El cambio y el rumbo...
Cristina anunció en el Congreso que introducirá cambios en la gestión,
pero sin perder el rumbo, y dijo que era necesario adecuar el marco normativo a
las transformaciones producidas de hecho. La reforma del Banco Central inicia
esa enmienda, que podría continuar con los ferrocarriles y la energía. La
Inteligencia de Gendarmería, la guerra de Malvinas y los docentes.
Pese a las emotivas referencias al ex presidente Néstor
Kirchner, la exposición de CFK ante la Asamblea Legislativa apuntó a enmendar
algunas de las decisiones menos felices de aquel mandato, que se mantuvieron en
el primero suyo. La extensa enumeración de logros impactantes no implica una
aprobación a libro cerrado de todos y cada uno de sus aspectos. En forma
expresa anunció que introducirá cambios en la gestión, pero sin perder el
rumbo. “La gestión es cambio permanente, lo que nunca se debe perder es la dirección”
de ese cambio, dijo al principio de su exposición. Sobre el final, agregó: “El
problema [de quienes cuestionan a su gobierno] no son las políticas” sino “el
rumbo que tenemos”, porque “no favorece a los que favoreció durante tantísimo
tiempo”. También dijo que la transformación de hecho del país, hasta ahora no
se había plasmado en un nuevo marco normativo.
Balazos republicanos
Su mensaje fue tanto un informe sobre el estado de situación
del país como una rendición de cuentas de su gobierno. Por eso durante largos
tramos replicó afirmaciones que se repiten como el dogma de la revelación
divina. Al apartarse de las convenciones establecidas, este capítulo de
refutaciones convierte la ceremonia institucional en un acto político, que
enardece a medios y partidos críticos cuyos argumentos son rebatidos con datos
duros, en este caso provenientes del FMI. Así cuestionó la doctrina del viento
de cola y el presunto cierre de la economía. Explicó que la mejoría de los
términos del intercambio había sido mucho mayor para otros países de la región
cuyo crecimiento no se acercó al de la Argentina y mostró que sólo en la India
las importaciones habían crecido más que aquí.
Pero la cuestión más conflictiva
para el gobierno era el terrible episodio de Plaza Once donde murieron medio
centenar de personas. Dos de los principales opinadores republicanos se
ilusionaron con que este dolor tuviera traducción política y usaron la misma
llamativa metáfora bélica. Luis Majul tituló su columna en La Nación “¿Empiezan
a entrar las balas?” en la que afirma que “la conmocionante tragedia
ferroviaria del día de ayer” podría “cambiar el humor de un país entero. Algo
parecido a lo que sucedió con Cromagnon”. Marcos Novaro escribió en Clarín que
“a falta de otras armas” muchos opositores se ilusionan con que la tragedia de
Once ponga fin a “la luna de miel que viene disfrutando la Presidenta en su
relación con la opinión pública” y que “de una vez por todas le empiecen a
entrar las balas que disparan los propios errores”. También él realizó la
analogía con Cromagnon (así lo escribieron los dos). Más allá de estas
indisimulables expresiones de deseos, el otro tema acuciante para el gobierno
es la situación energética, dada la creciente importación de petróleo y gas, a
precios que el contexto internacional impulsa hacia arriba.
Indicios
El juez federal Claudio Bonadío investiga lo sucedido en la
estación ferroviaria. Su reconocimiento del Estado nacional como persona
jurídica querellante, en su carácter de propietario del material y garante del
servicio, no excluye que algún funcionario sea responsable como persona física,
pero esto sólo podrá determinarlo la investigación que recién comienza. Por su
parte el Poder Ejecutivo dispuso “la intervención administrativa,
técnica-operativa” de la empresa Trenes de Buenos Aires en la línea Sarmiento,
escenario de la tragedia, pero también en la línea Mitre, donde no ocurrió nada
comparable. La combinación de ambas resoluciones, más el lapidario informe
aprobado el viernes por unanimidad de los directores de la Auditoría General de
la Nación, donde tiene mayoría el oficialismo, delinean una posible respuesta a
la crisis en la que ni TBA seguiría prestando el servicio, ni Juan Pablo
Schiavi continuaría por mucho tiempo en la Secretaría de Transporte. En cambio,
sale bien parado el interventor de la Comisión Nacional Reguladora del
Transporte, Eduardo Sícaro, cuya tarea fue encomiada tanto por CFK como por el
presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy. En 2009, Sícaro envió a
Schiavi quince expedientes con constataciones de incumplimientos graves de TBA,
que creaban riesgos a la seguridad y que en ese año y el anterior provocaron 67
accidentes.
La CNRT determinó penalidades y multas por 4.680.000 pesos hasta
2008. Esa acumulación de incumplimientos configura una causal de rescisión del
contrato, pero Schiavi no los tomó en cuenta y TBA no pagó las multas, que
ingresaron al pantano de la renegociación permanente del contrato. El informe
de la AGN establece que entre 2003 y 2010, TBA recibió subsidios de explotación
y accesorios (retroactivos e intereses) por 1.924 millones de pesos. En los
últimos cuatro años de ese período el monto del subsidio de explotación mensual
se incrementó en un 146 por ciento, por sucesivas redeterminaciones en las que
no se siguieron los procedimientos normados. Los mayores costos se convalidaron
en base a proyecciones de la empresa y sin verificaciones. En 2009 y 2010, la
CNRT también fue muy crítica con el mantenimiento, insuficiente y sin cumplir
las normas técnicas, que produjo un deterioro progresivo de la infraestructura,
con “consecuencias directas en la seguridad”. Estas “falencias del material
rodante y de la infraestructura de vías” fue causa del 93 por ciento de los
descarrilamientos denunciados en 2009 en el Mitre y del 61 por ciento de los
del Sarmiento. Pero además se modificó la composición del subsidio: entre 2003
y 2010 la cuenta de personal (salarios y nuevos agentes) pasó del 46 al 70 por
ciento y la de materiales disminuyó del 15 al 4 por ciento. Los subsidios, que
en 2003 eran un tercio de los ingresos de TBA, en 2009 llegaron a representar
tres cuartas partes del total.
Cristina explicó el rol fundamental de los
subsidios en la recuperación económica pero es indefendible la desviación de
esos fondos a otros destinos. En el caso de TBA, sus accionistas han tenido un
crecimiento y una diversificación espectaculares que no se compadecen con el
estado de las líneas que gestionan. No sólo contratan en forma directa las
tareas de mantenimiento y provisión de material con empresas vinculadas, sino
que han comprado numerosas líneas de colectivos hasta constituirse en la
principal empresa del sector y hasta poseen una línea de colectivos urbanos con
170 unidades en Perú y una prestadora de servicios de lujo entre Orlando y
Miami, Red Coach. Su página en Internet (http://www.redcoachusa.com/about)
informa que los hijos del inmigrante Nicola Cirigliano crecieron en las últimas
dos décadas y hoy operan 1700 omnibus que transportan 180 millones de pasajeros
al año. También fabrican colectivos, vagones ferroviarios, construcciones e
infraestructura para ferrocarriles y decodificadores de televisión. También
tienen una filial en Qatar con la que Enarsa negoció la importación de cinco
millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) anuales durante dos décadas.
Lo ocurrido en Once cuestiona la propia razonabilidad del sistema adoptado,
para un servicio público de utilidad social en el que no se justifica que los
concesionarios obtengan enormes ganancias sobre la base del subsidio y en vez
de aplicarlas al mejoramiento de la calidad y la seguridad de la prestación las
vuelquen a otros negocios, dentro y fuera del país.
A grito pelado
Las acciones de Repsol dejaron una ganancia próxima al 15
por ciento en un día a quienes las compraron antes del discurso presidencial y
las vendieron después. La versión de que CFK anunciaría la nacionalización de
YPF o su intervención provocó el desplome de esos papeles, y el incumplimiento
de tal vaticinio los hizo rebotar. La prensa de Madrid atribuyó el supuesto
cambio de política a una llamada de Juan Carlos de Borbón a Cristina y a una
negociación entre los ministros argentinos Julio de Vido y Hernán Lorenzino con
el español José Manuel Soria, quienes habrían acordado formar dos comisiones técnicas
para analizar la situación de la petrolera española. En cambio omitió toda
referencia a la detallada exposición sobre el estrangulamiento del sector
energético argentino que en esa reunión hizo el viceministro de Economía Axel
Kicillof. Cuando la presidente les pidió explicaciones a sus ministros,
Lorenzino mantuvo una dura conversación telefónica con Soria. “Nunca te dije
tal cosa. Esto no es un tripartito”, gritó el argentino. El comunicado
posterior lo reiteró: la situación de YPF no forma parte de la agenda
bilateral. Sería un error deducir del discurso presidencial que el conflicto se
ha superado.
El barril de petróleo que costaba menos de diez dólares al
concluir la presidencia de Menem, trepó a más de cien al comenzar el segundo
mandato de Cristina, lo cual torna intolerables la caída de la producción y las
reservas y el incremento de las importaciones. Todavía no se han definido todas
las medidas que vendrán, pero la articulación entre el Estado federal y las
provincias petroleras para forzar a YPF a cumplir con sus compromisos o perder
las concesiones implica una novedad absoluta. ¿Cuánto caerá la capitalización
de Repsol en pocas semanas, cuando las provincias comiencen a recuperar las
áreas descuidadas y a ponerlas en producción con otros operadores, públicos,
privados o mixtos? La opción menos atractiva parece la nacionalización de YPF
propuesta por la UCR, un partido que cuenta con algunos abogados de empresas
extranjeras como la propia YPF, Shell y Esso, y que tiene alguna experiencia en
el pago de indemnizaciones por medidas de este tipo. La reversión a las
provincias de las áreas concedidas, la expropiación de las maquinarias por
razones de utilidad pública o la compra de la mayoría accionaria en el mercado
una vez que su capitalización se haya redimensionado serían caminos más
racionales y a la altura de las posibilidades argentinas. También podría entrar
en discusión el marco normativo impuesto con las privatizaciones, que segmentó
la generación, el transporte y la distribución de energía y que ha dado lugar a
diversos abusos, desde quienes han encontrado los artilugios legales para su
integración vertical, hasta aquellos que se concentran en los nichos más
rentables y se desentienden del resto.
La institucionalidad
CFK mencionó en su discurso otras decisiones tendientes a
perfeccionar la institucionalidad, como la reforma de la Carta Orgánica del
Banco Central y la derogación de tres artículos de la ley de convertibilidad;
la Unificación de los Códigos Civil y de Comercio (elaborada desde hace un año
por una comisión encabezada por el presidente y la vicepresidente de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) y la Acordada que la
Cámara Nacional de Casación Penal elaboró para acelerar los juicios por delitos
complejos y no sólo los de lesa humanidad (con aportes del CELS y de la Unidad
Fiscal de la Procuración General sobre las causas del terrorismo de Estado). En
el primer caso, se trata de revertir la concepción neoliberal que en 1992
redujo el rol del Banco Central a “preservar el valor de la moneda” y suprimió
su facultad de orientar el crédito en función del crecimiento de la economía y
el empleo. Kirchner dio un primer paso en 2004, cuando reemplazó al broker del
JP Morgan Adolfo Prat Gay por el militante del poder Martín Redrado.
Lo que se
discutía entonces era si mandaban las autoridades electas por la voluntad
popular o los organismos multilaterales, el gran capital y sus brazos
mediáticos. Kirchner estaba a la misma altura del mandato en que esos poderes quebraron
a Alfonsín. Al año siguiente usó el 100 por ciento de las reservas excedentes
(o 35 por ciento del total) para cancelar la deuda con el FMI. Cristina
profundizó ese rumbo en 2010, cuando cesó a Redrado por su resistencia a
transferir al Fondo del Bicentenario el 30 por ciento de las reservas
excedentes (o 14 por ciento del total) para saldar los compromisos externos de
ese año sin recurrir a nuevo endeudamiento a elevadas tasas, como proponía el
vicepresidente radical Julio Cobos. En julio de ese año, durante una visita al
Senado, el entonces viceministro de Economía Roberto Feletti expuso seis
opciones distintas para medir el nivel óptimo de reservas y la cantidad
excedente. Mercedes Marcó del Pont introdujo en la nueva Carta Orgánica un
artículo del postergado proyecto de ley de entidades financieras, que permite
la regulación de tasas y encajes de los bancos, para dirigir el crédito hacia
donde la política económica lo considere conveniente. En cambio sigue prohibida
toda indexación.
Como al pasar, Cristina informó que el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del sistema previsional equivale a las reservas del Banco
Central, aunque más de la mitad está inmovilizado en títulos de deuda. Todo
esto permite intuir que quienes desde la oposición propician con argumentos
ortodoxos el negocio del nuevo endeudamiento, deberán seguir esperando.
© Escrito por Horacio Verbitsky y publicado por el Diario Página/12
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 4 de Marzo de 2012.
