El organismo responde a la invitación formal del Gobierno de Cristina Fernández para asesorar en la elaboración de un IPC más creíble que el actual.
Había sido el FMI el que había recomendado a Argentina que aplicara la receta neoliberal en los noventa y por eso había puesto a su entonces presidente, Carlos Menem, como ejemplo de líder emergente. También había sido el Fondo el que sugirió que, ante la recesión que comenzó en 1998, el país recortara gastos a cambio de sus paquetes de ayuda. Cada ajuste derivó en una nueva caída de la actividad económica hasta que el FMI le soltó la mano a Argentina, que acabó por romper su atadura al dólar, devaluó y suspendió pagos. Eso sí, Buenos Aires nunca dejó de pagar su deuda con el FMI por tratarse del prestamista de última instancia, y en diciembre de 2005 anunció que al mes siguiente la saldaría toda de una vez.
Disparidad con el IPC de Buenos Aires
A partir de 2007, Argentina comenzó a subestimar el IPC de Buenos Aires —que es el de referencia del país— ante el creciente aumento de la inflación, que ha oscilado entre el 15% y el 25% anual desde entonces. En cambio, el IPC nacional, que elaboraba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con información de las direcciones provinciales de estadísticas, duplicaba o triplicaba al porteño. Ante el riesgo de que el FMI cuestionara las estadísticas en la revisión anual que hace de las economías de todos sus miembros (sean deudores o no), Argentina decidió desde 2007 no someterse más a ese diagnóstico y por eso no había habido más misiones del Fondo.
El mes pasado, el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, acabó pidiendo ayuda al FMI para elaborar otro IPC nacional. Lo hizo después de años de críticas contra las estadísticas públicas —incluso el Fondo amenazaba con sancionar el año próximo a Argentina por este asunto—, y contra la falta de respuesta ante la inflación. El anuncio del ministro ocurrió días después de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dijera que volvía a negociar una de las pocas deudas que su Gobierno sigue sin pagar, la del Club de París, 19 países acreedores (entre ellos, España) a los que debe 6.700 millones de dólares.
El Club de París suele poner como condición para reestructurar pasivos que el país deudor se someta a un programa del FMI, pero por petición de Argentina en este caso se hará una excepción. Inmediatamente después de las palabras de la presidenta argentina, Boudou y su par de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, viajaron a Washington a ver a las autoridades del FMI, y de regreso el ministro de Economía informó que este organismo volvería a Argentina para asesorar sobre el IPC nacional. Ayer, los funcionarios del Fondo se vieron con las autoridades del Indec, y los próximos días se encontrarán con consultores y académicos, en el marco de un asesoramiento que durará seis meses.
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