Hay sobradas razones para criticar el relato del golpe del 24 de marzo de 1976 y su secuela de terrorismo y decadencia nacional como la usurpación cometida por un puñado de militares contra una sociedad civil inocente, vulnerada en su honor. Los que vivimos el clima político de los días anteriores al golpe no podemos olvidar que aquéllos eran tiempos de asfixia política y que la demanda de “que vengan los militares” había cobrado una fuerza enorme en la Argentina de entonces. Como decía Marx de la irrupción de Luis Napoleón en el poder de la Francia de mediados del siglo XIX, la dictadura no fue “un rayo en cielo sereno”.
Sin embargo, el esfuerzo por situar históricamente el acontecimiento devino, en algunos casos, en una suerte de dispersión de las responsabilidades. “Todos fuimos culpables” es el santo y seña de una interpretación según la cual los partidos políticos (todos ellos), los militantes populares, el movimiento sindical, estudiantil y social, los pequeños empresarios y millones de hombres y mujeres participaron en pie de igualdad en una suerte de “responsabilidad nacional” en los horrorosos sucesos que se desencadenaron después del asalto militar al poder. La imagen que transmite esta narrativa es la de una sociedad plana, sin actores políticos de asimétrico peso y relevancia, sin sectores económicamente poderosos, sin intereses sociales en pugna. No es, claro está, un mero error historiográfico, una equivocada metodología de reconstrucción de los hechos; detrás de ese relato hay una operación ideológica de construcción de la realidad. De la de hace 34 años y de la de hoy.
Efectivamente, el golpe y la dictadura no fueron hechos meramente militares. Funcionó en su gestación una poderosa coalición político-social y una coordinación ideológica que aun una recorrida ligera por los diarios de los meses previos pone rápidamente en evidencia. Estela de Carlotto acaba de decir los nombres y apellidos de los grupos empresarios que no solamente apoyaron a la dictadura sino que elaboraron en la sombra de la conspiración su plataforma económica y colaboraron de modo siniestro con la represión contra los trabajadores de sus propias empresas: nada que no se supiera, pero sí la valentía de decirlo sin eufemismos. Sí, la dictadura nacida en 1976 fue cívico-militar. Su proyecto era la expresión de la coalición de los sectores económicos más concentrados de la época. Estos sectores proveyeron ministros, respaldos internos y externos y medios de comunicación a la dictadura. Les dieron también la verborragia revanchista y anticristiana en las homilías de muchos “pastores” de la cúpula eclesiástica. La dictadura tuvo su Justicia y sus políticos. Sus patrones y hasta sindicalistas delatores de militantes. Eso no hace a todos los argentinos igualmente responsables por esa época de horror.
La Plaza de Mayo de este 24 de marzo fue multitudinaria y extraordinariamente plural en su composición. Fue también una de las más apasionadas de los últimos tiempos. Esa pasión está indudablemente asociada a las tensiones actuales. Como para darle más calor a esa pasión, el ex presidente Duhalde no encontró mejor momento que unas horas antes de la conmemoración para dar a conocer su propuesta de someter el juicio a los terroristas de Estado a una consulta popular. La impresión superficial –es decir multimediática– es que en Argentina se enfrentan un bando de la pasión con otro de la “razón”.
En el bando de la pasión militan los que miran al pasado. Los que están dispuestos a desaprovechar “la gran oportunidad” que tiene nuestro país, agitando las divisiones del pasado. Son resentidos útiles o, peor aún, demagogos que perversamente manipulan el dolor popular. En cambio, en el bando de la razón están los serenos, los pacíficos y civilizados, los partidarios del diálogo y el consenso.
Cuando se mira más de cerca la cuestión, aparece el carácter fraudulento de ese mapa de la política argentina. Encontramos, por ejemplo, que entre los “pasionales” están las Madres y las Abuelas con la autoridad política y moral de haber mantenido viva la llama de la justicia y la verdad sin haber condescendido nunca con la violencia y la venganza. Y entre los “racionales” y “pacíficos” –incluso como portavoz del elenco– hay un político que tiene en su curriculum una sangrienta represión a la movilización social que costó la muerte de dos militantes.
Los racionales suelen declamar a favor de un país donde rija el Estado de derecho. Pero no les parece mal que haya jueces que dilatan ilimitadamente los juicios a represores y a apropiadores de bebés. Tampoco que la ley de regulación de los medios audiovisuales aprobada por las dos cámaras y promulgada por la Presidenta sea suspendida y reemplazada de hecho –a través de la suspensión dictada por un grupo de jueces– por la “ley” que aprobara la “CAL” (aunque parezca orwelliano, también Videla tenía su “Congreso”), es decir que quienes ponen el grito en el cielo por los decretos de necesidad y urgencia se sienten tranquilos cuando se imponen los diktats de los terroristas de Estado. Si una propuesta análoga a la de Duhalde de frenar la acción de la Justicia por medio de un referéndum hubiera provenido del Gobierno, ya podríamos imaginarnos el grito escandalizado de los racionales-legalistas: el populismo chavista de los Kirchner estaría, en ese caso, construyendo una tiranía plebiscitaria en lugar de nuestra democracia liberal.
Lo que estaría bien sería que todos aceptáramos que la pasión está entre nosotros y que la política no es posible ni deseable sin pasiones. Que asumiéramos que esa versión liberal, tan de moda en los noventa, que concibe un mundo de mujeres y hombres huérfanos de amores, odios y rencores y calculadores hiperracionales de costos y beneficios pertenece al mundo de las utopías, en este caso más bien a una antiutopía de pesadilla. Con frecuencia, los que predican esa antropología en nombre del enfriamiento de las pasiones han aprobado guerras de exterminio, como las que sacudieron al mundo en las últimas décadas del siglo pasado, necesarias, según ellos, para imponer el mundo del libre mercado en territorios hostiles.
No hay un intento de salir de la pasión para entrar en la racionalidad. Hay, en cambio, un proyecto de construcción de un “partido del orden” alternativo al actual rumbo. Ese parece ser el programa del famoso “Moncloa criollo” de Duhalde. La propuesta de consulta popular sobre el terrorismo de Estado se suma a la propuesta de que las Fuerzas Armadas participen en la represión del delito y a la de renovación sindical con Hugo Barrionuevo como portaestandarte. No parece un pacto para la construcción de un nuevo orden democrático (como fue el antecedente español) sino un acuerdo amplio para restaurar el orden de siempre. Ese orden que no concibe enfrentamientos con la cúpula católica ni con los jueces ni con monopolios mediáticos. Es una operación de normalización de la sociedad argentina después del desvarío populista. Hay un antecedente de la operación, muy recordado estos días, que no respetó ni las instituciones ni la vida.
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