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sábado, 28 de diciembre de 2019

Consenso político. El Pacto Social… @dealgunamanera…

De qué se trata el pacto social que el Gobierno firmó con gremios y empresarios…

Empresarios y sindicalistas con Alberto Fernández. Fotografía: Presidencia de la Nación.

Esta tarde el Presidente y representantes del Ejecutivo rubricaron el "Compromiso Argentino de Solidaridad" con una multisectorial.

© Publicado el viernes 27/12/2019 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Gobierno, empresarios y sindicalistas firmaron el "Compromiso Argentino de Solidaridad", un pacto social impulsado por el presidente Alberto Fernández para tratar de superar la crisis económica y social. 

En el encuentro también participarán movimientos sociales, pero no estarían todas las entidades del campo. Enmarcado en la ley de emergencia económica que aprobó el Congreso días atrás, el documento impulsa "un desarrollo inclusivo y sostenible". 

Convoca a realizar un "esfuerzo extraordinario" para cumplir con "la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar".


Alerta sobre el problema de la deuda y sostiene que una de las prioridades es la "resolución sustentable" del problema.


"Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país", señala.

Propone alcanzar "consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial".

Defiende el rol del Consejo Económico y Social como el escenario para saldar diferencias sectoriales en pos de un único objetivo: reanimar la economía.

El texto completo es el siguiente:

"COMPROMISO ARGENTINO DE SOLIDARIDAD"

"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

"Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

"Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

"Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.

"Para lograrlo, suscribimos este compromiso patriótico solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

"Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

"Nos comprometemos solidariamente, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

"En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

"Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país.

"Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo, que permita la unidad nacional más allá de las diversas posiciones.

"Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.

"Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

"Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

"Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multi-sectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.

"Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.

"Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

"Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

"Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.

"Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

"Comprendemos que la carencia de información adecuada para la toma de decisiones consistentes ha llevado al Gobierno a solicitar al Congreso facultades extraordinarias y un plazo de 180 días para acceder a esos datos y elaborar propuestas socialmente equitativas, fiscalmente sostenibles y, en general, acordes a un país que quiere crecer y distribuir la riqueza de un modo genuino.

"En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe ver reforzado en su efectividad con el concurso de conductas sectoriales responsables, en especial de los formadores de precios y los eslabones más rentables de las cadenas de distribución. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

"Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

"Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular la economía popular, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

"Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

"La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

"Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

"Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional. 

"Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos".

Informe: NA

JPA CP




sábado, 16 de febrero de 2013

La trampa del sentido común… De Alguna Manera...


La trampa del sentido común…
En la revista Borradores que edita la Universidad Nacional de Río IV en su ensayo sobre La trampa del sentido común, Hugo Daniel Aguilar señala:
“... la configuración del sentido común es inherente a la construcción social de la representación que llamamos ‘lo real’, ya que en ese proceso se constituyen también una visión del mundo y una lectura de lo que se considera como ‘lo correcto y lo verdadero, en un determinado punto del tiempo histórico’.

Lo cual compromete no sólo una ‘descripción’ del mundo en tanto ‘lo real’, sino una ‘valoración’ axiológica de ese mundo y los sujetos que lo habitan...”.

En esta dirección de análisis para confrontar al Gobierno nacional y todas sus iniciativas, los medios opositores, apoyados por el coro de gurúes neoliberales y políticos que le son afines, han propalado esta semana, con intensidad digna de mejores causas, la certeza del fracaso del reciente acuerdo de precios bajo la falacia, convertida en  “sentido común” en las últimas décadas de “libre mercado” que afirma que “los acuerdos de precios siempre fracasaron en nuestro país”.

Esta sentencia, que pretende describir una circunstancia “objetivable” en el “mundo real”, no es más que una construcción valorativa de aquellos que rechazan la intervención del Estado en la economía en general y su capacidad de regulador de precios en particular.

Sin embargo, a poco de revisar la historia reciente observamos que nada es más falaz que sostener el fracaso necesario de los acuerdos de precios. Revisemos los últimos tres grandes acuerdos llevados adelante por gobiernos peronistas.

1. Año 1952. Las medidas de control o acuerdo de precios que generó el gobierno justicialista lograron revertir la situación, y la inflación pasó del 38% en 1952 al 4% en 1953 y cayó al 3,8% en el año 1954. Al mismo tiempo el nivel de actividad económica aumentó y el PBI pasó de una caída del 6% en 1952 a un crecimiento del 5,4% en 1953.

Hacia 1954 el Producto Bruto Interno se ubicaba en 10% por sobre el del año 1952, mientras que el incremento de precios había sido tan sólo del 8% acumulado bianual, los salarios reales mantenían los niveles de principios de la década y la participación de los trabajadores sobre la renta fue la máxima en la historia nacional al punto que en 1954, el registro fue del 50,1%, alcanzándose así el deseado fifty-fifty.

2. Año 1973. Con el regreso definitivo del General Perón, el Pacto Social, que impulsara como principal medida de política económica, supuso también acuerdo de precios, y fue tan eficaz que logró bajar la inflación drásticamente del 100% existente, cuando iniciara el gobierno de Cámpora, al 30% en sólo un año.

Nuevamente el control de precios sostenido políticamente por Perón mientras vivió fue eficaz y logró junto a otras medidas del gobierno popular que en el año 1974 la diferencia entre el 10% más rico y más pobre de los perceptores de ingreso fuera de 12 veces (en el año 2002 tras el colapso de los experimentos neoliberales alcanzó las 32 veces) y la participación de los trabajadores en el Producto alcanzó el 47,0%, ¡segundo récord histórico! (en 2002, de la mano de los libremercadistas la participación de los trabajadores sobre el producto había caído al 17%).

3. Por último, llegamos al año 2006. La etapa más reciente de acuerdos de precios fue desplegada exitosamente por Néstor Kirchner, y supuso la muy oportuna eyección de Roberto Lavagna cuando en su último trimestre como ministro el rubro alimentos y bebidas proyectara una inflación anualizada de canasta de alimentos del 24,7%, lo que hubiera supuesto, por el lado del gasto de los hogares, 1,2 millones de indigentes más, ya que no existía en ese momento la Asignación Universal por Hijo como mecanismo compensador de ingreso.

El acuerdo de precios desplegado por Néstor Kirchner logró que la suba de alimentos y bebidas en el año 2006 fuera del 4,9%, veinte puntos por debajo de la pesada herencia dejada por Lavagna, que hoy dicta cátedra sobre política antiinflacionaria.

Finalmente, como lo mostramos en esta columna, la afirmación que supone a los acuerdos de precios un mecanismo destinado inexorablemente al fracaso, no tiene sustento empírico y es fácilmente rebatible.

Se trata de una construcción sostenida hoy por los medios opositores respaldados por el discurso de los gurúes neoliberales convertido en “sentido común”, una trampa en la que caen una y otra vez aquellos que rehuyendo a todo esfuerzo de comprensión repiten como loros y cotorras, todos y todas, las tapas de los diarios y los zócalos de los noticieros opositores. ¿No es una macana, estimados lectores de Perfil?

© Escrito por Artemio López Director de Consultora Equis el viernes 15/02/13 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.