Los casos Schoklender, Inadi, Santa Cruz, Moyano y Noble Herrera impactan en CFK.En el oficialismo, nadie sabe nada de lo que la Presidenta vaya hacer con su vida política. Allí, todos dan por hecho que finalmente habrá de presentar su candidatura a la reelección. “Es la lógica, pero la verdad es que no sé nada”, confesaba hace unos días a un ex funcionario Juan Carlos Mazzón, un operador clave del kirchnerismo.
La semana que pasó no ha sido fácil ni para el Gobierno ni para Cristina Fernández de Kirchner. El escandaloso episodio que involucra a los hermanos Schoklender ha golpeado fuertemente a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y ha abierto un rumbo que inquieta al poder. El escaso control de los funcionarios de su administración sobre la ejecución del plan Sueños Compartidos ha contrariado a la Presidenta.
Como ya se ha expresado en la columna del domingo último, el desorden y las “desprolijidades” que se vienen conociendo día tras día eran vox pópuli dentro y fuera del Gobierno. Un ex funcionario perteneciente a la génesis del kirchnerismo se lo advirtió con claridad a Hebe de Bonafini. “Le dije que la construcción de viviendas, sumado al manejo de la universidad y de la radio les iba a traer complicaciones”, recuerda este hombre que supo estar a cargo de una cartera con despacho en la Casa Rosada. “Si no me pararon los milicos, no me vas a parar vos”, fue la cortante respuesta que obtuvo de Bonafini, quien se fue ofendida y, a partir de ese momento, no lo saludó nunca más.
La consecuencia de ese desorden fue que se designó como asesora de la Fundación a Felisa Miceli. En realidad, lo que se hizo en ese momento fue pedirle a la ex ministra de Economía una auditoría a fin de saber cómo estaban los números de la organización de las Madres.
Los resultados alarmaron a Miceli. Por eso es que no resultó casual saber que se la vio en la sede de la Fundación en el mismísimo momento en el que se desarrollaba el allanamiento ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide. Miceli debe hablar y es seguro que Oyarbide habrá de citarla a declarar en algún momento de la investigación. A propósito del juez, nadie atina a explicar cuál fue la razón que lo llevó a demorar casi diez días el allanamiento a las oficinas de la Fundación que ocupaban Sergio y Pablo Schoklender. ¿Esperaba a esa altura encontrar algo de real significancia para la causa?
En el poder, se ilusionan con que en los próximos días el magistrado dicte la prisión preventiva de Sergio Schoklender. “Eso sería un absurdo y un signo de presión política por parte del Gobierno que dejaría muy mal parado al juez”, explica un profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que además fue funcionario kirchnerista.
Todos los días se conocen nuevos hechos que dejan mal parados tanto al Gobierno como a la administración de la Fundación. En Santiago del Estero es un secreto a voces que, a cambio de una mínima paga, personas de bajos recursos se presentaban a cobrar por ventanilla cheques de Meldorek cuyos importes tenían después destino desconocido.
El sistema de contratación directa aplicado a la Fundación está ahora bajo la lupa y ello genera preocupación en más de una de las intendencias obligadas a formar parte del plan Sueños Compartidos. La legislación permite la contratación directa de fundaciones en tanto y en cuanto ellas sean las recipiendarias finales de esos dineros destinados a pagar por sus servicios. En este caso, en cambio, la Fundación de las Madres se ha conducido como una verdadera intermediaria, ya que subcontrataba a Meldorek para que ésta fuese la que hiciera las obras en cuestión. Se daba así el caso de que Schoklender era el apoderado de la Fundación que a su vez, con fondos públicos, beneficiaba a la constructora de su propiedad. Un negocio redondo.
Una de las argucias legales que se pretende introducir en la causa es que Meldorek no es una constructora. Sin embargo en su página web, en el ítem Línea de Negocios, se lee: Construcción, aeronavegación, agroindustria, sustentabilidad.
Tal como lo adelantara esta columna el domingo pasado, el fiscal Jorge Di Lello ha decidido investigar a los socios de Sergio Schoklender en la hipótesis de que, alrededor del plan Sueños Compartidos, se había montado una operatoria orientada a negocios financieros en negro y al posible lavado de dinero. Algunos en el Gobierno lo sabían; otros, lo sospechaban. Sin embargo, nadie dijo nada; las Madres eran intocables.
Hace unas tres semanas, en medio de su visita a Italia, Fernández de Kirchner ordenó que se encomendara a tres consultoras la realización de encuestas para evaluar la figura de su cuñada, Alicia Kirchner. El resultado fue tan desalentador como previsible.
El escenario político que rodea la determinación que tomará la Presidenta respecto de su candidatura no es el que ella hubiera soñado. Al margen del episodio de Schoklender y Bonafini, se han agregado otros que la han inquietado.
El primero es la bochornosa disputa en la conducción del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), entre Claudio Morgado y María Rachid, a quienes se los debió echar, circunstancia que ha afectado a la campaña de Daniel Filmus, ya que la desplazada funcionaria está ubicada en el cuarto lugar de la lista de candidatos a legisladores porteños por el kirchnerismo.
El segundo es la situación absolutamente incontrolable en la provincia de Santa Cruz. En vida, de eso se ocupaba Néstor Kirchner. El espacio vacío dejado por su muerte permanece vacante.
El tercero lo representan las actitudes de Hugo Moyano, quien en sus presentaciones en las universidades viene cascoteando al Gobierno con los temas que más le duelen: en la Universidad de Belgrano fue la inflación; en la Del Salvador, la inseguridad.
Por último, la decisión de los hermanos Noble Herrera de acceder a realizarse los tests de ADN en el Banco de Datos Genéticos y cotejarlos con todas sus muestras tal como lo marca la ley. Esta determinación tomó al Gobierno por sorpresa, lo que disgustó a la Presidenta.
La realidad es que este caso –sobre el que es imprescindible el conocimiento de la verdad que permita saber si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos o no– es usado por el kirchnerismo como un instrumento más en su batalla interminable contra Clarín. El objetivo final es poner presa a Ernestina Herrera de Noble y desplazar a Héctor Magnetto de la conducción del Grupo y buscar así su desarticulación.
Todo este engranaje caería si es que, como lo asegura uno de los abogados que luego de un profundo estudio de cada unos de los casos judiciales involucrados en esta búsqueda, convenció a los hermanos Noble Herrera y a su madre de dar este paso, los tests fueran negativos.
Este es el marco en el que, durante este fin de semana, Cristina Fernández de Kirchner debe terminar de decidir sobre su candidatura a la reelección. Desde el punto de vista de la lógica política, la única respuesta esperable es el sí. De ello hablará seguramente la Presidenta con su hijos por estas horas en las que el Día del Padre hará sentir en las alturas del poder los efectos del mal de ausencia.
© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares el domingo 19 de Junio de 2011.
