Menem
y Boudou presos...
Ejemplo
para Argentina. Barbosa preside la Justicia brasileña; detrás, Dilma y el ex
presidente Sarney. Foto: Cedoc
El futuro de la democracia argentina depende menos de
quienes vayan siendo electos presidentes del país que de llegar a tener un
Poder Judicial que sea totalmente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo.
Con la recuperación de la democracia, se recuperó el Poder Legislativo y la
elección del Poder Ejecutivo por el voto popular. Pero no se terminó la tarea
de contar con una verdadera división y equilibrio de poderes, en el cual el
Poder Judicial no pueda ser condicionado por el poder político. En Brasil,
Menem y Boudou, por ejemplo, estarían presos porque la Constitución de ese país
le da al Supremo Tribunal de Justicia, equivalente a nuestra Corte Suprema, la
competencia de juzgar directamente al presidente, vicepresidente, todos los
ministros y legisladores del Congreso Nacional. Y además existe, con un escalón
jerárquico inferior, el Tribunal Superior de Justicia, con iguales atribuciones
para juzgar a los gobernadores, sus vices, sus ministros y los legisladores de
los Congresos de lo que sería equivalente a nuestras provincias.
Un buen ejemplo de cómo los políticos en Brasil sienten
los ojos de la Justicia en la nuca sucedió en 1988, cuando se aprobó la nueva
Constitución. El entonces presidente en ejercicio era José Sarney, quien, a
pesar de ser el primer presidente civil después de largos años de dictadura, se
quejó del empoderamiento que la Asamblea Constituyente le había dado al Poder
Judicial, vaticinando que iba a ser muy difícil para el Poder Ejecutivo
gobernar con tantas limitaciones.
Casi treinta años después de aquel vaticinio, una parte
del partido que controla el Poder Ejecutivo está presa y uno de los
administradores de la principal empresa del Estado, Petrobras, tras su condena,
tuvo que devolver 30 millones de dólares que había robado. Esto explica, entre
otras causas, por qué el Partido de los Trabajadores de Lula puede perder las
elecciones el próximo domingo a pesar de haber sido el que más ascenso social y
progreso ha producido en el país durante los últimos doce años: los casos de
corrupción investigados por la Justicia fueron protagonistas omnipresentes de
la campaña electoral.
El referente principal de las condenas al PT fue Joaquim
Barbosa, presidente del Supremo Tribunal, quien se acaba de jubilar. Barbosa, a
pesar de haber sido nominado por el propio Lula, mandó a la cárcel a la mano
derecha del entonces presidente y quien fuera ministro de la Casa Civil, equivalente
a nuestro jefe de Gabinete, y número dos del PT, José Dirceu. Para dar una idea
de la importancia de Dirceu, quien lo sucedió como ministro de la Casa Civil de
Lula fue la propia Dilma Rousseff.
Joaquim Barbosa recibirá este martes 21 de octubre el Premio
Perfil a la Libertad de Expresión Internacional, en una ceremonia que se
realizará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, a las 19. Allí hablarán Luis Moreno Ocampo, el argentino que tuvo
a cargo durante nueve años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede
en La Haya, y por videoconferencia el ex fiscal italiano Antonio Di Pietro,
alma máter del proceso judicial anticorrupción llamado mani pulite, por el que
se condenó a políticos italianos. Paralelamente, el mismo premio que Barbosa
recibirá por su acción internacional lo recibirá en el capítulo nacional el
presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Ricardo Lorenzetti.
La coincidencia de dos presidentes de los principales
tribunales de Brasil y Argentina junto a dos fiscales de resonancia
internacional en un evento tiene como fin continuar instalando en la agenda
nacional, como tema prioritario, la importancia de aumentar el peso
institucional de la Justicia y el equilibrio de los tres poderes públicos.
Editorial Perfil viene sosteniendo la necesidad de
encarar una revisión profunda de la corrupción para que el próximo gobierno no
“dé vuelta la página”, corriendo el riesgo de reproducir el mismo sistema con
otros beneficiarios.
Ese “mani pulite argentino” (otros sectores lo bautizaron
como la “Conadep de la corrupción”) deberá contribuir a trazar una línea
equivalente a lo que fue el Nunca Más y todos los juicios y condenas que se
derivaron de él por ataques a los derechos humanos durante la dictadura.
La corrupción no tiene sólo consecuencias económicas
aumentando el costo del Estado y haciendo más ineficiente la administración
pública. La corrupción afecta el funcionamiento del propio sistema político y
el ejercicio del periodismo porque, al atravesarlo con el dinero fácil de la
corrupción, afecta la independencia de los medios de comunicación, trastocando
todos los valores. En su dimensión, es como la droga.
Editorial Perfil continuará con esta campaña: el próximo
acto será una serie de conferencias de Antonio Di Pietro cuando visite
Argentina, antes de fin de año.
© Escrito
por Jorge Fontevecchia el Domingo 19/10/2014 y publicado por el Diario Perfil
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
