La letra chica…
Techo a los aumentos a estatales del 8 por ciento, ajuste de empleados
públicos, remate de las acciones del Fondo de Sustentación de la Anses, venta
de terrenos oficiales, aumentos de tarifas, recortes de la obra pública y en
las transferencias a las provincias y las empresas del Estado.
© Escrito por Tomás Lukin el
sábado 14/07/2018 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El Fondo Monetario Internacional
difundió ayer su evaluación interna de la economía argentina. El paquete de
documentos elaborado por los técnicos del organismo multilateral ofrece
detalles sobre el programa de ajuste fiscal que propuso el gobierno. Anticipa
despidos de empleados estatales, mayores aumentos de tarifas, recorte del
financiamiento para las empresas públicas y la paralización de la obra pública.
Los técnicos del FMI revelan que el Ministerio de Hacienda ofreció postergar la
reducción de las retenciones a la soja para garantizarse mayores ingresos
tributarios, aunque la dependencia encabezada por Nicolás Dujovne se apresuró
luego a desestimar que vaya a limitar la rebaja en los derechos de exportación
comprometida con el sector agroexportador.
El resto de las medidas fiscales
listadas en el documento no fueron puestas en duda por las autoridades locales.
El informe reitera la intención oficial de “amortizar” los activos del Fondo de
Garantías de Sustentabilidad de la Anses y suma a ese listado la
venta de tierras. En materia impositiva propone postergar el recorte en las
contribuciones patronales previsto en la reforma fiscal aprobada a fines del
año pasado. “El staff evalúa que la deuda es sustentable, pero no con una alta
probabilidad”, advierte el Fondo al referirse a los pasivos externos del
país.
El paquete de documentos consta de
125 páginas donde los técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles
hasta ahora desconocidos del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta
50.000 millones de dólares durante tres años. Entre los elementos identificados
figura “la reducción del salario real de los trabajadores públicos” fijando un
techo nominal para los incrementos del 8 por ciento hasta junio de 2019.
“Reducir la nómina salarial
ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no
prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración
federal”, sostiene el informe interno elaborado por el staff del organismo
multilateral que fue remitido un mes atrás a las autoridades del FMI. Con esa
evaluación de las medidas propuestas por Argentina, los miembros del directorio
aprobaron el préstamo extraordinario que solicitó el gobierno de Mauricio Macri
para intentar frenar la crisis. La publicación del documento se postergó al
punto que excedió los plazos previstos en la política de transparencia del
Fondo.
El FMI ofrece dos escenarios. La
visión optimista está acompañada por una recesión para los próximos meses que
arrojará un magro crecimiento de 0,4 por ciento a fin de año. En el otro
extremo los técnicos del Fondo evaluaron que si Argentina no recupera “la
confianza del mercado” el PBI terminará 2018 con una contracción del 1,4 por
ciento. El denominado escenario adverso contempla, entre otros elementos, una
corrida bancaria donde se esfuma la totalidad de los depósitos en dólares. Como
reconoció el gobierno al abandonar sus metas de inflación, los aumentos de
precios oscilarán este año entre 27 y 32 por ciento.
“Persisten riesgos considerables
para la sustentabilidad de la deuda”, advierten los técnicos del organismo
encabezado por la francesa Christine Lagarde. Entre los elementos que destaca
el FMI figura “la gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que
hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un
debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de
financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado
ser un fuerte predictor de una crisis de deuda”. El documento también enciende
señales de alarma sobre el impacto del acuerdo stand-by sobre la liquidez del
FMI. El paquete de documentos ofrece una adenda a la carta de intención enviada
por Argentina donde las autoridades argentinas borraron la firma del desplazado
presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, para reemplazarla
por la de su sucesor, Luis Caputo.
Los lineamientos fiscales que
guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo
largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el
esquema de política monetaria y cambiaria que fueron reafirmados por el informe
del organismo multilateral. “El Banco Central está comprometido a mantener un
tipo de cambio flotante, con intervenciones limitadas a períodos donde exista
una clara disfunción del mercado”, sostiene el documento que también remarca la
reforma en la Carta Orgánica del BCRA.
A la hora de evaluar el cumplimiento
de los criterios para acceder a un crédito extraordinario el FMI considera que
el gobierno de Macri tiene “la capacidad política e institucional para llevar
adelante el ajuste”. No obstante, los autores del informe advierten que “hay
una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo
para las medidas que requieren ser aprobadas por el Congreso”.
Antes de listar las posibles medidas
fiscales los técnicos del FMI sostienen que el ajuste “será apuntalado por
medidas en marcha y un compromiso para implementar mayores avances en el
contexto del presupuesto 2019”. Entre esas propuestas figura el limite a las
reducción de las retenciones a la soja.
A diferencia del Memorando de
Políticas Económicas y Financieras elaborado por el gobierno argentino, el
Staff Report ofrece indicios sobre las modificaciones que pretenden desplegar
las autoridades. “Demorar la implementación de la recientemente aprobada
reforma fiscal a 2020 como mecanismo para preservar ingresos (la postergación
de las reducciones en los aportes patronales y la posibilidad de deducir del
impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras)”, expresa el
documento. Las medidas contemplan “racionalizar el gasto en bienes y servicios,
con un recorte del 15 por ciento en términos reales en 2018 y continuando en
2019” y “reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para
2019 con la expectativa de que los proyectos de PPP protejan el nivel global de
desembolsos en infraestructura pública”.
