El devenir de la pesquisa judicial por la desaparición y muerte de Santiago
Maldonado...
La familia de
Maldonado insiste en la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte.
Imagen: Télam
La causa acumula
una larga lista de irregularidades. El primer juez fue separado por falta de
imparcialidad. La Gendamería lavó las camionetas que participaron del operativo
y sus efectivos cambiaron su testimonio.
© Escrito por Adriana Meyer el Sábado
25/11/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El errático devenir de la investigación judicial
contiene, a pesar de algunos vicios, muchos de los elementos referidos a las circunstancias
que rodearon la muerte de Maldonado, por omisión o encubrimiento explícito.
Varias personas vieron por última vez con vida a Santiago. Los mapuches Ailin
Co, Lucas y Claudina Pilquiman, Matías Santana, Soraya Maicoño, Andrea
Millañanco lo cuentan, lo declararon varias veces ante la justicia que hoy los
reprime. Pero también debieron haberlo visto los siete gendarmes que lo
perseguían, entre ellos Emmanuel Echazu. Ellos niegan y se contradicen. El
joven mochilero y tatuador desapareció el 1º de agosto luego de participar de
un reclamo, el corte parcial de la ruta 40, junto a la comunidad mapuche en
Resistencia de Cushamen por la detención de su lonko Facundo Jones Huala hacía
un mes, y de varios de sus peñi (hermano) el día anterior en Bariloche.
Su cuerpo sin vida apareció 78 días después flotando en
el río Chubut, a pocos metros de donde lo vieron intentar cruzar las aguas y de
las viviendas de los mapuches. Tanto ellos como la familia estuvieron en ese
mismo lugar horas antes sin detectarlo. Santiago murió ahogado, dijo la
autopsia, un elemento fundamental de la investigación. Tanto como las
circunstancias de esa muerte, que exceden largamente los alcances de tales
peritajes científicos. Maldonado perdió la vida, o se la quitaron, mientras
estaba rodeado de gendarmes, que gritaban “fuego libre”, “acá tenemos a uno” y
“maten al negro”. Santiago era blanco, no huinca (invasor) sino weñüy, (amigo)
y estaba encapuchado, para camuflarse en solidaridad con los mapuches, y habían
decidido con Matías cambiarse la ropa, así las fuerzas de seguridad no los
identificaban. Maldonado apareció con la misma campera celeste que describió
hace dos meses Santana en su declaración testimonial.
La familia afirmó que la fiscal de la causa, Silvina
Ávila, se vino desempeñando como abogada de Gendarmería, principal fuerza
sospechada desde el minuto cero. El primer juez de la causa fue apartado por
“insuficiencia de imparcialidad”, no sólo porque anticipó en los medios que
“Santiago se ahogó” sino porque permitió que los funcionarios del Poder
Ejecutivo, de quien depende Gendarmería, tenga injerencia directa en el
expediente. Aún con un nuevo magistrado los Maldonado siguen insistiendo en que
no hay una investigación independiente, porque los auxiliares de la justicia
siguen siendo los uniformados que dependen de Patricia Bullrich. “Con la
información que se nos dio hoy no podemos concluir ni cómo ni cuándo falleció
Santiago”, sentenció la abogada Verónica Heredia.
Como marcó Heredia desde el inicio, el Gobierno hizo todo
lo contrario a lo que indican las convenciones internacionales para casos de
desaparición forzada, por ejemplo, establecer una recompensa que sólo sirvió
para llenar el expediente de pistas falsas que desviaron el eje bien lejos de
los gendarmes. En el tercer día de la investigación, Heredia pidió el listado
de personal que intervino en la represión y le dieron el nombre de siete
gendarmes, cuando había estado unos cincuenta. “Ahí entendí que la impunidad
venía en camino”, dijo en aquel momento. Un repaso de algunos momentos del caso
puede servir para ratificar aquel vaticinio de la abogada, que ya había
obtenido la condena del país por la desaparición forzada del mapuche Iván
Torres, en 2011.
El 3 de agosto, en su cuenta de Facebook, el periodista
Ricardo Bustos posteó que Maldonado había sido detenido por Gendarmería y la
justicia federal “tenía la papa caliente”. El 16 de agosto interrogado en el
juzgado, este periodista afín a Cambiemos y de conocidas posturas antimapuche,
no explicó de dónde obtuvo la información. Tampoco le preguntaron. No era la
primera vez que aparecía la palabra “detenido” en el expediente. En un audio de
whatsapp entre gendarmes uno dice “el que tenía a Maldonado en la camioneta era
la sargento Sartirana”, en referencia a Sergio Sartirana, chofer de una Ford
Ranger que portaba un arma 9 milímetros. Este dato habría despertado la
curiosidad del nuevo juez.
El 2 de agosto, el juez federal Guido Otranto dejó ir sin
interrogar a quien pudo haber sido testigo clave, el músico chileno Nicasio
Luna.
Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH y autores de
uno de los habeas corpus por Santiago, participaron de casi todos los
procedimientos, entre ellos el que se hizo al Escuadrón 35 de El Bolsón, donde
comprobaron que las camionetas de Gendarmería estaban lavadas y había un
vehículo oculto. Gendarmería justificó el borrado de pruebas en base a un
reglamento que obliga a mantenerlos limpios.
A diferencia de los testimonios de los mapuches, que se
complementan uno con otro, los gendarmes se contradicen entre lo que dijeron
ante el juez Otranto y lo que respondieron a Daniel Barberis, director de
Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, en la investigación
interna. Habían ingresado ilegalmente a la Pu Lof luego de que el jefe de
Gabinete de Seguridad Pablo Noceti le dijera al juez que si no tenía
jurisdicción más allá de la ruta podía actuar igual por “flagrancia”, y
llegaron hasta el río persiguiendo manifestantes. En todas las testimoniales
participó Gonzalo Cané, secretario de Relaciones Interpoderes del Ministerio de
Bullrich. Así surge del relevamiento del periodista Sebastián Premici, en
Cadena del Sur: los gendarmes niegan en sus relatos afirmaciones dichas un mes
antes en sus informes individuales.
Tal como afirmó PáginaI12, las entrevistas con Barberis
fueron para prepararlos y sondearlos. “Estamos todos en el mismo barco”, dijo
el funcionario. ¿El resultado? Respuestas inducidas con información ajena a los
relatos de los gendarmes dubitativos, quienes quedaron identificados. Por
ejemplo, Ramón Vera dijo que llegó al río y el sargento Carlos Pelozo ya estaba
allí, que vió cómo ya habían pasado unos seis manifestantes. Vera no escuchó disparos.
Sin embargo, el gendarme Zoilán dice que él realizó dos disparos cerca de
Pelozo, y allí también estaba Vera. Nunca fueron indagados, menos careados.
Una vez que los testigos mapuches habían comenzado a
declarar, el juez Otranto allanó la Lof en un operativo en el cual mantuvo a
dos de ellos doce horas en el piso con las manos precintadas, mientras que
Ailin Co y Hernández fueron amedrentados por los miembros del GEOF bajo el
mando de Otranto y Ávila. El juez dijo a la activista mapuche Moira Millán que
había allanado Cushamen y Vuelta del Río porque las comunidades eran
“sospechosas de tener a Santiago”.
Si Gendarmería no tenía nada que ocultar ¿por qué informó
tarde y mal? ¿Para qué el Gobierno interfirió en forma directa, adulteró libros
de guardia y utilizó el sistema de espionaje del Proyecto X para espiar los
movimientos de la familia Maldonado y de los abogados?
Una de las fuentes más tenaces del caso compartió con
PáginaI12 que “equiparar el resultado de la autopsia a una sentencia absolutoria
de la actuación de Gendarmería es tan descabellado como volver a la teoría del
puestero que apuñaló a Santiago, la pista falsa que sembró el gobierno y que
ocupó mucha energía y fojas”.
La querella del Cels dijo que “cuando ese operativo
ilegal y violento finalizó, faltaba ‘el Brujo’ Maldonado. La comunidad y la
familia denunciaron su desaparición considerando que hubiera sido detenido. Los
organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había
participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. El Cels
hizo visible la denuncia e intentó que las dependencias oficiales lo buscaran:
en estos casos sin presión social ni insistencia sobre los funcionarios no hay
una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática”.
La palabra “detenido” en el expediente en realidad
aparece al principio, cuando declaró ante la Procuración de Violencia
Institucional Claudina Pilquiman, la mapuche que llevó a Santiago a la Lof el
31 de julio, lo vio pasar corriendo para agarrar su mochila antes de bajar
hacia el río escapando de los gendarmes, y quien junto a su hija lo buscó hasta
la madrugada del 1º. En el escuadrón de El Bolsón le dijeron que ya habían
recibido la llamada preguntando si tenían a un detenido, pero respondieron que
intervinieron los de Esquel. “No tenemos a nadie, eso sería muy grave”, dijo
nervioso uno de los tres gendarmes que las recibieron. Se miraron y no buscaron
más. “Sabíamos que lo tenían ahí”, dijo Claudina ante los fiscales de la
Procuvin.
