boudou en plena Feria del Libro.
Surrealismo aparte.
Concluyendo
El pasado martes 17, la patronal europea
(BusinessEurope) y las cámaras de comercio de la Unión Europea
(EuroChambres) enviaron una carta conjunta a Cristina Kirchner en la que le
hicieron saber que la expropiación de YPF constituye una "decisión
desafortunada" que "representa una señal muy negativa para los
inversores, tanto a nivel nacional como internacional".
Según publicó oportunamente diario La Nación, las dos entidades
han resaltado en su texto la importancia de la "seguridad jurídica" y
recuerdan que la protección y las garantías de las inversiones constituyen
"el principal pilar" de las transacciones empresariales a nivel
mundial.
"Una ruptura de estos principios
básicos puede conducir a consecuencias internacionales negativas y
devastadoras", añade la misiva, firmada por los presidentes de BusinessEurope,
Jürgen Thumann; y de EuroChambres, Alessandro Barberis.
La gravedad de esas palabras jamás tocaron
el corazón de la Presidenta,
quien prefirió redoblar la apuesta e ironizar con la decisión española de no
comprar más combustible argentino: "Si quieren pagar más caro el
biocombustible, no lo vamos a cuestionar; es una decisión soberana". Un
funcionario de la cercanía de Cristina fue más directo aún: "No hay
ninguna preocupación en el Gobierno por futuras represalias".
Lo que para la mandataria y sus ministros
parece ser un chiste, es en realidad la pérdida de un negocio que representa
para la Argentina
casi 1.000 millones de dólares anuales. A eso debe sumarse el pedido del
Parlamento Europeo de suspender las preferencias arancelarias para productos
argentinos, que representan otros 3.100 millones. ¿Adónde está la humorada?
En fin, esta suma de desaciertos ha llevado
a la Argentina
a estar cada vez más aislada del mundo. Revertir esa situación no será nada
sencillo, se precisará de un trabajo conjunto a largo plazo y de la lenta
generación de confianza ante el mundo.
Esta vez, mal que le pese a Cristina, no
alcanzará con las palabras de ocasión del camporista Axel Kicillof.
© Escrito por Christian Sanz y publicado en Tribuna de Periodistas el domingo 22 de Abril de 2012.
