El camino boliviano…
Presidente Evo Morales y la Bandera de Bolivia.
Acaban de
cumplirse ocho años de la asunción del primer presidente de origen indígena en
Bolivia, que marcó el inicio de la conformación de un Estado Plurinacional.
Fernando Mayorga, uno de los principales analistas de este proceso, explica
cómo fue posible su construcción, cuáles son los nuevos actores de la escena
política y de qué manera se amplió la democracia participativa. Las tensiones
entre nacionalismo e indigenismo. Los dilemas que enfrenta ahora el gobierno de
Evo Morales.
El 22 de enero de 2006, Evo Morales se constituyó
en el primer presidente indígena de Bolivia. Años después, la instauración de
un Estado Plurinacional, con la nueva Constitución sancionada en 2009,
fortaleció los niveles de democratización y participación de la ciudadanía. El
reconocimiento del pluralismo atravesó los ámbitos jurídico, lingüístico,
económico y político. Sin embargo, la relación Estado-ciudadanía no quedó
librada de contradicciones. Reivindicando la consolidación de una democracia
representativa, participativa y comunitaria, el politólogo boliviano Fernando
Mayorga dialogó con Página/12 sobre los dilemas que arrastra la construcción
del modelo estatal boliviano y la tensión existente entre nacionalismo e
indigenismo en el marco de este proceso.
–¿Qué
rasgos caracterizan el proyecto político que se abrió con el gobierno de Evo
Morales? ¿Qué lo diferencia de los anteriores?
–Es un
proyecto político que se despliega desde el año 2005, y particularmente desde
el 2009, cuando se aplica la nueva Constitución. Es un proyecto político que
está tendido en una contradicción entre nacionalismo e indigenismo. En el 2009,
la Constitución instauró el Estado Plurinacional, reconociendo a diversas
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En términos discursivos,
se construyó un nuevo sujeto portador de derechos colectivos. Es una palabra
bien complicada.
–¿Por
qué?
–Son
catro términos para designar a un sujeto en el reconocimiento del pluralismo en
diversos órdenes. Pluralismo jurídico, pluralismo lingüístico, pluralismo
económico y pluralismo político.
–¿En qué
se expresan?
–El
pluralismo jurídico se expresa en el reconocimiento de dos jurisdicciones, una
ordinaria y otra indígena, con el mismo rango. Las prácticas, procedimientos y
costumbres de las comunidades indígenas son formalizados como mecanismos de
resolución de conflictos. El pluralismo económico se expresa en el
reconocimiento de cuatro formas de propiedad: privada, pública, cooperativa y
comunitaria.
–¿En qué
se diferencia la comunitaria de la cooperativa?
–En que
la cooperativa no tiene base territorial indígena, tiene lugar en el nivel
urbano. Existe particularmente en el sector de la minería, donde los ex
trabajadores mineros que fueron despedidos en el período de la caída de precios
de los minerales o con las políticas de privatización, se asociaron para la
explotación minera y formaron cooperativas en condiciones paupérrimas, de
supervivencia. En Bolivia, hay 400 mil de esas cooperativas. Esto significa el
reconocimiento a un sector que fue muy importante en las movilizaciones
sociales y políticas que llevaron a Evo Morales al poder. En cambio, la
comunitaria es más rural y campesina. Es una economía basada en la
reciprocidad, en la circulación de ayuda comunitaria para la producción
agrícola más que en la producción dirigida al mercado, y tiene fuertes rasgos
culturales tradicionales.
–¿Cuáles
son esos rasgos?
–La
producción comunitaria está ligada a una forma de organización del poder
interno con rotación, la toma de decisiones se da mediante asamblea. Eso que
siempre fue parte de la economía boliviana ahora está formalizado. El tema es
que con esta revolución democrática todo ese mundo indígena ahora pasa a formar
parte del orden constitucional del país, en términos reales y legales. El
problema lingüístico se expresa en el reconocimiento de más de tres decenas de
lenguas nativas que ahora son idiomas oficiales, junto con el español. No
solamente el quechua y el aymara, que corresponden a los grandes conglomerados
indígenas, sino también otras treinta lenguas de tierras bajas. El pluralismo
cultural supone un reconocimiento de las culturas originarias en todas sus
facetas, de manera que se pueda expresar la bandera indígena tanto en tierras
bajas como en las que no lo son, que está incorporada como símbolo oficial.
–¿Y el
pluralismo político en qué se expresa, concretamente?
–El
pluralismo político tiene una expresión particular. A diferencia de Ecuador y
Venezuela, que han incorporado en sus constituciones a instituciones de la
democracia representativa para ampliar la democracia participativa, en Bolivia,
además de incorporar esas formas de democracia participativa –como el
referéndum– se ha incorporado también la asamblea, el cabildo y la consulta
previa.
–¿Qué
características tienen esas instituciones? ¿En qué se diferencian de la
democracia participativa?
–Además
de la democracia representativa y participativa, también se reconoce la
democracia comunitaria. A esa combinación de las tres la denominamos “modelo de
democracia intercultural”. En tanto que modelo de democracia, el correlato del
Estado plurinacional es la democracia intercultural. Consiste en que el cinco
por ciento de los diputados es indígena. De hecho, la discusión es si ello
debería incrementarse a quince o a treinta y seis.
–¿Quiénes
están dando esa discusión?
–Los
indígenas. Se ha hecho el nuevo censo de población y vivienda el año pasado y
sobre ese mapa demográfico se va a discutir esa proporción. Es un tema de
decisiones políticas. El punto es que tú tienes un porcentaje de diputados que
son elegidos por su pertenencia identitaria. Punto. Lo importante es que se
hace eso sin provocar una situación de dualismo representativo. Bolivia tiene
el Parlamento bicameral, en diputados tenemos este porcentaje de indígenas, hay
nueve gobiernos departamentales, en las asambleas departamentales hay cuotas
étnicas que pueden ser de cinco, diez o quince por ciento. En algunos casos,
elegidos por usos y costumbres. Tú tienes representación vía identidad étnica
en el Parlamento, en Diputados y en las Asambleas departamentales. En todo. A
nivel municipal, se da desde mucho antes, desde 1995. Además, hay tres niveles
de gobierno subnacional: el departamento, el municipio y la autonomía indígena.
De los 367 municipios, en quince se votó en referéndum su transformación en
autonomía indígena: ganaron 11.
–¿Dónde
reside la dimensión nacionalista en este nuevo esquema de la democracia
boliviana?
–Está en
este retorno del Estado como protagonista, que se nutre de una experiencia
nacionalista que viene de la revolución de los años ’50. En Bolivia, la
ideología más poderosa es el nacionalismo revolucionario surgido de la
revolución de 1952. Es tan poderosa que de allí nació el campesinado y el
sindicalismo campesino, donde se inserta Evo Morales. En esta figura de
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tú tienes la combinación
de tres movimientos.
–¿Cuáles?
–El
movimiento indígena de tierras altas del Altiplano, relacionado con el imperio
incaico y el tiahuanacota. Los indígenas de tierras bajas, los de la Amazonia
que son nómadas, cazadores y recolectores en su gran mayoría, se llaman a sí
mismos “pueblos indígenas”. Son campesinos propietarios privados con acceso a
la tierra desde el ’52, cuando tuvo lugar la revolución agraria. Una vez que se
empieza a implementar la Constitución política, que reconoce derechos
colectivos, empiezan a aparecer las tensiones, las contradicciones.
–En el
marco de esta ampliación de la democracia en Bolivia, producto de
reivindicaciones sociales que consolidaron el triunfo de Evo Morales, ¿cómo ve
hoy la relación entre Evo y esos sectores?
–En el
caso “Tipnis” (la marcha indígena contra la construcción de una carretera)
aparece una contradicción entre un objetivo estatal de integración territorial
–y, por tanto, de ejercicio de soberanía estatal– y un derecho colectivo de los
pueblos indígenas que dicen: “respeten nuestro territorio”. O ¿quién decide
sobre el uso del territorio? Ahí el MAS opta por la vertiente nacionalista:
privilegia lo estatal respecto del derecho colectivo indígena.
–¿Por
qué?
–Por una
cuestión muy simple: en ese proyecto político prevalece una lógica de
construcción estatal. En Bolivia tienes el reconocimiento de derechos
colectivos de los pueblos indígenas, que incluye el autogobierno, y derechos
que se ejercen territorialmente. Con el siguiente panorama: la mayoría de la
población es campesina indígena, con casi dos tercios del territorio bajo
demanda de conversión en territorio indígena, dado que un tercio de los
municipios tiene mayoría indígena y, además, las tierras comunitarias de origen
donde son privilegiados los indígenas. Si haces prevalecer esos derechos
colectivos sobre sus territorios, estaríamos en una situación de soberanía
estatal que no tendría potestad ni autoridad sobre dos tercios del territorio
boliviano. Entonces, prevalece la razón de Estado, la idea de nación. Allí es
donde se producen estas contradicciones. El movimiento indígena promueve la
Asamblea Constituyente, un nuevo orden constitucional, logra que se reconozcan
los derechos colectivos, amplía la ciudadanía con sistemas de derechos, están
en el centro de todo el ordenamiento jurídico boliviano. Sin embargo, entran en
contradicción. Una tendencia común a cualquier Estado que busca la unificación.
–En su
libro Dilemas, usted habla de los “dilemas” que enfrenta hoy el gobierno de
Evo. ¿Podría nombrar los más importantes?
–El
dilema general que cruza el discurso político del MAS se relaciona con la
orientación del propio proceso de construcción del modelo estatal, se da entre
nacionalismo e indigenismo. Cuánto de nacionalismo –es decir, cuánto de Estado–
y cuánto de indigenismo –de la vigencia de los derechos colectivos–, que ha
sido parte medular de la nueva Constitución y son la razón de ser del Estado.
Esto tiene varias consecuencias.
–¿Como
cuáles?
–Por
empezar, sobre la organización vertical del Estado, toda vez que la
Constitución reconoce un Estado descentralizado políticamente a través de
gobiernos subnacionales que tienen autonomía y asambleas legislativas de la
misma categoría. El Estado boliviano reconoce autonomía departamental,
autonomía municipal, autonomía regional y autonomía indígena. El dilema reside
en que el diseño de descentralización para la gestión está concentrado.
–¿En qué
sentido?
–En el
sentido de que refuerza el centralismo gubernamental, porque el MAS concentra el
poder político e impide que se vaya implementando el régimen de autonomías más
rápidamente. El presidente Evo Morales ha definido una estrategia del modelo de
desarrollo que es muy sugerente: la Agenda Patriótica del Bicentenario plantea
trece metas de desarrollo. Las tres primeras son las más importantes, porque se
relacionan con rezagos históricos y estructurales de la sociedad boliviana:
eliminación de la pobreza absoluta, acceso universal a servicios básicos y
seguridad alimentaria. Allí hay un dilema para el proyecto, porque un sector
del gobierno ha propiciado un discurso muy centrado en la descolonización,
asumiendo que las distintas formas de Estado antes del 2009 correspondían al
Estado colonial. Sobre ello, el discurso del MAS en la Asamblea Constituyente
se basó en la idea de una refundación de Bolivia. Cuando Evo Morales dice
“Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, está afirmando la necesidad de una
mirada de continuidad histórica, es decir, se pone una meta que se cumpliría en
2025 para recordar el nacimiento de la república. Eso significa una
modificación en la visión respecto del intento de revisión histórica que negaba
el pasado como negativo, como manifestación del colonialismo interno.
–¿Por qué
se da este cambio idiosincrático?
–Porque
se aferra cada vez más al nacionalismo revolucionario para definir la
reorientación del modelo estatal. El nacionalismo revolucionario implica no
solamente una visión del Estado o un tipo de interpelación al pueblo, sino
además una interpretación del proceso histórico. Entonces se recupera una idea
basada en la dicotomía Nación y anti-nación.
–Cuando
mencionó la Agenda Patriótica, usted aludió a una revisión histórica.
–Claro,
al definirla como prioridad de su gestión y poner como horizonte el 2025, está
recuperando la idea de continuidad histórica que antes no tenía. Para cumplir
esas metas, el MAS debe propiciar el fortalecimiento de las autonomías, sobre
todo las departamentales, que tienen las atribuciones y están habilitadas para
cumplir esas tareas. El gobierno central no puede hacer esas tareas. Es una
idea centralista que debe convivir con una agenda patriótica que exige
fortalecimiento de la descentralización política. Ese nivel subnacional
departamental es donde el MAS tiene menor fuerza; en algunas regiones ha
perdido las elecciones. Allí observo otro dilema, ya que propiciaría espacios
favorables a la oposición, lo que tendría una consecuencia en el proceso
político boliviano.
–¿Cuál
cree que es la concepción de pluralismo que tiene el MAS?
–Para el
MAS, el pluralismo que reconoce la Constitución se da en términos de
manifestación de la diversidad étnico-cultural. La Constitución reconoce
pluralismo jurídico, económico, lingüístico, cultural y político. Los cuatro
primeros están clarísimos, además se traduce en instituciones. En cuanto al
pluralismo político, ellos consideran que se expresa en lo que se denomina
“democracia intercultural”: la convivencia de instituciones de la democracia
representativa, de la democracia participativa y de la democracia comunitaria.
En Bolivia hay una tensión entre el grado de ampliación de la democracia con
concentración de poder.
–¿En qué
se traduce esa tensión?
–Buena
parte del derrumbe de los sistemas de partidos en Bolivia, Venezuela y Ecuador
tuvo que ver con la pérdida de legitimidad. Vinieron nuevos liderazgos. En
Bolivia se trató de un nuevo liderazgo y nueva fuerza política, con la
incorporación de nuevos actores y nuevas demandas en la política. Hay una
profunda renovación que amplía la legitimidad. Eso va acompañado por una
concentración del voto que permite que el proceso decisional esté en manos del
MAS. En esta fase de la construcción del Estado plurinacional estamos bajo esa
figura: el MAS controla las dos cámaras, tiene el control en siete de nueve gobernaciones
y el 85 por ciento de los municipios.
–En el
marco de esta concentración del poder, usted mencionó cambios en las pautas de
participación, una ampliación de la participación de, por caso, las mujeres.
–Se
concentra el poder en el MAS, que es el partido hegemónico. Ahora, dentro del
MAS como partido de gobierno hay una renovación de las elites políticas en
Bolivia, donde sobresale la presencia del campesinado indígena y las mujeres,
muy claramente. En los dos casos, hay reglas que promueven e incentivan eso. En
el caso de las mujeres, se ha pasado de la igualdad a la equidad de
oportunidades. Actualmente, hay mujeres que son presidentas de las cámaras de
Diputados y Senadores, se ha llegado a tener la mitad de ministras mujeres,
algunas de ellas, también campesinas e indígenas. La presencia campesina es muy
evidente en las esferas gubernamentales y en los espacios de representación.
Esos son los actores que más visiblemente han ingresado en la política y, además,
lo hicieron como actores decisivos.
–¿Con qué
instrumentos cuenta hoy el Estado para regular el mercado, otra dimensión
también en tensión?
–La
capacidad regulatoria del Estado es muy débil. Lo que tiene, sin embargo, es un
manejo adecuado de la estabilidad macroeconómica, relacionado con la generación
de excedente económico por la exportación de hidrocarburos y minerales. Eso
sostiene la economía boliviana y le da al gobierno de Evo Morales la capacidad
de disponer de recursos para ejecutar políticas redistributivas. Hay problemas
con la atracción de mayor inversión, no tanto por la política, como era antes,
sino por la propia debilidad y falencias del Estado boliviano. En algunos casos
le fue imposible regular el mercado. Un ejemplo ilustrativo fue el intento de
elevar el precio de la gasolina, en diciembre de 2010. Ese intento de regular
el mercado para eliminar una subvención derivó en una protesta popular que
incluyó a los aliados del gobierno. Por lo tanto, esa medida no fue posible
hasta la fecha. Además del gasolinazo, se dio el movimiento indígena con la
famosa carretera del Tipnis, ocurrió con el sector de salud ante la pretensión
del gobierno de ampliar la labor de los médicos de 6 a 8 horas. Todos esos
episodios implicaron la apertura de espacios de negociación o búsqueda de
soluciones de otra índole.
© Escrito
por Natalia Aruguete el lunes 10/02/2014 y publicado por el Diario Página/12 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
